STC1154-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1154-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00374-00 y 11001-02-03-000-2023-00375-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelven las acciones de tutelas que Flor De Mar\u00eda Ch\u00e1vez y Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez Urue\u00f1a le interpusieron a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Juzgados Primero Civil del Circuito, Cuarto Civil Municipal y Quinto Civil Municipal, todos de Ibagu\u00e9, extensiva a los intervinientes en el proceso 1994-10989-001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores, mediante escritos separados, pero similares en su contenido, solicitaron la protecci\u00f3n de sus derechos en el ejecutivo quirografario que Mario Ricardo Bol\u00edvar le impuls\u00f3 a Ingenier\u00eda Civil e Hidr\u00e1ulica Ltda. \u201cInchi Ltda.\u201d y a Gustavo Eladio D\u00edaz Lozano (q.e.p.d.). Ello, a ra\u00edz de la entrega de los inmuebles que fueron rematados en el asunto acusado, situados en la Urbanizaci\u00f3n Tolima Grande, de la ciudad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Adujeron, en esencia, que no pueden ser despojados de los predios porque son sus poseedores desde hace mucho tiempo; Flor Ch\u00e1vez de la Casa 25, Manzana I, desde el 2004, y Cl\u00edmaco de la Casa 29, Manzana T, a partir de 1995. Tanto as\u00ed, que presentaron sendas demandas para adquirir el derecho de dominio de los bienes2. <\/p>\n
Como hechos relevantes, relataron que se opusieron a la diligencia realizada el 18 de julio de 2019, pero la r\u00e9plica fue rechazada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien fue comisionado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. Luego, y \u00abexteriorizada la orden de entrega de mejoras por la comisionada\u00bb, formularon oposici\u00f3n a la entrega practicada el 10 de agosto de 2021, pero tambi\u00e9n fue denegada por la funcionaria delegada bajo el argumento de que el Tribunal accionado el 6 de marzo de 2020 ratific\u00f3 el rechazo de 2019. Por otro lado, precisaron que dicha Corporaci\u00f3n aval\u00f3 el interlocutorio que, por segunda vez, desestim\u00f3 sus aspiraciones (1 mar. 2022), en contrav\u00eda de la determinaci\u00f3n de 30 de agosto de 2017, a trav\u00e9s de la cual indic\u00f3 que \u00abexcepcionalmente los poseedores adquirimos derechos a la oposici\u00f3n si hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de diez a\u00f1os entre el secuestro y la diligencia entrega como en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que la \u00faltima actuaci\u00f3n del despacho comisorio ata\u00f1e al \u00abauto de fecha 4 de agosto del 2022\u00bb, a trav\u00e9s del cual el \u00abcomisionado\u00bb dispuso \u00abcontinuar con la entrega de las mejoras el d\u00eda 8 de febrero de 2023\u00bb. Asimismo, acotaron que interpusieron la tutela hasta ahora porque conocieron las decisiones del Tribunal hasta el 15 de diciembre de 2022, cuando su abogado recibi\u00f3 el \u00ablink\u00bb contentivo del expediente, sumado a la existencia de pruebas sobrevinientes que acreditan sus derechos. <\/p>\n
En consecuencia, solicitaron: <\/p>\n
i) Revocar \u00abla decisi\u00f3n del 10 de agosto del 2021, porque se sustenta en una decisi\u00f3n del tribunal que se contraria por el mismo magistrado ponente, quien en una decisi\u00f3n dijo que si ten\u00edamos derechos excepcionalmente por el tiempo y otra que simplemente ampara que no podemos oponernos como si fu\u00e9ramos secuestres y poseedores de mala fe (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
ii) Dictar, como mecanismo transitorio, \u00abpara evitar un da\u00f1o irreparable con la ejecuci\u00f3n de una decisi\u00f3n de remate y adjudicaci\u00f3n que esta denunciada como fraudulenta\u00bb, y mientras se deciden los procesos de pertenencia, \u00abmedida cautelar de statu quo\u00bb sobre los inmuebles que afirman poseer. <\/p>\n
iii) Revocar \u00abla decisi\u00f3n del tribunal (\u2026) de fecha 6 de marzo del 2020, que fue de [su] conocimiento el 15 de diciembre del 2022, porque contraria la jurisprudencia, se contraria el mismo magistrado a lo dicho en el a\u00f1o 2017 y porque contraria los derechos adquiridos con [su] posesi\u00f3n legitimante ejercida a la luz de la prueba sobreviniente, que [les] acredita un derecho cierto. <\/p>\n
2.- Mario Bol\u00edvar, ejecutante en el asunto acusado, pidi\u00f3 desestimar el amparo por ausencia de inmediatez. <\/p>\n
El Tribunal inform\u00f3 que \u00abmediante prove\u00eddo del 6 de marzo de 2022 se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto dictado el 18 de julio de 2019, decisi\u00f3n por medio de la cual se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega propuesta por Mar\u00eda Helena Palomino y otros. De la misma manera, el 1\u00b0 de marzo de 2022 se declar\u00f3 inamisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el opositor Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez Ure\u00f1a contra la decisi\u00f3n proferida el 10 de agosto de 2021 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9\u00bb. Por otro lado, remiti\u00f3 el enlace contentivo de las diligencias relativas a la apelaci\u00f3n del interlocutorio de 10 de agosto de 2021. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 puntualiz\u00f3 que los inmuebles a los que aluden los quejosos, junto a otros, fueron rematados (30 ag. 2018) y adjudicados (7 sep. 2018) a favor de diversas personas3, quienes a su vez han cedido sus derechos. Acot\u00f3, adem\u00e1s, que el 15 de marzo de 2019 comision\u00f3 para su entrega, correspondi\u00e9ndole a la Juez Cuarta Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien se separ\u00f3 del asunto por la recusaci\u00f3n que le formularon (17 may. 2022). A su vez, se\u00f1al\u00f3 que en la actualidad la entrega la adelanta el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien a\u00fan no ha devuelto el despacho comisorio. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Cauas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que adelanta el juicio de pertenencia formulado por Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez (rad. 73001-41-89-001-2017-01208-00), y describi\u00f3 las actuaciones surtidas hasta el momento, entre ellas, que fij\u00f3 el 23 de abril de 2023 como fecha para inspeccionar el inmueble. <\/p>\n
El Juzgado Sexto Transitorio de Peque\u00f1as Cauas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad remiti\u00f3 el expediente 73001-40-03-013-2017-00182-00, relativo a la demanda de pertenencia de Flor Ch\u00e1vez. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que la entrega programada para el 8 de febrero de 2023 no se realiz\u00f3, toda vez que la ciudad de Ibagu\u00e9 \u00abse encontraba en el d\u00eda sin carro y no hab\u00eda log\u00edstica necesaria para llevar a cabo la diligencia\u00bb. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El ruego es improcedente porque carece del presupuesto de inmediatez, sin que los argumentos aducidos por los gestores a fin de exculpar su incumplimiento tengan la virtualidad de justificarlo, como pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- La Sala ha explicado que a este sendero debe acudirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vulneraci\u00f3n denunciada, pues, \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (STC9881-2022, entre otras). <\/p>\n
Sin embargo, los accionantes solicitaron la defensa de sus derechos fundamentales extempor\u00e1neamente, pues, desde la materializaci\u00f3n del perjuicio que anhelan conjurar hasta la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre comentado. <\/p>\n
As\u00ed es frente a Flor Ch\u00e1vez, porque la oposici\u00f3n que plante\u00f3 a fin de hacer valer los derechos que alega tener sobre la Casa 25, Manzana I, de la Urbanizaci\u00f3n Tolima Grande, fue zanjada el 6 de marzo de 20204, cuando la Corporaci\u00f3n accionada ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 de rechazarla (18 jul. 2019)5. Desde esa data hasta la formulaci\u00f3n del auxilio, en febrero 1\u00b0 de 2023, han pasado dos (2) a\u00f1os y diez (10) meses. <\/p>\n
Ahora, es cierto que el 10 de agosto de 20216 se llev\u00f3 a cabo otra diligencia de entrega, sin embargo, esa actuaci\u00f3n ni lo decidido sobre ella alteran el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino mencionado, ya que <\/p>\n
(\u2026) el plazo y el despliegue de los remedios pertinentes se miran respecto del escenario que efectiva y primariamente gener\u00f3 la aparente infracci\u00f3n, sin que sea de recibo admitir su reviviscencia por las peticiones que en igual sentido se presenten despu\u00e9s y el ataque que se eleve contra las providencias que las resuelvan (\u2026), pues en tal caso semejantes interpelaciones resultar\u00edan desdibujadas totalmente en la medida que siempre ser\u00e1 posible que el perjudicado radique memoriales con la intenci\u00f3n de reactivar actuaciones agotadas (CSJ STC6369-2020, reiterada, entre otras, STC229-2023). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se pierda de vista, que la diligencia realizada en esa segunda ocasi\u00f3n correspond\u00eda a la continuaci\u00f3n de la entrega iniciada el 18 de julio de 2019, la cual fue suspendida hasta tanto no se definiera la suerte de la oposici\u00f3n de la promotora y de otras personas. Por tanto, zanjada como estaba la objeci\u00f3n planteada por Flor Mar\u00eda, la actuaci\u00f3n surtida el 10 de agosto de 2021 no constitu\u00eda una nueva oportunidad para enfrentar la entrega. <\/p>\n
Por otro lado, las actuaciones tendientes a aclarar si el objeto de la entrega era solo el lote de terreno o las mejoras edificadas en \u00e9l tampoco habilitan un tiempo adicional para impulsar esta acci\u00f3n. Esto, en tanto la oposici\u00f3n era la herramienta que la quejosa ten\u00eda a efectos de hacer valer los derechos sobre el predio de su inter\u00e9s, cuya suerte, como arriba se indic\u00f3, qued\u00f3 establecida el 6 de marzo de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
En lo que respecta a Cl\u00edmaco, de las actuaciones confrontadas se advierte que su oposici\u00f3n fue tramitada y decidida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 en la diligencia de 10 de agosto de 2021, por cuanto el bien cuya entrega disputa no hab\u00eda sido identificado previamente. Dicha autoridad resolvi\u00f3 la cuesti\u00f3n de forma adversa a los intereses del quejoso, y remiti\u00f3 las diligencias al Tribunal para que revisara la decisi\u00f3n, en virtud a la alzada interpuesta por el quejoso. A continuaci\u00f3n, el 1\u00b0 de marzo de 2022, el fallador plural declar\u00f3 inadmisible el remedio vertical7. <\/p>\n
Significa, entonces, que la situaci\u00f3n del censor en relaci\u00f3n con la entrega objetada se consolid\u00f3 el 1\u00b0 de marzo de 2022, mediando hasta el impulso de este camino (1\u00b0 feb. 2023) algo m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
Como puede verse, Flor Ch\u00e1vez y Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez tardaron m\u00e1s de seis meses en comparecer a este sendero, desde la materializaci\u00f3n del perjuicio que pretenden conjurar por esta v\u00eda. <\/p>\n
1.2.- Por otro lado, las razones invocadas para justificar la demora no tienen esa virtualidad (falta de acceso al expediente y pruebas sobrevinientes) y, por ende, el incumplimiento del presupuesto comentado no puede superarse. <\/p>\n
En efecto, como lo ha dicho la Sala, la falta de acceso al expediente objeto de queja constitucional no exculpa la demora en impulsar este mecanismo, por cuanto dicha circunstancia no es una exigencia para su formulaci\u00f3n. As\u00ed, en STC15238-2021 se expuso: <\/p>\n
A voces del art\u00edculo 14 del Decreto 2591 de 1991, para la denuncia de su lesi\u00f3n o amenaza, basta expresar \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud\u00bb. (STC15238-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de salvaguardas contra providencias judiciales, la querella debe analizarse a la luz de las actuaciones que las provocaron, las cuales, en caso de que los demandantes no las aporten con sus escritos, son gestionadas por los despachos constitucionales. En ese sentido, el art\u00edculo 19 del mencionado Decreto establece: \u00ab[e]l juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. La omisi\u00f3n injustificada de enviar esas pruebas al juez acarrear\u00e1 responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
De modo que el hecho de que los actores hayan accedido al expediente hasta el 15 de diciembre de 2022, no es causa para que, hasta ahora, pasados m\u00e1s de seis meses desde que la controversia relativa a su oposici\u00f3n fue zanjada, hayan formulado la salvaguarda. <\/p>\n
Adicionalmente, como se puede constatar del decurso criticado, los accionantes formularon la oposici\u00f3n y los recursos contra la providencia que la resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de un profesional del derecho, as\u00ed que, por medio de \u00e9l, se enteraron o debieron enterarse de las directrices expedidas por la Colegiatura de Ibagu\u00e9 el 6 de marzo de 2020 y 1\u00b0 de marzo de 2022. Y, en todo caso, como gestores de la oposici\u00f3n debieron estar atentos a su resultado. Pero si no lo hicieron directamente o por conducto de su mandatario judicial, no pueden, ahora, sacar provecho de su negligencia. <\/p>\n
La existencia de pruebas sobrevinientes sobre el derecho alegado por los actores, tampoco es raz\u00f3n que justifique la tardanza, si en cuenta se tiene que, en todo caso, su situaci\u00f3n, desde la perspectiva constitucional, solo puede ser juzgada con base en los argumentos y evidencias aportadas al momento de la oposici\u00f3n. <\/p>\n
En fin, no se aleg\u00f3 ni la Sala evidencia alguna circunstancia que exculpe la inactividad de los promotores (STC15238-2021). <\/p>\n
1.3.- Finalmente, no es posible evitar la entrega disputada como mecanismo transitorio mientras las demandas de pertenencia son dirimidas, ya que <\/p>\n
(\u2026) \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021, reiterada en STC16891-2022, entre otras). <\/p>\n
Ahora, si los quejosos consideran que es viable adoptar alguna medida cautelar en aras de conservar el derecho objeto de litigio en los procesos de pertenencia, deben provocar un pronunciamiento del juez que los tramita, por ser el competente para resolver cualquier cuesti\u00f3n asociada a esa controversia, cuanto m\u00e1s si la entrega a\u00fan no se ha concretado, ya que, de acuerdo con lo informado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1, la diligencia se\u00f1alada para el 8 de febrero de 2023 no se practic\u00f3. <\/p>\n
2.- En definitiva, como las promotoras no procuraron oportunamente la defensa de sus prerrogativas, se impone desestimar la protecci\u00f3n superlativa sin que sea necesario \u00abincursionar en el fondo de la situaci\u00f3n sometida a escrutinio, porque claramente la inobservancia de la exigencia de forma aludida -inmediatez- as\u00ed lo permite\u00bb (STC15676-2022, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Flor Ch\u00e1vez y Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez Urue\u00f1a. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Los promotores del amparo formularon sus tutelas de forma separada. Al escrito de Flor Ch\u00e1vez se le asign\u00f3 el radicado 2023-00374-00 y al de Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez el n\u00b0 2023-00375-00. El Magistrado ponente asumi\u00f3, en primer lugar, el conocimiento del resguardo 2023-00375-00, pues lo recibi\u00f3 el 3 de febrero y lo avoc\u00f3 el 7 siguiente. Luego, y comoquiera que el asunto n\u00b0 2023-00374 fue asignado con posterioridad por la Secretar\u00eda (7 feb. 2023), en virtud de la remisi\u00f3n que de \u00e9l hiciera el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, por auto de 10 de febrero se dispuso su acumulaci\u00f3n al n\u00b0 2023-00375-00. De all\u00ed que todas las actuaciones relativas al amparo 2023-00374-00 se impulsen en el radicado posterior, correspondiente al n\u00b0 2023-00375-00. <\/p>\n
2\u0002 La demanda de Flor cursa ante el Juzgado Sexto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiples de Ibagu\u00e9 (rad. 73001-40-03-013-2017-00182-00), y la de Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez es impulsada por el Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa localidad (rad. 73001-41-89-001-2017-01208-00). <\/p>\n
3\u0002 El inmueble reclamado por Flor Ch\u00e1vez fue rematado a favor de Carlos Yoany Ni\u00f1o Lasso, y el de Cl\u00edmaco, en beneficio de Luis Mart\u00edn Meza Cordero. <\/p>\n
5\u0002 Dicha decisi\u00f3n reposa en el enlace remitido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, relativo al despacho comisorio que libr\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en 2019 para la entrega de los inmuebles rematados (Cuaderno 1 1994-10989 2, Consecutivo \u00ab001\u00bb). <\/p>\n
6\u0002 La actuaci\u00f3n est\u00e1 ubicada en el enlace mencionado, Carpeta C1principal, consecutivos 34 y 35 <\/p>\n
7\u0002 Puede observarse en el enlace remitido por el Tribunal, contentivo del tr\u00e1mite mencionado. <\/p>\n
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