STC1156-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1156-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00376-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Clara Ofelia Borges Pulido interpuso contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 26 del Circuito de esa misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en la pertenencia con radicado n\u00b0 110013103026-2016-00601-03. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de sus pretensiones (8 nov. 2022), para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n en el que se emiti\u00f3 el veredicto reprochado (8 nov. 2022). Se\u00f1al\u00f3 que la magistratura err\u00f3 al no contabilizar el tiempo de posesi\u00f3n ejercido con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda de pertenencia. Tambi\u00e9n acus\u00f3 al tribunal de \u00ababandon[ar] la labor probatoria de identificar desde cu\u00e1ndo fung\u00eda\u00bb como poseedora. <\/p>\n
Finalmente, censur\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria desplegada para concluir que no se demostr\u00f3 la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb de tenedora a poseedora; en su criterio, los recibos de pago de impuestos, las decisiones emitidas en el curso de diligencias de oposici\u00f3n, as\u00ed como las declaraciones relativas a mejoras y arrendamiento, eran suficientes para acreditar la calidad invocada. <\/p>\n
2. Los involucrados se defendieron. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
Ciertamente, para tomar la determinaci\u00f3n que se cuestiona el tribunal inici\u00f3 por referirse a la promesa de compraventa -en virtud de la cual la accionante entr\u00f3 al predio objeto de la litis- y de ella coligi\u00f3 que \u00abno se acord\u00f3 ni acaeci\u00f3\u00bb la entrega de la posesi\u00f3n, \u00aben raz\u00f3n a que la demandante no cancel\u00f3 el saldo del precio convenido\u00bb, raz\u00f3n por la que predic\u00f3 que no era dable \u00abcontabilizar la prescripci\u00f3n adquisitiva invocada desde la fecha puntual en que se celebr\u00f3 la alianza preliminar\u00bb. <\/p>\n
En seguida, precis\u00f3 que, como \u00abla detentaci\u00f3n del apartamento y del garaje, la inici\u00f3 la actora a t\u00edtulo de mera tenencia\u00bb, era necesario \u00abdem[ostrar] de manera inequ\u00edvoca la fecha a partir de la cual\u00bb mut\u00f3 la calidad de tenedora a poseedora. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que \u00abdel material probatorio que se alleg\u00f3 al proceso (\u2026) no [se] demostr\u00f3 con exactitud el momento en que, con frontal desconocimiento del derecho de los due\u00f1os, [la demandante] realiz\u00f3 actos indicativos de tener la cosa para s\u00ed, es decir, sin reconocer propiedad ajena\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular resalt\u00f3 que, si bien es cierto que los testimonios de Mar\u00eda Consuelo G\u00f3mez y Clara In\u00e9s Gonz\u00e1lez dieron cuenta de algunas mejoras hechas al inmueble por la demandante, tambi\u00e9n lo era que exist\u00edan \u00abotros\u00edes\u00bb a la promesa de compraventa, en los que la demandante reconoci\u00f3 dominio ajeno, hasta el punto en que \u00abpact\u00f3 nuevas fechas para solucionar el saldo del precio a los promitentes vendedores (\u2026) lo cual ratific\u00f3 en interrogatorio de parte, en donde tambi\u00e9n admiti\u00f3 que acudi\u00f3 al llamado de la se\u00f1ora Xiomara Guti\u00e9rrez en los a\u00f1os 2012 o 2013, con la intenci\u00f3n de finiquitar las obligaciones derivadas de la promesa de compraventa y pagar la suma pendiente de satisfacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De esos medios de prueba consider\u00f3 desvirtuada la calidad de poseedora \u00abpor lo menos el lapso comprendido entre 2005 a 2013, dado que en tal interregno ha ejecutado o ha estado presta a realizar actos tendientes a cumplir el convenio preliminar\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reliev\u00f3 que los dem\u00e1s medios de prueba aportados no permit\u00edan establecer con precisi\u00f3n la fecha exacta en la que la precursora \u00abmut\u00f3 su calidad de tenedora a se\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb y que algunos actos como el pago de servicios p\u00fablicos e impuestos, por s\u00ed, no resultaban suficientes, en el caso concreto, para \u00abacredita[r] el se\u00f1or\u00edo aducido\u00bb. <\/p>\n
No obstante, precis\u00f3 que \u00aben \u00e9poca reciente\u00bb no se encontraba \u00aben tela de juicio\u00bb el car\u00e1cter de poseedora, en la medida que hab\u00eda sido reconocida judicialmente como tal, en el curso del tr\u00e1mite de diligencias de secuestro y entrega que se pretendieron realizar sobe el fundo objeto del litigio (6 y 7 jun. 2019). Sin embargo, esa situaci\u00f3n carec\u00eda de trascendencia para el caso, por haber ocurrido con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda de pertenencia (29 ago. 2016). <\/p>\n
Para terminar advirti\u00f3 que, aun si se tuviera a la demandante como poseedora desde el a\u00f1o 2013, tampoco era dable acceder a las pretensiones, en la medida que la demanda fue radicada en el 2016, de lo que dedujo que \u00abno se completa[ba] el t\u00e9rmino legal de 10 a\u00f1os exigido para tal fin\u00bb. <\/p>\n
Con ese panorama, bastan las consideraciones expuestas para constatar que la decisi\u00f3n acusada no obedeci\u00f3 al antojo o capricho de la autoridad accionada, sino a la raz\u00f3n objetiva de que las pruebas practicadas no resultaron suficientes para acreditar el momento preciso desde que inici\u00f3 la posesi\u00f3n invocada; tambi\u00e9n, porque aun cuando se tuviera por este instante la \u00faltima documental en la que la censora reconoci\u00f3 dominio ajeno (2013), lo cierto era que el t\u00e9rmino para usucapir era inferior al requerido para tal fin. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
2.1. Respecto de la primera queja, seg\u00fan la cual \u00aba pesar de la interposici\u00f3n de la demanda de pertenencia, el tiempo de posesi\u00f3n sigue contando para efectos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, vale la pena precisar a la precursora que la postura asumida por la magistratura -relativa a que el t\u00e9rmino legal de prescripci\u00f3n debi\u00f3 consolidarse para la \u00e9poca de radicaci\u00f3n de la demanda- luce, incluso, arm\u00f3nica con lo predicado de anta\u00f1o por esta Sala en casos de similares contornos, en los que se dijo que: <\/p>\n
(\u2026) se infiere el fracaso de la usucapi\u00f3n reclamada puesto que parti\u00e9ndose de las indicadas fechas (\u2026) se establece que la posesi\u00f3n invocada (\u2026) no perdur\u00f3 el tiempo exigido por la ley para la prescripci\u00f3n extraordinaria \u201320 a\u00f1os-, toda vez que para el momento en el que se present\u00f3 la demanda de pertenencia (\u2026) solo hab\u00edan transcurrido, desde la mencionada fecha, 19 a\u00f1os, 10 meses y 14 d\u00edas (CSJ SCC SC15645-2016). <\/p>\n
En el mismo sentido se predic\u00f3: <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, como los errores probatorios son totalizadores, en el evento de aceptarse que la demandada reconveniente nunca perdi\u00f3 la posesi\u00f3n material, la Corte no podr\u00eda pasar por alto, frente a un fallo sustitutivo, que ella confes\u00f3 que la posesi\u00f3n la ejerc\u00eda desde el 25 de agosto de 1983, luego al presentarse la demanda el 18 de julio de 2003 y notificada oportunamente, el t\u00e9rmino de veinte a\u00f1os del poder de se\u00f1or\u00edo no lo habr\u00eda alcanzado para ganar por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble disputado (CSJ SCC SC de 13 de diciembre de 2010. Radicado 2003-00103-01. MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente se dijo que: <\/p>\n
Igualmente, la gestora no prob\u00f3 el momento a partir del cual empez\u00f3 a ejercer posesi\u00f3n por s\u00ed sola y con desconocimiento de aqu\u00e9l, durante un t\u00e9rmino ininterrumpido de diez (10) a\u00f1os al momento de presentar la demanda\u00bb (STC1663-2021. En el mismo sentido STC4272-2020 y STC3506-2021) <\/p>\n
De all\u00ed que no luzca extra\u00f1o o descabellado, lo dicho por el tribunal accionado. <\/p>\n
2.2. Referente al segundo reproche, consistente en que el tribunal \u00ababandon\u00f3 la labor probatoria de identificar desde cu\u00e1ndo\u00bb inici\u00f3 la calidad de poseedora, es bueno recordar que, conforme al art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb de all\u00ed que no resulte de recibo el argumento seg\u00fan el cual, en principio, era labor del juez averiguar la \u00e9poca en que mut\u00f3 el t\u00edtulo de la demandante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, basta con remitirse al escrito de sustentaci\u00f3n de la alzada para dejar al descubierto que, sobre la particular tem\u00e1tica, ning\u00fan reproche concreto se expuso ante el ad quem. <\/p>\n
2.3. Finalmente, en torno a la queja por la valoraci\u00f3n desplegada sobre las pruebas obrantes en el expediente, es suficiente con remitirse al numeral primero de estas consideraciones para descartar la lesi\u00f3n supra legal invocada. <\/p>\n
3. En definitiva, comoquiera que la decisi\u00f3n cuestionada descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Clara Ofelia Borges Pulido. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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