STC1174-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1174-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 19 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Pedro Javier Cata\u00f1o Lopera contra el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, \u00abigualdad ante la Ley\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse declare [la] nulidad de todo lo actuado, a partir de la audiencia inicial celebrada en julio diecinueve\u2026 de\u2026 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Pedro Javier Cata\u00f1o Lopera, Jorge Alberto Pineda Osorio y Nery Manuel Ben\u00edtez Ceballos promovieron acci\u00f3n declarativa contra la Asociaci\u00f3n C\u00edvica de Puerto Berr\u00edo, que fue admitida el 9 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.2. El 19 de julio de 2022, se realiz\u00f3 la audiencia inicial, en la \u00abse present\u00f3 un problema de conectividad\u00bb durante el interrogatorio de Cata\u00f1o Lopera, \u00ablo que oblig\u00f3 a la suspensi\u00f3n de la [diligencia]\u00bb. El 4 de agosto siguiente se reanud\u00f3 la prenotada audiencia, en la que, seg\u00fan el tutelante, se presentaron \u00ablas mismas dificultades\u2026 con la conectividad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el 20 de septiembre de 2022, se dict\u00f3 sentencia anticipada, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, debido a los problemas de conectividad, no pudo aportar pruebas fundamentales para la decisi\u00f3n del litigio; que el referido fallo no fue \u00abnotificado a [su] correo electr\u00f3nico\u00bb ni al de su apoderado judicial, de donde \u00abemerge\u2026 causal de nulidad\u00bb; y que \u00abno se dej\u00f3 transcurrir el t\u00e9rmino legal para efectos de la notificaci\u00f3n por estado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo destac\u00f3 que \u00abla sesi\u00f3n de audiencia celebrada el 4 de agosto de 2022, se llev\u00f3 a cabo sin contratiempos t\u00e9cnicos o de conectividad\u00bb; y que \u00abno existe ninguna disposici\u00f3n legal que indique que la notificaci\u00f3n de la sentencia anticipada proferida el 20 de septiembre de 2022, debiera envi\u00e1rsele v\u00eda correo electr\u00f3nico\u00bb, acto de enteramiento que se adelant\u00f3 por estado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno obra en el proceso censurado manifestaci\u00f3n alguna del impulsor del resguardo en la que exhiba el supuesto yerro de la indebida notificaci\u00f3n de la sentencia, a pesar de que \u00e9ste ser\u00eda un mecanismo id\u00f3neo para sanear la deficiencia que anuncia en sede excepcional\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abla sentencia s\u00ed fue notificada conforme a los c\u00e1nones legales, especialmente, los contenidos en los art\u00edculos 295 del estatuto procesal general y 9\u00b0 de la ley 2213 de 2022\u00bb; y que \u00abexisti\u00f3 incuria del promotor del resguardo, pues durante el t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia (22 de septiembre), le fue suministrado el enlace del expediente digital y bastaba una diligencia m\u00ednima y la simple revisi\u00f3n del v\u00ednculo para advertir que se hab\u00eda proferido esta decisi\u00f3n tan s\u00f3lo dos d\u00edas antes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor manifest\u00f3 que la \u00abdecisi\u00f3n de no continuar con la audiencia de pruebas ya programada, [lo] dej\u00f3\u2026 en una posici\u00f3n desventajosa, por cuanto se [le] priv\u00f3 de la oportunidad de aportar las pruebas en las que fundamenta la demanda\u00bb; y que, al no proseguir con la audiencia de pruebas, el juzgado accionado \u00abrompi\u00f3 el tr\u00e1mite legal del proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que considera que \u00abpor un principio de equidad e igualdad, las sentencias deben\u2026 intentar notificarse en forma personal a las partes, como as\u00ed lo dispone el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u2026, m\u00e1s a\u00fan cuando esta justicia virtual ha presentado tantos inconvenientes, especialmente, para personas que no tienen el manejo de lo virtual\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinados los reparos planteados en sede de impugnaci\u00f3n, se advierte que la queja del promotor se circunscribe, esencialmente, a la sentencia anticipada de 20 de septiembre de 2022, pues considera que esa decisi\u00f3n le cercen\u00f3 la posibilidad de aportar pruebas fundamentales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3, el quejoso tuvo a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda frente a la prenotada providencia, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que no son de recibo los argumentos que expuso el promotor para justificar la prenotada incuria, en el sentido de expresar que la referida sentencia anticipada no le fue debidamente notificada. <\/p>\n
Ello en la medida en que, revisados los elementos de juicio aportados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se verifica que la cuestionada sentencia de 20 de septiembre de 2022 fue notificada a las partes a trav\u00e9s de inserci\u00f3n en el estado de 21 de septiembre siguiente, en acatamiento de lo previsto en el art\u00edculo 2951 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo noveno de la ley 2213 de 2022, como se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/juzgado-001-civil-del-circuito-de-puerto-berrio\/105, por lo que ninguna irregularidad se verifica en la realizaci\u00f3n de tal acto de enteramiento. <\/p>\n
En este punto, cabe agregar que al asunto objeto de censura no son aplicables las normas que regulan las notificaciones en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como lo pregona el impugnante, habida cuenta que, al tratarse de asunto civil, las disposiciones llamadas a aplicar al juicio criticado son las contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, las que, se insiste, fueron atendidas por el juzgado accionado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016). <\/p>\n
4. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En su aparte pertinente, la citada disposici\u00f3n establece: \u00abLas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el Secretario\u00bb. <\/p>\n
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