STC1182-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1182-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 81001-22-08-000-2022-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Arauca el 20 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Cristina Porras Higuera formul\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial -Oficina de Cobro Coactivo- por hechos relacionados con el proceso de cobro coactivo radicado bajo el n\u00famero 2019-023510. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en lo anterior, solicit\u00f3, revocar \u00aben su totalidad [el] proceso de cobro coactivo\u00bb mencionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial -Oficina de Cobro Coactivo- inform\u00f3 que adelantaba cuatro procesos de cobro coactivo en contra de la accionante, y que, si bien se equivoc\u00f3 al informar el valor del embargo a Bancolombia, por valor de $423\u2019129.000, la que corrigi\u00f3 a $30\u2019059,000, y, al haber verificado la consignaci\u00f3n del \u00faltimo de los montos en menci\u00f3n, emiti\u00f3 las resoluciones con las que termin\u00f3 los asuntos aludidos y orden\u00f3 los correspondientes desembargos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Bancolombia, se\u00f1al\u00f3 que, en virtud del embargo decretado sobre la cuenta de la ejecutada, le retuvo la suma de $30\u2019059,000, los cuales puso a disposici\u00f3n del Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Arauca, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la subsidiariedad e indic\u00f3 que la accionante no agot\u00f3 \u2013previamente- la solicitud de desembargo ante la autoridad administrativa que adelant\u00f3 el proceso de cobro coactivo en su contra, y que requiere en esta acci\u00f3n tutela, tampoco present\u00f3 recursos frente a las resoluciones que decretaron las medidas cautelares objeto de su inconformidad, ni acudi\u00f3 al mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho establecido por la ley. <\/p>\n
Finalmente, descart\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, debido a que, si bien, se present\u00f3 un error en el monto de la medida de embargo decretada, la misma fue corregida a tiempo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones, as\u00ed como para resaltar que para el momento en que present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, no le hab\u00edan notificado las resoluciones con las que se dieron por terminados los procesos de cobro referidos, ni contestado la petici\u00f3n de desembargo que radic\u00f3 con anterioridad a dicho evento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales-. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando de actos administrativos se trata, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la excepcionalidad de este amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, ya que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por una presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las normas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. (CSJ. STC11851-2022, entre muchas otras) <\/p>\n
De all\u00ed que la legitimidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo, que aquel se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar -como primera medida- ante la entidad que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de controversia o, en su defecto, en la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, previo el agotamiento de los recursos correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Cristina Porras Higuera acudi\u00f3 inconforme con el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, por cuanto en el proceso de cobro coactivo radicado bajo el n\u00famero 2019-023510, seguido en su contra, le fueron embargados $30\u2019059,000,oo de una cuenta bancaria en la que se encontraban consignados dineros de sus clientes, provenientes del Estado, por el pago de sentencias judiciales, lo que le gener\u00f3 serios perjuicios. <\/p>\n
Asimismo, asegur\u00f3 que las referidas entidades no agotaron lo que denomino un \u00abcobro persuasivo\u00bb, ni le notificaron en debida forma el tr\u00e1mite adelantado. <\/p>\n
4. Al examinar las pruebas aportadas al expediente se pudo advertir que, contra de la aqu\u00ed accionante y ante la oficina de cobro coactivo accionada, se tramitaban varios procesos por multas impuestas por el Tribunal Superior de Arauca, por lo que mediante Resoluci\u00f3n n\u00famero 033 de 7 se septiembre de 2022, se decret\u00f3 -entre otros- el embargo del porcentaje legal de los dineros que la ejecutada tuviera en sus cuentas bancarias, cautela que origin\u00f3 la retenci\u00f3n de la suma de $30\u2019059,000,oo en Bancolombia -cifra que fue oportunamente corregida por la entidad- y cuya consignaci\u00f3n, en el Banco Agrario de Colombia, finalmente, ocasion\u00f3 la terminaci\u00f3n de las diligencias (Al respecto Cfr. Resoluciones DESAJCUGCC22- 5250, 5328, 5329 y 5330 del 29 de diciembre de 2022).<\/p>\n
5. Al margen de lo anterior, y para lo que le interesa a esta tutela en materia de requisitos de procedibilidad, lo cierto es que la accionante no acredit\u00f3 haber interpuesto recursos, solicitudes de nulidad o cualquier otro mecanismo de impugnaci\u00f3n id\u00f3neo, ante la autoridad que profiri\u00f3 los actos administrativos con base en los cuales se realiz\u00f3 el embargo objeto de su inconformidad, para discutir, en el escenario natural, lo que de manera equivocada trajo a esta jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, es clara la ausencia del requisito de la subsidiariedad que ech\u00f3 de menos el Tribunal de primera instancia, pues no cabe duda que la interesada tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones que consider\u00f3 adversas a sus intereses, pero no lo hizo. Tal omisi\u00f3n, determin\u00f3 el fracaso de la acci\u00f3n de tutela, y de ah\u00ed el resultado consignado en la sentencia impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Y es que, no puede olvidarse, que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC16910-2022, entre muchas).<\/p>\n
8. En cuanto a la petici\u00f3n de desembargo cuya respuesta extra\u00f1\u00f3 la quejosa, m\u00edrese bien que, en Resoluciones DESAJCUGCC22- 5250, 5328, 5329 y 5330 de 29 de diciembre de 2022, se orden\u00f3, entre otros, el levantamiento de las cautelas decretadas en los procesos seguidos en su contra, as\u00ed como el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Actos administrativos frente a los cuales, de considerarlo necesario -y ser procedente- la interesada pod\u00eda pronunciarse ante la entidad originaria, en caso de no haber obtenido de estos el resultado esperado, se reitera, debido a que no es la acci\u00f3n en estudio el camino preferente para dicho cometido. <\/p>\n
<\/p>\n
9. La novedad se\u00f1alada por la impugnante en relaci\u00f3n a que para el momento en que interpuso la acci\u00f3n de tutela, los procesos referidos no hab\u00edan sido terminados, no cambia en nada el panorama, porque cualquier discusi\u00f3n al respecto, deb\u00eda plantearse -previamente- ante su juzgador natural, ya que esta acci\u00f3n no fue dise\u00f1ada por el Legislador para servir como una v\u00eda alternativa o paralela, para proferir decisiones distintas a las que debe emitir el funcionario correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Finalmente, ha de decirse que en este asunto tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar la herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para proceder a revisar la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Como consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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