STC1184-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1184-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00381-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Carmen Rubiela Giraldo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y los Juzgados Veintid\u00f3s Civil del Circuito y Veintitr\u00e9s Penal del Circuito, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en los procesos ejecutivos con radicado N\u00ba 2013-01186 y, 2019-00905. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vida digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Del escrito constitucional y los soportes allegados, se establece que en el proceso penal de radicado N\u00ba 2017-00088, antes 2010-00283, seguido a Juan Bautista Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez, Juan Bautista y Carlos Augusto Jim\u00e9nez Vargas, Wilson Alberto Guizado Hern\u00e1ndez, Marleny del Socorro, Javier Jes\u00fas, Mar\u00eda Gladys y Consuelo In\u00e9s Parra Jim\u00e9nez, Beatriz Elena Grajales de L\u00f3pez, Luz Marina, Ligia del Socorro, Martha Nelly, Nury, Elcy de Jes\u00fas, William, Juan Bautista, Jaime de Jes\u00fas, Fabio de Jes\u00fas, Jos\u00e9 Orlando y Luis Fernando Grajales Jim\u00e9nez, por los delitos de estafa y falsedad en documento privado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en segunda instancia, profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 20 de mayo de 2013 y declar\u00f3 a los condenados \u00abresponsables civil y solidariamente de los da\u00f1os y perjuicios causados a las v\u00edctimas, conden\u00e1ndolos al pago solidario de las costas y agencias en derecho\u00bb, y, adem\u00e1s, revoc\u00f3 \u00abel numeral segundo de la sentencia de primera instancia y en su lugar para el pago de los da\u00f1os y perjuicios desertados [orden\u00f3] conser[var] las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes inmuebles y muebles (arrendamientos y dem\u00e1s) decretados en el proceso que tiene en la actualidad vigencia hasta el l\u00edmite legal\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, en sede de casaci\u00f3n (Sentencia de 16 de oct. 2013, Rad. 42.258), se cas\u00f3 parcialmente en cuanto a la distribuci\u00f3n de los perjuicios asignados a las v\u00edctimas Jos\u00e9 Ulises y Bernardo Giraldo Ram\u00edrez, Carmen Rubiela y Henry Giraldo, Luz Stella y Omar Alonso Giraldo Ortega Leiston Fredy y Herley Adolfo Ram\u00edrez Giraldo y en lo restante se mantuvo. <\/p>\n
El proceso ejecutivo aqu\u00ed reprochado, adelantado ante el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn con radicado N\u00ba 2013-01186, fue iniciado por Luz Estella Giraldo Arroyave contra los atr\u00e1s mencionados, para obtener el cobro de los perjuicios reconocidos en el proceso penal, juicio que termin\u00f3 mediante conciliaci\u00f3n, en la que se acord\u00f3 que de los dineros producto de las medidas cautelares decretadas en el proceso penal, se remitiera la suma de $1.650.000.000 para pagarle a la ejecutante. <\/p>\n
Para atender lo anterior, se ofici\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, cognoscente del citado asunto penal, y \u00e9ste envi\u00f3 al referido Juzgado Civil del Circuito unos t\u00edtulos por $2.062.897.306, valor del cual rest\u00f3 el monto pactado en la referida conciliaci\u00f3n, quedando un saldo de $412.897.306, el cual intent\u00f3 devolver al proceso penal, lo que no se logr\u00f3 porque el despacho penal no registraba cuenta bancaria y, se neg\u00f3 recibir tales dineros por estar terminada la causa a su cargo y las cautelas se dejaron a disposici\u00f3n de los ejecutivos que en la especialidad civil hab\u00edan iniciado distintas v\u00edctimas. <\/p>\n
La aqu\u00ed accionante, Carmen Rubiela Giraldo v\u00edctima reconocida en las diligencias penales, junto con otros interesados, impuls\u00f3 la ejecuci\u00f3n con radicado N\u00b0 2019-00905-00 para cobrar las costas y agencias en derecho fijadas a su favor en el proceso penal, cobro que adelanta ante el Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn. <\/p>\n
En ese \u00faltimo litigio se orden\u00f3 el \u00abembargo de remanentes\u00bb de los dineros puestos a disposici\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad, sin embargo, esa autoridad, en auto de 7 de febrero de 2022, no accedi\u00f3 a la medida reclamada por improcedente, ya que estim\u00f3 que los valores exigidos \u00abconforman una unidad y por ende no puede estimarse la cantidad que pertenece a los ejecutados del proceso en que se solicit\u00f3 el embargo de los remanentes\u00bb, providencia que recurrida en apelaci\u00f3n por la actora y dem\u00e1s ejecutantes, confirm\u00f3 la Sala Civil del Tribunal accionado en auto de 30 de septiembre de 2022. <\/p>\n
La aqu\u00ed accionante cuestiona las anteriores decisiones porque con ellas, en su criterio, se desconoce (i) el mandamiento de pago que libr\u00f3 el Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn, respecto de los mismos obligados en el asunto criticado, (ii) el fraccionamiento de los t\u00edtulos realizado previamente por el Juzgado accionado, (iii) su derecho a la reparaci\u00f3n como v\u00edctima de la mencionada causa penal y, (iv) las m\u00faltiples manifestaciones de la justicia penal, en relaci\u00f3n a la imposibilidad de recibir esos dineros y a la solidaridad que se orden\u00f3 entre los condenados, quienes son propietarios de los dineros, con independencia de que pueda establecerse en qu\u00e9 porcentaje, pues \u00abel secuestre a cargo en su momento no discrimin\u00f3 ni tuvo en cuenta el origen de los dineros ni su propietario y simplemente efectu\u00f3 las consignaciones en las cuentas del Juzgado y porque han sido agrupados en otros t\u00edtulos. Esta situaci\u00f3n devino en que no quedara memoria, ni rastro, ni informaci\u00f3n que permitiera establecer la cantidad y su propietario\u00bb. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 revocar las providencias reprochadas para que \u00abse reconozcan como propietarios de los recursos a cargo del Juzgado 22 Civil del Circuito a los sujetos cobijados con la media cautelar del Juzgado 13 Civil Municipal a quienes les fueren embargados esos bienes en el pasado, conforme lo dispone la ley (\u2026) [y] que se reconozca que es intrascendente que el operador deber\u00eda tenerlos a su cargo y que prevalece lo sustancial sobre lo formal por lo que el embargo de esos bienes debe reconocerlo el operador Judicial que los tiene actualmente a su cargo, conforme el postulado Constitucional\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria requiri\u00f3, que \u00abse ordene al Juzgado 23 Penal del Circuito de Medell\u00edn que reciba, a pesar de su carencia de competencia y disponga sobre los remanentes del proceso tramitado ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 16 de enero de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Penal remiti\u00f3 a esta Sala, por competencia, la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn indic\u00f3 que conoci\u00f3 de los recursos de apelaci\u00f3n formulados en el proceso penal N\u00ba 2017-00088, antes 2010-00283, referida por la accionante. Sostuvo que las cr\u00edticas respecto de la ejecuci\u00f3n patrimonial de la sentencia all\u00ed proferida son ajenas a su actividad, pues se dirigen frente a otros despachos de la especialidad civil. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, relat\u00f3 los antecedentes del proceso ejecutivo reprochado y se\u00f1al\u00f3 que adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de 7 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 el Tribunal Superior accionado el 30 de septiembre siguiente, con la que se neg\u00f3 a atender el \u00abembargo de remanentes\u00bb decretado por el Juzgado Trece Civil Municipal de esa ciudad, porque consider\u00f3 que \u00ablos dineros restantes del proceso con Rad. 05001 31 03 010 2013 01186 00, conforman una unidad y por ende no puede estimarse la cantidad que pertenece a los ejecutados del proceso en que se solicit\u00f3 el embargo de los remanentes; adem\u00e1s de ello, ese extremo litigioso no guarda identidad con los ejecutados en este tr\u00e1mite, y m\u00e1s a\u00fan no es un dinero que jur\u00eddicamente se denomine remanente en t\u00e9rminos del CGP\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que si bien en varias ocasiones intent\u00f3 hacer la devoluci\u00f3n de esos valores al Juzgado Penal de donde proven\u00edan, no se logr\u00f3, porque ese despacho no tiene una cuenta habilitada y aunque le pidi\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura \u2013Seccional Antioquia- intervenir en esa gesti\u00f3n, ninguna soluci\u00f3n le fue suministrada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, ha recibido diferentes solicitudes de entrega del dinero en controversia pero ha negado esas reclamaciones porque quienes las han realizado no fueron parte en el proceso que conoci\u00f3 y adicionalmente, \u00abel mentado dinero es el producto de varias medidas cautelares decretadas en el proceso penal referenciado, donde en alusi\u00f3n a dichos dineros se ha precisado que \u201ctodos los sentenciados son deudores solidarios respecto de las v\u00edctimas, y todos los bienes embargados en el proceso conforman una misma masa que pertenece a todas las v\u00edctimas\u201d, de suerte que no podr\u00eda esta Agencia Judicial, disponer de los dineros de manera fraccionada como han pretendido los peticionarios. M\u00e1xime que, como se indic\u00f3, los mentados dineros son producto de medidas cautelares que se decretaron en el curso del proceso penal y que est\u00e1n destinados a satisfacer los derechos de las victimas all\u00ed reconocidas\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que finalizado el proceso penal el 24 de octubre de 2013, cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n, el 24 de septiembre de 2018 resolvi\u00f3 trasladar los dineros consignados por cuenta de dicho asunto a los \u00abprocesos ejecutivos civiles instaurados por las v\u00edctimas\u201d, frente al t\u00edtulo judicial que reposaba en el Juzgado 9 Penal del Circuito, y distinguido en la auditoria OSAME17015: se orden\u00f3 \u201csea trasladado al Proceso civil ejecutivo, que decret\u00f3 y notific\u00f3 primero la media cautelar\u201d, ordenando remitir el dinero al Juzgado 22 Civil Circuito de Medell\u00edn. Ahora bien, en el mismo auto se orden\u00f3 \u201cDe sobrar remanentes en este proceso civil, las v\u00edctimas del segundo proceso podr\u00e1n solicitar su embargo y traslado al proceso del Juzgado 20 Civil Circuito, al igual que los sentenciados podr\u00e1n solicitar la devoluci\u00f3n de lo que all\u00ed restare luego de pagar el cr\u00e9dito, si no fuere reclamado por ninguna v\u00edctima\u201d (subrayas y negrillas originales)\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en apelaci\u00f3n la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
Manifesto que al Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn le inform\u00f3 de las decisiones del a\u00f1o 2018 y tambi\u00e9n le indic\u00f3 que la suma sobrante del t\u00edtulo que le fue enviado pod\u00eda dejarse a disposici\u00f3n de otros procesos ejecutivos o devolverse a los sentenciados, seg\u00fan el caso, sin embargo, esa autoridad se ha negado \u00abGENERANDO LA INDEFENSI\u00d3N DE LAS V\u00cdCTIMAS Y EL LIMBO PARA LOS DINEROS QUE HOY SUSCITAN LA PRESENTE ACCI\u00d3N\u00bb. (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
Advirti\u00f3 que las v\u00edctimas llevan m\u00e1s de 20 a\u00f1os sin ser reparadas, a pesar de existir \u00abrecursos disponibles para tal garant\u00eda constitucional\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que las decisiones controvertidas, adem\u00e1s de afectar a las v\u00edctimas, pueden generar responsabilidad de la administraci\u00f3n de justicia, por lo que solicit\u00f3 acceder al amparo y ordenarle al Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn que proceda a \u00absatisfacer los derechos de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que, seg\u00fan \u00abel sistema de consulta, el proceso radicado con el n\u00famero 05001310301020130118600, reposa en el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, sin que se tenga posibilidad confirmarse si originariamente correspondi\u00f3 (\u2026) [a ese despacho]; sin embargo, vistas las actuaciones registradas en el Sistema de Consulta Siglo XXI se logr\u00f3 constatar que si fue conocido en el pasado por el entonces Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
5. Uriel Conde Campos, quien afirm\u00f3 ser apoderado de algunos de los condenados en el proceso penal referido, se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que en su criterio la acci\u00f3n de tutela debe prosperar, como quiera que se est\u00e1n afectando los derechos de las v\u00edctimas y de sus mandatarios, ya que \u00abno han podido pagar sus obligaciones a cargo, por los exabruptos, falacias, vericuetos jur\u00eddicos que ha presentado el JUZGADO 22 CIVIL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN para no entregar los dineros que reposan el sue\u00f1o de los justos en la cuenta de las citada judicatura\u00bb, y porque adem\u00e1s, aunque aqu\u00e9llos tienen toda la \u00abvoluntad de pagar\u00bb, el Juzgado accionado ha \u00abtorpedeado\u00bb esa intenci\u00f3n y, desconoce el derecho de las v\u00edctimas a lograr su reparaci\u00f3n, lo que se ha dilatado durante m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda 237 Seccional \u2013Unidad Ley 600 Descongesti\u00f3n- de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que s\u00f3lo conoci\u00f3 de ese asunto penal al realizar \u00abla valoraci\u00f3n probatoria, en torno a la calificaci\u00f3n sumarial\u00bb, por lo cual debe desvincul\u00e1rsele de estas diligencias, sin embargo, anot\u00f3 que \u00abde llegar a establecerse la vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales a v\u00edctimas, esos deber\u00e1n ampararse\u00bb. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles manifest\u00f3 que no se halla irregularidad en la actividad de los funcionarios accionados y a\u00f1adi\u00f3, que la solicitante no ha elevado todas sus peticiones ante los jueces ordinarios. <\/p>\n
8. El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de \u00abla ejecuci\u00f3n de parte civil dentro de la actuaci\u00f3n penal que se surti\u00f3 ante el Juzgado 21 Penal del Circuito de esta municipalidad, el proceso (\u2026) en disfavor del ciudadano JUAN BAUTISTA JIM\u00c9NEZ HERN\u00c1NDEZ y otros\u00bb, tr\u00e1mite en el que se consignaron unas sumas de dinero a su cuenta de dep\u00f3sitos judiciales \u00aben raz\u00f3n del conflicto civil que se gener\u00f3 entre los herederos en dicha actuaci\u00f3n\u00bb y que pas\u00f3 a su hom\u00f3logo Veintitr\u00e9s tras la conversi\u00f3n del sistema penal acusatorio. Se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan existen valores por esa causa consignados en su cuenta, pero \u00abrespecto al dinero que gener\u00f3 la presentaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, es totalmente ajeno al que custodia el Banco Agrario en la cuenta de dep\u00f3sitos Judiciales de este Despacho\u00bb. <\/p>\n
9. Jos\u00e9 Leonardo Cruz Naranjo, interesado en estas diligencias, se opuso al amparo, toda vez que, en su criterio, los accionados no han incurrido en irregularidad. <\/p>\n
10. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas, \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios, org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando, <\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020) (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Carmen Rubiela Giraldo reprocha a las autoridades de la especialidad civil aqu\u00ed accionadas por negarse, en primera y segunda instancia, a atender el \u00abembargo de remanentes\u00bb solicitado por el Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn, en el proceso ejecutivo que all\u00ed inici\u00f3, con radicado 2019-00905, pues, estima que vulneraron sus garant\u00edas como v\u00edctima reconocida en el proceso penal seguido bajo N\u00ba 2017-00088, antes 2010-00283. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso cuestionado. <\/p>\n
Para resolver la queja, y revisado el link del expediente remitido a estas diligencias, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
– Como lo indic\u00f3 la solicitante, tanto la ejecuci\u00f3n reprochada, de radicado N\u00ba 2013-01186, como la suscitada en el mencionado Juzgado Municipal con N\u00ba 2019-00905, se impulsaron para lograr el pago, en la primera, de los da\u00f1os y perjuicios reconocidos en el asunto penal -N\u00ba 2017-00088, antes 2010-00283- y, en la segunda, por las costas originadas en dicha causa. <\/p>\n
– El proceso penal termin\u00f3 con la sentencia proferida en casaci\u00f3n el 16 de octubre 2013, Rad. 42.258, ratificando las condenas frente a los all\u00ed procesados por los delitos de estafa y falsedad en documento privado, determin\u00e1ndose que eran civil y solidariamente responsables de los da\u00f1os y perjuicios causados y por las costas y agencias en derecho. <\/p>\n
En ese tr\u00e1mite se fij\u00f3 la condena en perjuicios as\u00ed, <\/p>\n
\u00abA Jos\u00e9 Ulises y Bernardo Giraldo Ram\u00edrez, se asignar\u00e1, como da\u00f1os, para cada uno de ellos $465.160.792,32. <\/p>\n
A Carmen Rubiela y Henry Giraldo, en representaci\u00f3n de su padre Manuel Antonio Giraldo, la suma de $232.580.396,16 para cada uno. <\/p>\n
A Luz Stella y Omar Alonso Giraldo Ortega, en representaci\u00f3n de su padre Jes\u00fas Mar\u00eda Giraldo, la suma de $232.580.396,16 para cada uno. <\/p>\n
– En el mencionado proceso penal se decret\u00f3 el embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles de propiedad de los procesados desde la etapa de instrucci\u00f3n, medidas que quedaron en cabeza del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medell\u00edn, pero que, luego de su transformaci\u00f3n por virtud del sistema penal acusatorio, pasaron al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
– Ante el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito, la aqu\u00ed actora Carmen Rubiela Giraldo, junto con Luz Stella y Omar Alfonso Giraldo Arroyave, v\u00edctimas reconocidas en el enunciado proceso penal, impulsaron la ejecuci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada contra los sentenciados para el recaudo de los perjuicios a ellos reconocidos, sin embargo, ese proceso termin\u00f3 por la conciliaci\u00f3n realizada el 8 de noviembre de 2017, en la que se pact\u00f3 que de los dineros consignados en la especialidad penal le ser\u00edan cancelados $1.650.000.000. <\/p>\n
– Para satisfacer el anterior compromiso, se ofici\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn y \u00e9ste puso a disposici\u00f3n un t\u00edtulo por $2.062.897.306, el cual se fraccion\u00f3 para pagar lo pactado en la referida conciliaci\u00f3n, quedando un saldo de $412.897.306. <\/p>\n
– El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn quiso devolver ese valor al proceso penal, pero evidenci\u00f3 que el despacho encargado no ten\u00eda cuenta para ese efecto y aunque se lo solicit\u00f3 de manera expresa, el Juzgado Penal se neg\u00f3 a ello, poni\u00e9ndole en conocimiento las decisiones adoptadas el 24 de septiembre y 2 de octubre de 2018, confirmadas por su superior, y donde se estableci\u00f3 que deb\u00edan trasladarse los bienes objeto de las medidas cautelares a los distintos juicios ejecutivos iniciados por las v\u00edctimas, adem\u00e1s que tales valores pod\u00edan ser enviados entre los despachos civiles, dada la solidaridad decretada entre los condenados con respecto a los perjuicios ocasionados a las v\u00edctimas, o restituidos a los sentenciados, seg\u00fan correspondiera. <\/p>\n
– Posteriormente, Carmen Rubiela Giraldo, Luz Stella y Omar Alfonso Giraldo Arroyave iniciaron ante el Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn la ejecuci\u00f3n con rad. N\u00ba 2019-00905, por las costas fijadas en el asunto penal. <\/p>\n
La demanda se dirigi\u00f3, inicialmente, s\u00f3lo frente a los sentenciados Javier de Jes\u00fas, Marleny del Socorro y Mar\u00eda Gladis Parra Jim\u00e9nez, pero, luego, se reform\u00f3 para incluir a los dem\u00e1s condenados, esto es, Consuelo In\u00e9s, Juan Bautista, Carlos Augusto Jim\u00e9nez Vargas, Jos\u00e9 Orlando, Luis Fernando, Luz Marina, Ligia del Socorro, Marta Nelly, Nury Cecilia, Elcy de Jes\u00fas, William, Juan Bautista, Jaime de Jes\u00fas, Fabio de Jes\u00fas, Beatriz Elena Grajales Jim\u00e9nez, personas frente a las que se libr\u00f3 mandamiento de pago, para cada uno de los ejecutantes, por valor de $33.142.706. <\/p>\n
– En ese \u00faltimo asunto, los demandantes reclamaron como medidas cautelares el \u00abembargo de los remanentes\u00bb que quedaran en el ejecutivo aqu\u00ed reprochado a cargo del Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, medida que decret\u00f3 el Juzgado Trece Civil Municipal de esa ciudad en auto de 18 de enero de 2021 y que reiter\u00f3 en providencia de 26 de enero de 2022, tras la mencionada reforma de la demanda. <\/p>\n
– El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, en pronunciamiento de 7 de febrero de 2022, se neg\u00f3 a \u00abtomar nota del embargo de remanentes\u00bb porque consider\u00f3 que esa medida era improcedente, puesto que los dineros que resultaron tras el pago de lo pactado en la enunciada conciliaci\u00f3n, no eran producto de una medida cautelar que se hubiese decretado en ese despacho, y se\u00f1al\u00f3, \u00ablo cierto es que ese capital, es el producto una medida decretada en un proceso penal en el que todos los sentenciados son deudores solidarios respecto de las v\u00edctimas, y todos los bienes embargados en el proceso conforman una misma masa que pertenece a todas las v\u00edctimas, raz\u00f3n por la cual, no podr\u00eda esta Agencia Judicial, disponer de los dineros de manera fraccionada\u00bb. <\/p>\n
– Apelado el anterior pronunciamiento por la aqu\u00ed actora, Luz Stella y Omar Alfonso Giraldo Arroyave, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en providencia de 30 de septiembre de 2022 lo confirm\u00f3 al considerar ajustada a derecho la decisi\u00f3n adoptada por el a quo, pues, seg\u00fan expres\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) los dineros que se encuentran en las cuentas de dep\u00f3sitos judiciales del despacho, no constituyen remanentes, pues no son producto de bienes embargados en el proceso que aqu\u00ed se trata, ni tampoco son remanentes del producto de los embargados, pues como bien se dijo, esos dineros fueron remitidos por el Juzgado 023 Penal del Circuito de Medell\u00edn, quien decret\u00f3 medidas cautelares en el proceso penal en que fueron vinculadas las personas que conforman el extremo de esta litis, y por ello, ser\u00eda ese juzgado el encargado de disponer de esos dineros, ya que no podr\u00eda decirse que son remanentes porque el Juzgado 022 Civil del Circuito de Medell\u00edn no fue quien decret\u00f3 las medidas cautelares, y los dineros tampoco son producto de los bienes embargados en este proceso de jurisdicci\u00f3n civil. De igual modo, acert\u00f3 la operadora judicial al establecer que no es la competente para determinar qui\u00e9nes son v\u00edctimas y en ese sentido qui\u00e9nes son las beneficiarias de las medidas cautelares decretadas por el juzgado penal y en qu\u00e9 porci\u00f3n lo son, para poder fraccionar los dineros y entregarlos. <\/p>\n
Adicionalmente, si bien en este proceso y en el procedimiento radicado 0500140-03-013-2019-00905-00, existe identidad de partes, ello no es suficiente para disponer de los dineros remitidos por el juzgado penal, pues frente a esos recursos se observa que existe terceros interesados, que pudieran ser titulares de alg\u00fan derecho respecto de ellos, y de lo cual tampoco podr\u00eda sustraerse la autoridad jurisdicci\u00f3n a cuyo cargo se encuentra el resarcimiento de las v\u00edctimas. <\/p>\n
4. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
4.1 Surge necesario se\u00f1alar que, frente a la situaci\u00f3n antes expuesta, encuentra la Sala la irregularidad alegada por la accionante, debido a la falta de motivaci\u00f3n del ad quem respecto de las cuestiones que debi\u00f3 analizar a fin de adoptar una decisi\u00f3n que resolviera de manera suficiente y definitiva la problem\u00e1tica puesta bajo su conocimiento. <\/p>\n
En efecto, del anterior recuento puede concluirse que el Tribunal Superior pas\u00f3 por alto los argumentos que la justicia penal ha planteado en el proceso ejecutivo reprochado, en cuanto a la negativa a recibir el dinero que qued\u00f3 a disposici\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn tras el fraccionamiento del t\u00edtulo con el que se cumpli\u00f3 la conciliaci\u00f3n que permiti\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese proceso ejecutivo, valor que asciende a $412.897.306. <\/p>\n
Asimismo, desconoci\u00f3 que tales valores est\u00e1n a disposici\u00f3n del mencionado Juzgado desde el a\u00f1o 2017 y que ning\u00fan destino han podido tener hasta la fecha, porque se ha argumentado, como en el caso cuestionado, que, al no provenir de una cautela decretada por ese despacho, nada puede hacerse. <\/p>\n
Contrario a lo manifestado por el Tribunal Superior, de la revisi\u00f3n de las sentencias proferidas en el rese\u00f1ado proceso penal, puede concluirse con claridad qui\u00e9nes fueron reconocidos como v\u00edctimas y los montos que se asignaron como da\u00f1os y perjuicios, al igual que las costas de ese proceso se impusieron para los sentenciados de manera solidaria y con cargo a los bienes recaudados con las medidas cautelares all\u00ed decretadas y hoy puestas en cabeza de distintos despachos judiciales civiles que vienen adelantando los cobros impulsados por las v\u00edctimas. <\/p>\n
No se desconoce que, en estricto sentido, el \u00abembargo de remanentes\u00bb solicitado por la actora no cumple los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, ello no les impide a los jueces adoptar las decisiones necesarias a fin de hacer efectivos los derechos sustanciales de los interesados, en este caso, los de las v\u00edctimas de unos delitos cometidos en el a\u00f1o 2003 y que se ampararon en el tr\u00e1mite penal tantas veces enunciado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si bien otros interesados han concurrido al proceso censurado con pretensiones similares, esto es, la entrega de los dineros referidos, para el caso de la actora es relevante destacar que sus demandas est\u00e1n respaldadas en las decisiones del Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn, autoridad judicial que tiene a su cargo verificar las calidades y los derechos patrimoniales que all\u00ed ha reclamado la peticionaria, y que, con sustento en ello, orden\u00f3 el embargo de los dineros que est\u00e1n a disposici\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Se advierte que la protecci\u00f3n al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia se abre paso en los eventos en que -como lo ha se\u00f1alado esta Sala siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional- \u00abel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto [lo cual se presenta] cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12)\u00bb (CSJ. STC9028-2018, reiterada en STC13747-2022). <\/p>\n
Corresponde asimismo se\u00f1alar, que el debido proceso debe ser un medio para alcanzar la satisfacci\u00f3n de los derechos sustanciales, por tanto, no puede ser un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues \u00abde lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC. Sentencia T-1306 de 2001, acogida en CSJ. STC13704-2022). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
El amparo solicitado por Carmen Rubiela Giraldo ser\u00e1 concedido, debido a la falta de motivaci\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn en cuanto a las circunstancias antes expuestas, esto es, las manifestaciones de la justicia penal sobre la imposibilidad de recibir el dinero que se encuentra en el acusado Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad, el excesivo tiempo que ha transcurrido desde la recepci\u00f3n de dichos valores por parte de ese despacho y el derecho de las v\u00edctimas en el proceso penal a ser reparadas conforme se defini\u00f3 en el rese\u00f1ado asunto penal. <\/p>\n
La falta de motivaci\u00f3n implica el incumplimiento del deber de los funcionarios judiciales de explicar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, exigencia ineludible porque, precisamente, en la misma reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional (Corte Constitucional, SU-020 de 2020 y CSJ. STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras). <\/p>\n
Se advierte que el deber de motivar una providencia reclama que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n judicial, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ. STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que deje sin efecto la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia y las decisiones que de all\u00ed se deriven y, en su lugar, resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n propuesta por la accionante, teniendo en cuenta lo considerado en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Rubiela Giraldo. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, integrada por la Magistrada Martha Cecilia Lema Villada que, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepci\u00f3n del expediente materia de queja, deje sin efecto la providencia de 30 de septiembre de 2022 y las decisiones que de ella se desprendan, y proceda a resolver, nuevamente, el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente al auto de 7 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad, conforme a lo resuelto en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, que en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda contabilizado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo y siempre que se encuentre en su poder remita el expediente del proceso materia de queja, a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
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STC1184-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1184-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00381-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Carmen Rubiela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}