STC1190-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1190-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02257-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Lilia Leonor Hern\u00e1ndez Carrillo frente a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que instaur\u00f3 a la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a las partes y a los intervinientes en el proceso ordinario laboral con rad. 2017-00129-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo, que se deje sin valor ni efecto la sentencia SL1473-2022 (26 abr. 2022) que le fue desfavorable, y que como consecuencia de ello, se profiera una nueva decisi\u00f3n atendiendo los argumentos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
En sustento, adujo que comoquiera que Pearson Educaci\u00f3n de Colombia S.A.S. la despidi\u00f3 sin justa causa promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio; tr\u00e1mite en el que pese a que acredit\u00f3 que la empleadora para la calenda de su retiro conoc\u00eda, no solo, que fue diagnosticada entre otras con \u00abt\u00fanel carpiano\u00bb, sino, que estaba en curso el proceso de calificaci\u00f3n de la enfermedad, que posteriormente concluy\u00f3 que era de \u00aborigen laboral\u00bb con 20.71% de p\u00e9rdida de capacidad laboral, la Corporaci\u00f3n convocada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal aludido que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado para en su lugar absolver a la demandada; la actora advierte que el anterior prove\u00eddo, se apoy\u00f3 en un falta de t\u00e9cnica del recurso extraordinario que era inexistente para dejar de lado la sentencia SU049-2017 en punto de la estabilidad laboral reforzada, que se tergivers\u00f3 al exigirle que la mentada calificaci\u00f3n deb\u00eda ser \u00abmoderada, severa o profunda\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que su fallo obedeci\u00f3 a las pruebas recaudadas y al precedente jurisprudencial vigente para tal \u00e9poca; Pearson Educaci\u00f3n Colombia S.A.S. puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa alguna de la actora, pues la desvinculaci\u00f3n de la trabajadora fue el 28 de febrero de 2014, mientras que el dictamen de calificaci\u00f3n concluy\u00f3 como fecha de estructuraci\u00f3n era el 13 de febrero de 2015; la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la decisi\u00f3n criticada se profiri\u00f3 \u00abcon base en el estudio de la normatividad que regula el asunto al igual que los precedentes jurisprudenciales que resultaban aplicables al caso, [de all\u00ed que] con total claridad dedujo que no casar\u00eda la sentencia demandada (\u2026) por una indebida t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n\u00bb, luego \u00abno son oponibles argumentos como los expuestos por (\u2026) la accionante quien acusa a la Sala demandada de soslayar el estudio de fondo del asunto, por raz\u00f3n de la disparidad de posturas jurisprudenciales entre esa Sala, la de Casaci\u00f3n Laboral permanente y la Corte Constitucional, en la materia estudiada en el proceso laboral\u00bb. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en similares repararos expuestos en el escrito de tutela en punto del desacierto de la convocado al estudiar la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado para absolver a Pearson Educaci\u00f3n de Colombia S.A.S. de las pretensiones dirigidas al reintegro laboral de la actora con las indemnizaciones respectivas (26 abr. 2022), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n no luce descabellada. <\/p>\n
Ciertamente, para obrar como lo hizo, al estudiar los dos primeros cargos enrostrados al fallo de segunda instancia, que se enfilaron a cuestionar la infracci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda directa, habida cuenta de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 as\u00ed como la aplicaci\u00f3n indebida de los precedentes jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral sobre la materia, pues advirti\u00f3 que deb\u00eda tenerse en cuenta la sentencia SU-049-2017 y no imponer condiciones no previstas en la norma para acceder a la protecci\u00f3n laboral reforzada, puntualiz\u00f3 que las quejas \u00abincurren en una indebida mixtura de las v\u00edas de ataque, pues si bien se formularon por la directa \u2013de manera que se aceptan las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal\u2013, se utilizaron alegaciones f\u00e1cticas, lo que desnaturaliza la senda de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa misma l\u00ednea de argumentaci\u00f3n advirti\u00f3 que el mecanismo extraordinario no es una tercera instancia, comoquiera que va encaminado a \u00abrevisar el cumplimiento de los jueces respecto de la ley sustancial\u00bb y en el asunto aludido \u00aben vez de llevar a cabo un relato de las equivocaciones que se imputan al fallador, los cargos parten de una \u00fanica premisa \u2013adem\u00e1s err\u00f3nea\u2013, sobre la valoraci\u00f3n del precedente jurisprudencial de distintas jurisdicciones, sin que exista un an\u00e1lisis del actuar del Tribunal, que permita acreditar que efectivamente incurri\u00f3 en un dislate frente al caso\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 en relaci\u00f3n al precedente aplicado, que de conformidad con el art\u00edculo 234 de la Carta Pol\u00edtica, esta Corte es el m\u00e1ximo Tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en ese orden los precedentes son \u00abvinculantes y obligatorios para todos los asuntos referidos a ella\u00bb, luego la Colegiatura fustigada <\/p>\n
(\u2026) no hizo cosa distinta que observar las reglas jur\u00eddicas que esta Corporaci\u00f3n ha establecido para la definici\u00f3n de los casos de fuero de salud, lo que fundament\u00f3 y motiv\u00f3 expresamente dentro del fallo mediante la cita de cada una de las providencias que le sirvieron como marco de su an\u00e1lisis. Por ende, no se le puede atribuir ning\u00fan error por tal actuaci\u00f3n (\u2026). As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose analizado el asunto dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u2013entre otras razones porque el reclamo constitucional de la recurrente fue negado por la v\u00eda de la tutela\u2013, era menester aplicar el precedente fijado por el \u00f3rgano de cierre, por lo que el argumento base de que deb\u00eda apartarse de la postura de esta Corporaci\u00f3n no es admisible y, por tanto, no da lugar a casar la sentencia. <\/p>\n
No sobra agregar que la misma recurrente en su demanda fundament\u00f3 sus alegatos en sentencias de esta Corporaci\u00f3n (CSJ SL 28 de agosto de 2012, radicado 39207 y CSJ SL10538-2016), por lo que le resulta impropio sostener que la jurisprudencia de esta Corte carece de valor para el caso y que deber\u00eda preferirse otra. <\/p>\n
Ello adem\u00e1s significa que la casacionista presenta nuevos argumentos en esta sede, en tanto que la utilizaci\u00f3n in\u00e9dita de nuevos alegatos o nuevas pretensiones ha sido denominada por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como \u00abmedio nuevo\u00bb y merece censura pues atenta contra el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jur\u00eddica (CSJ SL602-2013, reiterada en CSJ SL1930-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no debe perderse de vista que, si bien la decisi\u00f3n del Tribunal se fundament\u00f3 en la jurisprudencia de esta Sala, tambi\u00e9n lo hizo en el precedente de la Corte Constitucional, del cual dijo expresamente que se acompasaba con la tesis del caso y cit\u00f3 las sentencias CC C-458 de 2015 y CC SU-047 de 2017, seg\u00fan las cuales no es cualquier situaci\u00f3n de salud la que activa la estabilidad laboral reforzada, sino aquella que suponga una disminuci\u00f3n sustancial en el desempe\u00f1o de sus funciones. <\/p>\n
Cosa distinta es que no se hubiera encontrado probada, cuesti\u00f3n que no se revisar\u00e1 pues, como se dijo, al ser formulados los cargos por la v\u00eda directa, no admiten discusiones sobre elementos de hecho (CSJ SL1976-2021 y CSJ SL1902-2021). Por ende, hubo aplicaci\u00f3n del precedente de esta Corte, as\u00ed como el de la Corte Constitucional por parte del Tribunal, de tal suerte que no resultan procedentes los reclamos respecto de la prevalencia de uno sobre otro.\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n al tercer cargo, que se dirigi\u00f3 por la v\u00eda indirecta por la presunta indebida valoraci\u00f3n probatoria y la inaplicaci\u00f3n de la norma citada en l\u00edneas precedentes, puntualiz\u00f3 que \u00abse repite el yerro encontrado en los dos primeros cargos, en el sentido que existe una indebida mixtura de las v\u00edas de ataque, lo que se presenta a\u00fan m\u00e1s evidente en este caso pues la segunda parte del ataque repite los argumentos de los primeros cargos que no prosperaron\u00bb. <\/p>\n
Analizadas entonces las quejas referentes a los medios de prueba, destac\u00f3 que era labor del sensor explicar que es lo que se deb\u00eda interpretar de cada una de las piezas procesales referidas, para demostrar el error; sin embargo <\/p>\n
(\u2026) a la accionante le bast\u00f3 con relacionar unas piezas procesales, reproducir su contenido y reiterar los alegatos expuestos en instancias, pero no se ocup\u00f3 de explicar de manera concreta por qu\u00e9 ellas fueron indebidamente valoradas o no apreciadas o qu\u00e9 era lo que realmente deb\u00eda desprenderse de cada una de ellas que sustentaran sus pretensiones. <\/p>\n
Respecto de las pruebas t\u00e9cnicas que en gran parte sustentan la decisi\u00f3n del Tribunal, no hizo ejercicio distinto que condenarlas bajo la afirmaci\u00f3n que no desvirtuaban su estado de salud, a pesar de que el fallador fue enf\u00e1tico en detallar lo que se desprend\u00eda de cada una de ellas, en particular la fecha de estructuraci\u00f3n de la patolog\u00eda casi 2 a\u00f1os posterior al despido y la consideraci\u00f3n, por parte de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, que el porcentaje final de p\u00e9rdida de capacidad laboral estuvo sobrevalorado. <\/p>\n
En tal orden haciendo alusi\u00f3n al fallo de segundo grado indic\u00f3 que el an\u00e1lisis probatorio ah\u00ed expuesto resultaba adecuado, motivado y razonable, habida cuenta que <\/p>\n
encontr\u00f3 que las piezas procesales en su conjunto no acreditaban una afectaci\u00f3n en la salud de la recurrente al momento de la terminaci\u00f3n de su contrato, sino una patolog\u00eda estructurada con posterioridad al retiro, desconocida por tanto por el empleador y que adem\u00e1s fue catalogada como \u00absobrevalorada\u00bb por la autoridad cient\u00edfica competente, lo que imped\u00eda derivar los efectos del fuero de salud seg\u00fan el precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
Debe tenerse presente que para que el recurso de casaci\u00f3n quiebre un fallo judicial con fundamento en la valoraci\u00f3n probatoria del juez, debe encontrarse un error grave y evidente que permita concluir que, sin dicho proceder, el sentido de la sentencia hubiera sido radicalmente distinto; de manera que no es cualquier divergencia en el an\u00e1lisis probatorio la que sustenta la casaci\u00f3n, pues ello no s\u00f3lo atentar\u00eda contra el prop\u00f3sito especial de este recurso extraordinario, sino adem\u00e1s desconocer\u00eda la facultad que tiene el juez para formarse de manera libre en su convencimiento (\u2026). <\/p>\n
En este caso, se observa que el Tribunal revis\u00f3 concretamente el material probatorio, incluyendo las recomendaciones m\u00e9dico laborales, el an\u00e1lisis del puesto de trabajo, los diferentes dict\u00e1menes e incluso los testimonios, respecto de los que hall\u00f3, en una disertaci\u00f3n motivada y razonable, que no exist\u00eda prueba de una afectaci\u00f3n de salud que incidiera en el desempe\u00f1o de sus actividades al momento del retiro. M\u00e1s a\u00fan, recuper\u00f3 del expediente el dictamen de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez que el juez de primera instancia omiti\u00f3 revisar, y concluy\u00f3 la sobrevaloraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral y la fecha de estructuraci\u00f3n de la patolog\u00eda posterior al retiro. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para no casar la sentencia de segundo grado, se advierte que, por una parte, por la formulaci\u00f3n de los cargos y la falta de t\u00e9cnica procesal de la casacionista, se desaprovech\u00f3 el mecanismo extraordinario con el que se contaba, sin que sea este el escenario propicio para rehacer un estudio sobre esas mismas inconformidades, y por la otra, se expuso de forma clara el alcance de los medios de prueba recaudados, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables1, lo que permiti\u00f3 concluir que la desvinculaci\u00f3n de la inconforme no era ineficaz, habida cuenta, entre otras, que para aquella calendada no se hab\u00eda estructurado ninguna p\u00e9rdida de la capacidad laboral, lo que solo tuvo ocurrencia tiempo despu\u00e9s, lo que resultaba ajeno a la sociedad empleadora. <\/p>\n
De manera que se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver entre otras SL11411-2017, STL3420-2020 y STC5415-2022. <\/p>\n
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STC1190-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1190-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02257-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Lilia Leonor Hern\u00e1ndez Carrillo frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70619","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70619\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}