STC1197-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC1197-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00440-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 9 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Alirio Veloza Arango, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial radicado 2001-00340-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Edgardo L\u00f3pez Reinoso en calidad de deudor, solicit\u00f3 admisi\u00f3n a concordato en los t\u00e9rminos de la Ley 222 de 1995, que admiti\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 25 de septiembre de 2001, y por fracaso del acuerdo concordatario, en auto de 7 de diciembre de 2010, se inici\u00f3 liquidaci\u00f3n judicial, correspondiendo al se\u00f1or L\u00f3pez Reinoso presentar una rendici\u00f3n de cuentas que no hizo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que igualmente guard\u00f3 silencio frente al requerimiento efectuado mediante auto de 18 de marzo de 2022, en el que se le otorg\u00f3 un plazo de 30 d\u00edas para dar respuesta, raz\u00f3n por la que en providencia de 27 de mayo siguiente, se aplic\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es desistimiento t\u00e1cito, determinaci\u00f3n contra la que interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y en providencia de 12 de julio de 2022, el primero fue despachado desfavorablemente, y el segundo negado por improcedente. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n no es un proceso adelantado a instancia de parte y, por tanto, no aplica el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el \u00fanico que se beneficia es el deudor, adem\u00e1s que tambi\u00e9n proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que termin\u00f3 el proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto el auto de 27 de mayo de 2022, mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n judicial por desistimiento t\u00e1cito, y las actuaciones posteriores. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que con respecto a la adecuaci\u00f3n de la figura procesal atacada se remite a la argumentaci\u00f3n que reposa en las providencias. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que el 24 de septiembre de 2020, solicit\u00f3 embargo de remanentes en virtud de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en el tr\u00e1mite en referencia, adem\u00e1s que existen obligaciones que se encuentran pendientes de pago. <\/p>\n
3. La C\u00e1mara de Comercio de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que como no ten\u00edan inter\u00e9s en esta decisi\u00f3n, acoger\u00e1n lo que se resuelva. <\/p>\n
4. La curadora ad litem de personas determinadas, reclam\u00f3 que no se cumple el requisito de la subsidiariedad porque, se pretende usar la acci\u00f3n como una instancia, y es posible aplicar las causales de desistimiento t\u00e1cito a los procesos de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, y en consecuencia, orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad que, dejara sin efecto la providencia de 12 de julio de 2022, para que en su lugar se pronuncie nuevamente sobre el recurso de reposici\u00f3n formulado por el accionante. <\/p>\n
Para el efecto, puso de presente que el amparo en principio ser\u00eda improcedente porque no se interpuso recurso de queja contra el auto que neg\u00f3 la alzada, pero ante el yerro cometido por el Juzgado accionado, encontraba procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, superando el an\u00e1lisis de la subsidiariedad. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, se aplic\u00f3 la primera hip\u00f3tesis del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, al resolver la reposici\u00f3n, no se indag\u00f3 por la naturaleza jur\u00eddica de la actuaci\u00f3n revisada para esclarecer si proced\u00eda la aplicaci\u00f3n de esa figura procesal y sin adentrarse en las particularidades del caso, el cual hab\u00eda mutado en un proceso de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de proceso frente a las acreencias reconocidas en el litigio, vulnerando los derechos invocados a los acreedores reconocidos, de manera que aplicar las consecuencias de dicha regla es tanto como premiar al deudor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la curadora ad litem quien manifest\u00f3 que desde que fue designada efectu\u00f3 todos los tr\u00e1mites tendientes a estructurar una defensa de sus defendidos, como lo fuera solicitar enlace de acceso al expediente, el cual no fue remitido a tiempo, lo que condujo a que contestara la tutela solo con el escrito presentado por el accionante, dentro del t\u00e9rmino dispuesto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2.1 Revisada la queja constitucional, los soportes incorporados y examinada la decisi\u00f3n censurada frente a la inconformidad de la parte recurrente, es pac\u00edfico que, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 mediante auto de 25 de septiembre de 2001 admiti\u00f3 el tr\u00e1mite concordatario promovido por el se\u00f1or Edgardo L\u00f3pez Reinoso (C01cuaderno1TomoII), y que, en providencia de 7 de diciembre de 2010, se decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial por incumplimiento del acuerdo concordatario, de conformidad con el art\u00edculo 47 de la Ley 1116 de 2006 (C03cuaderno27). <\/p>\n
2.2 Tampoco es objeto de discusi\u00f3n que, mediante auto de 18 de marzo de 2022 (081Auto impone carga), se requiri\u00f3 al deudor en liquidaci\u00f3n para que so pena de aplicar lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso: i) rindiera cuentas comprobadas de la administraci\u00f3n de los bienes denunciados como de su propiedad y consignara los dineros percibidos por concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento de algunos inmuebles ii) entregara al liquidador 12 bienes de su titularidad; y iii) presentara inventario de los activos (081 Auto impone carga). <\/p>\n
2.3 En providencia de 27 mayo de 2022, el Juzgado de conocimiento decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, \u00abtoda vez que el deudor no cumpli\u00f3 con las cargas tantas veces requeridas, las cuales son imprescindibles para dar continuidad al proceso, en especial la de rendir cuentas comprobadas de la administraci\u00f3n de sus bienes y que procediera a hacer entrega del liquidador los bienes que estaba administrando\u00bb (negrita fuera de texto), (087 Auto decreta desistimiento t\u00e1cito). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que el aqu\u00ed accionante en calidad de acreedor, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (088 recurso). <\/p>\n
2.4 El recurso de reposici\u00f3n fue despachado desfavorablemente, y se neg\u00f3 conceder la apelaci\u00f3n por improcedente (094 auto no repone). <\/p>\n
Para ese efecto, sostuvo el Juzgado accionado que, i) se requiri\u00f3 al deudor para que cumpliera las citadas instrucciones; ii) desde el 25 de septiembre de 2001, han sido m\u00faltiples los requerimientos efectuados al deudor en liquidaci\u00f3n, como allegar una relaci\u00f3n de sus bienes y haberes, siendo carga exclusiva de este; iii) el tr\u00e1mite denota una total inactividad, dado que luego de m\u00e1s de 20 a\u00f1os, \u00abno se ha proferido providencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb, y iv) \u00abtanto el deudor como los acreedores permanecieron silentes en las diferentes etapas del proceso, el primero utilizando el proceso para que no le persiguieran sus bienes en los procesos ejecutivos, y los segundos que brillaron por su ausencia en su mayor\u00eda para prestar colaboraci\u00f3n para que se hiciera efectivo el pago\u00bb (094 auto no repone \u2013 niega apelaci\u00f3n). <\/p>\n
3. El a quo concedi\u00f3 el amparo por considerar transgredido el derecho fundamental al debido proceso, porque a su juicio \u00abel juzgador obvio pronunciarse sobre la naturaleza del asunto (\u2026), en claro desconocimiento de que este mut\u00f3 a un proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial, aspecto sobre el cual no se pronunci\u00f3 (\u2026) y que dejaba en evidencia que no resultaban aplicables los mismos preceptos jurisprudenciales que cit\u00f3 para terminaci\u00f3n anormal del pleito, en tanto se trataba de un tr\u00e1mite liquidatorio, debiendo adentrarse en las particularidades del caso concreto\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, sostuvo que el accionado no se repar\u00f3 que, \u00abtras dar apertura a la liquidaci\u00f3n judicial, la actuaci\u00f3n no se encontraba \u00fanicamente en cabeza del deudor, de tal suerte que, pese a encontrar actuaciones pendientes por desarrollar en cabeza de aquel, no resultaba procedente la aplicaci\u00f3n de la consecuencia jur\u00eddica puesta de presente, pues adem\u00e1s, si se mira con rigor tal declaraci\u00f3n, ni por asomo constituye una sanci\u00f3n al deudor incumplido no solo de sus obligaciones sino de las cargas procesales reclamadas\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, encontr\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n anormal del proceso frente a las acreencias reconocidas en el litigio, (\u2026) vulner\u00f3 el derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes reclaman la satisfacci\u00f3n de las obligaciones a trav\u00e9s del pago, en tanto no existen cargas pendientes sobre aquellos y que fueran necesarias para el curso del proceso, vi\u00e9ndose afectados con la sanci\u00f3n impuesta (\u2026), entonces, aplicar las consecuencias jur\u00eddicas de que trata el art\u00edculo 317 del C. G. P., ser\u00eda tanto como premiar al deudor su desidia procesal, negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas con los acreedores y la inobservancia de las \u00f3rdenes impartidas (\u2026) cuando el juez como director del proceso, ostenta las facultades para velar porque se cumplan las finalidades del litigio, conforme lo previsto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
4. La curadora ad l\u00edtem de los se\u00f1ores Alfonso L\u00f3pez, Sonia Liliana L\u00f3pez, Alfonso L\u00f3pez Ram\u00edrez, Gloria Azucena Pe\u00f1a, Challenger SA, Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento FES, Gloria Cecilia Morales, Electrointegrales, Integrales Colombia SAS, Nelson Bernal Rodr\u00edguez y Oscar Mart\u00ednez, impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n con fundamento en que contrario a lo dicho en la parte motiva de la sentencia de tutela, contest\u00f3 en tiempo. <\/p>\n
Examinado el expediente remitido, la Sala pudo corroborar que asiste raz\u00f3n en este sentido a la curadora recurrente, puesto que, seg\u00fan constancia secretarial de 9 de diciembre de 2022, dentro del t\u00e9rmino concedido emiti\u00f3 el correspondiente pronunciamiento (21 vence traslado). No obstante, la defensa planteada por los citados vinculados en esa oportunidad, no contienen un argumento que imponga modificar lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
En efecto, una de sus alegaciones fue que en este caso no se cumpl\u00eda con el requisito general de la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela de la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre ese requisito, luego de constatarse que se present\u00f3 reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n atacada, y que ambos fueron negados, se flexibiliz\u00f3 el mismo frente a la falta de interposici\u00f3n de queja, por encontrar una protuberante vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que afecta de tal magnitud garant\u00edas superiores que hac\u00eda necesario otorgar el amparo rogado, tesis que adem\u00e1s de no resultar ajena a esta Corporaci\u00f3n (CSJ, STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC11356-2017, 2 ago. 2017, rad. 00405-01, STC18691-2017), tampoco fue objeto de reproche en esta instancia. <\/p>\n
5. Por otra parte, se aleg\u00f3 que en la providencia que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito no se vulner\u00f3 el debido proceso, porque adem\u00e1s de aplicar lo previsto en la regla que gobierna esa figura procesal, se vislumbr\u00f3 la inacci\u00f3n del deudor, y en STC2337-2018, se estableci\u00f3 que es posible aplicar esa sanci\u00f3n en los procesos de \u00abreorganizaci\u00f3n\u00bb, argumentos que no pueden ser acogidos, y no tienen vocaci\u00f3n de prosperar. <\/p>\n
Para resolver este punto, se recuerda que, trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito es necesario \u00abrevisar la naturaleza jur\u00eddica del proceso concordatario para establecer si hab\u00eda lugar o no a aplicar dicha figura\u00bb (STC8911-2020), y para lo que importa a esta providencia la Sala ha explicado que, <\/p>\n
\u00abEn cuanto al precedente en que el juez plural convocado ciment\u00f3 su conclusi\u00f3n de que, debido exclusivamente a la naturaleza liquidatoria del asunto criticado no era procedente decretar el desistimiento t\u00e1cito, la utilizaci\u00f3n de dicho criterio debi\u00f3 mirarse con mayor detenimiento de cara al caso concreto, teniendo presente que, en principio tal figura procesal tiene lugar, al tenor del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal, en \u00abun proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas\u00bb, mandato legal que aunque con puntuales excepciones establecidas por v\u00eda jurisprudencial, tales como sucesiones, cobro de alimentos de menores, liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal o patrimonial, declaraciones que afecten el estado civil, entre otros, rige en primer lugar la soluci\u00f3n al caso\u00bb (CSJ. STC1636-2020). <\/p>\n
Las anteriores premisas, permiten sostener que, es acertada la directriz impartida en la providencia atacada, relativa a que para decretar el desistimiento t\u00e1cito era necesario reparar que se trata de un proceso de liquidaci\u00f3n judicial por incumplimiento del acuerdo concordatario, sobre todo porque en estos en estrictez se \u00abpersigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 1 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
6. Como lo dijo el a quo constitucional, tampoco se analiz\u00f3 que luego de decretada la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial la actuaci\u00f3n no se radica exclusivamente en cabeza del deudor en liquidaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n entre otros intervinientes en el tr\u00e1mite, como lo fueran el liquidador y el juez del concurso, tema que siempre se debe tener en cuenta al momento en que se emprenda la aplicaci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito, examinado entre otras reglas, lo previsto en el art\u00edculo 47 y siguientes de la Ley 1116 de 2006, de cara a la etapa procesal en que se encuentre, an\u00e1lisis que se echa de menos en este caso. <\/p>\n
De igual modo, acert\u00f3 la providencia censurada, en que se termin\u00f3 imponiendo los efectos del desistimiento t\u00e1cito a los acreedores reconocidos entre estos el accionante, sin encontrarse carga pendiente en cabeza de estos, o por lo menos, sin haber sido requeridos so pena de desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Observa la Sala, que si bien el requerimiento se hizo exclusivamente al deudor, se termin\u00f3 reprochando la conducta procesal de los acreedores, porque el Juzgado afirm\u00f3, \u00abtanto el deudor como los acreedores permanecieron silentes en las diferentes etapas del proceso, el primero utilizando el proceso para que no le persiguieran sus bienes en los procesos ejecutivos, y los segundos que brillaron por su ausencia en su mayor\u00eda para prestar colaboraci\u00f3n para que se hiciera efectivo el pago\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Lo anterior permite evidenciar que, en el auto objeto de tutela, se falt\u00f3 a la prudencia que exige la actividad judicial, en la aplicaci\u00f3n de normas que pueden conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales aun en los procesos en que sea indiscutible el desistimiento t\u00e1cito, tem\u00e1tica acerca de la que la Sala ha explicado que, <\/p>\n
\u00abEn aquellos procesos en los que es indiscutible el desistimiento t\u00e1cito, se ha advertido que: \u00ab(\u2026) la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del CGP], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ. STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, citada entre otras en STC1636-2020 y, STC8911-2020). <\/p>\n
7. Finalmente, pero no de menos importancia, se advierte que, en la providencia que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, no se hizo alusi\u00f3n a que previo a aplicar una consecuencia de ese talante, en particular a los acreedores que vienen vinculados a un tr\u00e1mite que data del a\u00f1o 2001 (22 a\u00f1os), se hubiese agotado por parte del juzgador todas las facultades que le otorga el art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006, y en particular, para hacer acatar su poder judicial a quien corresponda, y puntualmente respecto de los efectos de la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, de conformidad con el art\u00edculo 50 ib\u00eddem. <\/p>\n
8. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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