STC1213-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1213-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00090-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Conjunto Residencial Multicentro Bochica IV Manzana 19 P.H. contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-0995. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El administrador y representante legal de la citada propiedad horizontal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada con la decisi\u00f3n proferida en sede de impugnaci\u00f3n al interior de la citada salvaguarda. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto refiri\u00f3, que el consejo de administraci\u00f3n contrat\u00f3 a C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo como administrador y representante legal de la copropiedad para el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00b0 de abril de 2019 hasta el 31 de 2020, vinculaci\u00f3n que sigui\u00f3 renov\u00e1ndose en forma peri\u00f3dica durante los siguientes a\u00f1os. <\/p>\n
Sostiene que, \u00abextralimitando sus funciones y a sabiendas que la asamblea general ordinaria se celebrar\u00eda el d\u00eda 09 de abril de 2022\u00bb, el consejo de administraci\u00f3n en cabeza de Marcela Salazar Figueroa, el 19 de febrero de 2022 renov\u00f3 la vinculaci\u00f3n del citado administrador hasta el 31 de marzo de 2023, lo que impidi\u00f3 que una vez designado el nuevo consejo de administraci\u00f3n se pudiese cambiar de representante legal, y conllev\u00f3 a que se le realizara a \u00e9ste \u00abuna prueba de conocimientos b\u00e1sicos sobre funciones del administrador de una copropiedad\u00bb, que no super\u00f3 satisfactoriamente. <\/p>\n
Sostiene que debido a las m\u00faltiples quejas de los residentes de la copropiedad \u00abpor los constantes maltratos verbales por parte del administrador, el consejo de administraci\u00f3n le inici\u00f3 proceso disciplinario y, posteriormente, dio unilateralmente por terminado el contrato de trabajo. <\/p>\n
Aduce que inconforme con lo dispuesto, el citado ciudadano present\u00f3 ante el comit\u00e9 de convivencia queja por acoso laboral en contra de los miembros del consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como una acci\u00f3n de tutela, la que conoci\u00f3 el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de esta capital, transitoriamente convertido en Cuarenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, quien neg\u00f3 el amparo, pero impugnado lo resuelto, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de la misma urbe dej\u00f3 sin valor ni efecto lo decidido para conceder la protecci\u00f3n reclamada y, ordenar el reintegro de C\u00e9sar Alberto al cargo de administrador de la propiedad horizontal, incurriendo as\u00ed en v\u00eda de hecho \u00abal considerar que la sola presentaci\u00f3n del escrito de acoso laboral le otorga autom\u00e1ticamente el fuero al trabajador supuestamente afectado\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita \u00abDejar sin efecto el fallo de tutela proferido por el JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. Elizabeth Castillo Garc\u00eda, como propietaria del apartamento 304 y exintegrante del consejo de administraci\u00f3n de la parte aqu\u00ed interesada, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla motivaci\u00f3n de la tutela tiene argumentos v\u00e1lidos\u00bb. <\/p>\n
2. La vinculada Flor Marina Estepa Santos, luego de pronunciarse sobre los hechos esbozados en el escrito inicial, refiri\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Cesar Var\u00f3n al iniciar la activaci\u00f3n de[l] comit\u00e9 de convivencia laboral decide realizar la queja formal contra m\u00ed como consejera aludiendo que yo vulnere (sic) sus derechos como trabajador, para lo cual es muy ambiguo este proceder\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda de Jes\u00fas Mendoza Pertuz, como miembro del consejo actual de administraci\u00f3n de la propiedad horizontal accionante, inform\u00f3 que \u00abel d\u00eda 9 de Julio del 2022 envi\u00e9 una carta dirigida al Consejo 2022-2023 informando los irrespetos a los que \u00e9ramos sometidos por el Se\u00f1or Administrador CESAR VARON en las diferentes reuniones mensuales que realiz\u00e1bamos\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3, que conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n presentada al interior de la acci\u00f3n de tutela formulada por C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo contra el Consejo de Administraci\u00f3n del Conjunto Residencial Multicentro Bochica IV Manzana 19, asunto que no ha agotado a\u00fan el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, C\u00e9sar Var\u00f3n Rengifo, gestor dentro del amparo criticado, solicit\u00f3 denegar la presente acci\u00f3n, comoquiera que \u00abhe realizado todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, tras advertir que no se acreditaron los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales de la misma naturaleza, pues en el estudiado \u00abno se demuestra de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es producto de una o varias situaciones fraudulentas, es m\u00e1s, derivadas de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial, incluso es de mencionar, que del supuesto f\u00e1ctico invocado tampoco se puede establecer su existencia, puesto que la actora s\u00f3lo denuncia los errores en que presuntamente incurri\u00f3 la titular de ese estrado judicial como si se tratara de cualquier providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el inconforme para insistir en sus pretensiones iniciales, y se\u00f1alar que \u00abes claro desde la legalidad y el debido proceso que las actuaciones que un trabajador considera como acoso laboral deben ser valoradas y calificadas por un comit\u00e9 de convivencia o por un inspector de trabajo, previa solicitud del afectado, para que una vez sean calificadas las supuestas conductas y su resultado sea la existencia de acoso laboral se configure el fuero para evitar el despido; cosa que el se\u00f1or CESAR VAR\u00d3N nunca realiz\u00f3 y que dio por cierto como fuero la sola presentaci\u00f3n de la queja utilizando esto como herramienta para poner en marcha el aparato judicial de manera fraudulenta haciendo incurrir en error al operador judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela, y de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo contra el consejo de administraci\u00f3n del Conjunto Residencial Multicentro Bochica IV Manzana 19, aqu\u00ed interesado (2022-00995), por cuanto en sede de impugnaci\u00f3n se revoc\u00f3 el fallo de primera instancia concediendo la protecci\u00f3n reclamada, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC355-2023, 25 en. 2023, rad. 00113-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC9203-2022, 19 jul. 2022, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el presupuesto general de procedibilidad consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela, y, (ii) desatiende el requisito igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra decisi\u00f3n del mismo linaje <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura, en tanto el actual ataque lo dirige la parte querellante para quebrantar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 13 de enero de 2023, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida en su contra por C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo (2022-00995), por medio de la cual se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: Revocar la sentencia fechada diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), proferida por el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 transitoriamente convertido a Juzgado Cuarenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, por las razones indicadas de manera precedente. <\/p>\n
SEGUNDO: Conceder transitoriamente el amparo pedido, para lo cual se ordena el inmediato reintegro del ciudadano C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo al cargo de administrador del Multicentro Bochica IV Manzana 19 -Propiedad Horizontal, para lo cual el Consejo de Administraci\u00f3n deber\u00e1 proceder de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: advertir al accionante C\u00e9sar Alberto Var\u00f3n Rengifo, para que conforme se indic\u00f3 en la parte motiva, proceda a iniciar la acci\u00f3n laboral tendiente a someter el asunto al conocimiento del juez natural, dentro del t\u00e9rmino de cuatro (4) meses siguientes a la emisi\u00f3n de este prove\u00eddo, so pena de que no surta efectos la decisi\u00f3n aqu\u00ed emitida\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial, en la medida en que, tal y como dan cuenta las documentales allegadas a las presentes diligencias, no ha sido remitido el expediente a la Corte Constitucional, por lo que la parte aqu\u00ed interesada todav\u00eda cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, una vez el legajo sea enviado a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, la parte solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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