STC1215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02276-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Javier Rojas Rubio (por intermedio de agente oficioso) contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00025. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de agente oficioso, reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el aqu\u00ed agenciado fue condenado a una pena de 36 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb, cuya vigilancia se encuentra a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, autoridad que le concedi\u00f3 el 30 de octubre de 2019 el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, aunque, el 19 de noviembre de 2021 se lo revoc\u00f3 por \u00abincumplimiento de las obligaciones propias de ese instituto\u00bb, ordenando su traslado a un centro carcelario para continuar descontando la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Rojas Rubio, posteriormente, solicit\u00f3 le concedieran la libertad condicional, sin embargo, dicho juzgado se la neg\u00f3 (prove\u00eddo del 17 de mayo de 2022), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta el 13 de septiembre de esa misma anualidad. <\/p>\n
El actor dirigi\u00f3 su queja contra las decisiones que le denegaron el subrogado punitivo en menci\u00f3n, pues considera incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb al desconocer que cumple con los requisitos objetivos y subjetivos contemplados en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal y, puntualmente, en cuanto al subjetivo que tiene que ver con el adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario adujo que, la norma es clara en indicar que la evaluaci\u00f3n conductual se hace respecto al centro carcelario no a la casa de habitaci\u00f3n, contrario a lo efectuado por el juez de ejecuci\u00f3n \u00abque le est\u00e1 evaluando [\u2026] un comportamiento que no fue desarrollado dentro del centro de reclusi\u00f3n [adem\u00e1s] que se encuentra clasificado en la fase de m\u00ednima seguridad, la conducta actualmente es ejemplar y jam\u00e1s se ha visto involucrado en ri\u00f1as en prisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, negarle la libertad condicional \u00abbas\u00e1ndose en el mal comportamiento durante la prisi\u00f3n domiciliaria, ser\u00eda sancionar y juzgar dos veces por un mismo hecho, lo conllevar\u00eda a una posible violaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 tambi\u00e9n que la negativa del subrogado no puede tener como \u00fanico fundamento la valoraci\u00f3n de la gravedad del punible, como lo ha resaltado en diversos pronunciamientos la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Corte Constitucional. <\/p>\n
Finalmente, quien manifest\u00f3 actuar como agente oficioso de Rojas Rubio, justific\u00f3 su intervenci\u00f3n en dicha calidad por cuanto aqu\u00e9l \u00abno se encuentra en condiciones de incoar la acci\u00f3n de tutela [pues] la acci\u00f3n de tutela es una acci\u00f3n en contra de una providencia judicial, y dichas acciones deben cumplir una serie de requisitos que exigen una argumentaci\u00f3n legal muy exigente, la cual no est\u00e1 al alcance del titular del derecho debido a que \u00e9l no tiene la formaci\u00f3n ni el conocimiento suficiente para sustentar la defensa de sus derechos debido a que no es abogado. De igual manera, [\u2026] el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 196 de 1971 establece que a nosotros los abogados nos asiste una obligaci\u00f3n legal de prestar una funci\u00f3n social y es precisamente esa disposici\u00f3n normativa la que me motiva a ejercer la agencia oficiosa del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se revoquen las providencias atacadas, y se ordene \u00abconceder la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, aport\u00f3 copia digital del auto del 13 de septiembre de 2022 mediante la cual, esa corporaci\u00f3n, confirm\u00f3 la del 17 de mayo de ese a\u00f1o, que neg\u00f3 la libertad condicional de Rojas Rubio. <\/p>\n
2. La Juez Cuarta de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa capital efectu\u00f3 un recuento de las decisiones que ha proferido en el marco de la vigilancia de sanci\u00f3n del aqu\u00ed actor, y concretamente, en lo que tiene ver con la petici\u00f3n de libertad condicional precis\u00f3 que la negativa obedeci\u00f3 a que el sancionado \u00abincumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de observar un buen comportamiento al evadirse de su lugar de reclusi\u00f3n domiciliaria y ser capturado por las autoridades, decisi\u00f3n que fue impugnada y confirmada por el superior\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el agente oficioso del querellante reiterando en extenso la argumentaci\u00f3n plasmada en el escrito inicial insistiendo en que su representado cumple con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la norma sustantiva penal para acceder al subrogado de la libertad condicional, precisando que el comportamiento irregular que provoc\u00f3 la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria no puede tenerse en cuenta en el an\u00e1lisis de procedencia del beneficio dado que, la regulaci\u00f3n remite es a la evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o al interior del centro carcelario; de manera que, los juzgadores le est\u00e1n dando (sumado a la valoraci\u00f3n que hacen de la gravedad de la conducta) \u00ab(\u2026) una aplicaci\u00f3n exageradamente exeg\u00e9tica y desmedida a la norma, la cual ha conllevado a que se pierda la esencia del derecho penal, puesto que al accionante se le est\u00e1 negando un derecho que constitucionalmente le corresponde\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte preliminarmente establecer si se encuentra fundamentada la intervenci\u00f3n del agente oficioso para interponer el presente amparo en representaci\u00f3n del titular de los derechos invocados y, en caso de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas incurrieron, supuestamente, en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb al denegarle a Jos\u00e9 Javier Rojas Rubio la concesi\u00f3n de la libertad condicional. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que, al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: <\/p>\n
\u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha sostenido que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, en la medida en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
Y respecto de la agencia oficiosa, esta Corte ha dicho que, la intervenci\u00f3n en esa calidad debe estar precedida de la manifestaci\u00f3n concreta en la solicitud de amparo y de la acreditaci\u00f3n de la indefensi\u00f3n del titular de las garant\u00edas cuya tutela se demanda, <\/p>\n
\u00abEn lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n
A su vez, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales (\u2026) El principio de la informalidad que impera en estos tr\u00e1mites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a \u00e9l se le violaran las \u201cgarant\u00edas fundamentales\u201d y no a quien pretende favorecer\u00bb (CSJ STC, 16 feb. 2011, Rad. 2011-00090-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto en esta sede de conocimiento, se advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, precisando que lo ser\u00e1 porque el memorialista \u2013 Elio Andr\u00e9s Sierra Gonz\u00e1lez \u2013 carece de poder especial para actuar en este caso en nombre de Jos\u00e9 Javier Rojas Rubio e invocar, por las concretas causas que motivan la denuncia, la salvaguarda de sus derechos fundamentales, por lo que en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En dicho sentido, trat\u00e1ndose del ruego tuitivo, en que se act\u00fae por conducto de apoderado, el criterio que ha sostenido la jurisprudencia constitucional es: <\/p>\n
\u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC, sent. T-975 de 2005). <\/p>\n
3.2. Ahora, conforme lo rese\u00f1ado en los precedentes en cita, es factible que, en aquellos eventos en los que el titular del derecho quebrantado o amenazado por condiciones personales no pueda promover su propia defensa, la ley autoriza el \u00abagenciamiento\u00bb de sus prerrogativas de manera oficiosa, pero en esta ocasi\u00f3n, ninguna de las razones aducidas por el promotor del escrito para justificar su actuar en esa calidad en favor Rojas Rubio, se ajustan a las previstas por la jurisprudencia. <\/p>\n
Y es que, al margen de la complejidad t\u00e9cnica que pueda eventualmente representar la elaboraci\u00f3n de una demanda de tutela que se dirige contra un pronunciamiento judicial, y\/o que el presunto afectado no sea profesional del derecho o carezca de conocimientos jur\u00eddicos para sustentarla, corresponde que se acredite, por lo menos sumariamente, la situaci\u00f3n que impide o dificulta ejercer directamente la acci\u00f3n o, demostrar ser un sujeto de especial protecci\u00f3n, distinto a no ser abogado o encontrarse privado de libertad. <\/p>\n
Por lo tanto, es claro que los motivos expuestos no pueden ser atendibles ya que, se reitera, no se demostr\u00f3 la imposibilidad del agenciado Rojas Rubio para radicar por s\u00ed mismo o a trav\u00e9s de apoderado especial la acci\u00f3n tutelar objeto de estudio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque se coincide con la Sala a quo en el sentido desestimatorio de la resoluci\u00f3n del amparo, evidente resulta que ello obedece a las razones dis\u00edmiles que se acaban de exponer, las cuales no fueron tenidas en cuenta en la primera instancia y deben superponerse a cualquier examen respecto de los dem\u00e1s condicionamientos de procedencia del auxilio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirma la negativa de la salvaguarda, pero no por las razones expuestas por la a quo, sino porque Elio Andr\u00e9s Sierra Gonz\u00e1lez carece de poder especial para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos de Jos\u00e9 Javier Rojas Rubio, ante la falta de acreditaci\u00f3n de los presupuestos m\u00ednimos de configuraci\u00f3n del apoderamiento judicial o de la agencia oficiosa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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