STC1228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1228-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2023-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 20 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luc\u00eda Loraine Cardozo D\u00edaz contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de V\u00e9lez, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito n\u00ba 2022-00073. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia incoado por Luz Martha, Justo, Leonel Augusto, Carmenza, Aura Rosa Mendoza Casta\u00f1eda; Jessica Paola, Robinson y Yoyner Andr\u00e9s Mendoza Vargas contra Elena Casta\u00f1eda de Mendoza y Blanca Ruth Mendoza, \u00aben correo electr\u00f3nico de fecha 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de V\u00e9lez me realiz\u00f3 el nombramiento como curadora ad litem (sic), respecto de Blanca Ruth Mendoza Casta\u00f1eda, [y] concede el t\u00e9rmino de un (1) d\u00edas para contestar la demanda\u00bb. <\/p>\n
Que en la misma data en que recibi\u00f3 el correo, solicit\u00f3 al juzgado el link del expediente y \u00absolicit\u00e9 ampliar el t\u00e9rmino, pues otorgar un (1) d\u00eda para ejercer [la] defensa de la demandada y atendiendo a la naturaleza del proceso, era imposible contestar en dicho tiempo\u00bb, a lo que el accionado respondi\u00f3 desfavorablemente con \u00abauto de fecha 20 de diciembre de 2022 (\u2026), basado en lo que dispone el art\u00edculo 117 del C.G.P. (\u2026), lo que genera una grave vulneraci\u00f3n de los derechos de mi representada, y m\u00e1s a\u00fan porque no se logra comprender por qu\u00e9 si la ley estipular veinte (20) d\u00edas para contestar la demanda, el juzgado otorga solo un (1) d\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se invalide la orden consistente en \u00abotorgar el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda para contestar la demanda\u00bb, y en su lugar determinarlo en \u00ab20 d\u00edas h\u00e1biles\u00bb, seg\u00fan \u00abauto admisorio de fecha 30 de octubre de 2022 [en el que] el juzgado dio tr\u00e1mite verbal de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 369 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del despacho judicial encartado, manifest\u00f3 que \u00ablas actuaciones emitidas se han hecho bajo los lineamientos que estipula nuestro procedimiento procesal vigente y las providencias que se han proyectado han sido debidamente notificadas\u00bb, ya que \u00abno puede ampliar los t\u00e9rminos que por ley est\u00e1n atribuidos a determinados actos procesales, como lo es el t\u00e9rmino judicial previsto para la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb; en ese sentido advirti\u00f3 que \u00abla demandada solo hasta un d\u00eda antes de vencerse el t\u00e9rmino otorgado para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n solicita le sea asignado un apoderado bajo la figura de amparo de pobreza\u00bb, y atendido favorablemente ese pedimento, a la abogada se \u00able concedi\u00f3 el t\u00e9rmino restante para que ejerciera la defensa de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n al se\u00f1alar que el auto del 20 de diciembre de 2022, mediante la cual se neg\u00f3 la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino para contestar la demanda, \u00abresulta razonable y por ende alejada de cualquier subjetividad o capricho [en tanto] obedece a la interpretaci\u00f3n racional de la normatividad procesal, pues la vinculada guard\u00f3 silencio durante 19 d\u00edas y faltando 1 para vencer el t\u00e9rmino de traslado solicit\u00f3 amparo de pobreza\u00bb. Adem\u00e1s, dijo que la tutela incumple el requisito de subsidiariedad, porque \u00abno se observa que se hubiese incoado recurso alguno ante la terminaci\u00f3n all\u00ed adoptada\u00bb, siendo que, frente a esa decisi\u00f3n, \u00abera procedente cuando menos el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para refutar sobre el criterio de desestimaci\u00f3n de su pretensi\u00f3n, que como su \u00aboposici\u00f3n\u00bb al t\u00e9rmino concedido para contestar, \u00absi bien no tuvo la estructura de un recurso de reposici\u00f3n, [debi\u00f3] d\u00e1rsele el tr\u00e1mite [como tal]\u00bb, y al haberse resuelto con auto del 20 de diciembre de 2022, este \u00abno es susceptible de [nuevo] recurso de reposici\u00f3n y mucho menos apelable pues la cuant\u00eda del proceso lo impide (sic)\u00bb. Agreg\u00f3 que lo ac\u00e1 perseguido es que \u00abse respete el debido proceso y por su puesto los derechos que le asisten a mi representada, [quien] en ning\u00fan momento solicit\u00f3 el amparo de pobreza de manera tard\u00eda o con la finalidad de dilatar o entorpecer el proceso, sino que, una vez comenz\u00f3 a buscar representaci\u00f3n judicial y atendiendo a la imposibilidad de pagar los honorarios de un abogado, es cuando realiz\u00f3 dicha petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la abogada que impetr\u00f3 la presente acci\u00f3n, estaba facultada para promoverla a nombre de Blanca Ruth Mendoza Casta\u00f1eda -demandada en el declarativo n\u00b0 2022-00073, y de superarse lo anterior, si dentro del mismo, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de V\u00e9lez, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas al se\u00f1alar el t\u00e9rmino h\u00e1bil para presentar la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. Del derecho de postulaci\u00f3n para la tutela. <\/p>\n
La Sala ha reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de lo cual el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb, precisando que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que \u00abla acci\u00f3n de tutela es de car\u00e1cter personal y concreto, y el titular es el agraviado o amenazado en uno de sus derechos, cada uno est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de intentar y promover su propia acci\u00f3n, salvo que se encuentre dentro de las circunstancias se\u00f1aladas por el Decreto que le permitan ejercerla a trav\u00e9s de representante, o bien por medio del Defensor del Pueblo o de un Personero Municipal\u00bb, y que para dicho prop\u00f3sito \u00abel legislador hace factible que se puedan agenciar derechos ajenos, siempre y cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. En este supuesto, deber\u00e1 manifestarse al juez en la solicitud que la persona se encuentra en dificultades para acudir directamente a demandar la protecci\u00f3n de su derecho\u00bb (CC T-044\/93). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha dicho y reiterado que \u00abuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, legitimaci\u00f3n que corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2008, rad. 00325-01). Igualmente, que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01). <\/p>\n
Por ello, \u00aben punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras en STC17362-2021, 15 dic., rad. 00374-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la presente queja constitucional y su cotejo con la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero precisando que lo ser\u00e1 porque quien pretende quebrantar las actuaciones adelantadas por el accionado, se muestra ajena al litigio, ya que no es parte ni tercero reconocido en el mismo, no funge como apoderada judicial de la interesada para los fines de esta salvaguarda, y tampoco acredita su intervenci\u00f3n como agente oficioso de este. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de este instrumento se censura lo actuado dentro del proceso verbal de petici\u00f3n de herencia impetrado por Luz Martha Mendoza Casta\u00f1eda y otros, porque, supuestamente el juzgado incurri\u00f3 en yerro al otorgar el t\u00e9rmino para que la demandada Blanca Ruth Mendoza Casta\u00f1eda ejerciera sus derechos de defensa; empero, esa situaci\u00f3n -descrita como vulneradora-, no la aleg\u00f3 la mencionada, de quien se presume su capacidad para comparecer directamente ante la justicia, ni persona a quien previamente le hubiera conferido poder especial para tal fin o que adujera y demostrara ser su agente oficioso, sino que lo hizo la abogada Cardozo D\u00edaz, quien no demostr\u00f3 encontrarse habilitada para accionar en causa ajena. <\/p>\n
Ciertamente, la profesional del derecho que funge como pretensora del auxilio, no acredit\u00f3 que, para los efectos de esta acci\u00f3n constitucional, contara con poder especial otorgado por Blanca Ruth Mendoza Casta\u00f1eda, sino s\u00f3lo que en el pleito ordinario cuya actuaci\u00f3n critica, act\u00faa como \u00abapoderada\u00bb de oficio en virtud del amparo de pobreza que le fue conferido a dicha demandada, lo que, per se, no la faculta para instaurar otras querellas como la que nos ocupa. <\/p>\n
Sobre el particular es necesario memorar que si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, el precedente constitucional ha sido enf\u00e1tico en exigirle al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba t\u00edtulo profesional\u00bb, que acredite su calidad de \u00ababogado titulado con poder o mandato expreso\u00bb (CC T-550\/93 y T-878\/07), y que \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
Acorde con ello, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo, [y que], el principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada entre otras en STC15825-2022, 24 nov., rad. 00379-01). Se subraya. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para abrirse paso el estudio de la salvaguarda con observancia en la agencia oficiosa, no basta la manifestaci\u00f3n del agente oficioso de actuar como tal, sino que es menester la exposici\u00f3n de la circunstancia que motiva recurrir a ella, como lo es que \u00abel titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u00bb (CC T-531\/02, T-796\/09 y T-301\/17, entre otras) <\/p>\n
Del mismo modo esta Corporaci\u00f3n ha definido que: <\/p>\n
\u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada, entre otras, en STC12860-2022, 28 sep., rad. 00639-01). Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado en precedencia, se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo, porque para reprochar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial accionada, la actora carece de poder especial y no acredit\u00f3 las exigencias para actuar bajo la figura jur\u00eddica de la agencia oficiosa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual raz\u00f3n examinada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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