STC1231-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1231-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01482-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 6 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Vela Torres, contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 2014-04986-02. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Martha Isabel L\u00f3pez Montero -en su calidad de administradora del conjunto residencial Bolivia III- present\u00f3 queja en su contra por la retenci\u00f3n de un dinero que le fue entregado por cobro de cuotas de administraci\u00f3n, suma que tom\u00f3 como abono de los honorarios \u00abque no me pagaron\u00bb en otro proceso. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que el 17 de agosto de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 2 meses, por incurrir en la comisi\u00f3n de la falta descrita en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, al desconocer el deber dispuesto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 28 de la misma disposici\u00f3n. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por la autoridad encarada el 20 de octubre de 2022. <\/p>\n
2.2. En su sentir, la sanci\u00f3n impuesta es injusta, dado que no se ajusta a lo establecido en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007. Adem\u00e1s, aduce que no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de la prueba ni de los t\u00e9rminos, pues oper\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se deje sin efecto el fallo proferido por la autoridad accionada el 20 de octubre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial1, luego de relatar sus actuaciones, enfatiz\u00f3 en que al actor \u00abse le respetaron sus derechos y garant\u00edas constitucionales y legales\u00bb. Raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -en calidad de juez constitucional- neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00abninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la aludida colegiatura efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada y pormenorizada no solo de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que rode\u00f3 la denuncia formulada en contra del ac\u00e1 accionante, sino de los medios de convicci\u00f3n allegados a dicho tr\u00e1mite, de cara a los reparos expresados por el disciplinable en torno al fallo de la Sala a quo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia. Solicit\u00f3 que se revoque la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 20 de octubre de 2022, que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura de esta ciudad, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de agosto de 2018. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -con prove\u00eddo del 20 de octubre de 20222- expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, analiz\u00f3 las probanzas obrantes en el expediente, de las cuales encontr\u00f3 que el 25 de marzo de 2006, \u00abel representante legal del conjunto residencial Bolivia III suscribi\u00f3 contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales con el abogado Vela Torres, en el cual este se comprometi\u00f3 a \u00abiniciar las actuaciones correspondientes a nivel judicial y extrajudicial, tendiente al cobro y recuperaci\u00f3n de cartera morosa por concepto cuotas ordinarias, extraordinarias, multas e intereses de administraci\u00f3n de los copropietarios, arrendatarios o dem\u00e1s obligados del conjunto Bolivia 111\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que en dicho contrato se pactaron los honorarios de la siguiente forma: \u00aben la etapa prejudicial ser\u00eda el equivalente al 10% del valor de las cuotas de administraci\u00f3n, incluidos los intereses, en el evento de transar las obligaciones adeudadas, y en la etapa judicial el equivalente a un 20% del mismo valor descrito anteriormente, incluidas las agencias en derecho que ordenara el juzgado, independiente del resultado final del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.1. Despu\u00e9s de evaluar el restante caudal probatorio, destac\u00f3 que \u00abes evidente que la materialidad de la falta endilgada se encuentra demostrada en grado de certeza, as\u00ed como tambi\u00e9n, se evidencia que aquellas denotan la responsabilidad disciplinaria del profesional del derecho, como quiera que recibi\u00f3 de manos de su contraparte dineros para el pago de una obligaci\u00f3n\u00bb. Por lo tanto, concluy\u00f3 que el supuesto f\u00e1ctico reprochado bajo esta falta \u00abparte de la existencia de una gesti\u00f3n profesional, siendo esta la condici\u00f3n normativa exigible, lo que implica que, al terminar el encargo le surge para el profesional la obligaci\u00f3n de entregar los dineros en el menor tiempo posible y no quedarse con ellos utilizando una figura que se podr\u00eda denominar como justicia por mano propia, porque si bien inform\u00f3 a la quejosa lo que pretend\u00eda hacer, no le era aceptable quedarse con ese dinero sin el respectivo consentimiento\u00bb. En soporte de ello, trajo a colaci\u00f3n un caso similar en el que la Comisi\u00f3n estableci\u00f3 que: <\/p>\n
en el caso de la falta disciplinaria descrita por el art\u00edculo 35, numeral 4.\u00b0 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, la \u00abacci\u00f3n debida\u00bb consiste en entregar dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, que constituye un mandato exigible a todos los abogados. Al respecto, la jurisprudencia de la Comisi\u00f3n ha sido clara en se\u00f1alar que, \u00absi el abogado es deudor de otra persona, en cuyo nombre recibi\u00f3 dineros, bienes o documentos, lo correspondiente es honrar la obligaci\u00f3n de darle esos dineros o entregarle tales bienes o documentos, tan pronto como le sea posible3 <\/p>\n
2.2. Ahora bien, en lo tocante con la inconformidad planteada por el libelista en cuanto a la sanci\u00f3n impuesta, la Comisi\u00f3n resalt\u00f3 \u00abque si bien es entendible que el abogado pretenda el pago de sus servicios, ello no lo facultaba para tomar por derecha el dinero que recibi\u00f3 de otra obligaci\u00f3n, en primer lugar, por cuanto, i) tal facultad de realizar dicho cruce de cuentas no estaba estipulada en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales, ii) porque cuando propuso esa forma de soluci\u00f3n de la controversia, la administraci\u00f3n del conjunto no le dio autorizaci\u00f3n para ello y, en tercer lugar, por cuanto iii) ante la negativa del no pago de sus honorarios, \u00e9l pod\u00eda iniciar el incidente de honorarios\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no es irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo -pertinente y vigente-, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
Por supuesto, se insiste, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente -tal como lo ha expresado esta sala en nutrida jurisprudencia-. Descant\u00e1ndose, adem\u00e1s, una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
4. Finalmente, en cuanto al pedimento relacionado con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, la Sala advierte su improcedencia ante el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, el impulsor no hizo tal planteamiento al interior del tr\u00e1mite, dejando con ello pasar la oportunidad que ten\u00eda a su alcance para ejercer la defensa de sus derechos, lo cual imposibilita esta v\u00eda subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo Respuesta Fiscalia.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-30. Anexo 0005Auto.pdf <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA. COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. Sentencia aprobada en Sala No. 76 del 9 de diciembre de 2021. Magistrado Ponente: Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Tamayo. Expediente: 66001-11-02-000-2017-00352 01. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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