STC1235-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1235-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00884-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 William Pacazuca Moreno contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y los Juzgados Penal del Circuito de Chocont\u00e1, y el Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00338. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que el Juzgado Penal del Circuito de Chocont\u00e1 mediante sentencia del 19 de diciembre de 2014, conden\u00f3 al aqu\u00ed actor a la pena de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca con fallo de 3 de marzo de 2015 (no se interpuso recurso de casaci\u00f3n por parte de la defensa). <\/p>\n
Posteriormente, en sede de ejecuci\u00f3n de penas, ante el Juzgado Tercero de dicha especialidad de Tunja, el sentenciado Pacazuca Moreno elev\u00f3 solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena, pretensi\u00f3n denegada por esa autoridad con interlocutorio del 12 de abril de 2021 y, aunque el interesado adujo haber interpuesto los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra dicho prove\u00eddo, el juzgado se abstuvo de resolverlos en virtud de que aqu\u00e9llos fueron presentados por la se\u00f1ora Yazm\u00edn Pacazuca Moreno, hermana del implicado, es decir, por quien no contaba con legitimaci\u00f3n para formularlos (pronunciamientos del 22 de julio de 2021 y reiteraci\u00f3n el 25 de febrero de 2022). <\/p>\n
El gestor dirigi\u00f3 su queja contra las decisiones de instancia que lo condenaron y principalmente cuestion\u00f3 la tasaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta, pues en su particular concepto, la sanci\u00f3n que deb\u00eda aplic\u00e1rsele era de 234 meses y no de 318 meses de prisi\u00f3n como finalmente qued\u00f3 establecida. <\/p>\n
De otra parte, tambi\u00e9n critic\u00f3 la actuaci\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de penas a cargo de la vigilancia de su sanci\u00f3n, por cuanto neg\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n \u00absin hacer un debate a la problem\u00e1tica planteada y a la postre me niega el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Penal del Circuito de Chocont\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n al proceso penal 2014-00338. Asever\u00f3 que, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso, teniendo en cuenta que, no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte demandante dentro del proceso de referencia. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja inform\u00f3 que avoc\u00f3 desde el 18 de diciembre de 2019 la vigilancia de la pena de Pacazuca Moreno de 25 de a\u00f1os de prisi\u00f3n. En cuanto a la petici\u00f3n de redosificaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que, mediante auto del 12 de abril de 2021 emiti\u00f3 pronunciamiento negativo, indic\u00e1ndole al penado que, no era posible la revisi\u00f3n deprecada dado que, \u00abel debate jur\u00eddico en torno a la dosificaci\u00f3n punitiva de la pena [\u2026] a la fecha se encuentra en firme\u00bb. De otra parte, destac\u00f3 tambi\u00e9n que, el 25 de febrero de 2022 dio respuesta a la solicitud impetrada como recurso horizontal y vertical, \u00ab(\u2026) en el auto se le explica los diferentes pronunciamientos del juzgado precis\u00e1ndole sobre el recurso que presenta y el tr\u00e1mite del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora 173 Judicial II Penal de Tunja expres\u00f3 que, no le asiste raz\u00f3n al accionante \u00abal pretender se le otorgue rebaja de pena por allanamiento a cargos pasando por alto la prohibici\u00f3n legal del Art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, tema que ya ha sido ampliamente dilucidado en m\u00faltiples pronunciamientos de las altas Corporaciones desde la expedici\u00f3n de la Ley (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que, el proceso de dosificaci\u00f3n punitiva se realiz\u00f3 conforme a la legalidad y a las normas que regulan ese proceso. <\/p>\n
4. La Fiscal Seccional de Chocont\u00e1 solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, al no existir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante dentro del proceso de referencia. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; del primero porque el promotor debi\u00f3 exponer sus reparos sobre la dosificaci\u00f3n de la pena a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, cuyo agotamiento no acredit\u00f3; y, del segundo, porque, desde la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia, \u00abhan transcurrido m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 finalmente que, el accionante cuenta con la posibilidad de replantear la solicitud de redosificaci\u00f3n ante el juez de penas si considera que su caso se encuadra en el supuesto del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 38 de la ley 906 de 2004 que faculta a dicho funcionarios para resolver sobre una \u00abreducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n [\u2026]\u00bb de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, quien refut\u00f3 los criterios considerados por la Sala a quo para declarar la inviabilidad del auxilio; respecto de la subsidiariedad, recrimin\u00f3 que se le impusiera la carga de interponer un recurso especializado como la casaci\u00f3n \u00aba una persona privada de la libertad que no conoce de leyes, no tiene la capacidad t\u00e9cnica para presentar recursos tan complejos [y] si mi defensa t\u00e9cnica no lo hizo, esta falla no puede recaer sobre m\u00ed (\u2026)\u00bb. En cuanto al requisito de la oportunidad, sostuvo que, acudi\u00f3 al amparo una vez estuvo enterado de la \u00faltima determinaci\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de penas que ataca. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al (i) condenarlo a la pena de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb incurriendo, supuestamente, en \u00abyerros\u00bb en el ejercicio dosim\u00e9trico de la sanci\u00f3n (Juzgado Penal del Circuito de Chocont\u00e1 y Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca); y (ii) del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, por negarle la solicitud de redosificaci\u00f3n del quantum punitivo. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016) Se resalta. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.1.2. Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 3 de marzo de 2015, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional, 28 de abril de 2022, transcurri\u00f3 con amplitud m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Entonces, es cierto que el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones discutidas, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, como se indic\u00f3, el actor no aleg\u00f3 y menos demostr\u00f3 la concurrencia de alguno de los eximentes se\u00f1alados por la jurisprudencia como exculpantes del presupuesto de inmediatez, correspondiendo ratificar la improcedencia del amparo por ese criterio. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la queja es criterio que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, por lo que sobra an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n del presupuesto analizado. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad por v\u00eda de incuria. <\/p>\n
Por otra parte, frente a los reclamos contra la decisi\u00f3n del 12 de abril de 2021 emitida por el Juez Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que neg\u00f3 la redosificaci\u00f3n punitiva deprecada por el aqu\u00ed gestor, no se cumple el requisito que viene de comentarse, en virtud del desaprovechamiento de los medios de refutaci\u00f3n habilitados para controvertir la referida determinaci\u00f3n, pues, aunque Pacazuca Moreno procur\u00f3 por intermedio de su hermana formular los recursos ordinarios contra aqu\u00e9lla, estos fueron rechazados, precisamente por haber sido interpuestos por quien no contaba con legitimaci\u00f3n para hacerlo, seg\u00fan lo explicit\u00f3 el accionado en pronunciamiento del 25 de febrero de 2022, en el que indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) valga se\u00f1alar que el penado no aclar\u00f3 cu\u00e1l fue la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, sin embargo, revisada la causa se observa un recurso rese\u00f1ado como lo menciona la petici\u00f3n [horizontal y en subsidio vertical] el cual fuera remitido por la hermana del sentenciado en contra del auto de tr\u00e1mite de fecha 12 de abril de 2021 por medio del cual se informaron las razones por las cuales no es posible para esta judicatura corregir la dosificaci\u00f3n punitiva realizada por el ente fallador en la sentencia condenatoria; como respuesta al mismo se emiti\u00f3 el auto de tr\u00e1mite de fecha 22 de julio de 2021 por medio del cual este estrado jurisdicci\u00f3n se abstuvo de dar tr\u00e1mite al recurso presentado en raz\u00f3n a que la peticionaria en su escrito manifest\u00f3 haber elaborado el memorial a nombre del se\u00f1or Pacazuca Moreno, alleg\u00e1ndolo desde su correo personal y no por el conducto oficial habilitado para los reclusos de los diferentes penales, cual es la oficina de correspondencia, adem\u00e1s se repar\u00f3 en que la hermana del penado no es sujeto procesal dentro de la presente causa, por tanto no est\u00e1 habilitada para actuar en nombre propio ni a nombre de otros\u00bb. <\/p>\n
De manera que, dado el anterior contexto y a partir de la explicaci\u00f3n expuesta por el funcionario tutelado, se revela la incuria o la omisi\u00f3n en el uso de los medios impugnaci\u00f3n, lo que supone el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad referido; en este particular, ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte en el sentido que, <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
De igual forma, esta la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las reflexiones precedentes se advierten id\u00f3neas y suficientes para ratificar la sentencia impugnada en el sentido de declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El auxilio ser\u00e1 desestimado porque el tutelante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple claramente el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara v\u00e1lidamente dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. Tambi\u00e9n el gestor del amparo actu\u00f3 con incuria frente al auto de 12 de abril de 2021 del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja que desestim\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena, al omitir controvertirlo de manera directa a trav\u00e9s de los recursos ordinarios procedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 2 de febrero de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 6 de febrero de 2023. <\/p>\n
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