STC1237-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1237-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02272-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Marco Tulio Badillo Mantilla instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, y dem\u00e1s involucrados en los consecutivos 2019-00098 y 2021-01448. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara \u00abdeclarar la revocatoria o nulidad de la sentencia de tutela (sic) de segunda instancia bajo radicaci\u00f3n (\u2026) 20210144801 (22-516) proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Penal\u00bb y, en consecuencia, \u00abse conceda [a su favor] ordenando y declarando la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del dossier se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga en la causa n\u00ba 2019-00098, conden\u00f3 al actor \u00aba una pena privativa de la libertad de 120 meses de prisi\u00f3n, por las conductas punibles de homicidio agravado tentado en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb (3 ag. 2020) y, a pesar que aquel apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, el superior acept\u00f3 el desistimiento de la alzada (18 mar. 2022). <\/p>\n
Por su parte, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de ese distrito, en el pleito n\u00ba 2021-01448, \u00abconden\u00f3 a MARCO TULIO BADILLO MANTILLA a 54 meses de prisi\u00f3n como autor del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb (24 ag. 2021) y, la fase siguiente a las dos sanciones, la asumi\u00f3 el Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, ante quien el promotor solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, negada por improcedente, en determinaci\u00f3n (3 jun. 2022) que el ad quem ratific\u00f3 (21 oct.). <\/p>\n
Suplic\u00f3 el gestor la aplicaci\u00f3n \u00abultractiva de la favorabilidad de la ley\u00bb, ya que, \u00absi bien es cierto [se] hallaba detenido o privado efectivamente de [su] libertad por motivo del proceso que curs\u00f3 en el Juzgado Primero Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de Bucaramanga \u2013 iniciado el 3 de agosto de 2020\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, \u00abel d\u00eda 21 de febrero de 2021 \u2013 al salir obligatoriamente, y por f\u00edsica necesidad de adquirir medicamentos para [su] salud \u2013 a droguer\u00eda ubicada cercana a [su] sitio de domicilio en el barrio caracol\u00ed del municipio de Floridablanca \u2013 Santander \u2013 [se vio] seriamente amenazado en [un] atentado contra [su] vida y [su] salud, al atisbar individuos motorizados \u2013 con arma de fuego en sus cinturas quienes [le] segu\u00edan \u2013 y esta situaci\u00f3n o circunstancia gravosa \u2013 [le] oblig\u00f3 a colocar arma de fuego en[su] cintura\u00bb y, por ende, \u00ab[fue] requerido por uniformados y civiles adscritos a la Polic\u00eda Nacional quienes [le] judicializaron por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que \u00abel hecho de omitir declarar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas en [su] contra\u00bb demuestra el \u00abdesconocimiento o la aplicaci\u00f3n del principio de la favorabilidad de la ley, o la Unidad procesal \u2013 que se concatena con lo establecido en el Art\u00edculo 51 de la Ley 906 de 2004\u00bb. Por lo tanto, afirm\u00f3 que debe \u00ab[procederse] a analizar que en el presente evento se dan los presupuestos necesarios para que opere el principio de favorabilidad de la ley penal \u2013que ser\u00eda por virtud del cual podr\u00eda eventualmente accederse a lo peticionado\u00bb y, se aplique el art\u00edculo 539 de la Ley 906\/04, el cual, \u00abcontempla la viabilidad de acceder a la dosificaci\u00f3n punitiva- en eventos como el expuesto- que acept[\u00f3[ los cargos de entrada- y ahora que existe el mismo cargo \u201cporte de arma de fuego\u201d- invoc\u00f3 se estudie la viabilidad de acumular jur\u00eddicamente las penas\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al radicado 2021-01448, respald\u00f3 su actuaci\u00f3n y, resalt\u00f3 que \u00abNo es del caso atender la pretendida favorabilidad que reclama el actor ya que los hechos se cometieron en vigencia del art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004, que establece los requisitos que deber\u00e1n observarse por el juzgador al momento de conceder el beneficio de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, los que se aplicaron en los t\u00e9rminos que se exponen y no existe otra norma posterior que modifique estos par\u00e1metros\u00bb. <\/p>\n
El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad dijo que \u00abno existe actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de [esa] secretar\u00eda en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el se\u00f1or MARCO TULIO BADILLO MANTILLA\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 294 Judicial I Penal de Bucaramanga enunci\u00f3 que \u00abNo le asiste raz\u00f3n al accionante en su reclamo a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb, en tanto, \u00abEs inaceptable que un ciudadano ponga en funcionamiento el aparato judicial a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela buscando un beneficio que a todas luces es improcedente, donde ya dos instancias dieron respuesta a su petici\u00f3n, pero al parecer por terquedad insiste en hacer perder el tiempo a tan alta instancia como es la Corte Suprema de Justicia en un asunto que es indefendible\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego tras hallar razonable el proveimiento de 21 de octubre de 2022, por cuanto, \u00ab(\u2026) no amerita reparo alguno, puesto que se ajust\u00f3 a la legalidad y se halla debidamente fundamentada, por tanto, se descarta que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que haya consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el precursor porque, en su criterio, \u00abdebe aflorar la conexidad de los delitos y el principio universal \u201cNON BIS IN IDEM\u201d para efecto de viabilizar la favorabilidad al momento de adoptar decisi\u00f3n en relaci\u00f3n a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas proferidas en [su] contra: ambas por porte ilegal de arma de fue de uso de defensa personal \u2013 y ambas porque sin estar obligado a declarar contra [s\u00ed mismo] ni declarar[se] culpable- [adopt\u00f3] la decisi\u00f3n de aceptar los cargos- previo preacuerdo celebrado entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, exigi\u00f3 que, \u00abel juzgador de segunda instancia [en sede tutelar] [haga] aplicaci\u00f3n respecto a la independencia y la imparcialidad que debe caracterizar[lo]\u00bb, conforme con la Doctrina en ese aspecto desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, tambi\u00e9n aplicar \u00abla figura de la cosa juzgada para no sancionar a los responsables por hechos tipificados en una misma conducta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el promotor critica tambi\u00e9n la providencia del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga (3 jun. 2022), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 a la expedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa sede (21 oct.), al cerrar el debate suscitado. <\/p>\n
2.- Advertido lo anterior, se anuncia el decaimiento del amparo y, por ende, la refrendaci\u00f3n del veredicto opugnado, debido a que la resoluci\u00f3n que convalid\u00f3 la que \u00abneg\u00f3 por improcedente la solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb a cargo del quejoso (2021-01448), no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para ello, destac\u00f3, al tenor del art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de 2004 \u2013, en armon\u00eda con lo definido por el juzgado ejecutor, que: <\/p>\n
\u00abEn consonancia con la norma en referencia inicialmente enunciada, y lo concretado por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas procede cuando se cumplen las siguientes exigencias: \u201ca) Que contra una misma persona se hayan proferido sentencias condenatorias en diferentes procesos y las mismas est\u00e9n ejecutoriadas. \u201cb) Que las penas a acumular sean de igual naturaleza. \u201cc) Que los delitos no se hayan cometido con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos. \u201cd) Que las penas no hayan sido impuestas por raz\u00f3n de delitos cometidos por la persona cuando se encontraba privada de la libertad. (\u2026). <\/p>\n
No admite discusi\u00f3n que se re\u00fanen las condiciones alusivas a la existencia de sentencias condenatorias proferidas en diferentes procesos y que las mismas est\u00e1n ejecutoriadas, as\u00ed como que las penas que se busca acumular son de igual naturaleza -privativas de la libertad-, sin embargo, no se atienden los presupuestos descritos en los literales c y d, esto es, que los delitos no se hayan cometido con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos, y que las penas no hayan sido impuestas por raz\u00f3n de delitos cometidos por la persona cuando se encontraba privada de la libertad\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expres\u00f3, en punto del primer supuesto previsto en el literal c) prenotado, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cabe duda que los hechos delictivos por los que fue condenado a trav\u00e9s de la sentencia de fecha 24 de agosto de 2021 (radicado 2021-01448), fueron cometidos el 21 de febrero de 2021, tiempo despu\u00e9s de haberse emitido la sentencia de primera instancia en el proceso radicado 2019-00098, dado que \u00e9sta data del 3 de agosto de 2020. <\/p>\n
Y en esa medida por expresa prohibici\u00f3n legal, no es procedente la solicitud de acumulaci\u00f3n de pena. <\/p>\n
No tiene en cuenta el recurrente con sus argumentos, por un lado, que para el reconocimiento de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica, se deben atender las exigencias que para ello ha establecido el legislador por pol\u00edtica criminal, al igual que las reglas de exclusi\u00f3n que se sustentan o apoyan en razones de prevenci\u00f3n y de desest\u00edmulo a la criminalidad, conforme se puntualiz\u00f3 en la sentencia de constitucionalidad C-1086 de 2008, entre las cuales se hallan las relativas a que alguna de las penas se hubiere impuesto por delitos cometidos con posterioridad a la emisi\u00f3n de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos, o por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respondiendo el reparo del apelante, en cuanto a la inoperatividad de la \u00abregla de exclusi\u00f3n porque para cuando cometi\u00f3 el segundo punible, la sentencia del otro proceso a\u00fan no estaba ejecutoriada\u00bb, dedujo que no atiende la teleolog\u00eda del canon 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, y con base en jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otro lado, lo planteado por el sentenciado en cuanto que no opera la regla de exclusi\u00f3n porque para cuando cometi\u00f3 el segundo punible, la sentencia del otro proceso a\u00fan no estaba ejecutoriada, a simple vista no consulta el verdadero alcance del art. 460 de la Ley 906 de 2004, pues dicho precepto no hace alusi\u00f3n a la palabra ejecutoriada. Su tenor literal o texto gramatical es claro al enunciar la expresi\u00f3n \u201cproferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia\u201d, lo que significa que basta con que exista una sentencia de condena para que opere la regla prohibitiva, sin que tenga incidencia su ejecutoria. Si la intenci\u00f3n del legislador hubiera sido otra distinta habr\u00eda omitido el t\u00e9rmino de primera instancia, pues como se sabe el proceso penal no culmina con esa clase de fallo, toda vez que es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, y del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Interpretaci\u00f3n gramatical que encaja o compagina con la teleolog\u00eda de la ley, recalcada en la sentencia de exequibilidad citada en precedencia, en cuanto a que el legislador concibi\u00f3 la figura de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas bajo los siguientes criterios fundamentales: \u201c(i) Con un criterio de garant\u00eda y limitaci\u00f3n de la punibilidad en eventos de pluralidad de condenas; (ii) bajo el criterio de la conexidad, que incorpora el derecho a la unidad del proceso, de donde se deriva que en tales eventos procede la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas en cualquier tiempo, por tratarse de procesos que debieron ser juzgados conjuntamente; (iii) bajo el criterio de la prevenci\u00f3n en virtud del cual se excluyen del beneficio de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas aquellos eventos en que el condenado contin\u00faa delinquiendo, es decir, cuando incurre en conductas delictivas luego de proferida la primera sentencia o hall\u00e1ndose en prisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Y tan viable y plausible es tal apreciaci\u00f3n, que la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 En Sala de Decisi\u00f3n de Acciones de Tutela N\u00b0 3- al examinar un caso similar al presente [STP3223-2022], al abordar el tema de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas que se neg\u00f3 porque el delito se cometi\u00f3 con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia, concluy\u00f3 que las decisiones cuestionadas por v\u00eda constitucional eran razonables y ajustadas a la normatividad procesal vigente, por cuanto efectivamente no se cumpl\u00edan las exigencias del inciso segundo de los art\u00edculos 470 de la Ley 600 de 2000 y 460 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
En dicha oportunidad, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre tom\u00f3 como referente para definir que no pod\u00eda darse la figura de la acumulaci\u00f3n de penas por prohibici\u00f3n expresa del legislador, fue justamente la fecha de la sentencia de primera instancia y no la correspondiente a la de segunda instancia. Lo cual es compatible con lo que sucede en este evento\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior coligi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de todas maneras, tampoco procede la acumulaci\u00f3n de penas que se reclama, porque seg\u00fan se detalla en la providencia objeto de recurso, el sentenciado Marco tulio Badillo Mantilla, cometi\u00f3 ese segundo hecho delictivo mientras se hallaba en detenci\u00f3n domiciliaria por virtud del proceso radicado bajo el n\u00famero 2019-00098, circunstancia corroborada por el propio impugnante, s\u00f3lo que obviada en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Aspecto que encuadra plenamente en la prohibici\u00f3n del inciso 2 del art. 460 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de que no se pueden acumular las penas impuestas por delitos cometidos durante el tiempo en que la persona estuviere privada de la libertad. <\/p>\n
Ahora, si bien el condenado Badillo Mantilla, invoca el principio de favorabilidad, lo cierto es que el art. 460 de la Ley 906 de 2004 regul\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas de forma id\u00e9ntica al art. 470 de la Ley 600 de 200, motivo por el cual no resulta factible una presunta favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
3.- Ese entendimiento no resulta descabellado ni tendencioso, por lo mismo no puede ser reprobado por el \u00abjuez constitucional\u00bb so pretexto de complacer la visi\u00f3n subjetiva del inconforme acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al sumario; m\u00e1xime s\u00ed, contrario a lo asegurado por este, precisamente por la independencia e imparcialidad que rigen las \u00abdecisiones judiciales\u00bb al margen de que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, aun cuando el censor aspira imponer su propia percepci\u00f3n acerca de la \u00abacumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb y c\u00f3mo deb\u00eda solventarse, emerge que, ese no es el prop\u00f3sito de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021, citada en STC055-2023). <\/p>\n
4.- Finalmente, lo aducido por el querellante, en el sentido de la aplicaci\u00f3n que debe hacer el fallador supralegal de la \u00abfigura de la cosa juzgada para no sancionar a los responsables por hechos tipificados en una misma conducta\u00bb, desarrollada en el \u00abprincipio universal \u201cNON BIS IN IDEM\u201d para efecto de viabilizar la favorabilidad al momento de adoptar decisi\u00f3n en relaci\u00f3n a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas\u00bb, constituye un hecho nuevo no expuestos en el libelo inaugural, por lo que del no se enter\u00f3 al a quo ni los llamados a este rito, raz\u00f3n por la cual no pueden ser analizados en esta etapa, ya que, afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertirlas concretamente. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, se ha dicho, que: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026) -STC5053-2022 y STC464-2023-. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el pronunciamiento refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1237-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC1237-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02272-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de noviembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}