STC1239-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1239-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02811-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M.I. Blindajes Ltda contra el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
1. Por intermedio de su representante legal, la sociedad accionante acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, al enterarse del embargo que pesa sobre el veh\u00edculo de su propiedad de placas HTW432, \u00abseg\u00fan oficio No. 02216 del 18 de julio del a\u00f1o 2022, radicado SDM el 27 de julio de 2022, con N\u00famero de radicado 110014018001202200274\u00bb, consult\u00f3 en la p\u00e1gina web de la rama judicial y los estados del Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta capital, sin obtener resultado alguno del proceso \u00abcuyas partes procesales sean JAVIER SALAZAR OSORIO en contra de M.I. BLINDAJES LTDA\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el 16 de noviembre de 2022 present\u00f3 electr\u00f3nicamente ante ese despacho petici\u00f3n para que se le brindara informaci\u00f3n sobre las cautelas decretadas dentro del mencionado juicio, sin haber obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
2. En consecuencia, pide que se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abproceda a resolver de fondo el Derecho de Petici\u00f3n radicado el 16 de noviembre de 2022 -SOLICITUD DE INTERES PARTICULAR\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, a diferencia de lo se\u00f1alado por la parte querellante, el mismo d\u00eda en que fue elevada la petici\u00f3n se procedi\u00f3 a darle respuesta, solicit\u00e1ndole al interesado que aportada el certificado de tradici\u00f3n del veh\u00edculo objeto de la presunta medida de embargo, quien guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 adem\u00e1s, que \u00abel radicado 2022-00274 [se\u00f1alado en la petici\u00f3n presentada], corresponde a una acci\u00f3n de tutela; aunado a que el n\u00famero que identifica esta sede judicial es el siguiente: 110013103021 seguido del a\u00f1o del proceso y n\u00famero de radicaci\u00f3n y n\u00famero consecutivo, el cual difiere del informado por el accionante que es 110014018001202200274\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, tras advertir que \u00abel pronunciamiento echado de menos por el actor frente al derecho de petici\u00f3n fue emitido el 16 de noviembre de 2022 (\u2026) Desde esa perspectiva, para la Sala es claro que para la \u00e9poca en que interpuso la acci\u00f3n de tutela (16 de diciembre de 2022), ya se hab\u00eda atendido por el accionado el pedimento del actor, luego al no encontrase ninguna conducta atribuible al enjuiciado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n a los derechos fundamentales, debe declararse la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, indicando que \u00abel Juzgado 21 Civil del Circuito no dio respuesta frente a lo solicitado en el DERECHO DE PETICION si no que se limit\u00f3 a contestar sobre otro proceso cuyas partes se\u00f1al\u00f3 eran MI BLINDADOS, lo cual no es verdad dado que las partes en ese proceso son personas jur\u00eddicas distintas a las aqu\u00ed vinculadas, igualmente a pasar (sic) que el JUZGADO mediante auto de fecha 11 de enero orden\u00f3 la VINCULACION del MINISTERIO DE TRANSPORTE dicha entidad no dio respuesta a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra la transgresi\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si el requerimiento concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC8253-2022, 30 jun. 2022, rad. 00140-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, pues, si bien el 16 de noviembre de 2022 el representante legal de M.I. Blindajes Ltda pidi\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 informaci\u00f3n sobre si en ese despacho judicial \u00abexiste alg\u00fan proceso ejecutivo [en su contra] y\/o el expediente con el radicado 110014018001202200274 adelantado por JAVIER SALAZAR OSORIO, en el cual haya ordenado medida cautelar alguno\u00bb, en raz\u00f3n a que por cuenta de ese proceso supuestamente figura embargado el automotor de su propiedad de placas HTW-432, la operadora judicial accionada en esa misma data, y ante la no existencia de ese proceso a su cargo, le solicit\u00f3 al interesado \u00abadjuntar el certificado de tradici\u00f3n actualizado del veh\u00edculo para corroborar la anotaci\u00f3n; dado que solo se deja sentado en el escrito y no se anexa el documento donde pesa la medida\u00bb, sin que a la fecha se haya remitido el documento requerido. <\/p>\n
En este orden, y estando demostrado que para cuando se present\u00f3 el amparo (16 diciembre 2022), ya hab\u00eda sido atendido lo solicitado por la sociedad gestora, la controversia planteada resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el juzgado querellado ha amenazado y, menos quebrantado, sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional replicada ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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