STC1241-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 19 de enero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Orlando Moreno Malag\u00f3n y Carlos Alejandro Moreno Gonz\u00e1lez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura y la abogada Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, actuando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n que estiman desconocidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Dicen que el 4 de noviembre de 2022 formularon queja disciplinaria contra la abogada Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda \u00abpor el contrato de promesa de compraventa sin que se cumpliera con los requisitos del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1889 que elabor\u00f3 la togada y firm\u00f3 con [ellos] en el mes de septiembre de 2021 ante la Notar\u00eda 70 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, de la Finca la Gisella\u2026 ubicado en\u2026 La Vega\u00bb, la cual fue desestimada de plano por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, mediante auto de 5 de diciembre siguiente, contra el que no se permiti\u00f3 la interposici\u00f3n de recurso alguno. <\/p>\n
Consideran que dicha providencia adolece de \u00abfalsa motivaci\u00f3n\u00bb al asegurar que la denunciada (promitente compradora) no actu\u00f3 en el referido negocio jur\u00eddico \u00aben calidad de abogada, sino en derecho de libre disposici\u00f3n de su patrimonio\u2026 cuando desde el inicio\u2026 s\u00ed les dijo que era profesional del derecho y ellos confiaron en ella, que estaba haciendo un negocio de buena fe y atendiendo todas las normas constitucionales y legales\u2026 pero aprovechando de todo eso les hizo firmar un contrato\u2026 sin el lleno de los requisitos del art\u00edculo 89 dela Ley 153 de 1887 y art\u00edculo 1511 del C\u00f3digo Civil, que hoy se est\u00e1 aprovechando de eso para incumplir dicho contrato y no otorgar la escritura p\u00fablica [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicitan ordenar a la comisi\u00f3n accionada \u00abrevoque\u00bb el auto inhibitorio y que, como consecuencia de ello, se inicie \u00abindagaci\u00f3n preliminar o investigaci\u00f3n disciplinaria en contra de la se\u00f1ora abogada\u2026 Triana Garc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo porque \u00abno existe raz\u00f3n m\u00ednima para considerar que se ha desatendido obligaci\u00f3n constitucional o infringido alg\u00fan derecho fundamental por el proferimiento de la decisi\u00f3n judicial por la cual se desestim\u00f3 de plano \u2026conocer la queja\u00bb, pues los hechos en los que se fundament\u00f3 \u00abno eran de naturaleza disciplinaria\u00bb, de all\u00ed que deban \u00abventilarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que dijo ser \u00abapoderado judicial de la dra. Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda\u00bb1 se limit\u00f3 a presentar sus consideraciones en torno a las situaciones que rodearon la celebraci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa entre los ac\u00e1 gestores y la referida profesional del derecho, sin referirse puntualmente a la decisi\u00f3n de la comisi\u00f3n disciplinaria convocada que es objeto del presente resguardo; no obstante, solicit\u00f3 \u00abno tutelar la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes debido a la falta de aporte de pruebas y hechos sustanciales\u00bb. <\/p>\n
3. Una magistrada auxiliar adscrita a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa corporaci\u00f3n por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en tanto la lesi\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales es atribuida a otra autoridad, de all\u00ed que no sea \u00abla llamada a responder o cumplir las \u00f3rdenes que se expidan\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras analizar la decisi\u00f3n objeto de censura, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada habida consideraci\u00f3n que las consideraciones all\u00ed plasmadas \u00abson el resultado de la valoraci\u00f3n de las manifestaciones, los elementos incorporados al proceso y las normas pertinentes, discernimiento realizado\u2026 dentro de su prudente autonom\u00eda e independencia judicial, raz\u00f3n por la cual el juez constitucional no est\u00e1 llamado a interferir esa labor, so pretexto de imponer otra forma de soluci\u00f3n a la controversia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores disintieron de la anterior determinaci\u00f3n reproduciendo lo indicado en el libelo genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial accionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de Carlos Orlando Moreno Malag\u00f3n y Carlos Alejandro Moreno Gonz\u00e1lez, dentro del proceso 2022-06058, al desestimar de plano la queja disciplinaria por ellos formulada contra la abogada Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se fundament\u00f3 el presente amparo y confrontadas con las pruebas recopiladas por la primera instancia, resalta la Sala que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos presentados por los accionantes respecto de los hechos que rodearon la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa con Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda. <\/p>\n
En efecto, para inhibirse de dar inicio a la actuaci\u00f3n disciplinaria pretendida, la comisi\u00f3n accionada record\u00f3 que para que pueda activarse la competencia de esa especialidad jurisdiccional resultaba indispensable \u00abque los hechos dados a conocer tengan el potencial de comprometer la responsabilidad disciplinaria de un abogado en ejercicio de su profesi\u00f3n, lo que sucede cuando el togado infringe sin justificaci\u00f3n alguno de los deberes que la ley le impone cumplir, en particular, los contemplados en el art\u00edculo 28 de la Ley 123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, traz\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) determinar si est\u00e1n dados los presupuestos para el ejercicio de la acci\u00f3n disciplinaria, con ocasi\u00f3n a los hechos puestos en conocimiento\u2026 en contra de la profesional del derecho Mar\u00eda del Rosario Triana Garc\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al abordar la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n planteada resalt\u00f3 que no se cumpl\u00edan \u00ablas condiciones para ejercer la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb en tanto que la abogada denunciada no suscribi\u00f3 la promesa de compraventa, objeto de la discordia, \u00aben ejercicio de su profesi\u00f3n, sino en virtud del derecho a la libre disposici\u00f3n de su patrimonio\u00bb, de all\u00ed que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos denunciados se encuentran por fuera de la esfera de acci\u00f3n del derecho disciplinario, toda vez que lo relatado demuestra que lo realizado por la profesional se\u00f1alada, no se enmarca en los supuestos de investigaci\u00f3n que describe el art\u00edculo 19 de la Ley 1123 de 2007, para poder ser sujeto disciplinable. <\/p>\n
En todo caso, si los quejosos consideran que se vieron afectados sus derechos fundamentales, la jurisdicci\u00f3n ordinaria es la competente para dirimir este tipo de situaciones o el resarcimiento de los perjuicios que se hayan causado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 que no resultaba procedente dar inicio a una actuaci\u00f3n disciplinaria en contra de la abogada denunciada pues la actividad por ella desplegada no estuvo enmarcada en el ejercicio profesional. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, dado que los demandantes encaminaron la presente queja constitucional a hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las normas que gobiernan la acci\u00f3n disciplinaria, por encima de la hermen\u00e9utica de la corporaci\u00f3n convocada; adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la desestimaci\u00f3n del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No aport\u00f3 poder especial conferido por la persona que afirma representar, con el que acreditara la condici\u00f3n aducida y lo autorizara para intervenir en este asunto. <\/p>\n
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