STC1242-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1242-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Rosario Robles Rodr\u00edguez formul\u00f3 contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de radicado n\u00famero 2019-00701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que instaur\u00f3 la demanda referida contra Pedro Rodr\u00edguez, que fue rechazada por el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena auto de 15 de enero de 2020, providencia contra la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n que se declar\u00f3 desierto el 31 de enero de 2020, por no haber suministrado lo necesario para sufragar las copias del expediente, situaci\u00f3n que critic\u00f3, debido a que -en su criterio- no se requer\u00eda copia del expediente para remitir la apelaci\u00f3n concedida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en lo anterior, solicit\u00f3, dejar sin valor y efecto el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y, en consecuencia, remitir la apelaci\u00f3n para conocimiento del Tribunal Superior. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que la actora ya hab\u00eda presentado la misma acci\u00f3n de tutela, con radicado 13001-22-13-000-2022-00460-00, y que frente al \u00faltimo auto proferido en el proceso cuestionado no present\u00f3 recurso alguno, pese a haber sido debidamente notificado en Estado No. 015 de 2020. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la inmediatez, en la medida en que desde la fecha en que se profiri\u00f3 la providencia acusada, y hasta la fecha de radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, transcurrieron casi tres (3) a\u00f1os, tiempo que super\u00f3 los seis (6) meses que la jurisprudencia tiene establecidos como t\u00e9rmino razonable y proporcional para promover acciones de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones, as\u00ed como para se\u00f1alar que no se le pod\u00eda imponer el requisito de la inmediatez, debido a que, cuando su abogado consult\u00f3 los estados del Juzgado, verific\u00f3 que se hab\u00eda proferido un auto el 23 de enero de 2020 que dec\u00eda \u00abconcede recurso\u00bb, as\u00ed como una anotaci\u00f3n en el sistema que se\u00f1al\u00f3, \u00abauto concede apelaci\u00f3n y se env\u00eda a tribunal\u00bb, motivo por el que \u00abexist\u00eda una situaci\u00f3n que [le] genera[ba] tranquilidad\u00bb, lo cual, aunado a la \u00abcrisis mundial\u00bb ocasionada por la pandemia de p\u00fablico conocimiento, le impidi\u00f3 enterarse del estado de su proceso por un largo tiempo, hasta que dicho apoderado volvi\u00f3 a indagar por el asunto, y lo encontr\u00f3 archivado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
2. Establecido lo anterior, debe recordarse que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Solo en dicho evento se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que se acuda oportunamente a presentar la respectiva queja constitucional y que previamente se agoten todos los recursos ordinarios existentes en la ley, para solucionar la situaci\u00f3n concreta, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas, reiteradas en STC1003-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Rosario Robles Rodr\u00edguez acudi\u00f3 inconforme con el auto de 31 de enero de 2020, a trav\u00e9s del cual, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia de 15 de enero de 2020 proferida en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial radicado bajo el n\u00famero 2019-00701, seguido por la accionante contra Pedro Rodr\u00edguez, por no haber cancelado las copias ordenadas para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, circunstancia frente a la cual -manifest\u00f3- no era necesaria la expedici\u00f3n de copias referida, pues no se tomar\u00edan decisiones dentro del asunto, mientras se tramitaba la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al examinar las pruebas aportadas a este expediente se advirti\u00f3 que, en efecto, no se cumple con el requisito de la inmediatez, esto es, que la accionante hubiese acudido con prontitud a denunciar la supuesta vulneraci\u00f3n que derivaba del contenido de la determinaci\u00f3n objeto de su inconformidad. M\u00edrese bien que transcurrieron casi tres (3) a\u00f1os desde que fue proferida, sin que la afectada hubiese puesto de presente -en ocasi\u00f3n anterior- alg\u00fan inconveniente con aqu\u00e9lla, t\u00e9rmino que super\u00f3 ostensiblemente el lapso de seis (6) meses se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022, entre muchas, reiteradas en STC1003-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las razones expuestas por la impugnante no resultaron suficientes para justificar su demora, debido a que, si bien, su abogado tuvo acceso a los estados del juzgado accionado, as\u00ed como al sistema de informaci\u00f3n correspondiente, no revis\u00f3 el auto proferido por el Juez, por lo que no se enter\u00f3 de su contenido, concretamente, de la orden impartida en relaci\u00f3n a la expedici\u00f3n de copias para tramitar el recurso de apelaci\u00f3n, con la que hasta ahora, de manera m\u00e1s que tard\u00eda, se muestra inconforme. <\/p>\n
Debe recordarse que, aunque las herramientas tecnol\u00f3gicas dise\u00f1adas para informar las decisiones proferidas por los jueces son -hoy en d\u00eda- de gran ayuda para el litigio, el sentido y alcance de aqu\u00e9llas se encuentra consignado en el cuerpo de la respectiva providencia, y no en las anotaciones que por estado de ellas se realizan, siendo un deber tanto de las partes, como de los abogados, verificarlas para atender de manera espec\u00edfica su direcci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la accionante no acredit\u00f3 encontrarse en alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo instante en que conoci\u00f3 la decisi\u00f3n de la que ahora se queja, por lo tanto, la tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad acusada con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas en este asunto. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00abPor otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: i) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. (Corte Constitucional T-344-14 y T249\/18, citada en STC3949-2021, STC10031-2022 y, STC10792-2022 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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