STC1244-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1244-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02430-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Diego Fernando L\u00f3pez G\u00f3mez instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, extensiva a la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2003-00627. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y dignidad humana\u00bb, para que se ordenara \u00aba los despachos accionados se sirvan conceder el permiso de 72 horas en direcci\u00f3n a cumplir con el prop\u00f3sito de la resocializaci\u00f3n y reinserci\u00f3n a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
En apoyo adujo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali lo absolvi\u00f3 de los cargos de \u00abhomicidio agravado, concierto para delinquir y y posesi\u00f3n de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos\u00bb (3 en. 2007), empero, el superior revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y lo conden\u00f3 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por \u00abhomicidio agravado y concierto para delinquir\u00bb (20 sep.). Posteriormente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abdeclar[\u00f3] prescrita y extinguida la acci\u00f3n penal derivada de concierto para delinquir agravado y posesi\u00f3n de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos manteniendo la condena \u00fanicamente por el tipo penal de homicidio agravado, (\u2026) para fijar una condena de treinta y tres (33) a\u00f1os y cuatro (4) meses de prisi\u00f3n\u00bb (30 jun. 2010). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que de la pena impuesta ha cumplido \u00abde manera efectiva 12 a\u00f1os y 6 meses\u00bb, por lo que solicit\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira \u00abaprobaci\u00f3n de beneficio administrativo de permiso de salida sin vigilancia por 72 horas\u00bb, denegado en raz\u00f3n a que \u00abfui condenado por la justicia especializada y que por tanto deb\u00eda descontar el 70% de la pena impuesta\u00bb (15 jun. 2022). <\/p>\n
Asegur\u00f3 que tal interlocutorio fue refrendado por el ad quem el 13 de septiembre \u00faltimo, por lo que, en su opini\u00f3n, no tuvieron en cuenta que \u00abel delito de Homicidio por el cual se me impuso la condena en virtud del fallo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no es de competencia de la justicia especializada, \u00fanica raz\u00f3n expuesta para negarme el beneficio administrativo, sin hacer un an\u00e1lisis de que el delito por el que fui definitivamente condenado no corresponde ni es de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Buga remiti\u00f3 enlace del juicio recriminado y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira se opuso al amparo y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira narr\u00f3 las actuaciones surtidas en la causa reprochada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego tras hallar razonable la decisi\u00f3n de 13 de septiembre de 2022, resaltando que \u00ab(\u2026) se encuentra debidamente fundamentada en la normativa que regula la materia, concretamente, en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el 29 de la Ley 504 de 1999, que indica que frente a los delitos de competencia de la justicia penal especializada se requiere el cumplimiento del 70% de la pena para acceder al beneficio administrativo hasta de 72 horas\u00bb, requisito que \u00abel accionante no acredit\u00f3 como satisfecho\u00bb, en atenci\u00f3n a que, \u00abel homicidio agravado por el que result\u00f3 condenado DIEGO FERNANDO L\u00d3PEZ G\u00d3MEZ era de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el precursor, con los mismos planteamientos inaugurales, agregando que \u00abal dosificar la pena el \u00fanico juzgador que me condena, me impuso sentencia por tres (3) delitos, aunque efectivamente debi\u00f3 hacerse la dosificaci\u00f3n sobre dos delitos, error judicial que incremento la pena raz\u00f3n por la cual no puedo cumplir el 70% de la pena que se me exige para acceder a los beneficios establecidos para las personas privadas de la libertad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el promotor critica tambi\u00e9n el prove\u00eddo del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira (15 jun. 2022), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al expedido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga (13 sep. 2022), al cerrar el debate suscitado. <\/p>\n
Para el efecto, la Colegiatura cuestionada, inicialmente memor\u00f3 que el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 establece que: <\/p>\n
\u00abLa Direcci\u00f3n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 conceder permisos con la regularidad que se establecer\u00e1 al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
5. <Numeral modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados\u00bb. Negrillas propias. <\/p>\n
Seguidamente, refiri\u00f3 que la Corte Constitucional mediante sentencia C-394 de 1995 declar\u00f3 exequible el numeral 5\u00ba de la norma citada, quien \u00abdej\u00f3 por sentado que dicha norma no es contraria la Constituci\u00f3n ni discrimina o da trato diferenciado a los que son condenados por los jueces especializados, dado que precisamente tal especialidad cumple una funci\u00f3n diferente a la de los jueces del circuito, puesto que tienen competencias distintas\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, sostuvo que la tesis de \u00ablos recurrentes\u00bb en afirmar que \u00abno se emiti\u00f3 condena por un delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado\u00bb, es \u00abuna inadecuada interpretaci\u00f3n de la norma contenida en el numeral 5\u00ba de canon 147 de la Ley 65 de 1993\u00bb, pues, si bien \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n por el punible de concierto para delinquir agravado con fines homicidas y de narcotr\u00e1fico, ello no se traduce autom\u00e1ticamente en el hecho de que el juzgado especializado hubiese perdido competencia en asunto\u00bb, ya que lo cierto es \u00abque no se puede desconocer que el juzgamiento y, posterior condena contra Diego Fernando L\u00f3pez G\u00f3mez, fue desplegada por delitos de competencia de los jueces especializados, siendo precisamente esa especialidad la que tramit\u00f3 el proceso, m\u00e1s no un juez penal del circuito\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior coligi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Diego Fernando L\u00f3pez G\u00f3mez est\u00e1 en fase de mediana seguridad, lo cierto es que, tal y como lo determin\u00f3 el A quo, no se cumple el requisito objetivo establecido en el numeral 5\u00ba de canon 147 de la Ley 65 de 1993, dado que a la fecha NO ha descontado el 70% de la pena finalmente impuesta -33 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n-, pues dicho porcentaje corresponder\u00eda a 23 a\u00f1os y 4 meses y, a la fecha, solo ha descontado un total de 12 a\u00f1os y 6 meses\u00bb. <\/p>\n
Y record\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la judicatura no puede pasar por alto los requisitos objetivos de las normas, pues son de estricto cumplimiento y son los primeros que se deben verificar al momento de analizar la concesi\u00f3n de los beneficios y, una vez se corrobora su cumplimiento, se abre la puerta para estudiar los subjetivos, de lo contrario, cuando NO se acreditan objetivos, se releva a los jueces la obligaci\u00f3n de efectuar un an\u00e1lisis de cualquier otro factor de \u00edndole subjetivo\u00bb. <\/p>\n
Apoy\u00f3 su raciocinio en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que ha se\u00f1alado: <\/p>\n
(\u2026) ante la no configuraci\u00f3n de un requisito objetivo, no resulta suficiente valorar factores subjetivos para alejarse directamente de la ley, sin una argumentaci\u00f3n exhaustiva para ello que permita dar cuenta de la declaratoria de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, ya que, de cara a la actividad judicial, el juez debe mostrar su apego a la ley (CSJ. SP radicado No.521699 de mayo de 2018, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
2.1.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el impulsor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC15020-2022). <\/p>\n
3.- Con todo, se precisa que la condena que el tutelante purga es \u00fanicamente \u00abpor el cargo de homicidio agravado\u00bb de Augusto Santacoloma, \u00abconcejal quien a trav\u00e9s de su programa radial (\u2026) denunciaba las irregularidades que se daban en el municipio de la Cumbre y debido a su cargo p\u00fablico pod\u00eda informar a las autoridades del conocimiento que ten\u00eda sobre la existencia de un laboratorio de procesamiento de coca\u00edna (\u2026)\u00bb, il\u00edcito que para el momento de los hechos, estaba tipificada en el art\u00edculo 324 del Decreto Ley 100 de 1980 -modificado por el 30 de la Ley 40 de 1993-, que indicaba sobre \u00abel homicidio en circunstancia de agravaci\u00f3n\u00bb, cuando este se efect\u00faa \u00ab(\u2026) en persona que sea o hubiere sido servidor p\u00fablico, periodista, candidato a cargo de elecci\u00f3n popular, dirigente comunitario, sindical, pol\u00edtico o religioso (\u2026)\u00bb, y de la cual conoc\u00edan los Juzgados Penales de Circuito Especializados, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 71 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el canon 5 de la Ley 504 de 1999. (Negrillas Propias). <\/p>\n
En tal virtud, no asiste raz\u00f3n a L\u00f3pez G\u00f3mez cuando asegura que \u00abel delito de Homicidio por el cual se me impuso la condena en virtud del fallo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no es de competencia de la justicia especializada\u00bb. <\/p>\n
4.- Finalmente, la inconformidad del impugnante que sugiere que el Tribunal de Buga \u00abal dosificar la pena me impuso sentencia por tres (3) delitos, aunque efectivamente debi\u00f3 hacerse la dosificaci\u00f3n sobre dos delitos, error judicial que incremento la pena, raz\u00f3n por la cual no puedo cumplir el 70% de la pena que se me exige para acceder a los beneficios establecidos para las personas privadas de la libertad\u00bb, como no hizo parte de los supuestos f\u00e1cticos expresados en el escrito genitor, constituye un hecho nuevo, respecto del cual los convocados no tuvieron \u00aboportunidad\u00bb de defenderse ni controvertir, por lo que ninguna resoluci\u00f3n se adoptar\u00e1 en ese sentido. <\/p>\n
5.- Por estas razones, se avalar\u00e1 el pronunciamiento refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1244-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC1244-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02430-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de diciembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}