STC1245-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1245-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 20 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Cort\u00e9s Su\u00e1rez contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00063. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, tras separarse de Dolores Bola\u00f1os, \u00abfui condenado a pasarle alimentos de la pensi\u00f3n que ostento en Empresas Municipales de Cali [en un 20%]\u00bb, pese a ello, \u00abla Juez S\u00e9ptima de Familia [de Cali], sin mediar demanda o requerimiento judicial que afectara mi pensi\u00f3n en Colpensiones\u00bb, mediante \u00abauto 1528\u00bb del 18 de julio de 2022, dictado en proceso ejecutivo de alimentos, \u00aborden\u00f3 el embargo del 35% de mi mesada recibida de Col pensiones\u00bb, en proceso ejecutivo de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben data 13 de octubre de 2022, [a su ex esposa] le compr\u00e9 los derechos patrimoniales que [en proceso divisorio] el Juzgado 17 Civil del Circuito le otorg\u00f3 irregularmente los cuales ascendieron a la suma de $235.000.000, reunidos como consecuencia de un pr\u00e9stamo en el Banco Popular, y ayuda prestada de familiares\u00bb, raz\u00f3n por la que para cubrir \u00abmis compromisos econ\u00f3micos ineludibles, a la fecha lo que me queda de mi mesada son $698.857, que apenas me alcanzaron para pagar los servicios p\u00fablicos y las dos tarjetas de cr\u00e9dito, qued\u00e1ndome sin dinero para proveerme los alimentos [y por ello], me est\u00e1n condenando a vivir una vida miserable (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que al haber recibido el dinero producto de la referida compraventa, la se\u00f1ora Dolores Bola\u00f1os \u00abno tiene necesidad de reclamar alimentos, tampoco el suscrito tiene capacidad, puesto que estoy en una situaci\u00f3n menesterosa, y la reclamante de los alimentos no tiene parentesco conmigo y tampoco es mi c\u00f3nyuge\u00bb, por lo que, conforme a \u00abreiteradas jurisprudencias (\u2026), la obligaci\u00f3n de proporcionar alimentos no puede atentar contra la subsistencia del alimentador\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda jur\u00eddica, se \u00abordene suspender el embargo de Colpensiones puesto que el mismo atenta con mi supervivencia en condiciones dignas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia, remiti\u00f3 el expediente digital contentivo del litigio cuestionado. <\/p>\n
2. El Juez Diecisiete Civil del Circuito de Cali, inform\u00f3 que ese estrado conoci\u00f3 en segunda instancia del divisorio n\u00b0 2013-00735, profiriendo sentencia revocando la sentencia dictada por el Juzgado 12 Civil Municipal, y en su lugar \u00aborden\u00f3 la venta del bien materia de divisi\u00f3n\u00bb, y que durante el curso procesal el ac\u00e1 quejoso \u00abinterpuso numeras acciones constitucionales y vigilancias administrativas, que dilataron y obstruyeron el tr\u00e1mite legal del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Nicol\u00e1s Javier Vargas Escobar, quien dijo fungir como apoderado judicial de Dolores Bola\u00f1os, solicit\u00f3 \u00abno tutelar ning\u00fan derecho al accionante puesto que nunca se le ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo porque \u00abno se cumple el requisito de subsidiariedad dentro del caso concreto, puesto que [el accionante] est\u00e1 pretendiendo utilizar la tutela como mecanismo principal para satisfacer sus objetivos, ignorando que cuenta con otros mecanismos judiciales id\u00f3neos para acceder a sus pretensiones, como lo es el proceso judicial de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos, adem\u00e1s del procedimiento de levantamiento de embargo establecido en el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, tr\u00e1mites que el accionante debe conocer debido a su condici\u00f3n de abogado, y los cuales, despu\u00e9s de realizar una debida revisi\u00f3n al expediente digital del proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), hasta el momento ni siquiera ha intentado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor para insistir en los argumentos de su demanda, enfatizando que la misma procede mientras tramita la exoneraci\u00f3n de alimentos, lo cual \u00abno ser hab\u00eda hecho por el periodo general de vacaciones en el pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la queja constitucional satisface el requisito general de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante al mantener la obligaci\u00f3n de proporcionar alimentos a su ex c\u00f3nyuge, pese a que ella \u00abno tiene necesidad de reclamar[los]\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Al respecto, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio invocado, comoquiera que no satisface el requisito de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a la existencia de otros medios de defensa judicial para satisfacer la pretensi\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el impedimento de procedibilidad parte de la incuria en que incurri\u00f3 el quejoso al no refutar la imposici\u00f3n del gravamen sobre su pensi\u00f3n o por no haber solicitado la reducci\u00f3n del mismo, en esta oportunidad el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato de la salvaguarda, se circunscribe a la posibilidad que tiene el interesado de intentar la cesaci\u00f3n en el pago de los alimentos tasados a favor de su ex consorte, de cara a la posible variaci\u00f3n de los elementos plausibles para la fijaci\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
En efecto, por cuanto el demandante persigue que en esta senda se establezca la ausencia de \u00abnecesidad\u00bb de la alimentaria porque recientemente recibi\u00f3 de su parte \u00abla suma de $235.000.000\u00bb por concepto del precio de \u00abderechos patrimoniales\u00bb, y del mismo modo, que se declare su carencia de \u00abcapacidad\u00bb para proporcionar la mesada, as\u00ed como la p\u00e9rdida del \u00abv\u00ednculo de parentesco\u00bb que conllev\u00f3 su imposici\u00f3n, prontamente la Corte -como lo hizo el tribunal a-quo-, concluye que el escenario jur\u00eddico para debatir y resolver tales situaciones, no corresponde al de la tutela, sino al breve y sumario que la ley prev\u00e9 para la eventual exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, cuya competencia y tr\u00e1mite se\u00f1alan los art\u00edculos 21-7 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De esta manera, es evidente que el interesado no ha acreditado haber acudido a los pertinentes mecanismos de defensa judicial, cuya aptitud y eficacia no est\u00e1n en entredicho, raz\u00f3n por la cual el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que ello s\u00f3lo se habilita cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual en este asunto no acontece. <\/p>\n
En este orden, el juez del amparo no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, pues recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC14735-2022, 2 nov. 2022, rad. 00981-01). <\/p>\n
Finalmente, frente a la posibilidad de conceder la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se haya esgrimido con suficiencia y menos que se hubiera probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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