STC1247-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1247-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00974-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Adolfo Pitre Corzo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abdeclarar nula la sentencia proferida\u2026 de fecha cinco (5) de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Tom\u00e1s Teher\u00e1n Salgado promovi\u00f3 proceso reivindicatorio contra \u00c1ngel Adolfo Pitre Corzo, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla y luego al hom\u00f3logo Veinticinco -hoy Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad-, el que dict\u00f3 sentencia el 25 de enero de 2019, en la que tuvo por no probadas las excepciones propuestas, declar\u00f3 que le pertenec\u00eda el inmueble al demandante y que el demandado era poseedor de buena fe, orden\u00e1ndole a este \u00faltimo la restituci\u00f3n del bien. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en fallo de 5 de agosto de 2022, la confirm\u00f3 y modific\u00f3 el numeral 3\u00ba de la misma, en el sentido de declarar que le pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto del predio al demandante, ubicado en la Calle 14 # 12-65, consignando las medidas y linderos. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el inmueble aleda\u00f1o que hacia parte del predio proindiviso, se encontraba habitado por otra familia, quienes ve\u00edan embargados sus intereses; que dicho bien ten\u00eda como direcci\u00f3n Calle 14 # 12-65, misma nomenclatura que se invoca para identificar el bien a restituir; y que las personas que ostentaban el referido fundo debieron ser vinculadas al juicio con miras a que hicieran valer sus derechos. <\/p>\n
2.5. Adujo que la historia del bien consignada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla probaba que la direcci\u00f3n anotada en la sentencia no correspond\u00eda al predio objeto de la litis; y que con la \u00abpresunta inducci\u00f3n en error y\/o connivencia de los funcionarios\u00bb de la anotada Oficina de Registro \u00abagentes allegados a la demanda jur\u00eddica, con inter\u00e9s en las resultas del proceso\u00bb, as\u00ed como los de \u00abla Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n\u2026, los mismos intercesores con inter\u00e9s en las resultas del proceso\u00bb, hab\u00edan pretendido \u00abvariar la nomenclatura de acuerdo a sus provechos, pasando por alto, el procedimiento de planimetr\u00eda que indica la ley\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que \u00aben ejercicio de pr\u00e1cticas torciceras, los mencionados agentes con intereses proclives, procuran legitimar la compra del predio\u00bb, en tanto que la venta del mismo no fue realizada por su titular; y que ante las solicitudes elevadas ante dichos entes se produjo un cambio de nomenclatura, apareciendo Calle 14 # 12-65, que no corresponde al bien. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el inmueble no fue desenglobado, pues dicha gesti\u00f3n se declar\u00f3 fraudulenta; que elev\u00f3 petici\u00f3n ante la mencionada Oficina de Registro, pero al no ser resuelta la misma, acudi\u00f3 a una tutela, que le fue concedida el 8 de noviembre de 2022 y le asign\u00f3 al inmueble la direcci\u00f3n que realmente corresponde, esta es, Calle 14 # 12-51. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que la falladora le dio preponderancia al derecho formal sobre el sustancial; que exist\u00eda ambig\u00fcedad sobre el predio a restituir, toda vez que la direcci\u00f3n era de una propiedad diferente; que dicha inexactitud la conoc\u00eda el demandante; y que la identidad del bien era requisito de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que el fallo emitido era ex\u00f3tico; que tra\u00eda a colaci\u00f3n hechos estudiados en diferentes escenarios, sin que fuera temerario, pues pese a que exist\u00edan elementos comunes, tambi\u00e9n se presentaban hechos nuevos, como el fallo de tutela y su cumplimiento; que las vicisitudes que se presentaban daban permanencia a actos de tracto sucesivo; y que no contaba con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Carlos Alberto Ariza Olaya, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Tom\u00e1s Teher\u00e1n Salgado, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que no avizoraba ninguna irregularidad, pues las actuaciones judiciales se encontraban ajustadas al marco legal y constitucional; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna; que la sentencia emitida fue producto del an\u00e1lisis del caso, en especial, de los reparos del apelante y las pruebas recaudadas; que se verific\u00f3 la identificaci\u00f3n y cabida del predio a trav\u00e9s de prueba pericial, la que fue coincidente con las medidas y linderos de la pretensi\u00f3n adquisitiva; que la tutela no era una instancia adicional ni un mecanismo correctivo; y que el accionante interpuso otra tutela por similares supuestos. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, pues el estrado acusado resolvi\u00f3 todas las solicitudes presentadas; que el tr\u00e1mite impartido estaba ajustado a derecho y no se vislumbraba una violaci\u00f3n de la normatividad aplicable; que el accionante pudo contradecir el dictamen conforme con el art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca, experticia en la cual qued\u00f3 plenamente identificado el predio; que no se evidenciaba que existieran terceros con apariencia de buen derecho como poseedores, quienes de ser el caso, contaban con los mecanismos para hacer valer sus prerrogativas, sin que el gestor tuviese la legitimaci\u00f3n para agenciarlos; y que la falladora acusada no incurri\u00f3 en ning\u00fan defecto que haga procedente el amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se consider\u00f3 que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla hubiese tomado los correctivos del caso asign\u00e1ndole la direcci\u00f3n al predio que realmente le correspond\u00eda, esto es, Calle 14 # 12-51; que la vulneraci\u00f3n se presentaba; que se remont\u00f3 a una experticia \u00abpracticada a hurtadillas por la parte accionada\u00bb y de la que no fue notificado en su momento; que s\u00ed exist\u00eda defecto procedimental por no identificar el predio; que era factible un error inducido, en tanto que la parte demandante \u00abtom\u00f3 la iniciativa de lavar la nomenclatura del bien, tal como lo certifica la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de Barranquilla, acomodando la direcci\u00f3n al alcance de sus intereses, y vulnerando con ello, lo atinente al proceso de planimetr\u00eda\u00bb; y que en el proceso reposaban documentos temerarios que daban sustento a una sentencia proclive. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, toda vez que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por el accionante \u00c1ngel Adolfo Pitre Corzo, frente a la sentencia de segundo grado de 5 de agosto de 2022, dictada dentro del juicio reivindicatorio censurado, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad esta Sala, al resolver la tutela primigenia formulada por el gestor, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El desenlace opugnado se respaldar\u00e1 pero por advertirse que la sentencia objeto de censura, en la cual se identific\u00f3 el inmueble materia de la litis, es razonable; adem\u00e1s, el accionante no est\u00e1 legitimado para reivindicar los derechos de eventuales terceros que se vean afectados con la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Revisado el expediente se encuentra que en la audiencia realizada el 5 de agosto de 2022, el aqu\u00ed actor, entre otras cosas, indic\u00f3 que se hab\u00eda realizado una indebida identificaci\u00f3n del predio en cuanto a sus medidas y linderos, por estimar que las medidas del predio hoy en d\u00eda corresponden a 35 metros por el norte, 35 metros por el sur, 9 metros por el este y 9 metros por el oeste. Al respecto la Juez destac\u00f3 que en el proceso se prob\u00f3 que el all\u00e1 demandado acept\u00f3 la posesi\u00f3n del objeto total de la reivindicaci\u00f3n, el cual quedo identificado en el certificado de tradici\u00f3n, la escritura p\u00fablica y el dictamen de perito. Aunque el gestor reiter\u00f3 su inconformidad relacionada con las medidas y linderos de bien, en la misma audiencia la Juez reiter\u00f3 los argumentos iniciales y no accedi\u00f3 a la aclaraci\u00f3n. As\u00ed lo indic\u00f3 (aud. 1:15:0-1:16:59): <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se puede constatar que la determinaci\u00f3n reprochada est\u00e1 soportada en argumentos respetables que impiden descalificarla a trav\u00e9s de este sendero, reservado, como se sabe, para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. Otra cosa es que el censor no est\u00e9 de acuerdo con la hermen\u00e9utica de la falladora, lo que no habilita la injerencia constitucional, pues, como lo tiene dicho la Sala\u2026 <\/p>\n
(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026) (STC6924-2017, reiterada, entre otras, en STC4330-2021). <\/p>\n
Finalmente, como fue anunciado, tampoco es viable conceder el amparo con base en la eventual falta de vinculaci\u00f3n al proceso de terceros que se puedan ver afectados con la sentencia reivindicatoria, comoquiera que \u00fanicamente est\u00e1n facultados para proponer esa queja los directamente agraviados, ya que ser\u00edan los titulares de los derechos fundamentales eventualmente vulnerados. As\u00ed, como el actor no es el due\u00f1o de tales prerrogativas, es evidente su falta de legitimaci\u00f3n para proponer por ellos las cr\u00edticas aludidas (CSJ STC15702-2022, 23 nov. 2022, rad. 2022-00762-01). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, pues se cuestiona el fallo de 5 de agosto de 2022, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, advierte la Corte que la solicitud de amparo tambi\u00e9n est\u00e1 llamada a fracasar comoquiera que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, respecto de las quejas que enfila frente a la sentencia emitida, conforme con lo resuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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