STC1254-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1254-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001- 22-14- 000-2023-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 24 de enero de 2024, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Transportes Transbordar SAS, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, con ocasi\u00f3n del proceso radicado 2022-00275-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 17 de noviembre de 2022, present\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra Canacol Energy Colombia SAS, absorbente de Geoproduction Oil And Gas Company Colombia SAS, Cne Oil & Gas SAS, y Canacol Energy Ltda., y en el ac\u00e1pite de competencia y cuant\u00eda, seleccion\u00f3 la ciudad de Monter\u00eda por ser el lugar de celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos demandados. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda a quien le correspondi\u00f3 por reparto su conocimiento, mediante auto de 25 de noviembre de 2022 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, con fundamento en que el competente es el Juez Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n a que este es el lugar de domicilio del demandado, determinaci\u00f3n contra la que interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, a los que se neg\u00f3 el tr\u00e1mite por improcedentes. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, con esos recursos anex\u00f3 el AC017-2022, emitido por esta Corporaci\u00f3n, en el que se decidi\u00f3 conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda y el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en un proceso entre las mismas partes de radicado 2018-00356-00, a ra\u00edz de la ejecuci\u00f3n de los contratos por los que demanda en este caso, y que solo cambi\u00f3 que en esa oportunidad se formul\u00f3 una responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado mencionado, no aplic\u00f3 el principio de celeridad, est\u00e1 prolongando en el tiempo de manera injustificada el tr\u00e1mite, y desatendi\u00f3 la jurisprudencia relacionada con la competencia para conocer los procesos teniendo en cuenta el lugar de ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado decretar \u00abla nulidad del auto fechado 25 de noviembre de 2022 mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, refiri\u00f3 que como la demanda fue rechazada por falta de competencia territorial, el expediente digital fue enviado el 16 de diciembre de 2022 a reparto ante los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 y en consecuencia, no es competente para tramitar los requerimientos del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, neg\u00f3 el amparo luego de examinar las razones legales y f\u00e1cticas del escrito de tutela, porque si bien la accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia no procede recurso alguno, y mal har\u00eda resolver de fondo, atendiendo que se estar\u00eda anticipando a una decisi\u00f3n de un juez en Bogot\u00e1, quien puede promover el conflicto negativo, y de ser el caso, se usurpar\u00eda la competencia de quien corresponda resolver este. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que no se estudi\u00f3 el asunto, porque mediante AC017-2022, la Corte Suprema de Justicia, hab\u00eda resuelto conflicto negativo de competencia entre las mismas partes y el proceso con radicado 2018-00356-00. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la decisi\u00f3n censurada genera un desgaste judicial innecesario, mayores costos, demora en la soluci\u00f3n del litigio, y aunque el Juzgado Civil del Circuito de Bogot\u00e1 asuma el conocimiento del asunto, eligi\u00f3 los Juzgados Civiles del Circuito de Monter\u00eda para conocer el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Transportes Transbordar SAS, solicit\u00f3 decretar la nulidad del auto de 25 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, mediante el cual rechaz\u00f3 la demanda que present\u00f3 por falta de competencia, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que en este asunto no se satisface el requisito de la subsidiariedad, raz\u00f3n por la que se impone confirmar la decisi\u00f3n atacada. Veamos porque, <\/p>\n
2.1 No es materia de discusi\u00f3n que, mediante esa providencia, el mencionado despacho rechaz\u00f3 de plano la demanda presentada por el accionante en el tr\u00e1mite radicado 2022-00275-00, por falta competencia en atenci\u00f3n al factor territorial y orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n para reparto ante los Jueces Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, tampoco es objeto de debate que contra esa determinaci\u00f3n no proceden recursos de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo que revela esta situaci\u00f3n, es que este tr\u00e1mite constitucional es prematuro, atendiendo que se encuentra pendiente que el \u00f3rgano judicial a quien se reasigne el diligenciamiento en la ciudad a la que fue remitido (Bogot\u00e1), determine si asume el conocimiento del tr\u00e1mite o, formula conflicto negativo de competencia, el cual corresponde resolver al superior funcional com\u00fan a los despachos implicados (STC559-2018). <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras recientemente\u00bb (CSJ, STC4894-2017, STC462-2021, STC15760-2021, STC1186-2022). <\/p>\n
Cabe advertir, no se tiene noticia de que el despacho al que se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n hubiese emitido pronunciamiento, tampoco que ante el superior funcional se dirimiera un eventual conflicto de competencia puntualmente dentro de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Por lo anterior, se impone recordar que en estos casos la Sala ha explicado que, \u00abhasta que no se emita un pronunciamiento al respecto no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal para censurar la postura del estrado que se desprendi\u00f3 del libelo, porque no se cumple el presupuesto de subsidiariedad establecido en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991, debi\u00e9ndose concluir, por tanto, que la queja es presurosa\u00bb (STC559-2018). <\/p>\n
2.2 La situaci\u00f3n descrita pone en evidencia que la postura del despacho accionado no se torna arbitraria o caprichosa de cara al tr\u00e1mite dispuesto, se comparta o no su postura en punto a la competencia, dado que orden\u00f3 lo previsto por el legislador en esos casos, remitir el expediente a quien consider\u00f3 competente. <\/p>\n
Para el efecto, el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que, \u00absiempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n
Se evidencia es que el accionante por intermedio de esta tutela pretende combatir la postura del despacho accionado como si de una segunda instancia se tratara, divergencia que no corresponde dirimir por esta v\u00eda sino ante el juez natural, dado que corresponde a un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
3. Ahora, en lo que refiere a que no se estudi\u00f3 el AC017-2022, en el que esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 conflicto negativo de competencia entre las mismas partes, basta indicar que la misma recurrente adujo que es una decisi\u00f3n proferida en un proceso distinto al que ahora es objeto de tutela (2022-00275), esto es en el tr\u00e1mite \u00ab2018-00356-00\u00bb, y aunque consultada esa providencia, corresponde es al radicado 2021-00210-00, se trata de una tem\u00e1tica que debe ser objeto de resoluci\u00f3n ante el juez natural, funciones que no se pueden usurpar por esta v\u00eda. <\/p>\n
4. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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