STC1256-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1256-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00620-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de enero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Melvin Salamanca Brice\u00f1o contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de esa ciudad y Segundo Civil Municipal de Floridablanca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abrevocar el auto de fecha 15 de julio de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Melvin Salamanca Brice\u00f1o instaur\u00f3 juicio de pertenencia contra indeterminados, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Floridablanca, el que en prove\u00eddo de 20 de enero de 2016 lo admiti\u00f3; y posteriormente, en auto de 15 de julio de 2022 tuvo por desistida t\u00e1citamente la actuaci\u00f3n y dispuso el archivo del expediente. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, en providencia de 14 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la decisi\u00f3n emitida por el estrado municipal criticado se fund\u00f3 en la inactividad de la parte demandante, sin tener en cuenta que conforme con el art\u00edculo 42.1 del C\u00f3digo General del Proceso era deber del juez, entre otros, velar por la r\u00e1pida soluci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que dichos deberes no fueron acatados por el fallador, pues \u00e9l s\u00ed hab\u00eda estado dispuesto frente a los requerimientos efectuados, pero por la inactividad de aquel se declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.5. Adujo que siempre hab\u00eda vigilado el proceso; que por no saturar la actuaci\u00f3n con memoriales, estaba a la espera de un pronunciamiento, pues la \u00faltima etapa le correspond\u00eda impulsarla al despacho. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que en auto de 14 de octubre de 2022 confirm\u00f3 la providencia que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras refiri\u00f3 que desde su competencia funcional se hab\u00eda limitado a resolver los requerimientos elevados por el despacho en el tr\u00e1mite del proceso, sin que obre manifestaci\u00f3n del accionante sobre acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa entidad; y que las determinaciones criticadas no se encontraban relacionadas dentro del marco de sus competencias, ni ten\u00eda injerencia en las mismas, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que los estrados acusados no conculcaron las garant\u00edas fundamentales del accionante, pues las decisiones emitidas no se apartaban de las preceptivas legales y las circunstancias f\u00e1cticas que rodeaban el evento sometido a su definici\u00f3n, en tanto que se soportaron en criterios razonables y se cimentaron en normas que regulaban las cuestiones analizadas, descart\u00e1ndose que fuesen arbitrarias, caprichosas o subjetivas; que los estrados convocados verificaron el cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; que las consideraciones sentadas en las providencias criticadas eran acertadas, ya que los pedimentos que elev\u00f3 el 25 de marzo de 2021 y el 14 de junio de 2022 adolec\u00edan de argumentaci\u00f3n y connotaci\u00f3n necesarias para que la actuaci\u00f3n adjetiva continuara; que como se recababa en dichos prove\u00eddos, al tiempo de formulaci\u00f3n de las solicitudes, la demandante no hab\u00eda satisfecho ciertas cargas que le incumb\u00edan como la aportaci\u00f3n de documentos indicados, lo que no le era atribuible al despacho como deber; que incluso al arrimarse el segundo escrito, el plazo del a\u00f1o ya estaba estructurado, por lo que no era dable hablar de una interrupci\u00f3n del mismo, como a buen juicio lo se\u00f1alo el ad-quem; y que el juez de tutela no pod\u00eda invadir la \u00f3rbita del natural, puesto que no se quebrantaban los derechos esenciales ni se evidenciaba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de 14 de octubre de 2022 consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se encuentra que la a quo decidi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por encontrarse el expediente durante un a\u00f1o sin tr\u00e1mite alguno, al socaire de lo dispuesto en el inciso primero del numeral segundo del art\u00edculo 317 del C.G.P. <\/p>\n
A voces del art. 317 del C. G. del P., es posible decretar la terminaci\u00f3n de un proceso, por desistimiento t\u00e1cito, en dos hip\u00f3tesis\u2026 <\/p>\n
En el presente caso, el expediente estuvo inactivo desde el d\u00eda 25 de marzo de 2021, fecha en la cual solicit\u00f3 la parte actora impulso procesal hasta el 14 de junio de 2022, calenda en la cual se reiter\u00f3 la solicitud en comento, por lo que se advierte que durante un a\u00f1o el expediente mantuvo total inactividad, sin interrupci\u00f3n de ning\u00fan tipo, sin que sea un argumento aceptable que la inactividad o mora fue del juzgado, toda vez que la norma no hace distinci\u00f3n alguna frente al punto. <\/p>\n
En un evento similar, nuestro honorable Tribunal Superior de la ciudad, frente al punto indic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, tal como lo indic\u00f3 la juez de primer grado, el memorial presentado el 14 de junio de 2022 no tiene la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino de que trata el pluricitado canon 317, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que el mismo ya se encontraba fenecido cuando se radic\u00f3 el memorial en comento, adem\u00e1s que dicho escrito no hace relaci\u00f3n a un acto procesal espec\u00edfico que impulsara le proceso, sino que se limita a exigir del juez de conocimiento un \u201cimpulso procesal\u201d pero sin indicar de forma clara y concreta cual era el acto procesal correspondiente que a su sentir, el juzgado estaba en mora de cumplir. <\/p>\n
Ya nuestro honorable Tribunal se ha pronunciado en eventos similares en los siguientes t\u00e9rminos\u2026 <\/p>\n
Tambi\u00e9n la doctrina se ha ocupado del asunto en los siguientes t\u00e9rminos\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, el recurrente fundamenta su solicitud de revocatoria trayendo apartes de providencia emanada de la Corte Suprema de Justicia STC11191- 2020. <\/p>\n
La providencia en comento emana de sede de tutela y guarda relaci\u00f3n con los actos que en efecto tienen la vocaci\u00f3n de interrumpir el tiempo que ha transcurrido para que se puede decretar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito; sin embargo, habr\u00e1 de recordarse que en las presentes diligencias no existi\u00f3 un acto que interrumpiera el t\u00e9rmino de un a\u00f1o de que trata el canon 317 ib\u00edd., por lo que no resulta necesario analizar la naturaleza de la solicitud presentada el 14 de junio de 2022 pues para dicha calenda ya se encontraba consolidado el plazo luego, no se puede interrumpir aquello que ya se consolid\u00f3. <\/p>\n
Corolario de lo brevemente esbozado, la decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 confirmada integramente\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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