STC1259-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC1259-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00292-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cl\u00ednica Jaller SAS contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abordenar al Tribunal\u2026 dejar sin efecto la decisi\u00f3n de fecha 30-11-2022 y en su lugar confirmar el auto de 28 de julio de 2022\u2026 mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Cl\u00ednica Jaller SAS promovi\u00f3 juicio verbal contra Axa Colpatria Seguros SA, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, el que en auto de 18 de agosto de 2021 admiti\u00f3 la demanda; y el 28 de julio de 2022 la tuvo por no contestada. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia de esa ciudad en prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2022 la revoc\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que la demandada remiti\u00f3 poder e inform\u00f3 que su direcci\u00f3n electr\u00f3nica era operez@ompabogados.com, la que correspond\u00eda a la informada en la Unidad de Registro Nacional de Abogados; que el 29 de octubre de 2021 le fue copiado a su correo la contestaci\u00f3n de la demanda, enviada desde aniebles@ompabogados.com, el cual no fue el canal digital elegido para los fines del proceso conforme con el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que le pidi\u00f3 al juzgador que tuviera por no contestada la demanda, petici\u00f3n que reiter\u00f3 en junio de 2022, por lo que el estrado del circuito accedi\u00f3 a la misma; que el 3 de agosto siguiente se radic\u00f3 desde el correo registrado recurso de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que se mantuvo la decisi\u00f3n y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Tribunal consider\u00f3 que rechazar la demanda por no remitirla desde el correo de la apoderada constitu\u00eda no solo un exceso ritual manifiesto, sino una clara violaci\u00f3n del acceso a la justicia, protegido en la Constituci\u00f3n y la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humaos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la mencionada Convenci\u00f3n no era aplicable a las personas jur\u00eddicas; que no exist\u00eda un exceso ritual manifiesto, en tanto que al no provenir la contestaci\u00f3n del correo informado no hab\u00eda seguridad jur\u00eddica de quien generaba el mensaje, por lo que no se le pod\u00eda dar cr\u00e9dito a dicho escrito, pues cualquier persona presentar\u00eda memoriales en nombre del apoderado y se tendr\u00edan que resolver. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que no se vulner\u00f3 el acceso a la justicia, puesto que la demandada fue notificada y design\u00f3 apoderada, pero esta no se sujeto a los procedimientos establecidos, lo que trajo la falta de certeza en el origen de los datos, mas cuando proven\u00eda de un correo de un abogado que no estaba reconocido en el juicio, no contaba con poder ni con sustituci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que no se configuraba un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sino que se proteg\u00edan las \u00abintervenciones ilegitimas e intrusas\u00bb; y que se generaba confusi\u00f3n procesal cuando actuaban simultaneamente m\u00e1s abogados, sin que ello fuera posible de acuerdo con el art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que se desconocieron normas procesales de obligatorio cumplimiento, entre estas, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso sobre cambio de direcci\u00f3n y el Decreto 806 de 2020; que se desatendieron las normas de orden p\u00fablico y las formalidades previstas para el desarrollo del proceso; y que se afect\u00f3 la expectativa razonable de la consecuencia de los actos propios y ajenos, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada sigui\u00f3 los lineamientos constitucionales, procesales, sustanciales y legales, sin que se advirtiera vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las partes ni de los terceros con inter\u00e9s en el asunto; que se respetaron las etapas procesales y se resolvi\u00f3 el asunto con fundamento en las normas aplicables al caso concreto, por lo que deprecaba se denegara la concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que los hechos de la tutela se encaminaban a un pronunciamiento del superior, al que deb\u00eda obedecer; que no hab\u00eda vulnerado los derechos fundamentales invocados; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. Axa Colpatria Seguros SA adujo que la accionante pretend\u00eda revivir t\u00e9rminos porque la decisi\u00f3n fue desfavorable a sus intereses; que no se hab\u00eda denegado el acceso a la justicia; que se advert\u00eda una conducta temeraria y de poca lealtad procesal, puesto que la actora present\u00f3 en distintos despachos la misma solicitud de tener por no contestada la demanda alegando que no fue remitida desde los correos inscritos de los apoderados; que cumpli\u00f3 a cabalidad la norma y envi\u00f3 copia de todos los memoriales a su contraparte; que el estrado del circuito admiti\u00f3 que el dominio del correo por el que se remiti\u00f3 la contestaci\u00f3n y el que fue registrado eran de la misma firma de abogados; que revocar la decisi\u00f3n del Tribunal criticado afectar\u00eda sus derechos de defensa y debido proceso; y que la gestora deb\u00eda dar cumplimiento a las normas sustanciales y a las decisiones emitidas por los despachos judiciales. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 30 de noviembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es evidente que el auto censurado debe ser revocado, por cuanto rechazar la contestaci\u00f3n de la demanda por no haber sido remitida desde el correo de la apoderada, constituye no solo un exceso ritual manifiesto, sino, adem\u00e1s, se erige como una clara violaci\u00f3n al derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia protegido por la constituci\u00f3n Nacional y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 1969. <\/p>\n
En efecto, ni el C\u00f3digo General del Proceso, ni el otrora decreto 806 de 2020, ni la actual y vigente ley 2213 de 2022, han previsto la sanci\u00f3n de tener por no contestada la demanda por haberse remitido de un correo diferente al aportado por la parte. Simplemente se ha indicado que las notificaciones se seguir\u00edan surtiendo v\u00e1lidamente al correo inicialmente aportado. Por ello, darle un alcance y de contera una sanci\u00f3n procesal con tan vastas repercusiones, respecto al derecho de defensa, es por lo menos, insostenible desde la perspectiva del derecho sustancial. <\/p>\n
Por ello, que la interpretaci\u00f3n de las normas que conllevan sanciones procesales, es de car\u00e1cter restrictiva o taxativa, como quiera que afecten la tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed dispone de anta\u00f1o la Ley 153 de 1887, y comprende tanto la justicia ordinaria, como constitucional, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEl principio de primac\u00eda de los derechos (C.P. art. 5) le indica al operador del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que mejor consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico. Por eso, por ejemplo, las normas que imponen sanciones o que establecen l\u00edmites a los derechos son de interpretaci\u00f3n restrictiva. Las reglas que el int\u00e9rprete pretenda derivar de una disposici\u00f3n jur\u00eddica, al margen de este principio hermen\u00e9utico, carecer\u00e1n de todo valor jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
Por lo expuesto, no puede el juez, de forma caprichosa, acudir a presupuestos que no se encuentran listados en el C\u00f3digo General del Proceso o en norma especial (ley 2213 de 2022) para tener por no contestada la demanda, cuando dicha sanci\u00f3n no la estableci\u00f3 taxativamente el legislador\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en el prove\u00eddo censurado; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1259-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC1259-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00292-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cl\u00ednica Jaller SAS contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70673"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70673\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}