STC1263-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1263-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00425-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Nubia Ospina Pe\u00f1a promovi\u00f3 contra los Juzgados Tercero, Sexto y S\u00e9ptimo Civiles Municipales y Cuarto Civil del Circuito, todos de Ibagu\u00e9, Tolima, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades accionadas, en el proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que en su contra promovieron Arbey M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n M\u00e9ndez. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que se ordene al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 que \u00abanule la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb; al Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad, que \u00abanule el mandamiento de pago y la sentencia de 25 de mayo de 2012\u00bb; al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma Urbe \u00abanul[ar] la sentencia de segunda instancia (\u2026) y la diligencia de secuestro\u00bb y; al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma localidad que \u00abanul[e] el aval\u00fao del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La demanda con que inici\u00f3 el referido proceso se fundament\u00f3 en una letra de cambio por capital y ocho por intereses, y fue inicialmente asignada al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 bajo el radicado 2011-00364-00, donde previa inadmisi\u00f3n, fue rechazada el 3 de agosto de 2011, posteriormente fue presentada nuevamente, pero llen\u00e1ndose el espacio de la fecha de vencimiento de las letras de cambio, y correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad, asign\u00e1ndosele el consecutivo 2011-00531, donde se libr\u00f3 mandamiento de pago el 22 de septiembre de 2011 y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 25 de mayo de 2012, fallo \u00e9ste apelado y modificado el 18 de diciembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, para declarar probada la excepci\u00f3n de reducci\u00f3n de intereses y pago parcial. <\/p>\n
2.2. Afirma la gestora que en los fallos no se tuvo en cuenta que la obligaci\u00f3n ejecutada estaba prescrita, que los t\u00edtulos base del cobro carec\u00edan de carta de instrucciones para su diligenciamiento, y que en los datos all\u00ed plasmados hab\u00eda enmendaduras e inconsistencias; que posteriormente hubo irregularidades en el secuestro y aval\u00fao del inmueble objeto de garant\u00eda, en la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado y en la programaci\u00f3n de la diligencia de remate, todo con posible prevaricato por parte de los funcionarios judiciales que han tramitado el decurso. <\/p>\n
2.3. Debido a que la accionante recus\u00f3 al Juez Sexto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, el asunto fue remitido al Juzgado S\u00e9ptimo de la misma especialidad y ciudad, que avoc\u00f3 el conocimiento el 1\u00ba de julio de 2020, a quien aquella le solicit\u00f3 la declaratoria de la prescripci\u00f3n por haber transcurrido m\u00e1s de 10 a\u00f1os desde su suscripci\u00f3n, a lo cual no accedi\u00f3 el juzgador el 31 de mayo de 2020, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida, y al negarse la alzada, elev\u00f3 reposici\u00f3n con queja en subsidio, mecanismo \u00e9ste que se encuentra en tr\u00e1mite ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que est\u00e1 en curso el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 3 de octubre de 2022, con que se orden\u00f3 avaluar el inmueble y que el 19 de octubre siguiente el estrado cognoscente le neg\u00f3 la solicitud de levantar el registro de la medida cautelar de embargo sobre el bien objeto de garant\u00eda, fundada en el art\u00edculo 64 de la Ley 1579 de 2012, porque ya tiene m\u00e1s de 10 a\u00f1os de inscrita. <\/p>\n
2.5. La promotora cuestiona, puntualmente, que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 no haya rechazado la demanda, pese a que la acci\u00f3n para el cobro de las letras de cambio estaba prescrita; que el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad tampoco haya procedido de esa manera, ni haya accedido a la solicitud de decretar prueba grafol\u00f3gica, omisi\u00f3n \u00e9sta en la que tambi\u00e9n incurri\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad, quien adem\u00e1s, al dictar sentencia de segunda instancia, no sopes\u00f3 la anomal\u00edas en las declaraciones de parte de Arbey M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n Bravo; que el secuestre \u00abnunca fue nombrado y posesionado\u00bb, lo que vicia esa diligencia y; que el perito avaluador no cumple con los requisitos legales, adem\u00e1s de que no se ha accedido a la solicitud de terminar el proceso, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 de la Ley 1579 de 2012, pese a que la medida cautelar lleva m\u00e1s de 10 a\u00f1os inscrita. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 las actuaciones que ha desplegado dentro del proceso cuestionado y puntualiz\u00f3 que, debido a que el secuestre all\u00ed designado fue excluido de la lista de auxiliares de la justicia, el bien cautelado orden\u00f3 en auto de 31 de mayo de 2022 entregar el bien a un nuevo secuestre, lo cual no ha sido posible debido a m\u00faltiples recursos interpuestos por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad se\u00f1al\u00f3 que las quejas elevadas por la gestora deben ser expuestas ante los juzgados que ahora conocen del decurso cuestionado. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma localidad hizo un recuento de las principales actuaciones surtidas dentro del juicio reprochado, de las que resalt\u00f3 el \u00absin n\u00famero\u00bb de recursos, incidentes, solicitudes, vigilancias, tutelas etc.., que ha elevado la gestora, a las que se les dio el curso legal, hasta que por impedimento legal el expediente fue remitido al conocimiento de su hom\u00f3logo S\u00e9ptimo de la misma especialidad y ciudad. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de urbe indic\u00f3 que como juez de segunda instancia ha conocido del proceso cuestionado en once ocasiones, y solo tiene pendiente de resolver un recurso de queja. <\/p>\n
5. El curador ad litem designado para representar a Arbey M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n M\u00e9ndez manifest\u00f3 que la solicitud de amparo incumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, sin que se configure excepci\u00f3n alguna para soslayarlo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la inmediatez, respecto de todas las decisiones y actuaciones cuestionadas en el escrito de tutela, salvo el auto de 31 de mayo de 2022, con que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 declarar prescrita la acci\u00f3n del cobro adelantado, decisi\u00f3n respecto de la cual est\u00e1 pendiente de pronunciamiento el recurso de queja interpuesto contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 su apelaci\u00f3n, incumpli\u00e9ndose el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, sin que obre prueba alguna de la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, espec\u00edficamente porque dentro del proceso cuestionado no se decret\u00f3 la prueba grafol\u00f3gica y porque s\u00ed existe un perjuicio irremediable, ya que es una persona de 84 a\u00f1os de edad que se le va a afectar el derecho a una vivienda digna, lo que la releva de cumplir con el requisito de la inmediatez de la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnaci\u00f3n, se verifica que lo cuestionado por la actora, en esencia, es que se le haya negado la protecci\u00f3n por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, frente a lo cual, de entrada, advierte la Sala que lo decidido al respecto en primera instancia amerita ser confirmado, por no evidenciarse un motivo v\u00e1lido para soslayar la aplicaci\u00f3n del anotado requisito de procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
En efecto, el a quo constitucional neg\u00f3 el amparo de toda decisi\u00f3n de las autoridades accionadas calendada antes de 2 de mayo de 2022, incluida la de la negativa a decretar el peritaje grafol\u00f3gico, porque fueron emitidas m\u00e1s de 6 meses antes de presentada la tutela el 2 de noviembre siguiente, encontrando que incluso hab\u00eda prove\u00eddos proferidos hace m\u00e1s de 11 a\u00f1os, frente a lo cual, constata la Sala, que est\u00e1 superado ampliamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alguna situaci\u00f3n que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Se enfatiza que ninguna justificaci\u00f3n expuso la gestora para la demora en acudir al presente mecanismo, diferente de sostener en su impugnaci\u00f3n que se le causar\u00eda un perjuicio irremediable porque quedar\u00eda en entredicho su derecho a una vivienda digna y porque es una persona de la tercera edad, sin embargo, lo primero, tal como se extrae de lo antes considerado, ser\u00eda resultado de decisiones judiciales que por el paso del tiempo quedan excluidas de revisi\u00f3n tutelar, sin que su fundamento se vea en modo alguno desdibujado con lo alegado en este escenario, y lo segundo, no es argumento suficiente para soslayar al requisito de procedibilidad del amparo en comento, pues, como lo ha reiterado la Sala, <\/p>\n
si bien es cierto que la gestora del amparo es una persona de la tercera edad, este hecho, en s\u00ed mismo, no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, pues desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto,1 pues se evidencia que el anhelo de la impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar la providencia que le desfavoreci\u00f3 (STC075-2023). <\/p>\n
Es as\u00ed como lo buscado por la actora con la tutela es que se revisen todas las decisiones judiciales tomadas dentro del proceso seguido en su contra, con la finalidad de anteponer su propio criterio frente a las mismas, pese a que la mayor\u00eda fueron emitidas desde hace larga data, lo que abiertamente incumple requisitos para la procedencia del mecanismo tutelar, el cual, se enfatiza, no esta instituido como una tercera instancia, y menos a\u00fan contra situaciones ya consolidadas por el paso del tiempo. <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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