STC1271-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1271-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00382-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Ra\u00fal Zapata Ruiz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, despacho de la Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela radicado n\u00ba 2022-01116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone que, el 17 de noviembre de 2022 radic\u00f3 ante la Sala tutelada solicitud de entrega de copias del expediente digital de la acci\u00f3n de tutela \u2013 de primera y segunda instancia \u2013 radicado n\u00ba 2022-01116-02 (que promovi\u00f3 contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Catorce Laboral de esa ciudad y otros) y en la que se profiri\u00f3 la sentencia STP15167-2022; sin embargo, cuestiona que, hasta la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo \u00abla accionada no ha dado ninguna contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se ordene a la demandada \u00ab(\u2026) la entrega de la copia completa del expediente que incluya todas las actuaciones tanto de primera y segunda instancia, acorde a los lineamientos jurisprudenciales del derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que el expediente al que alude el accionante corresponde a la acci\u00f3n de tutela que aqu\u00e9l interpuso contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado 14 Laboral de esa ciudad, la cual, esa Sala Especializada conoci\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n y en la que resolvi\u00f3 confirmar la negativa de la salvaguarda. Respecto al derecho de petici\u00f3n cuya respuesta reclama el actor, indic\u00f3 que, el 11 de enero de 2023, \u00abmediante oficio n\u00ba 15 se procedi\u00f3 a dar respuesta adjuntando copia completa del expediente solicitado al correo electr\u00f3nico [suministrado]\u00bb. <\/p>\n
2. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto, en lo que tiene que ver con sus funciones, no vulneraron derecho alguno del accionante. <\/p>\n
3. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral relacion\u00f3 que, mediante sentencia STL11956-2022 de 24 de agosto de 2022 neg\u00f3 el amparo deprecado por Zapata Ruiz contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn tras concluir que, la decisi\u00f3n adoptada por esa colegiatura en el juicio en cuesti\u00f3n \u00abno incurri\u00f3 en los errores que el accionante le endilg\u00f3 [\u2026] dado que fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en argumentos razonables, que no pueden considerarse lesivos de garant\u00edas superiores\u00bb. <\/p>\n
4. La asesora jur\u00eddica del Ministerio del Trabajo y el apoderado especial de la Nueva EPS, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite tutelar en la medida en que, frente a la pretensi\u00f3n formulada por el actor, carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala accionada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental denunciada por no responder la petici\u00f3n elevada por el quejoso el 17 de noviembre de 2022, dirigida a obtener copias del expediente de la acci\u00f3n de tutela radicado n\u00ba 2022-01116. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si el requerimiento concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La Sala desestimar\u00e1 el resguardo por cuanto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha indicado que las peticiones relacionadas con la reproducci\u00f3n de un expediente o expedici\u00f3n de copias de providencias, contestaciones o pruebas que hagan parte del plenario, se entienden igualmente ligadas a la actuaci\u00f3n judicial y, por lo tanto, se aviene improcedente equipararlas con la prerrogativa del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y los t\u00e9rminos perentorios del art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015; sobre el particular esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00abAtendido los anteriores lineamientos jur\u00eddicos, la Sala advierte que las solicitudes elevadas por la parte actora dentro de proceso constitucional adelantado ante el juzgado accionado se circunscribe al \u00e1mbito jurisdiccional, por corresponder a un procedimiento legalmente regulado, incluso lo relacionado con la expedici\u00f3n de copias simples de las providencias judiciales, toda vez que el art\u00edculo 114 de la Ley 1564 de 2012 \u2013 C\u00f3digo General del Proceso – regula el proceso de expedici\u00f3n de copias en la actuaci\u00f3n judicial \u2013 aplicable al caso por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 -, y, por tanto, deben dejarse de lado las previsiones que regulan el derecho fundamental de petici\u00f3n (Ley 1755 de 2015)\u00bb (CSJ STP5032-2019, 23 abr. 2019, rad. 103521) Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Y en otra oportunidad, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no son de recibo las pretensiones del actor tendientes a que se ordene a las autoridades criticadas darle respuesta de fondo a los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb que dice les inco\u00f3 con el fin de obtener certificaci\u00f3n de ejecutoria y copia de las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite fustigado, comoquiera que tales solicitudes deb\u00edan ventilarse en su propio \u00e1mbito, es decir, en el rito correspondiente y bajo las pautas previstas para el efecto en el ordenamiento adjetivo\u00bb (CSJ STC074-2019). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, al respecto ha explicado: <\/p>\n
\u00abEn lo que se refiere espec\u00edficamente a las condiciones para acceder a las copias ante una autoridad jurisdiccional, deben distinguirse dos situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petici\u00f3n se requieren asuntos que est\u00e1n vinculados de manera estricta a la funci\u00f3n judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de car\u00e1cter meramente administrativo. En el primer evento estas solicitudes encuentran sus l\u00edmites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentaci\u00f3n de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los t\u00e9rminos y dem\u00e1s formalidades aplicables al proceso. No obstante, se debe aclarar, cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, \u00e9stas deben ser examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petici\u00f3n tendr\u00e1 un v\u00ednculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En el segundo evento, cuando la solicitud versa sobre asuntos de \u00edndole administrativa, ha sido claro para esta corporaci\u00f3n que los par\u00e1metros que deben guiar su tr\u00e1mite son los establecidos en las disposiciones del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u00bb (CC T-920\/08). <\/p>\n
En definitiva, no se advierte afectaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal demandada, por lo menos, en cuanto a la exigencia del perentorio cumplimiento de los plazos establecidos en la regulaci\u00f3n precitada \u2013 Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, la secretar\u00eda de la Hom\u00f3loga Penal al contestar al traslado de la presente demanda inform\u00f3 que, con oficio n\u00ba 15 de 11 de enero de 2023 le dio contestaci\u00f3n al pedimento del actor, adjuntando al mismo el link de acceso al expediente digital de la tutela 2022-01116-02 que conoci\u00f3 esa Sala en sede impugnaci\u00f3n, y cuya ponencia correspondi\u00f3 al despacho de la Magistrada \u00c1vila Rold\u00e1n. <\/p>\n
Es decir, lo anterior revela que, el motivo que provoc\u00f3 la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ha cesado en el curso de esta actuaci\u00f3n, al acreditarse por parte de la accionada que la petici\u00f3n del quejoso fue finalmente atendida, configur\u00e1ndose as\u00ed la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo la s\u00faplica su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia torn\u00e1ndose improcedente e inane cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse al respecto, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por no existir agravio actual del derecho fundamental invocado, de acuerdo a lo decantado en estas diligencias, se negar\u00e1 la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el amparo porque resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, y sin perjuicio de ello, al constatarse que se accedi\u00f3 a la solicitud en los t\u00e9rminos requeridos por el tutelante, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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