STC1275-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1275-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00443-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Franco Criollo Jim\u00e9nez, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, extensiva a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho con radicado 2021-0490. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Blanca Nubia Hern\u00e1ndez Lozano instaur\u00f3 demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho en contra del aqu\u00ed gestor, Franco Criollo Jim\u00e9nez. <\/p>\n
2.2. El 13 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite bajo el radicado 2021-00490. <\/p>\n
2.3. El demandado -y ahora actor- contest\u00f3 la demanda y aport\u00f3 la relaci\u00f3n de activos y pasivos1, y pidi\u00f3, apoyado en ella, que se ordenarse a la promotora a pagar \u00abla parte correspondiente a la diferencia entre los activos y pasivos en partes iguales\u00bb. <\/p>\n
2.4. En audiencia llevada a t\u00e9rmino el 29 de junio de 2022, el fallador cognoscente aprob\u00f3 algunas partidas relacionadas con los activos de la comunidad de bienes y rechaz\u00f3, de plano, \u00ablos pasivos contenidos en las certificaciones del banco ITAU, DAVIVIENDA, FALABELLA y el fondo de empleados Gecolsa\u00bb, ya que no se presentaron documentos que los soportaran, que prestaran m\u00e9rito ejecutivo, como, tambi\u00e9n, porque los certificados adjuntados no estaban actualizados. En la misma jornada, dispuso que le dar\u00eda tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n formulada por la impulsora respecto del cr\u00e9dito hipotecario. Dichas determinaciones no fueron objeto de recurso por ninguno de los intervinientes. <\/p>\n
2.5. El 10 de octubre ulterior, el demandado aport\u00f3 una serie de certificados, relacionados con los cr\u00e9ditos que ten\u00eda con las entidades financieras referidas y con el fondo de empleados Gecolsa. <\/p>\n
2.6. El 26 de octubre postrero se llev\u00f3 a cabo la diligencia prevista en la regla 3\u00aa del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso. All\u00ed, se desestim\u00f3 una solicitud de nulidad que en relaci\u00f3n con los pronunciamientos de 29 de junio anterior formul\u00f3 el extremo demandado, que vino fundada en la causal 5\u00aa del art\u00edculo 133 del ordenamiento adjetivo ib\u00eddem, y que se estructur\u00f3, seg\u00fan el peticionario, al haberse rechazado la relaci\u00f3n de deudas por \u00e9l presentada en la audiencia de 29 de junio anterior. Adem\u00e1s, se aprobaron los pasivos de la sociedad patrimonial y se decret\u00f3 la partici\u00f3n de la misma. Tales resoluciones fueron recurridas por el extremo demandado. <\/p>\n
2.7. El 19 de diciembre de 2022, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga ratific\u00f3 la decisi\u00f3n alusiva a la improsperidad de la petici\u00f3n de invalidez y tom\u00f3 otras determinaciones. <\/p>\n
3. Para el impulsor, los pronunciamientos dictados por los juzgadores accionados comportaron la violaci\u00f3n injustificada de sus garant\u00edas. Dice, resumidamente, que las determinaciones alusivas a rechazar de plano la relaci\u00f3n de pasivos son ilegales, en tanto ninguna norma les autorizaba para proceder de esa forma, sino, por el contrario, lo procedente era que se siguiera el procedimiento previsto en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, seg\u00fan el promotor, impon\u00eda que \u00ablos pasivos objetados en audiencia que no consten en t\u00edtulo que preste m[\u00e9]rito ejecutivo se resolver\u00e1n en la forma indicada en el numeral 3 y el numeral 3 dice de manera clara que el juez suspender\u00e1 la audiencia y solicitar[\u00e1] la pr\u00e1ctica de pruebas para la audiencia siguiente\u00bb. <\/p>\n
4. Del escrito introductorio se extrae que el impulsor persigue que se dejen sin efectos los pronunciamientos por los cuales se desestim\u00f3 la solicitud de nulidad que invoc\u00f3 dentro del juicio criticado; as\u00ed como que, adem\u00e1s, se incluyan, dentro del haber de la sociedad patrimonial de hecho, las deudas contra\u00eddas con Falabella, Banco Ita\u00fa, Davivienda S.A. y el Fondo de Empleados Gecolsa. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Colegiatura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en especial, en cuanto ata\u00f1\u00eda a la confirmaci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la nulidad invocada por el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor aspira a que se dejen sin efectos los autos por los cuales se desestim\u00f3 la solicitud de nulidad que invoc\u00f3 dentro del juicio criticado; as\u00ed como que, adem\u00e1s, se incluyan, dentro del haber de la sociedad patrimonial de hecho, las deudas contra\u00eddas con Falabella, Banco Ita\u00fa, Davivienda S.A. y el Fondo de Empleados Gecolsa. <\/p>\n
2. Frente a lo primero, ha de advertirse que esta Sala centrar\u00e1 su atenci\u00f3n en la determinaci\u00f3n de 19 de diciembre pasado, emanada de la Sala Civil-Familia del Tribunal accionado, porque fue a trav\u00e9s de ella que se zanj\u00f3 definitivamente la cuesti\u00f3n alusiva a la nulidad propuesta por el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
En dicho prove\u00eddo, el Colegiado en menci\u00f3n razon\u00f3: <\/p>\n
Decretadas las pruebas -en relaci\u00f3n con las objeciones admitidas aquel 29 de junio de 2022- y, dando cumplimiento a lo se\u00f1alado en el numeral 3 del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso, la juez a quo suspendi\u00f3 la diligencia para continuar con la pr\u00e1ctica de las pruebas el 26 de octubre siguiente, acto en el cual la parte propuso nulidad, para cuestionar el rechazo anterior de los referidos pasivos. Aduce que se le priv\u00f3 de la oportunidad para presentar pruebas. <\/p>\n
Como bien lo consider\u00f3 la juez a quo, la referida solicitud de nulidad no pod\u00eda ser atendida, puesto que la misma no fue invocada en el acto audiencial del 29 de junio de 2022 en el que supuestamente se configur\u00f3 el yerro procesal y, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 136 ejusdem, [l]a nulidad se considerar\u00e1 saneada \u2026 Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla. <\/p>\n
Sobre este punto, el extremo demandado manifiesta que la juez del asunto incurri\u00f3 en la causal de nulidad consagrada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pro cuanto omiti\u00f3 la oportunidad para solicitar, practicar y decretar las pruebas; no obstante, esta irregularidad solo se plante\u00f3 en la continuaci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos el 26 de octubre de 2022; de igual modo, se advierte que contra la decisi\u00f3n de rechazar de plano esos pasivos no se presentaron los recursos procedentes, con lo cual se convalid\u00f3 la irregularidad conforme lo precisa el citado art\u00edculo 136 ib\u00eddem. <\/p>\n
A lo trasuntado, agreg\u00f3: <\/p>\n
Es preciso anotar que, en el caso bajo estudio, la autoridad judicial cuestionada no pretermiti\u00f3 la etapa probatoria, dado que su decisi\u00f3n se circunscribi\u00f3 a rechazar los pasivos presentados por el convocado en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, al estimar que las obligaciones relacionadas no estaban soportadas por los respectivos t\u00edtulos ejecutivos; en consecuencia, independientemente de que la sala comparta o no esta postura, no p[uede] concluirse que con esta decisi\u00f3n se omiti\u00f3 la oportunidad para solicitar, practicar y decretar las pruebas consagradas en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del proceso para el tr\u00e1mite de las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, cuando es claro que la juez a quo concluy\u00f3 que los cr\u00e9ditos no estaban debidamente respaldados y, desde este contexto los rechaz\u00f3; es decir, se abstuvo de considerarlos para efectos de determinar si los mismos eran sociales. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal atacado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a deducir que la solicitud de nulidad, invocada por el mandatario judicial del ahora accionante, carec\u00eda de cualquier viso de prosperidad, por cuanto estaba saneada y, adem\u00e1s, porque los hechos que le sirvieron de base no encajaban dentro de la causal de invalidez prevista en el numeral quinto del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tales conclusiones, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente contrarias a la realidad probatoria y procesal que refleja el expediente contentivo del proceso cuestionado y tampoco lucen manifiestamente ayunas de fundamento ni alejadas del orden jur\u00eddico, en tanto se sustentaron en una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad aplicable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub lite se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Tribunal accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden2. <\/p>\n
3. Igual suerte corre el reproche enfilado en contra de lo dictaminado por la juez a quo en la audiencia de 29 de junio de 2022, cuando rechaz\u00f3 de plano la inclusi\u00f3n, dentro del haber de la sociedad patrimonial, de las deudas contra\u00eddas con Falabella, Banco Ita\u00fa, Davivienda S.A. y el Fondo de Empleados Gecolsa, porque frente a esa determinaci\u00f3n el ahora accionante no propuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita acudir a esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Al respecto, esta Corte ha puntualizado: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC122-2020, STC820-2020 y STC4031-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, se desestimar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como pasivos, que es lo que aqu\u00ed interesa, relacion\u00f3 los siguientes: (i) cr\u00e9dito hipotecario por $42.957.724; (ii) cr\u00e9dito de Fondo de Empleados Gecolsa, por $34.648.871; (iii) cr\u00e9dito rotativo Ita\u00fa por $2.982.887; (iv) tarjeta de cr\u00e9dito Cl\u00e1sica 595 Ita\u00fa, por $997.443; (v) tarjeta de cr\u00e9dito Mastercard Oro 0590 Ita\u00fa, por $6.995.466; (vi) tarjeta de cr\u00e9dito Davivienda 7382, por $3.214.409; (vii) CMR Falabella Mastercard 5130, por $3.595.008; y (viii) impuesto predial de los a\u00f1os 2020 y 2021, por $503.054. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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