STC1276-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1276-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00411-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la sede judicial accionada \u00abrecono[zca] a [su] bien agencias en derecho, como lo ordena art 365-1 CGP\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n se requiera a la Procuradur\u00eda \u00abpara pronunciarse en derecho de [su] tutela, presentar tutelas a [su] nombre y garantizar[le] art. 29 CN a fin de evitar la amenaza actual\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el despacho judicial accionado \u00abse niega rotundamente a aplicar lo que le impone y manda [el] art 365-1 CGP y niega las agencias en derecho a [su] favor\u00bb, adem\u00e1s, que las agencias en derecho son de car\u00e1cter objetivo, por lo que la \u00abtutelada cre[e] poder inaplicar lo que le impone en derecho [el] art. 365-1 CGP y cree negar a su favor las agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Antioquia remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Andes relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas; que en el fallo de 15 de noviembre de 2022 expres\u00f3 los motivos por los cuales no condenaba en costas, precisando que , no se acredit\u00f3 la existencia de un da\u00f1o actual o inminente, tampoco obra prueba de erogaci\u00f3n alguna causada por el accionante, quien adem\u00e1s no concurri\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mario Restrepo, en escrito posterior, pidi\u00f3 se \u00abconsigne en derecho que deb[e] hacer para que [se] conceda medida cautelar o previa en [sus] tutelas\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la sentencia de 24 de enero pasado, que confirm\u00f3 la dictada el 15 de noviembre de 2022, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable conceder las agencias en derecho que reclam\u00f3 el quejoso, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026en cumplimiento de ello de cara a la rogada condena en costas procesales que solicita el accionante, ha de considerarse lo dispuesto en el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998 en el sentido de que \u201cel juez aplicar\u00e1 las normas de procedimiento civil relativas a las costas. S\u00f3lo podr\u00e1 condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podr\u00e1 imponer una multa hasta de veinte (20) salarios m\u00ednimos mensuales, los cuales ser\u00e1n destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las dem\u00e1s acciones a que haya lugar\u201d. Asimismo, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 65 de la misma ley indica \u201c5. La liquidaci\u00f3n de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicaci\u00f3n del extracto de la sentencia <\/p>\n
Ahora bien, conforme al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n apelada en cuanto se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho a RICARDO LUIS MESA CORREA propietario del establecimiento de comercio SAL\u00d3N MONTECARLO, en atenci\u00f3n a la acreditaci\u00f3n de la superaci\u00f3n del escenario atentatorio contra los derechos colectivos en debate. Y es que en el expediente se evidencian los esfuerzos efectivos del demandado para dar cumplimiento a las normas que le imponen el deber de garantizar condiciones de accesibilidad en las edificaciones para personas en sillas de ruedas o especiales condiciones de movilidad, lo cual seg\u00fan qued\u00f3 visto hizo de manera satisfactoria. <\/p>\n
Por su parte el actor no estuvo presto a participar activamente en vitales etapas procesales como el pacto de cumplimiento, y no evidenci\u00f3 ninguna iniciativa probatoria que aportara a la clarificaci\u00f3n de los hechos; tampoco mostr\u00f3 inter\u00e9s alguno en la notificaci\u00f3n de las convocadas o la comunidad, e incluso descarg\u00f3 el en juzgado la indagaci\u00f3n sobre la identidad del propietario del establecimiento que habr\u00eda de concurrir por pasiva pues se limit\u00f3 a dirigir la demanda contra \u201cREPRESENTANTE LEGAL, establecimiento de comercio, MONTECARLO\u201d expresando que era el juzgado quien deb\u00eda establecer el nombre de aquel. Al respecto el numeral 8\u00ba del citado canon 365 establece: \u201cSolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u201d, lo cual no refulge fehaciente en la presente actuaci\u00f3n. Acorde con dicho aparte la condena por costas y agencias en derecho se halla supeditada claramente a su efectiva causaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n, exigencia echada de menos en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
En todo caso en este tipo de acciones debe primar el amparo de los derechos colectivos que se evidencien lesionados m\u00e1s que el inter\u00e9s por un lucro econ\u00f3mico mediante el reconocimiento de sumas de dinero ya sea por concepto de costas, honorarios o incentivos. En el sub judice se aprecia que si bien el actor present\u00f3 algunos escritos exigiendo celeridad en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular -con notable desprecio por el debido adelantamiento de las etapas propias del juicio y el necesario recaudo probatorio-, no lo hizo desde una \u00f3ptica arm\u00f3nica con el inter\u00e9s general que predic\u00f3 defender mediante el reclamado amparo de derechos colectivos, sino incluso con total desinter\u00e9s de cara a la observancia de las normas que establecen la necesidad de enterar a la comunidad de la existencia de la acci\u00f3n popular, en el af\u00e1n porque la acci\u00f3n fuera decidida apresuradamente y en ella se le reconocieran las prerrogativas econ\u00f3micas sobre las que ha insistido. <\/p>\n
Se aprecia adem\u00e1s que, en consecuencia, con la declaratoria del hecho superado, la \u00fanica exhortaci\u00f3n impartida al demandado fue con el objeto de que a futuro realice el mantenimiento que requiera la rampa y baranda de acceso para mantener la seguridad de dichas estructuras. Ello no constituye realmente una condena por cuenta de la cual pueda aceptarse el planteamiento del actor de que existi\u00f3 una parte vencida y que por ello debe reconoc\u00e9rsele agencias en derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas procesales, entre ellas las agencias en derecho, y concluy\u00f3 que no se configuraban los presupuestos necesarios para condenar a la demandada al pago de tales expensas, al no estar acreditada su causaci\u00f3n en el juicio criticado. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la Procuradur\u00eda est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo tocante con la solicitud planteada por el accionante, en cuanto a que se le indique de que manera debe pretender las medidas cautelares en las acciones de tutela, basta con decir que no debe darse tr\u00e1mite a tal pedimento a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n supralegal no es de car\u00e1cter consultivo, ni esta Corporaci\u00f3n tiene competencia para efectuarlos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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