STC1279-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1279-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00454-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Transporte Auto Taxi Ejecutivo S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2019-00078. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s de apoderado, demanda la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Celmira Joven de Aguirre promovi\u00f3, ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, un proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Luis Alberto Facete Serrano, William Garz\u00f3n Palacios, la Equidad Seguros Generales y Transporte Auto Taxi Ejecutivo S.A.S.1. <\/p>\n
2.2. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 9 de septiembre de 2021, el Juzgado dict\u00f3 sentencia2, en la cual: (i) declar\u00f3 probada las excepciones de inexistencia de solidaridad por parte de la compa\u00f1\u00eda de seguros y el l\u00edmite del valor asegurado, planteadas por La Equidad Seguros Generales y no probadas las de ausencia de responsabilidad del conductor, culpa exclusiva de la v\u00edctima, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, falta de presupuestos para configurar la responsabilidad del veh\u00edculo asegurado, excesivo cobro de perjuicios extrapatrimoniales e improcedencia del da\u00f1o patrimonial; (ii) declar\u00f3 civilmente responsable a Luis Alberto Facete Serrano, William Garz\u00f3n Palacios y a la empresa Transportes Auto Taxi Ejecutivo S.A.S. del accidente en el que result\u00f3 como v\u00edctima Celmira Joven; (iii) los conden\u00f3 al pago de $54.784.000 como indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, a la salud y lucro cesante; (iv) orden\u00f3 a la sociedad Equidad Seguros Generales pagar la suma asegurable de ($36\u2019960.000.00); y (v) conden\u00f3 en costas a los demandados. <\/p>\n
2.3. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por la Corporaci\u00f3n accionada el 12 de diciembre de 20223. <\/p>\n
2.4. La sociedad promotora censura que no se tuvo en cuenta que la empresa de transporte \u00abnada ten\u00eda que ver [\u2026] con los hechos demandados\u00bb y que la accionante no soport\u00f3 la calidad en la cual formul\u00f3 la demanda en su contra. <\/p>\n
Afirma que con la presentaci\u00f3n de la demanda no se aport\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de esa sociedad ni el contrato de afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo que caus\u00f3 el accidente con la empresa, de manera que su relaci\u00f3n con el supuesto f\u00e1ctico no estaba acreditada, no obstante, se entendi\u00f3 demostrada su legitimaci\u00f3n por pasiva con indicios, sin considerar que no se encontraba habilitada para prestar el servicio de transporte de pasajero con veh\u00edculos tipo taxi. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la sociedad actora pide que se invaliden las decisiones adoptadas en su contra y que sea excluida del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado demandado respald\u00f3 la legalidad de la sentencia confutada. <\/p>\n
2. La Equidad Seguros Generales O.C. dijo que las peticiones del accionante nada tienen que ver con la aseguradora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 los derechos de la sociedad accionante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla el 9 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2. Revisadas las probanzas, se evidencia que, en la decisi\u00f3n confutada, el Colegiado accionado delimit\u00f3 el estudio a los argumentos planteados en los reparos concretos presentados ante el a quo y que guardan \u00abestricta relaci\u00f3n\u00bb con la sustentaci\u00f3n del recurso en segunda instancia en el t\u00e9rmino del traslado otorgado, destacando que no valor\u00eda las pruebas que la recurrente alleg\u00f3 en segunda instancia, \u00abque me servir\u00e1 de soporte para demostrar que la empresa TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S. no se encuentra constituida ni habilitada para prestar el servicio de transporte p\u00fablico de pasajeros con veh\u00edculos tipo taxi\u00bb, por no haber sido aportadas en la oportunidad pertinente. <\/p>\n
2.1. En concreto sobre lo alegado por la tutelante, esto es, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por falta de prueba sobre su relaci\u00f3n con el veh\u00edculo que caus\u00f3 el accidente, el Tribunal advirti\u00f3 que la responsabilidad civil extracontractual por accidente de tr\u00e1nsito se extiende al conductor, al propietario del veh\u00edculo causante de los da\u00f1os cuya indemnizaci\u00f3n se depreca y a los operadores del servicio p\u00fablico de transporte a los que est\u00e9n vinculados dichos automotores, pues: <\/p>\n
\u2026no solo (\u2026) estas empresas obtienen de su actividad un beneficio econ\u00f3mico, sino que tambi\u00e9n la ejecuci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte \u00fanicamente se presta a trav\u00e9s de las mismas, ejecut\u00e1ndose dicho servicio bajo su control y responsabilidad\u2026ello quiere decir que as\u00ed como de esa direcci\u00f3n y control, que ejercen alrededor de sus propios veh\u00edculos y de los ajenos que tengan en calidad de afiliados, emergen derechos a favor de la correspondiente compa\u00f1\u00eda transportista, tambi\u00e9n de all\u00ed se derivan, sin duda ninguna, deberes y obligaciones a su cargo, entre las que se ubica, con se\u00f1alada importancia, la de responder por los da\u00f1os que le causen a terceros en desarrollo de la actividad. (Sentencia Rad. 1995-10351-01 del 15 de abril de 2009). <\/p>\n
Lo anterior supone entonces al respecto de la afiliaci\u00f3n, entenderla como \u201c\u2026la relaci\u00f3n jur\u00eddica por medio de la cual se vinculan los veh\u00edculos automotores a las empresas de transporte, para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico respectivo, cuando esta no es propietaria de los veh\u00edculos necesarios para la adecuada prestaci\u00f3n\u2026\u201d; relaci\u00f3n que, existe independientemente de si se realice el registro o no ante la autoridad p\u00fablica respectiva y que por ende, la prueba de la misma es libre por cuanto la norma no establece una restricci\u00f3n en cuanto a su formaci\u00f3n (CSJ SC, rad. 2005-00345-01 del 17 de mayo de 2005), ello en tanto que, no se trata \u201c\u2026de un acto o contrato para cuya validez el r\u00e9gimen probatorio exija como prueba la literal ad sustantiam actus\u201d. Por consiguiente, para su demostraci\u00f3n pueden emplearse los medios que sean \u00fatiles para generar el necesario convencimiento en el juez, incluy\u00e9ndose, en este caso, la prueba indiciaria. Pues si bien el Decreto 1079 de 2015, que es el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Transporte, articulo 2.2.1.1.10.1-2-3-4, exige la formalizaci\u00f3n del contrato y la oficializaron con la expedici\u00f3n de la tarjeta de operaci\u00f3n. Ello no puede implicar un esquema de tarifa legal\u2026 <\/p>\n
[\u2026] lo cierto es que a priori, se vislumbra la falta de prosperidad al recurso presentado por la demanda Auto Taxi, quien se\u00f1al\u00f3 como argumento del mismo que \u201cnunca en este proceso se aport\u00f3 el contrato de vinculaci\u00f3n del veh\u00edculo taxi de placas UYV-623 con la empresa TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S. y no se aport\u00f3, porque no existe, pero m\u00e1s grave a\u00fan tampoco con la presentaci\u00f3n de la demanda aportaron el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal\u201d, pues la aportaci\u00f3n de dichos documentos carec\u00edan por parte de la demandante, de necesidad alguna, a quien \u00fanicamente le bastaba a trav\u00e9s de las pruebas en su poder, generar un convencimiento de la afiliaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, el Colegiado accionado advirti\u00f3 que, si bien la demandante no aport\u00f3 prueba alguna del contrato de afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo con la empresa de transporte recurrente, la p\u00f3liza aportada por la aseguradora en la contestaci\u00f3n de la demanda dio \u00abclaro entendimiento [\u2026] que, quien figura como tomador y beneficiario de la p\u00f3liza AA009871 de la aseguradora aqu\u00ed demandada y sobre el veh\u00edculo involucrado en el accidente de tr\u00e1nsito, de placas UYV-623, es la empresa Transporte Auto Taxi Ejecutivo S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el ad quem precis\u00f3 que esa circunstancia bien pudo ser aclarada por la accionada, pero no lo hizo en la oportunidad pertinente, por el contrario <\/p>\n
la tesis de la afiliaci\u00f3n fue respaldada por el grave indicio procesal que se constituy\u00f3 de la falta de comparecencia por parte de la recurrente a las audiencias, en las cuales, a trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n de parte hubiere podido esclarecer la situaci\u00f3n jur\u00eddica o de hecho, bajo las cuales contrat\u00f3 la p\u00f3liza a nombre del propietario del veh\u00edculo. <\/p>\n
Luego entonces, se hace necesario para esta Sala recordar al recurrente que, el indicio es un medio de prueba legitimo reglado en los art\u00edculos 240, 241 y 242 del C\u00f3digo General del Proceso, derivado de la aplicaci\u00f3n de una operaci\u00f3n l\u00f3gico-jur\u00eddica a conductas u hechos demostrados que permiten arrimar a la conclusi\u00f3n de otra conducta o hecho, lo que implica entonces que, de la primera conducta, por lo general demostrada fehacientemente y acaecida al interior del tr\u00e1mite procesal, se llegara a una conclusi\u00f3n probatoria que ser\u00eda estudiada en conjunto con las dem\u00e1s pruebas \u201c\u2026teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u2026\u201d. <\/p>\n
De lo explicado se extrae que, s\u00ed hay lugar a aplicarse la prueba indiciaria sobre la conducta del demandado, quien, pudiendo haber justificado las circunstancias de hecho que lo arrimaron a contratar la p\u00f3liza, no lo hizo ni siquiera en la etapa procesal anterior al interrogatorio de parte al momento de contestar la demanda, y dejando constancia en el expediente de que, para la fecha de celebraci\u00f3n de la audiencia, el mismo tampoco acudi\u00f3 en defensa de sus intereses. Es por lo anterior que, esta Sala, del mismo modo que lo hizo el a quo, valora en conjunto con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente el indicio obtenido de la conducta negativa del recurrente a la exhibici\u00f3n de la prueba testimonial de parte llevada a cabo por el demandante, al respecto del cual, las m\u00e1ximas de la experiencia se\u00f1alan que, se realiza generalmente para evitar resultados adversos a los intereses del litigante dentro del proceso <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que el demandado no pod\u00eda deslegitimarse la causa \u00abcuando existe un pleno convencimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica de afiliaci\u00f3n por parte del veh\u00edculo causante del accidente [\u2026] con la demandada Auto Taxi, [y] con poca o nula raz\u00f3n puede concluirse la inexistencia de dicha relaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, con soporte en jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisada la providencia y los argumentos que expone el actor frente a lo decidido, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la empresa solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no est\u00e1 prevista para que el operador judicial intervenga como un \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb4, aunado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb5. <\/p>\n
A lo anterior se suma que la empresa tutelante no controvirti\u00f3 en su momento las alegaciones expuestas en su contra, pues no concurri\u00f3 en las oportunidades pertinentes ni aport\u00f3 las pruebas echadas de menos, de manera que no puede acudir a esta senda constitucional para intentar demostrar lo que no soport\u00f3 en el proceso ni para revivir etapas fenecidas, dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y sin soporte objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se negar\u00e1 la tutela impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno C01Principal. Documento 01DemandaAnexos. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno C01Principal. Documento 2920210909Sentencia. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 02 CUADERNO TRIBUNAL. Documento 43599. <\/p>\n
4\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
5\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1279-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1279-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00454-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Transporte Auto Taxi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}