STC1280-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1280-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00474-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 19 de enero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eduardo Morad Gallego, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los intervinientes en el tr\u00e1mite que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abapoy[o] con lo referente a desacato de fecha 20 de mayo de 2021, enero 11 de 2022 y solicitud formal abril 18 de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carlos Eduardo Morad Gallego promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el \u00c1rea de Sanidad del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 -COIBA, al considerar quebrantada su garant\u00eda a la salud; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien con fallo de 10 de marzo de 2020 accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de amparo, ordenando al COIBA que \u00abadelante todas y cada una de las gestiones administrativas y presupuestales necesarias a fin de dar tr\u00e1mite a la solicitud de atenci\u00f3n que requiere el interno \u2013 Carlos Eduardo Morad Gallego, en este caso para su patolog\u00eda de discopat\u00eda lumbar L3, L4 y L5\u00bb, asimismo, le orden\u00f3 al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2020 y Fiduprevisora S.A., que \u00abautorice de manera efectiva la entrega de medicamentos, citas m\u00e9dicas, ex\u00e1menes y procedimientos m\u00e9dicos que llegare a necesitar el interno Carlos Eduardo Morad Gallego, para su patolog\u00eda lumbar L3, L4 y L5\u00bb; decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal, el 4 de mayo siguiente. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el actor que el 11 de enero de 2022 formul\u00f3 incidente de desacato, el que finaliz\u00f3 con prove\u00eddo de 18 de febrero siguiente, resolviendo \u00ababstenerse de sancionar a los funcionarios de Fiduprevisora S.A. hoy Fiduciaria Central S.A., el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 y Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud 2019 vinculados al presente asunto, por las razones expuestas en esta providencia\u2026\u00bb, esto sin atender sus padecimientos m\u00e9dicos. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que pese a su diagn\u00f3stico de discopat\u00eda y el dolor intenso que padece por ello, adem\u00e1s de tener una orden constitucional a su favor, contin\u00faa sin recibir lo correspondiente a \u00absalud y las \u00f3rdenes para especialistas, [c]irug\u00edas, tratamientos y dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el 18 de abril de 2022 present\u00f3 petici\u00f3n ante la Secretar\u00eda de Salud Municipal de Ibagu\u00e9, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que no es el llamado a responder las pretensiones constitucionales, comoquiera que, sus funciones se centran al desarrollo contractual de la prestaci\u00f3n de servicios de salud de la poblaci\u00f3n privada de la libertad, previamente instruida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y NO y funge como negocio fiduciario como entidad prestadora de servicios EPS, ni como instituci\u00f3n prestadora de servicios IPS, sino como administrador de los recursos del patrimonio aut\u00f3nomo; que consultado con el contact center contratado para gestionar los referidos tr\u00e1mites, verific\u00f3 que, para el caso concreto, conforme a los ordenado por el profesional en salud y bajo orden m\u00e9dica, el 10 de octubre de 2022 expidi\u00f3 autorizaci\u00f3n de consulta de control o de seguimiento por especialista en ortopedia y traumatolog\u00eda, asimismo, de consulta por primera vez con especialista en neurocirug\u00eda, precisando que \u00absi las autorizaciones antes mencionadas vencieron, esto obedeci\u00f3 por la demora del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9, en el cumplimiento de sus funciones\u00bb, situaci\u00f3n frete a la cual es ajena. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fiduciaria la Previsora, como integrante del consorcio Fondo de Atenci\u00f3n para la Salud PPL 2019 en liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que carece de competencia para atender a la solicitud del actor, en virtud de la terminaci\u00f3n del contrato de fiducia mercantil n\u00b0 145 de 2018 suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, el cual finaliz\u00f3 el 30 de junio de 2021, y cuyo objeto fue la administraci\u00f3n y pagos de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad; que Fiduciaria Central, conforme a sus competencias es la encargada de autorizar servicios de salud a la poblaci\u00f3n privada de la libertad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que con decisi\u00f3n de 10 de marzo de 2020 ampar\u00f3 las garant\u00edas del promotor, ordenando al \u00abComplejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2013 COIBA que \u201c\u2026adelanten todas y cada una de las gestiones administrativas y presupuestales necesarias a fin de dar tr\u00e1mite a la solicitud de atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere el interno\u2026, en este caso para su patolog\u00eda de discopat\u00eda lumbar L3, L4 y L5\u201d, De igual forma orden\u00f3 al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2020 y a la Fiduprevisora S.A. que \u201c\u2026autorice de manera efectiva la entrega de medicamentos, citas m\u00e9dicas, ex\u00e1menes y procedimientos m\u00e9dicos que llegare a necesitar el interno\u2026 para su patolog\u00eda de discopat\u00eda lumbar L3, L4 y L5\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal; que el 11 de enero de 2022 el promotor solicit\u00f3 aperturar incidente de desacato, el que, tras adelantarse, el 18 de febrero siguiente, decide no sancionar a los incidentados; que si el gestor considera que las accionadas \u00abinsis[ten] en la rebeld\u00eda\u2026 frente al acatamiento de la orden constitucional\u00bb, puede acudir a formular un nuevo incidente de desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Secretar\u00eda de Salud Municipal de Ibagu\u00e9 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, al considerar que lo pretendido por el accionante est\u00e1 fuera de su competencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que el auto que resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado el 11 de enero de 2022 no evidencia quebranto, en la medida en que all\u00ed no se sancion\u00f3 a los incidentados, por cuanto se evidenci\u00f3 que ya hab\u00edan autorizado radiograf\u00eda de columna lumbosacra, radiograf\u00eda de cadera comparativa y consulta por primera vez por especialista. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, si el promotor considera que no se le ha brindado una adecuada atenci\u00f3n m\u00e9dica, puede incoar un nuevo incidente de desacato, pues al margen de que anteriormente se haya abstenido de sancionar el fallador natural, ello no es \u00f3bice para demostrar la supuesta falta de materializaci\u00f3n de los servicios autorizados y ordenados en la sentencia de tutela del 10 de marzo de 2020. <\/p>\n
Por otra parte, respecto a la supuesta solicitud elevada ante la Secretar\u00eda de Salud Municipal, el promotor no alleg\u00f3 prueba que acreditara que efectivamente se radic\u00f3 tal petici\u00f3n, sumado que, dicha entidad manifest\u00f3 no constarle los hechos, por lo que descart\u00f3 una posible vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que es viable la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, de entrada, advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, habida cuenta que, no se cumple con el presupuesto de inmediatez, toda vez que, la decisi\u00f3n que se abstuvo de sancionar a los incidentadas, data del 18 de febrero de 2022. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (18 de febrero de 2022) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 14 de diciembre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Por otra parte, si el promotor considera que la orden constitucional no ha sido acatada en debida forma, pues las entidades accionadas no le han brindado una adecuada atenci\u00f3n m\u00e9dica para su patolog\u00eda de \u00abdiscopat\u00eda lumbar L3, L4 y L5\u00bb, como lo advirtiera el Tribunal, para ello cuenta con el respectivo incidente de desacato, el cual debe incoar ante el entonces a quo constitucional, lo que tambi\u00e9n torna inviable el presente ruego, relievando, por dem\u00e1s, que el hecho de que con prove\u00eddo de 18 de febrero de 2022 el fallador se abstuvo de sancionar por desacato a las autoridades convocadas, ello no es \u00f3bice para que el promotor no pueda incoar uno nuevo, demostrando all\u00ed la falta de materializaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos ordenados en el fallo supralegal de 10 de marzo de 2020. <\/p>\n
Al respecto, la Sala en un caso con alguna simetr\u00eda al ahora, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026como lo pretendido es el pleno cumplimiento de la aludida sentencia de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, se precisa que \u00abel escenario apropiado para escrutar la actitud asumida por la autoridad aludida respecto del pronunciamiento judicial [referido], es el previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 20 mar. 2001, exp. 337; reiterada en CSJ STC, 11 feb. 2013, rad. 2012-00331-01), m\u00e1s conocido como incidente de desacato, establecido normativamente para reclamar el cumplimiento de los fallos de tutela… <\/p>\n
Lo dicho, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que el funcionario que tramita el desacato \u00abpuede proferir \u00f3rdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial\u00bb, con el fin de garantizar las prerrogativas superiores amparadas (CC T-271\/15) (CSJ STC17510-2017, 27 oct. 2017, rad. 2017-00310-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Finalmente, en lo tocante a la queja planteada contra la Secretar\u00eda de Salud Municipal, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Lo considerado impone confirmar, por las razones ac\u00e1 expuestas, la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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