STC1285-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1285-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00395-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la Central Hidroel\u00e9ctrica de Caldas \u2013 CHEC S.A. E.S.P., as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00354. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en procura de que se ordenara retirar un \u00abposte que invade espacio p\u00fablico [ubicado en la] carrera 16B NRO 26 35\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la CHEC S.A., en tanto verific\u00f3 que \u00abel poste objeto de la demanda es de propiedad de esta (\u2026) entidad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, con decisi\u00f3n del 8 de agosto de 2022, el referido estrado declar\u00f3: (i) \u00abla falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP\u00bb; y (ii) la prosperidad de \u00abla excepci\u00f3n previa de \u201cFALTA DE JURISDICCI\u00d3N\u201d propuesta por la CHEC\u00bb, pues coligi\u00f3 que aquella \u00abes una empresa de servicios p\u00fablicos mixta porque tiene una participaci\u00f3n estatal superior al 50%\u00bb. En consecuencia, remiti\u00f3 las diligencias a los \u00abjuzgados administrativos (reparto) de la ciudad de Pereira\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el libelista present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; sin embargo, el cognoscente rechaz\u00f3 por improcedente la primera defensa, pero concedi\u00f3 el remedio horizontal. Pese a ello, la determinaci\u00f3n fue igualmente censurada por el promotor, porque en su criterio \u00abLA JUZGADORA NO PROFIRI\u00d3 sentencia alguna, tonces (sic) nada puede conceder de apelaci\u00f3n\u00bb, al respecto, la agencia judicial, en auto del 29 de agosto de 2022, indic\u00f3 que \u00abla [resoluci\u00f3n] le fue favorable y por ende no est\u00e1 legitimado para recurrirla\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al estudiar el asunto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira \u00abDECLAR[\u00d3] INADMISIBLE POR IMPROCEDENTE (\u2026) [la] [alzada] formulad[a] por el actor popular\u00bb comoquiera que \u00abla declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n, no admite recurso\u00bb. <\/p>\n
Por ello, a juicio del precursor, se desconoci\u00f3 \u00abDE TAJO LA JURISDICCI\u00d3N PERPETUA. SE olvida que la vinculacion (sic) por fuero de atraccion (sic) NO HACE PERDER COMPETENCIA\u00bb, sumado a que \u00abEL JUZGADO CIVIL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, ya ha tramitado acciones populares contra la (\u2026) CHEC\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abdar tramite (sic) inmediato a [la] accion (sic) popular en la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal denunciado realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio confutado (rad. n.\u00ba 2022-00354) y adjunt\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital del mismo. <\/p>\n
2. El estrado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal expuso que \u00abno vulner\u00f3 los derechos fundamentales del se\u00f1or MARIO RESTREPO, ya que se le dio el impulso correspondiente a la acci\u00f3n popular y todas las providencias proferidas en el asunto fueron notificadas por estado, garantizando as\u00ed el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el \u00aben caso de ser requerida atenci\u00f3n por cualquier ciudadano residente en el territorio colombiano (\u2026) deber\u00e1 acudir para solicitar el servicio a trav\u00e9s de los canales de atenci\u00f3n (\u2026), circunstancia que no se evidencia satisfecha en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 el libelista (rad. n.\u00ba 2022-00354), por apartarse del conocimiento del asunto y por declarar inadmisible la apelaci\u00f3n interpuesta contra esa decisi\u00f3n, respectivamente. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que este tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, rad. 00163-01 y STC1791-2021, 25 feb., rad. 00109-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, la Corte declarar\u00e1 la inviabilidad del amparo promovido por Mario Alberto Restrepo Zapata, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que el reproche del gestor est\u00e1 encaminado a cuestionar la prosperidad de la excepci\u00f3n formulada por su contraparte, consistente en la \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal para seguir conociendo de las diligencias; y que, en tal virtud, se remitiera la acci\u00f3n popular rad. n.\u00ba 2022-00354 a reparto de los estrados de lo contencioso administrativo de Pereira; as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones posteriores1. <\/p>\n
Raciocinio que, seg\u00fan el censor, carece de asidero, porque: (i) desconoce \u00abDE TAJO LA JURISDICCI\u00d3N PERPETUA\u00bb; y (ii) \u00abla vinculacion (sic) por fuero de atraccion (sic) NO HACE PERDER COMPETENCIA\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, encuentra la Sala que la solicitud de amparo es prematura, en la medida en que a\u00fan se desconoce qu\u00e9 posici\u00f3n pueda adoptar el estrado de la especialidad contencioso \u2013 administrativa al que le sea asignado el proceso, el que podr\u00eda incluso plantear un conflicto de competencia sobre el particular. <\/p>\n
Entonces, mientras no exista pronunciamiento que dirima la situaci\u00f3n de la competencia de la acci\u00f3n, lo cual est\u00e1 supeditado a que las autoridades de la referida jurisdicci\u00f3n decidan avocar el tr\u00e1mite, o propiciar el conflicto respectivo, no le es viable al fallador constitucional irrumpir en la causa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n expuso en torno a una similar discusi\u00f3n en sede de tutela, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el presente asunto se advierte que el despacho accionado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n al estimar que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del libelo, y en esa medida, envi\u00f3 dicho expediente al que consider\u00f3 que lo era, en aplicaci\u00f3n de la norma rese\u00f1ada. Asimismo, se colige que (\u2026) el funcionario al que corresponda por reparto el asunto, decidir\u00e1 si asume conocimiento de la demanda que interpuso el actor o suscita un conflicto negativo de competencia, sin que le sea dable al juez de tutela emitir un pronunciamiento al respecto, pues invadir\u00eda \u00f3rbitas que no son de su resorte (\u2026) Lo anterior, significa que es en el tr\u00e1mite que se est\u00e1 surtiendo, en donde se tomar\u00e1n las decisiones correspondientes sobre la competencia alegada\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2012, exp. 00816-01; reiterada en STC1791-2021, 25 feb., rad. 00109-01). <\/p>\n
Con todo, se itera, le est\u00e1 vedado a esta justicia especial anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que corresponden resolverse en el escenario ordinario, o pronunciarse sobre aspectos conexos al tema que, en todo caso, incumbe que se decanten en el proceso. <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se \u00abordene a la procuradora general naci\u00f3n (sic), que se pronuncie de mi tutela y presente recursos en derecho a mi nombre a fin que me garantice art 29 CN\u00bb\u2013, colige la Sala que nada obsta para que el convocante acuda directamente ante esa autoridad para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El ruego constitucional resulta improcedente por prematuro, porque mientras est\u00e9 pendiente la atribuci\u00f3n del conocimiento del tr\u00e1mite cuestionado, no es viable que el juez constitucional se pronuncie sobre la materia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Incluida la declaraci\u00f3n de inadmisibilidad de la apelaci\u00f3n formulada contra la providencia mediante la cual se procedi\u00f3 en tal sentido, por parte del tribunal. <\/p>\n
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