STC1286-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1286-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00388-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva al Juzgado Civil del Circuito de Andes y a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00050. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Restrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abAlmac\u00e9n y Joyer\u00eda Mendoza\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Andes, el cual con fallo de 29 de noviembre de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo, pero no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, al ser favorable la citada defensa, la parte vencida deb\u00eda ser sancionada en ambas instancias, m\u00e1xime cuando \u00ablas agencias en derecho son de car\u00e1cter objetivo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abreconocer a mi bien AGENCIAS EN DERECHO, COMO SE LO ORDENA ART 365-1 CGP [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada, se limit\u00f3 a manifestar que acatar\u00e1 la decisi\u00f3n que se emita sobre el particular y remiti\u00f3 copia del aludido prove\u00eddo. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Andes remiti\u00f3 el expediente de la acci\u00f3n popular sobre la que recay\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del actor, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00050) por cuanto confirm\u00f3 la sentencia del a quo en el sentido de no reconocer condena en costas ni agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal encartado, por confirmar lo resuelto por el Juzgado Civil del Circuito de Andes y, en consecuencia, no condenar en costas ni fijar agencias en derecho en favor del gestor al interior de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00050, se advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
En efecto, esa colegiatura se abstuvo de imponer dichos rubros por cuanto: <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala no aprecia que en el expediente exista constancia de gastos o expensas asumidos por el actor popular, de modo que ning\u00fan reconocimiento podr\u00eda hacerse frente a estos rubros. Por otra parte, en cuanto a la utilidad, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n del recurrente, criterios necesarios para establecer la causaci\u00f3n de las agencias en derecho, la Sala aprecia que simplemente se escud\u00f3 el accionante en el principio de impulso oficioso que rige esta acci\u00f3n constitucional para eludir el cumplimiento de cualquier carga procesal. <\/p>\n
As\u00ed, desde la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n inicial no se observa un m\u00ednimo de diligencia en aras de establecer cu\u00e1l era el sujeto que originaba la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo, pese a que la identidad del propietario del establecimiento de comercio figuraba en las bases de datos p\u00fablicas de las C\u00e1maras de Comercio. Luego, al ser requerido en el auto de inadmisi\u00f3n para informar el nombre de la persona demandada, el se\u00f1or Mario Restrepo se limit\u00f3 a indicar que se amparaba en lo previsto en el art\u00edculo 14 de la ley 472 de 1998. Ahora bien, aunque la determinaci\u00f3n del sujeto infractor es una carga que subsidiariamente corresponde al juez, lo anterior permite deducir que la diligencia de parte del reclamante en realidad fue m\u00ednima. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el promotor no asisti\u00f3 a ninguna de las audiencias de pacto de cumplimiento que fueron convocadas, a pesar de que este es un mecanismo id\u00f3neo para cesar anticipadamente la vulneraci\u00f3n sobre los intereses colectivos. Adicionalmente, las actuaciones del reclamante se restringieron a dos solicitudes de impulso procesal y el recurso que ahora se resuelve. <\/p>\n
A partir del anterior recuento considera la Sala que en el asunto bajo examen tampoco hay lugar a se\u00f1alar suma alguna como agencias en derecho, debido a las escasas gestiones observadas por el actor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El fallo censurado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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