STC1291-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1291-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 26 de de 2023, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Fernando Mac\u00edas Blanco contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2019-00151. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de petici\u00f3n, supuestamente conculcada por la autoridad convocada, toda vez que no ha brindado respuesta respecto de la solicitud radicada el 1\u00b0 de diciembre de 2022, tendiente a que se le brindara copia del expediente de tutela n\u00b0 2019-00151-00. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta asegur\u00f3 que la solicitud a la que alude el gestor \u00abfue elevada el 12 de diciembre de 2022, por lo tanto, el t\u00e9rmino para dar respuesta a la misma de acuerdo con el Art. 14 del C.C.A., vence el 24 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
El 26 de enero de 2023 inform\u00f3 que en esa misma data brind\u00f3 respuesta al memorialista precisando que \u00abse iniciaron las diligenciasen la oficina de archivo central de la Rama Judicial de C\u00facuta, para efectos del desarchivo de la Acci\u00f3n de Tutela Rdo. 2019-00151-00. Una vez recibido el expediente, se proceder\u00e1 a hacerle llegar la copia solicitada. Igualmente, se le informa que, al momento de notific\u00e1rsele la sentencia, le fue allegada copia de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas- Norte de Santander- adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que fuese desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo argumentando que se presenta carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la autoridad convocada se ha pronunciado frente a la petici\u00f3n del solicitante. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta ha vulnerado el derecho de petici\u00f3n del promotor, toda vez que, supuestamente, no ha brindado respuesta respecto de la solicitud allegada el 1\u00b0 de diciembre de 2022, tendiente a que le sean suministradas las copias del expediente de tutela n\u00b0 2019-00151-00. <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
3.1. En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
3.2. El convocante a trav\u00e9s de memorial, radicado el 1\u00b0 de diciembre de 2022, por medio de correo electr\u00f3nico, pidi\u00f3 al despacho acusado que se le suministrara copia del expediente de tutela n\u00b0 2019-00151-00. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que no es posible invocar en este caso espec\u00edfico la vulneraci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, porque el objeto de la solicitud no versa sobre un asunto administrativo, sino judicial, y por ello no es posible exigir una respuesta invocando el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.3. Cabe reiterar, que el despacho accionado dio tr\u00e1mite a la solicitud del gestor, y aunque se itera que tal pedimento no debe ser atendido bajo las reglas del derecho de petici\u00f3n, como lo pretende el accionante, sino, en atenci\u00f3n a la regulaci\u00f3n del estatuto procesal vigente, por lo que, no se avizora trasgresi\u00f3n o amenaza de las prerrogativas invocadas por el convocante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revalidar el fallo impugnado, toda vez que las peticiones efectuadas en el marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse conforme a las reglas propias del juicio, y no como lo pretende el actor seg\u00fan las pautas y t\u00e9rminos se\u00f1alados para el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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