STC1292-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1292-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02550-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de diciembre 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2018-00350. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Adalberto Pab\u00f3n G\u00f3mez promovi\u00f3 ordinario contra la UGPP, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, toda vez que \u00ablabor\u00f3 al servicio de la extinta Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero (\u2026) por un tiempo superior a 20 a\u00f1os; (\u2026) era beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo [1998-199] y, (\u2026) del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien concedi\u00f3 lo pretendido y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la all\u00ed querellada \u00abpagar el mayor valor existente entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y la pensi\u00f3n convencional (\u2026) [y la mesada 14]\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada y el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel [promotor] contaba con 22 a\u00f1os, 8 meses y 12 d\u00edas de servicios prestados a la Caja Agraria, por lo tanto, hab\u00eda acreditado el requisito de causaci\u00f3n del derecho y para su disfrute solo faltaba el cumplimiento de la edad\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad demandada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abla edad se considera como un mero requisito de exigibilidad para [el] disfrute [del beneficio], (\u2026) [y] hay derecho a percibir la mesada catorce o adicional de junio, porque [la] pensi\u00f3n se caus\u00f3 antes de la vigencia del Acto Legislativo n.\u00ba 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la entidad convocante, incurrieron en defectos f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente, especialmente, el contenido en la providencia SU555-2014, puesto que \u00abpas[aron] por alto la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 en los t\u00e9rminos del Acto Legislativo 01 de 2005 que fij\u00f3 su l\u00edmite al 31 de julio de 2010, pues los estrados judiciales (\u2026) ordenaron aplicar dicha Convenci\u00f3n para el 16 de enero de 2012 fecha en la cual ya hab\u00eda desaparecido de la vida jur\u00eddica esa convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 23 de abril y 21 de agosto de 2019, y el de 17 de mayo de 2022; y, en consecuencia, que se ordene a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 expuso que en el tr\u00e1mite surtido ante ese despacho, se \u00abagotaron cada una de las etapas propias del mismo, se tom\u00f3 la decisi\u00f3n acorde con la valoraci\u00f3n de las pruebas decretadas y practicadas conforme al precedente jurisprudencial, sin actuar de una forma arbitraria, siguiendo con los principios de la libre formaci\u00f3n del convencimiento y la sana critica, por tanto, no se vislumbra una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales deprecados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de Adalberto Pab\u00f3n G\u00f3mez se\u00f1al\u00f3 que \u00abla U.G.P.P (\u2026) a la fecha y como consta en el mismo escrito de tutela no ha ejercicio (sic) el recurso extraordinario de revisi\u00f3n consagrado en la legislaci\u00f3n laboral. Lo anterior, evidencia la falta de requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que la UGPP \u00abincumpli\u00f3 la condici\u00f3n de procedibilidad de la demanda de tutela, ya que, con el objeto de salvaguardar sus intereses, contra la determinaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada, puede emplear el mecanismo de revisi\u00f3n que el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 prev\u00e9\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento del fallo y su consecuente orden de reconocimiento pensional en favor del se\u00f1or ADALBERTO PABON GOMEZ ser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de la sentencia, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL1993-2022, 17 may.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del ad quem, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 23 de abril y 21 de agosto de 2019, as\u00ed como el de 17 de mayo de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [determinaci\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abla edad se considera como un mero requisito de exigibilidad para [el] disfrute [del beneficio], (\u2026) [y] hay derecho a percibir la mesada catorce o adicional de junio, (\u2026) porque [la] pensi\u00f3n se caus\u00f3 antes de la vigencia del Acto Legislativo n.\u00ba 01 de 2005\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, formulados por: (i) la v\u00eda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de \u00ablos art\u00edculos 5\u00ba del Decreto 3135 de 1968; 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, 6\u00ba y 7\u00ba del Decreto 1848 de 1969; 1\u00ba, 3\u00ba, 5\u00ba y 44 del Decreto 1045 de 1978; as\u00ed como los art\u00edculos 467, 468, 470 y 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los art\u00edculo (sic) 164, 165, 167 y 176 del C\u00f3digo General del proceso, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 3\u00ba y del par\u00e1grafo 2\u00ba, y de los par\u00e1grafos transitorios 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionada por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los art\u00edculos 25, 53, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, y (ii) por la senda recta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, del art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 8 y par\u00e1grafo transitorio 6 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l problema jur\u00eddico que debe resolver la Sala, consiste en establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 en el entendimiento dado al art\u00edculo 41 convencional y especialmente a su par\u00e1grafo 1\u00ba, que consagra los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal que reclama el demandante, de cara a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, refiri\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) que el demandante prest\u00f3 sus servicios a la Caja Agraria desde el 18 de octubre de 1976 hasta el 27 de junio de 1999; (ii) que era trabajador oficial y por ende beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo con vigencia 1998-1999 y (iii) que naci\u00f3 el 16 de enero de 1957, por lo que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2012\u00bb. <\/p>\n
Respecto los requisitos de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n, arguy\u00f3 que \u00ablos \u00fanicos (\u2026) son haber prestado servicios a la entidad por ese espacio (20 a\u00f1os) y haberse desvinculado, sin que importe siquiera la forma en que se produjo la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto y de conformidad con lo establecido en la sentencia SL526-2018, 14 feb., coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[P]ara el 31 de julio de 2010, cuando por fuerza del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia las reglas de car\u00e1cter pensional que reg\u00edan, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, entre ellas las que aqu\u00ed se tratan, el demandante ya contaba con un derecho adquirido, pues hab\u00eda reunido los requisitos para causar o consolidar el derecho pensional convencional, esto es, el tiempo de servicios equivalente a 20 a\u00f1os, pues labor\u00f3 entre el 18 de octubre de 1976 y el 27 de junio de 1999, as\u00ed como la desvinculaci\u00f3n laboral en esa \u00faltima fecha; por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para el goce o disfrute de la pensi\u00f3n, lo que ocurri\u00f3 el 16 de enero de 2012\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 estudiando la procedencia de la concesi\u00f3n de la mesada catorce y en ese sentido cit\u00f3 la providencia SL525-2022, 16 feb., y destac\u00f3 que \u00abel demandante caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n convencional el 27 de junio de 1999, fecha en que se desvincul\u00f3 de la Caja Agraria, ya que el cumplimiento de la edad se considera como un mero requisito de exigibilidad para su disfrute, hay derecho a percibir la mesada catorce o adicional de junio, precisamente porque su pensi\u00f3n se caus\u00f3 antes de la vigencia del Acto Legislativo n.\u00ba 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reliev\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional tiene el car\u00e1cter de compartida con la de vejez que le reconoci\u00f3 Colpensiones, raz\u00f3n por la cual la UGPP solo deber\u00e1 cubrir el mayor valor, si existiere, entre esta y la de vejez otorgada por la entidad de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 1 de febrero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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