STC1293-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1293-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00425-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jair de Jes\u00fas Franco Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y Marleny del Pilar Molina Torres, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderados generales con facultad expresa de interponer tutela, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad y \u00abprimac\u00eda del derecho sustancial\u00bb, que dice vulnerados por los acusados. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene \u00abrevocar la sentencia dictada por la Sala\u2026 Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u2026 de enero 23 de 2023, e instruya a dicho Tribunal a efectos de que dicte sentencia sustitutiva en lo que al asunto corresponda, conforme los razonamientos de acuerdo a los motivos que encuentre satisfactorios\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Marleny del Pilar Molina Torres promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Jair de Jes\u00fas Franco Guti\u00e9rrez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 11 de febrero de 2022, en la que se declararon probadas las excepciones de fondo propuestas, se orden\u00f3 no seguir con la ejecuci\u00f3n y el levantamiento del embargo decretado. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la aludida decisi\u00f3n, en fallo de 23 de enero de 2023 la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn la revoc\u00f3 y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en noviembre de 2020 celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa con Marleny del Pilar Molina Torres, que ten\u00eda como finalidad suscribir la escritura p\u00fablica de compraventa en la que le transfer\u00eda el derecho real de dominio del 50% que tiene en comun y proindiviso de un lote con mejoras y anexidades, ubicado en San Jer\u00f3nimo -Antioquia; que se pact\u00f3 la suma de $385.000.000, de los que se pag\u00f3 como anticipo $120.000.000 al momento de la firma de promesa, entregando el predio en la misma fecha y quedando como saldo $255.000.000 para la suscripci\u00f3n de la escritura, \u00faltima que se fij\u00f3 para el 26 de enero de 2021. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en la demanda se consign\u00f3 que no se present\u00f3 en la Notar\u00eda pero que la compradora s\u00ed concurri\u00f3; y que en primera instancia se acogieron las excepciones que present\u00f3, pero en segundo grado se revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Tribunal acusado orden\u00f3 la suscripci\u00f3n de la escritura, pese a que hubo incumplimiento de las partes; que tal como se prob\u00f3 ante el estrado del circuito, la promitente compradora no contaba con los $265.000.000, no hab\u00eda protocolista -lo que se admiti\u00f3 en el interrogatorio de parte-, el instrumento que se alleg\u00f3 ten\u00eda fecha de 30 de junio de 2021 y se indic\u00f3 que el precio acordado ascend\u00eda a $380.000.000, cuando era de $385.000.000. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que no hab\u00eda prueba que las partes tuviesen los paz y salvos y dem\u00e1s documentos requeridos; y que incluso ninguna de las partes se preocup\u00f3 por los mismos, en tanto que los arrimados eran de fecha posterior. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que la Corporaci\u00f3n criticada incurr\u00eda en v\u00eda de hecho, pues era incongruente la sentencia con lo probado; que qued\u00f3 demostrado el incumplimiento de ambas partes, presupuesto con el que el a-quo declar\u00f3 probadas las excepciones; y que el sendero procesal era un juicio verbal de incumplimiento de contrato y no uno de ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer, tal como lo hab\u00eda indicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.8. Sostuvo que se le produc\u00eda un agravio irreparable; que se hizo prevalecer la forma sobre lo sustancial; que la Sala criticada estableci\u00f3 que se trataba de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, compuesto por la promesa y el acta de comparecencia, entendiendo de manera errada el articulo 2.2.6.1.2.9.1 del Decreto 1069 de 2015, pues concluy\u00f3 que el cumplimiento de la promesa equival\u00eda a la comparecencia, por lo que exist\u00eda t\u00edtulo, pese a que cuando se requieren interpretaciones se deb\u00eda acudir al juicio declarativo. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que la sentencia de segunda instancia orden\u00f3 suscribir la referida escritura, premiando a su opositora que tambi\u00e9n incumpli\u00f3; que se menospreciaba la igualdad de las partes; y que se incurr\u00eda en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn indic\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida conten\u00eda las razones de hecho y de derecho que la sustentaban; que por regla general era improcedente la tutela contra providencias judiciales; y que remit\u00eda el link del expediente criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn refiri\u00f3 que reiteraba lo expresado en el fallo proferido, pues la documentaci\u00f3n y dem\u00e1s medios de prueba aportados como base de recaudo no cumpl\u00edan con las condiciones para prestar m\u00e9rito ejecutivo; que las condiciones de validez y vigencia del negocio jur\u00eddico solo era posible determinarlas en un juicio declarativo, en donde se pod\u00edan esclarecer aspectos que no permit\u00edan la ejecutabilidad; que por respeto a la decisi\u00f3n mayoritar\u00eda del ad-quem no efectuar\u00eda ning\u00fan comentario frente a la misma; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, en tanto que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. Marleny del Pilar Molina Torres se\u00f1al\u00f3 que no se present\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor; que se usaba la tutela como una tercera instancia; que el Tribunal criticado analiz\u00f3 y valor\u00f3 la totalidad del material probatorio obrante en el expediente, encontrando que no existi\u00f3 incumplimiento; que se siguieron las normas propias del juicio, se practicaron las pruebas, se escucharon a las partes, se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n y se apel\u00f3; que era falso que la vendedora no tuviera el dinero, en tanto que en el proceso se prob\u00f3 que efectivamente se hizo presente en la Notar\u00eda con el mismo, adem\u00e1s que conforme lo analiz\u00f3 el Tribunal, ella nunca se comprometi\u00f3 a pagar el saldo pendiente antes de la suscripci\u00f3n de la escritura; que las partes no acordaron tener un protocolista especial y la diferencia de precio de venta consignada en la minuta no era un factor que representara una falta de preparativo para la firma de la escritura; que no se pact\u00f3 que tuviera la obligaci\u00f3n de llevar alg\u00fan documento a la firma de la escritura, ni mucho menos paz y salvos; que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho ni una incongruencia; que se pretend\u00eda atacar el principio de autonom\u00eda judicial; que la sentencia estuvo debidamente motivada; que no qued\u00f3 probado un mutuo incumplimiento; que si el accionante ten\u00eda dudas frente al fallador deb\u00eda acudir ante la autoridad correspondiente; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues los apoderados no allegaban documento que acreditara su calidad, ni justificaban su actuar como agentes oficiosos; que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del resguardo; que exist\u00eda un salvamento de voto, lo que evidenciaba que el caso fue analizado; y que se opon\u00eda a las pretensiones invocadas. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el Tribunal convocado, en la providencia criticada de 23 de enero de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El t\u00edtulo ejecutivo complejo se conform\u00f3 por el contrato de promesa de venta y el acta de comparecencia emitida por la Notar\u00eda 15 de Medell\u00edn, cuyo contenido da cuenta de la asistencia exclusiva de la promitente compradora en la fecha y hora acordada \u201ccon el objeto de allanarse a cumplir\u201d el negocio jur\u00eddico prometido. <\/p>\n
Los documentos aportados constituyen prueba id\u00f3nea de la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 422 del CGP, pues la obligaci\u00f3n de suscribir escritura p\u00fablica se encuentra inequ\u00edvocamente pactada, su redacci\u00f3n aparece n\u00edtida y manifiesta, adicionalmente, la acreedora puede reclamar su cumplimiento por no estar pendiente un plazo o el advenimiento de una condici\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la prestaci\u00f3n que se demanda deb\u00eda honrarse simult\u00e1neamente por ambos contratantes el 26 de enero de 2021 a las 2:00 p.m., fecha y hora en la cual deb\u00edan comparecer los contratantes a suscribir la correspondiente escritura p\u00fablica, pese a ello, solo compareci\u00f3 la ejecutante, surgiendo as\u00ed la exigibilidad de la obligaci\u00f3n frente al promitente vendedor y la facultad de la acreedora de reclamar su cumplimiento por la v\u00eda del proceso ejecutivo. <\/p>\n
De manera que la suscripci\u00f3n de escritura p\u00fablica en la fecha y hora pactada obligaba no solo a la demandante sino tambi\u00e9n al demandado, pues no se enrostraron estipulaciones diversas a las contenidas en la promesa de venta aportada con la demanda, luego al ser el contrato ley para las partes seg\u00fan las voces del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, impon\u00eda su cumplimiento al tenor de lo establecido por los contratantes. El acaecimiento del t\u00e9rmino sin que el demandado compareciera a la Notar\u00eda para materializar la venta prometida lo sit\u00faa en el campo del incumplimiento facultando a la acreedora para exigir su cumplimiento forzoso. <\/p>\n
Ahora bien, contrario al razonamiento del a quo, no se evidencian circunstancias de incumplimiento que fueran imputables a la demandante, ni se revelan situaciones f\u00e1cticas adicionales en el devenir procesal que permitan advertir alg\u00fan incumplimiento contractual en el cual hubiese incurrido, tampoco la presencia de condiciones que previo a la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica le correspondiera asumir en calidad promitente compradora. <\/p>\n
Ciertamente, la lectura del contrato muestra que el pago de parte del precio por la suma de $120\u2019000.000 fue honrado con la firma de la promesa de venta correspondiendo entonces a los contratantes comparecer en la fecha y hora estipulada para la firma del instrumento p\u00fablico contentivo de la venta, empero, como se anot\u00f3, solo asisti\u00f3 la demandante. <\/p>\n
Y, aun cuando se encontraba pendiente completar el pago del precio, lo cierto es que la estipulaci\u00f3n contractual no evidencia que tal conducta la deb\u00eda observar la promitente compradora de manera previa a la firma de la escritura p\u00fablica. N\u00f3tese que la cl\u00e1usula fue establecida en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c\u2026 y el valor restante que asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.C ($265.000.000) con la firma de la escritura p\u00fablica que perfecciona esta venta\u201d\u2026 <\/p>\n
La preposici\u00f3n \u201ccon\u201d en el contexto de la cl\u00e1usula en menci\u00f3n es definida por la RAE como \u201cjuntamente y en compa\u00f1\u00eda\u201d, por consiguiente, resulta impertinente verificar si la demandante llev\u00f3 consigo o no dinero a la notar\u00eda, pues manifiestamente la estipulaci\u00f3n evidencia que el pago del valor restante y la firma de la escritura p\u00fablica era una actuaci\u00f3n concomitante y deb\u00eda verificarse al tiempo de la firma del instrumento, no correspond\u00eda a una obligaci\u00f3n previa que debiera asumir la demandante, luego, no estaba obligaba a acreditar el pago completo del precio de la venta o si llevaba consigo alg\u00fan medio de pago de cara a la configuraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Medio de pago que, en todo caso, no fue pactado por los contratantes, por tanto, tampoco resultaba \u00fatil verificar a trav\u00e9s de los medios de prueba si llevaba o no consigo dinero en efectivo y si cubrir\u00eda la totalidad del precio. <\/p>\n
En ese escenario, el pago del precio no resultaba una prestaci\u00f3n que deb\u00eda verificarse y acreditarse previamente para configurar el t\u00edtulo ejecutivo complejo, se insiste, dada la temporalidad en que deb\u00edan surtirse las obligaciones, pues la firma de la escritura p\u00fablica y el pago del precio restante se edificaron por voluntad de los contratantes como prestaciones que deb\u00edan atenderse simult\u00e1neamente y no como una previa a la otra. <\/p>\n
Consid\u00e9rese adem\u00e1s, que existe una circunstancia imputable al demandado que result\u00f3 trascendental para impedir el \u00e9xito de la negociaci\u00f3n prometida y correspondi\u00f3 a la ausencia del promitente vendedor en la Notar\u00eda 15 de Medell\u00edn en la fecha y hora acordada, pues las prestaciones consistentes en firmar el instrumento y completar el pago del precio est\u00e1n l\u00f3gicamente precedidas de la comparecencia de ambos contratantes, as\u00ed, la ausencia del demandado desvaneci\u00f3 cualquier posibilidad de finiquitar la venta prometida. <\/p>\n
Puestas de este modo las cosas, la verificaci\u00f3n del dinero que llevara la promitente compradora a la Notar\u00eda resulta in\u00fatil cuando principalmente ambos contratantes deb\u00edan acudir all\u00ed y, predomina la desidia del demandado en cumplir el contrato al no comparecer a la Notar\u00eda, siendo tal conducta sobre la cual se edific\u00f3 el impedimento de cumplir a cabalidad el contrato preparatorio\u2026 <\/p>\n
Adicionalmente, el a quo sostuvo que, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.6.1.2.9.1 del Decreto 1069 de 2015 el acta de comparecencia no consign\u00f3 el dinero y la documentaci\u00f3n que llevaba la demandante, tampoco de la persona que la acompa\u00f1aba. Sin embargo, como expuso, de cara a la configuraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo, tal informaci\u00f3n resulta in\u00fatil cuando el pago deb\u00eda efectuarse conjuntamente con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica. En lo atinente a la documentaci\u00f3n, el paz y salvo del impuesto predial no era del resorte contractual de la ejecutante y, no se advierte qu\u00e9 otro documento que deb\u00eda plasmarse en el acta para validar la ejecutabilidad de la obligaci\u00f3n que se reclama, los aportados son suficientes para considerar la existencia de un t\u00edtulo ejecutivo. Asimismo, no es relevante informar en el acta qui\u00e9n acompa\u00f1\u00f3 a la demandante a la Notar\u00eda. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la minuta del contrato, no es admisible afirmar que las falencias en su elaboraci\u00f3n generan como consecuencia la ausencia de t\u00edtulo ejecutivo… No obstante, no hace parte del t\u00edtulo ejecutivo, el cual se configura a partir de la verificaci\u00f3n de los requisitos consagrados en el citado art\u00edculo 422, presupuestos que, como se indic\u00f3, se encuentran satisfechos con el contrato de promesa de compraventa y el acta de comparecencia a la notar\u00eda, sin que ning\u00fan medio de prueba hubiese logrado derruir la ejecutabilidad del t\u00edtulo aportado\u2026 <\/p>\n
En lo concerniente a las excepciones de m\u00e9rito denominadas como \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d; \u201cinexistencia de causa para pedir\u201d y \u201cnadie puede alegar a su favor su propia culpa\u201d fundadas b\u00e1sicamente en que la demandante no demostr\u00f3 que se allan\u00f3 a cumplir y que no ostenta la calidad de contratante cumplida, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, conforme a lo expuesto, los documentos que acompa\u00f1an la demanda contienen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible que la faculta para reclamar por la v\u00eda del proceso ejecutivo del hecho debido, sin que se demostrara la ausencia de ejecutabilidad del t\u00edtulo, menos a\u00fan que hubiese desatendido los compromisos contractuales previos a la suscripci\u00f3n de escritura p\u00fablica. <\/p>\n
En definitiva, el contrato de promesa suscrito es ley para las partes y los documentos presentados constituyen prueba id\u00f3nea que faculta a la acreedora para reclamar por la v\u00eda del proceso ejecutivo, la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de venta respecto del 50% del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No 029-12004 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n, sin que ning\u00fan medio de convicci\u00f3n logre derruir tal conclusi\u00f3n, razones suficientes para revocar la providencia recurrida y, en su lugar, ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en la forma determinada en el mandamiento ejecutivo, conforme al procedimiento consagrado en el art\u00edculo 434 del CGP. <\/p>\n
Concluyendo as\u00ed que: <\/p>\n
La obligaci\u00f3n consistente en suscribir escritura p\u00fablica de venta se encuentra soportada en t\u00edtulo ejecutivo complejo integrado por el contrato de promesa de venta y el acta de comparecencia emitida por la Notar\u00eda 15 de Medell\u00edn aportados con la demanda, documentos que re\u00fanen las condiciones dispuestas en el art\u00edculo 422 del CGP para prestar m\u00e9rito ejecutivo, sin que se evidencien condiciones contractuales previas que hubieran sido desatendidas por la demandante. Contrario a ello, se demostr\u00f3 la desidia del demandado para cumplir el pacto, espec\u00edficamente, la renuencia a asistir a la notar\u00eda para la firma de instrumento p\u00fablico, circunstancia que imponen la revocatoria de la decisi\u00f3n de primer grado, en su lugar ordenar la continuidad de la ejecuci\u00f3n por el hecho debido y, consecuencialmente, la imposici\u00f3n de costas al demandado en ambas instancias\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se anticipa que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a prosperar, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden del promotor, en tanto que el Tribunal criticado no hizo una valoraci\u00f3n adecuada de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica puesta a su conocimiento. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que tal como qued\u00f3 consignado, en el acta de comparecencia de la Notar\u00eda se indic\u00f3 que la demandante se hab\u00eda presentado con el objeto de allanarse a cumplir con el contrato de promesa de compraventa, sin que all\u00ed se dejara constancia de que aquella hubiese llevado la suma de dinero faltante. <\/p>\n
Luego no se encontraba acreditado que la demandante se allanara al aludido cumplimiento, pues no solo deb\u00eda concurrir a la Notar\u00eda, sino tambi\u00e9n ten\u00eda que cancelar el valor restante al vendedor, sin que se probara que lo hiciera o que estuviere dispuesta a hacerlo, para que se pudiera sostener que observ\u00f3 sus cargas, por lo que la obligaci\u00f3n reclamada no era exigible ejecutivamente. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, en donde el ad-quem consider\u00f3 que la actora se allan\u00f3 a cumplir con las obligaciones a su cargo y que la demandada las desatendi\u00f3, tras analizar la censura formulada, esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 parcialmente dicha determinaci\u00f3n, tras concluir que la constancia expedida por la Notar\u00eda era insuficiente para acreditar la observancia de las cargas de la parte, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u2026Significa lo expuesto que ese 10 de julio de 1997 la actora, como promitente compradora, ten\u00eda la obligaci\u00f3n no s\u00f3lo de concurrir a la mencionada notar\u00eda a suscribir el aludido instrumento p\u00fablico sino de cancelarle a la demandada, en su condici\u00f3n de promitente vendedora, los $102\u2019900.000 provenientes del pr\u00e9stamo hipotecario que con anterioridad a esa fecha ha debido haber obtenido del Banco Central Hipotecario, as\u00ed como el saldo, esto es, la suma de $14\u2019100.000. Empero, como con acierto lo refriega la censura, dentro del proceso brilla por su ausencia la prueba que cabalmente conduzca a sostener que en esa ocasi\u00f3n Martha Cecilia Rivera Pardo estuvo dispuesta a pagarle a la Carlota Escobar de G\u00f3mez cualquiera de tales dos cantidades determinadas de dinero, pues en el plenario no existe ninguna evidencia indicativa de que en aquella fecha, en horas anteriores a su concurrencia a la notar\u00eda o durante el tiempo en que all\u00ed permaneci\u00f3, tuviera en su poder dichas sumas o alg\u00fan t\u00edtulo valor por el total de ellas o, cuando menos, que ostentara el decidido prop\u00f3sito de cancel\u00e1rselas. Advi\u00e9rtase a este respecto que, cual lo recalca la acusadora, en el acta que corre a folio 23 del cuaderno 1, contentiva de la constancia de comparecencia que con relaci\u00f3n a Rivera Pardo levant\u00f3 el Notario D\u00e9cimo de Bogot\u00e1, absolutamente nada se menciona en relaci\u00f3n con el hecho de que ella all\u00ed tuviera en su poder tales sumas de dinero o alg\u00fan instrumento que incorporara ambas o una de aquellas cantidades\u2026 <\/p>\n
De modo que al tratarse de obligaciones que la promitente compradora deb\u00eda satisfacer en la memorada fecha, de manera simult\u00e1nea al otorgamiento de la escritura que contuviera la compraventa a la que se circunscribe aquel contrato de promesa, para el buen suceso de esta acci\u00f3n era de su carga acreditar la satisfacci\u00f3n de esas prestaciones o, cuando menos, que ciertamente se allan\u00f3 a cumplir por haber estado dispuesta a cubrir el saldo insoluto del precio de la venta prometida. <\/p>\n
Es claro, por tanto, que como el 10 de julio de 1997 no solamente deb\u00eda otorgarse la escritura contentiva del contrato de compraventa prometido sino que de igual modo y al mismo tiempo la demandante, en su condici\u00f3n de promitente compradora, ten\u00eda que pagar el saldo del precio, ora en los t\u00e9rminos originalmente estipulados en el negocio o ya en aquellos a los que se circunscribe el \u201cOTROSI\u201d enantes mencionado, a efecto de que se pudiera sostener que por su lado cumpli\u00f3 con las prestaciones a su cargo o como demostraci\u00f3n fehaciente de que estaba dispuesta a hacerlo, en esa ocasi\u00f3n ha debido acreditar que llevaba consigo si no dicha suma l\u00edquida de dinero s\u00ed por lo menos los mentados t\u00edtulos valores, de forma tal que en relaci\u00f3n con ese espec\u00edfico aspecto quedara expresa constancia en el acta contentiva de la asistencia que al efecto se levant\u00f3 ante la notar\u00eda escogida para la celebraci\u00f3n del negocio prometido, y ya se vio que de dicho documento no brota ninguna se\u00f1al indicativa de que por lo menos hubiera puesto de presente que estaba dispuesta en ese momento a pagar el importe correspondiente al saldo o que ten\u00eda los cheques con las formalidades exigidas que al efecto se requer\u00edan para serle entregados a su par negocial. El silencio reci\u00e9n evidenciado, que es el mismo que en este sentido relata el cargo, es apenas manifiesto de que la demandante all\u00ed no demostr\u00f3 haber cumplido con la se\u00f1alada obligaci\u00f3n o que se allan\u00f3 a satisfacerla, como tampoco lo hizo a lo largo de este proceso, pues al respecto el expediente est\u00e1 hu\u00e9rfano de prueba, siendo que ninguna de aquellas en que se fund\u00f3 el juzgador para adoptar la decisi\u00f3n objeto del embate alude a la satisfacci\u00f3n, as\u00ed fuera parcial, de esta especial carga de la promitente compradora. <\/p>\n
De suerte que si la cabal demostraci\u00f3n de la satisfacci\u00f3n o allanamiento a cumplir esta espec\u00edfica obligaci\u00f3n era una presupuesto necesario para el \u00e9xito de la acci\u00f3n resolutoria demandada al amparo del art\u00edculo 1546 citado, y si ese requisito no fue satisfecho, lo evidente era que la pretensi\u00f3n propuesta por la promitente compradora no saliera avante; de modo que al haber sostenido el tribunal que aqu\u00e9lla s\u00ed cumpli\u00f3 con las obligaciones a su cargo o que estuvo presta a hacerlo, en clara contraevidencia de lo que viene de demostrarse, cometi\u00f3 el yerro f\u00e1ctico que le enrostra la censura, pues al sentar semejante afirmaci\u00f3n supuso la prueba de tal cumplimiento o allanamiento, con mayor raz\u00f3n si se toma en consideraci\u00f3n que en el caso particular de las probanzas en que afinc\u00f3 su decisi\u00f3n absolutamente nada dicen al respecto\u2026 <\/p>\n
7. En este orden de ideas, para el buen suceso de las s\u00faplicas demandadas por Martha Cecilia ninguna eficacia ten\u00eda el hecho de que la demandada no hubiera concurrido en aquella oportunidad a la notar\u00eda escogida a otorgar la respectiva escritura de compraventa, si de otro lado aqu\u00e9lla no demostr\u00f3, como le correspond\u00eda, que las obligaciones que simult\u00e1neamente al otorgamiento de ese acto ten\u00eda que cumplir, efectivamente las satisfizo o por lo menos que estuvo dispuesta a hacerlo, siendo que, como atr\u00e1s se dej\u00f3 visto, dentro de los presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria derivada del mandato legal se\u00f1alado tambi\u00e9n se encuentra el que es objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
8. Y aun cuando lo anterior es suficiente en orden a quebrar el fallo combatido, no ha de perderse de vista que, atendida la forma como las partes concibieron el contrato de promesa, la incomparecencia de la demandada dicho 10 de julio de 1997 a la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bogot\u00e1 a otorgar la escritura de compraventa resulta del todo irrelevante en v\u00eda de estructurar un verdadero incumplimiento suyo que pudiera conducir a aniquilar, por esa sola circunstancia, el contrato\u2026 (CSJ SC, 16 jun. 2006, exp. 7786). <\/p>\n
Asimismo, en un caso de similares contornos, esta Sala hall\u00f3 razonable la decisi\u00f3n criticada en la que se dispuso no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de suscribir un documento -escritura p\u00fablica-, por no haber acreditado el pago del dinero, precisando que: <\/p>\n
\u2026Observada la disconformidad elevada surge que el gestor, al estimar que aconteci\u00f3 desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustantivo y f\u00e1ctico, enfila su descontento contra el prove\u00eddo del 12 de marzo de 2019, proferido por el Tribunal recriminado, en cuanto revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
3. Obran como capitales acreditaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada, las siguientes\u2026 3.4. Sentencia de segunda instancia del 12 de marzo hoga\u00f1o que, en sus consideraciones centrales para revocar la decisi\u00f3n del a quo manifest\u00f3\u2026 <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que ese 8 de agosto de 2017 la actora, como promitente compradora ten\u00eda la obligaci\u00f3n no s\u00f3lo de concurrir a la mencionada notar\u00eda a suscribir el aludido instrumento p\u00fablico, sino de cancelarle a la demandada, en su condici\u00f3n de promitente vendedora, la suma de $65.000.000. Empero, dentro del proceso brilla por su ausencia la prueba que cabalmente conduzca a sostener que en esa ocasi\u00f3n el ejecutante FERNANDO ANTONIO NADER ESCRUCER\u00cdA estuvo dispuesto a pagarle a OLGA LUC\u00cdA COLMENARES RODR\u00cdGUEZ la antedicha suma de dinero, pues en el plenario no existe ninguna evidencia indicativa de que en aquella fecha, en horas anteriores a su concurrencia a la notar\u00eda o durante el tiempo que all\u00ed permaneci\u00f3 tuviera en su poder dichas sumas. Advi\u00e9rtase a este respecto que, en el acta que corre a folio 24 del cuaderno 1, contentiva de la constancia de comprarecencia que con relaci\u00f3n a FERNANDO ANTONIO NADE ESCRUCER\u00cdA levant\u00f3 el Notaria 15 de Cali, absolutamente nada se menciona en relaci\u00f3n con el hecho de que ella all\u00ed tuviera en su poder tales sumas de dinero o alg\u00fan instrumento que incorporara dicha suma de dinero, cual suele ocurrir cuando se deja constancia de un cheque de gerencia. <\/p>\n
\u201cDe modo que al tratarse de obligaciones que la promitente compradora deb\u00eda satisfacer a la memorada fecha, de manera simult\u00e1nea al otorgamiento de la escritura que contuviera la compraventa a la que se circunscribe aquel contrato de promesa, para el buen suceso de esta acci\u00f3n era de su carga acreditar la satisfacci\u00f3n de esas prestaciones o, cuando menos, que ciertamente se allan\u00f3 a cumplir por haber estado dispuesta a cubrir el saldo insoluto del precio de la venta prometida. <\/p>\n
\u201cEntonces, es claro, que como el 8 de agosto de 2017 no solamente deb\u00eda otorgarse la escritura contentiva del contrato de compraventa prometido sino de igual modo y al mismo tiempo el demandante en su condici\u00f3n de promitente comprador, ten\u00eda que pagar el saldo del precio, ora en los t\u00e9rminos originales estipulados en el negocio o los que se demostrara en este proceso que le deb\u00eda, a efecto de que se pudiera sostener que por su lado cumpli\u00f3 con las prestaciones a su cargo o como demostraci\u00f3n fehaciente de que estaba dispuesta a hacerlo, en esa ocasi\u00f3n ha debido acreditar que llevaba consigo si no dicha suma l\u00edquida de dinero s\u00ed por los menos un t\u00edtulo valor, de forma tal que en relaci\u00f3n con ese espec\u00edfico aspecto quedara expresa constancia en el acta contentiva de la asistencia que al efecto se levant\u00f3 ante la notar\u00eda escogida para la celebraci\u00f3n del negocio prometido y ya se vio que de dicho documento no aparece se\u00f1al indicativa de que por lo menos hubiera puesto de presente que estaba dispuesta en ese momento a pgar el importe correspondiente al saldo o que ten\u00eda los cheques con las formalidades exigidas que al efecto se requer\u00edan para serle entregados a su promitente vendedora quien ya se le hab\u00eda hecho entrega material del inmueble objeto de la promesa. El silencio as\u00ed descrito, evidencia que el demandante all\u00ed no demostr\u00f3 haber cumplido con la se\u00f1alada obligaci\u00f3n o que se allanaba a satisfacerla\u2026 <\/p>\n
\u201cLo pertinente en este proceso, era que en esos anexos se allegaran las pruebas de que el promitente comprador hab\u00eda llevado a la notar\u00eda la suma de dinero adeudada, y que siguiera haci\u00e9ndole a la hoy ejecutada el ofrecimiento de pagar la misma, demostrando as\u00ed inequ\u00edvocamente su allanamiento a cumplir la convenci\u00f3n en los t\u00e9rminos ideados y ajustados entre las partes, pero esto no lo demuestran los anexos de la demanda ejecutiva, como viene de verse\u2026 <\/p>\n
\u201cEmpero adem\u00e1s de este valladar de car\u00e1cter legal al revisar las declaraciones se advierte que Eduardo Fortunato Nader (Hermano del ejecutante) y Jaime Aranzasu (Apoderado judicial del ejecutante en ese entonces) dicen no haber visto la suma de dinero que llevaba el promitente comprador hoy ejecutante y, en cuanto a la declaraci\u00f3n de Wadith Alberto Nader Escrucer\u00eda, su declaraci\u00f3n resulta ambigua, pues no afirma haber tenido a la vista y saber cu\u00e1l era la cuant\u00eda de la suma de dinero que llevaba su hermano \u2013 ejecutante a la notar\u00eda simplemente afirma que el ejecutante iba a pagar el saldo que deb\u00eda y que ascend\u00eda a la suma de $29.600.000 lo que sumado a la ausencia de referencia a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adquiri\u00f3 ese conocimiento, le restan todo valor suasorio su dicho. <\/p>\n
\u201cSin que pueda afirmarse en contrario, que el dicho del propio promitente comprador hoy ejecutante sea suficiente para acreditar este hecho, pues la Corte Suprema de Justicia le ha restado valor probatorio a las versiones de la propia parte dentro del proceso… <\/p>\n
\u201c6. En ese orden ideas, para el buen suceso de las s\u00faplicas demandadas por FERNANDO ANTONIO NADER ESCRUCER\u00cdA ninguna eficacia ten\u00eda el hecho de que OLGA LUCIA COLMENARES RODR\u00cdGUEZ no hubiera concurrido en aquella oportunidad a la notar\u00eda escogida a otorgar la respectiva escritura de compraventa y previa cancelaci\u00f3n de las hipotecas vigentes, si de otro lado aquel no demostr\u00f3, como le correspond\u00eda que las obligaciones que simult\u00e1neamente al otorgamiento de ese acto ten\u00eda que cumplir, efectivamente las satisfizo o por los menos que estuvo dispuesto a hacerlo, siendo que, como atr\u00e1s se dej\u00f3 visto, dentro de los presupuestos de la acci\u00f3n de cumplimiento a trav\u00e9s del proceso de ejecuci\u00f3n derivado del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, este requisito es indispensable para la prosperidad de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c7. Es claro para la Sala que el aquo err\u00f3 al identificar la normatividad que regentaba el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, comoquiera que ni siquiera se remiti\u00f3 al art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, norma que contiene la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita que lleva consigo todo contrato, la condici\u00f3n para la suscripci\u00f3n de la escritura prometida, deviene de la Ley que no de la forma en que las partes hab\u00edan redactado el contrato, en consecuencia, no basta la sola presencia del promitente comprador ejecutante en la notar\u00eda en la fecha y hora programada, sino que adem\u00e1s era necesario que este acreditara haber pagado la suma de dinero que completaba el precio de la transacci\u00f3n, por lo anterior su actividad en la fase probatoria no profundiz\u00f3 sobe este tema que es axial en la definici\u00f3n del litigio y es la suma de dinero que supuestamente llevaba consigo el promitente comprador ejecutante.\u00bb <\/p>\n
Concluyendo la Corte que: <\/p>\n
4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, en cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento inmediatamente rese\u00f1ado, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, aquel no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada, respecto de la v\u00eda procesal para obtener la anulaci\u00f3n de la providencia que le fue desfavorable, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio. <\/p>\n
4.1.- Lo anterior, habida cuenta que el cumplimiento o el allanamiento a cumplir una prestaci\u00f3n en virtud de un contrato sinalagm\u00e1tico, como el del sub judice, involucra el an\u00e1lisis de la aptitud de las circunstancias f\u00e1cticas en que se encontraban las partes orientadas a la observancia del contrato. <\/p>\n
4.2.- Es entonces, a partir de los mecanismos probatorios que oportuna y regularmente se aportaron al proceso, sobre los cuales hace el juez la valoraci\u00f3n de dicha aptitud. En el caso particular, de los testimonios y la declaraci\u00f3n de parte, el tribunal confutado infiere razonablemente la inexistencia de actitudes diligentes y certeras desplegadas por el tutelista hacia el cumplimiento irrestricto de su parte en el convenio suscrito, porque si bien la presentaci\u00f3n en la notar\u00eda en la fecha y hora convenidas era necesaria, no resultaba suficiente de cara afirmar la intenci\u00f3n un\u00edvoca de pagar el saldo que se hab\u00eda acordado. <\/p>\n
4.3.- As\u00ed las cosas, el fallo cuestionado no puede tildarse de arbitrario o caprichoso para que sea objeto de ataque en sede constitucional\u2026 (Resaltado fuera de texto, CSJ STC5028-2019, 24 abr. 2019, rad. 2019-01123-00). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, incuestionable es que el Tribunal convocado omiti\u00f3 efectuar la valoraci\u00f3n adecuada del material probatorio que le era exigible, acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica, con lo que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por lo que se impone la concesi\u00f3n del amparo con miras a que se efect\u00fae un estudio con el alcance que realmente merece la constancia notarial mencionada, en tanto que la misma era insuficiente para dar por acreditada la condici\u00f3n de contratante cumplido a la ejecutante, lo que tornaba inexigible el t\u00edtulo aducido. <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se ha dejado dicho: <\/p>\n
6. Conforme lo expuesto, se impone conceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del gestor, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que, tras dejar sin efecto el fallo censurado de 23 de enero de 2023, proceda a dictar una nueva providencia que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de la accionante. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que, tras dejar sin efecto la sentencia emitida el 23 de enero de 2023, en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Marleny del Pilar Molina Torres contra el accionante (radicaci\u00f3n 05001-31-03-006-2021-00361), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1293-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1293-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00425-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jair de Jes\u00fas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}