STC1297-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1297-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2022-00304-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela que Representaciones \u00c1vila Salda\u00f1a y Compa\u00f1\u00eda Aviacor Ltda. instaur\u00f3 en contra la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 21-296026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara dejar sin efecto la providencia expedida en la audiencia de 20 de septiembre de 2022, en la lid de la referencia. <\/p>\n
En compendio, adujo que en la citada fecha, la autoridad cuestionada dict\u00f3 sentencia en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que Rodrigo Salgado Rivera inco\u00f3 en su contra y la conden\u00f3 a reembolsar la suma de $20\u2019893.022 a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, por el plan vacacional que por intermedio de Aviacor Ltda. adquiri\u00f3 el demandante en enero del a\u00f1o 2020 para 5 personas con tiquetes a\u00e9reos y alojamiento en Canc\u00fan; prove\u00eddo que recurri\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero dicha dependencia los rechaz\u00f3 por improcedentes (27 oct. 2022). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular ese veredicto, porque: <\/p>\n
<\/p>\n
* No valor\u00f3 y no tuvo en cuenta las pruebas documentales y testimoniales \u201csuficientes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
* No notific\u00f3 al \u201cexpendedor\u201d y no \u201cindividualiz[\u00f3 ni] vincul\u00f3 al productor \u2013 proveedor\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
* Desconoci\u00f3 si se aport\u00f3 con el pleito la reclamaci\u00f3n prevista en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 y, por tanto, no se cumpli\u00f3 con el \u201crequisito de procedibilidad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
* Viol\u00f3 \u201cel requisito de la jurisdicci\u00f3n y competencia debido a que el usuario reside en la ciudad de Neiva, el expendedor tiene su asiento comercial en la ciudad de Neiva y los hechos se adelantaron en la ciudad Neiva\u201d, de manera que el juicio no debi\u00f3 tramitarse en Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
* No aplaz\u00f3 dicha diligencia pese a que \u201cde manera oportuna inform[\u00f3] (\u2026) por v\u00eda e-mail el d\u00eda 19 de septiembre de [ese] a\u00f1o, que el representante legal no tiene la capacidad intelectual a nivel electr\u00f3nic[o] y a su vez por ser persona de la tercera de edad, a quien le era imposible atender[la]\u201d. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la guarda puesto que \u201cse torna improcedente por inexistencia de los cargos aducidos\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 el amparo, tras colegir que \u00abno se agotaron los mecanismos ordinarios que ten\u00eda a su alcance la entidad accionante, para atacar las actuaciones, defectos o errores surtidos por la autoridad accionada que aseguran violentar su garant\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
Para ello, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(…) revisado el expediente digital contentivo del asunto objeto de reproche, se encuentra que las excepciones previas invocadas en la contestaci\u00f3n de la demanda, no solo no, alegaron la falta de competencia y jurisdicci\u00f3n, especialmente, frente al alegato de ser la Superintendencia de Transporte la que debi\u00f3 conocer de la demanda invocada por el se\u00f1or Salgado Rivera, sino tambi\u00e9n por cuanto, con ocasi\u00f3n al informe secretarial rendido el 3 de septiembre de 20212 que dio cuenta de la extemporaneidad de las exceptivas, el 3 de junio de 2022, la autoridad accionada las rechaz\u00f3 por improcedentes, y a su vez neg\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda de Price Agencies; no obstante, ante tal disposici\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda gestora guard\u00f3 silencio, dejando de lado, como en sus posibilidades estaba el ejercicio del recurso de reposici\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 318 del C.G.P., para que la SIC tuviera la oportunidad de estudiar los reparos que pretende hacer valer por esta senda. (\u2026). <\/p>\n
En lo que tiene que ver, con la determinaci\u00f3n de no accederse a la solicitud de aplazamiento de la audiencia acontecida el 20 de septiembre de 2022, se tiene que la misma, se reclam\u00f3 el 19 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, por el apoderado judicial de la accionante, sin embargo, aquella se limit\u00f3 a informar que por motivos de fuerza mayor, el representante legal no atender\u00eda la diligencia virtual, sin aportar soporte que sustentar\u00e1 su petici\u00f3n, adem\u00e1s, dest\u00e1quese, que tampoco en el t\u00e9rmino previsto en el inciso tercero del numeral tercero del art\u00edculo 372 del C.G.P., justific\u00f3 su inasistencia; v\u00e9ase tambi\u00e9n, que la negativa de reprogramaci\u00f3n fue motivada por el juez de la causa, al exponer que en el RUES (registro \u00fanico empresarial), se previene que la compa\u00f1\u00eda cuenta con un representante legal suplente que pod\u00eda atender la diligencia cuestionada, sin existir oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del auxilio y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo rebatido, comoquiera que la gestora desaprovech\u00f3 las herramientas con que contaba en la Litis civil para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Ello, en tanto, respecto de las presuntas irregularidades estructuradas en la contienda, se corrobor\u00f3 al revisar minuciosamente el dossier, que la quejosa no las aleg\u00f3 oportunamente ya que la contestaci\u00f3n a la demanda, las excepciones previas y de m\u00e9rito, las propuso de manera extempor\u00e1nea, lo que condujo a que el 3 de junio de 2022 la Superintendencia las \u00abrechazara\u00bb, a trav\u00e9s de interlocutorio que qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue opugnado por aquella. <\/p>\n
Adicionalmente, se comprob\u00f3 que no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n \u2013art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso- la directriz que desestim\u00f3 la reprogramaci\u00f3n de la vista p\u00fablica fijada para el 20 de septiembre de 2022 y tampoco \u00abjustific\u00f3 su inasistencia\u00bb dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su celebraci\u00f3n, de conformidad con el inciso 3, numeral 3\u00b0 del canon 372 \u00eddem. <\/p>\n
De modo que, al no ejercer tales instrumentos en las etapas procesales consagradas para ello, emerge clara su incuria, sin que pueda ahora, por esta senda, pretender revivir las oportunidades que dejo precluir. <\/p>\n
Esta Colegiatura tiene decantado, que <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026), STC6663-2018, citada en STC15135-2021 y en STC3157-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 reiterada en STC15135-2021 y STC3157-2022). <\/p>\n
2.- En conclusi\u00f3n, se impone el respaldo del prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
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<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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