STC1298-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1298-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2022-00188-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la tutela que V\u00edctor Danilo Camacho Fern\u00e1ndez en calidad de agente oficioso de Xavier Camacho Segura, instaur\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal, ambos de Buenaventura, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00262. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en la condici\u00f3n aducida, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, a la familia, derecho superior de los ni\u00f1os y estabilidad laboral reforzada\u00bb, presuntamente trasgredidos por las autoridades convocadas \u00aben las sentencias de primera y segunda instancia de fechas del 11 de nov. de 2022 y 14 de dic. de 2022\u00bb. <\/p>\n
En compendio indic\u00f3 que interpuso \u00abtutela\u00bb contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (rad. 2022-00262), porque su hijo labor\u00f3 all\u00ed por 12 a\u00f1os, pero empez\u00f3 a padecer una enfermedad cr\u00f3nica de colon irritable, le practicaron varias cirug\u00edas y \u00abcuando terminaba la incapacidad m\u00e9dica que fue el d\u00eda 18 de abril 2022, el Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional Buenaventura S.A. sin mediar palabras le dio por terminado su contrato de trabajo sin justa causa, aun estando enfermo\u00bb; raz\u00f3n por la que no ha cumplido con sus obligaciones, pues \u00e9l como su padre de 69 a\u00f1os y su descendiente de 6 a\u00f1os depend\u00edan de su trabajo. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Buenaventura neg\u00f3 el amparo (24 nov. 2022), determinaci\u00f3n que el Primero Civil del Circuito de la misma sede refrend\u00f3 el 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, esos despachos omitieron verificar el \u00abderecho\u00bb que le asiste a la estabilidad laboral reforzada, ya que, el ad quem tan solo tard\u00f3 cinco (5) d\u00edas en emitir la decisi\u00f3n cuando contaba con veinte (20) y, ni siquiera \u00abse tomaron la molestia de decretar pruebas de oficio, o de haber verificado lo que manifest\u00e9 que su familia depend\u00eda econ\u00f3micamente de lo que trabajo, es m\u00e1s ni siquiera oficiaron al Bienestar familiar a fin de verificar si era cierto lo que yo expresaba\u00bb. <\/p>\n
Invoca esta salvaguarda como \u00abmecanismo transitorio ante un perjuicio irremediable\u00bb, por no contar con otro medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Buenaventura destac\u00f3 que la providencia que dict\u00f3 fue el resultado del an\u00e1lisis de los hechos que \u00abse plantearon como generadores de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que, confrontados con la normatividad aplicable al caso, establecieron que el accionante no era sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional como para que el asunto puesto a consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Primero Civil del Circuito alleg\u00f3 link de acceso al expediente objetado y expuso que \u00abla providencia criticada no fue fruto de una circunstancia de fraude, enga\u00f1o o estafa, o al menos no se ha probado hasta ahora, adem\u00e1s, versa en el ordenamiento jur\u00eddico otros remedios \u2013 como una demanda laboral con medida cautelares \u2013 para ventilar estos litigios, de modo que, surge l\u00f3gico la negaci\u00f3n de este amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. se opuso al resguardo. <\/p>\n
La EPS Comfenalco, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir y Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. requirieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU REFUTACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Buga deneg\u00f3 el ruego, porque \u00abel accionante pretende controvertir, mediante una nueva acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el juez 1\u00b0 civil del circuito de Buenaventura, en segunda instancia (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s \u00abla tutela, presentada inicialmente, puede ser seleccionada por la Corte Constitucional -\u00f3rgano de cierre- por cualquiera de los mecanismos previamente enunciados\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el gestor sin argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es posible el examen de la \u00abtutela contra tutela\u00bb cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, citadas en STC2551-2021, STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
La Guardiana de la Carta Pol\u00edtica acept\u00f3 la procedencia de tales \u00abacciones\u00bb, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en la ayuda supralegal es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021 y STC4756-2022). As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
2.- En el sub lite el promotor intenta dejar sin efectos las sentencias expedidas por los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Buenaventura, en la \u00abtutela\u00bb n\u00b0 2022-000262 (24 nov. y 14 dic. 2022), por cuanto, en su opini\u00f3n, se debi\u00f3 reconocer la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb all\u00ed reclamada. Es decir, su inconformidad es con el fundamento de dichos proveimientos, lo que torna impertinente el estudio del anhelo tutelar, m\u00e1xime cuando no se advierten vicisitudes constitutivas de \u00abfraude\u00bb, evento capaz de facultar la prosperidad de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, el precursor tiene a su alcance el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar los \u00abfallos de tutela\u00bb que debate, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que cierra la posibilidad de auscultar por este camino una pauta de otro \u00abJuez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el dossier para ese fin, haga uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb, remedio del que esta Corte ha predicado: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC10007-2020, STC16306-2021 y STC5025-2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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