STC1302-2023 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1302-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00129-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, en la tutela que Heraldo Jim\u00e9nez Imbacuan, Mar\u00eda Alejandra y Diego Fernando Jim\u00e9nez Enr\u00edquez le instauraron a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Pasto y Promiscuo Municipal de La Florida, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00020-00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas invocaron la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se \u00abrevo[cara] o anul[ara] la sentencia del ad quem (\u2026) y se orden[ara] a la[s] [autoridades] accionada[s] [que] en t\u00e9rminos de ley dict[aran] una nueva sentencia de conformidad con las pruebas aportadas y obrantes al proceso [n\u00b0. 2022-00020-00\/01]\u00bb; subsidiariamente, pidieron que se \u00abrevo[caran] o anul[aran] las sentencias de primera y segunda instancia (\u2026) y se rehaga la actuaci\u00f3n convocando al proceso a todos los comuneros del bien inmueble que se dice le caus\u00f3 da\u00f1os al bien del demandante, es decir integrando el litis consorcio necesario\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Florida, en el juicio de que Jes\u00fas Hidalgo Espa\u00f1a interpuso contra Heraldo Jim\u00e9nez Imbacuan, declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito por este formuladas, denominadas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, fuerza mayor o caso fortuito, inexistencia de nexo causal y cobro de lo no debido\u00bb, le atribuy\u00f3 la responsabilidad civil por los da\u00f1os ocasionados a la vivienda del demandante y lo conden\u00f3 a pagar, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por \u00abda\u00f1o\u00bb emergente $45.934.819 y, por el moral extrapatrimonial un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente (3 may. 2021). <\/p>\n
Inconforme el vencido, apel\u00f3, recurso que el superior admiti\u00f3 (15 sep.); posteriormente, requiri\u00f3 a la pasiva para que \u00absubsan[ara] las falencias anotadas en su experticia, concretamente la ausencia de los documentos que sirvieron de fundamento y los requisitos estipulados en los numerales 4\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0, 7\u00b0, 8\u00b0, 9\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 226 del C.G. del P.\u00bb, \u00abteniendo en cuenta que, se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, antes de resolverse la apelaci\u00f3n y que aquella ha sido objeto de recurso por la parte demandada, [de modo que] corresponde adecuar el tr\u00e1mite conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 330 del estatuto procesal\u00bb (16 feb. 2022). Sin embargo, Heraldo \u00abno subsan\u00f3\u00bb y, el ad quem puso en conocimiento de la contraparte el dictamen (16 mar.). <\/p>\n
Luego, rechaz\u00f3 de plano las solicitudes de nulidad planteadas: i) Por Hidalgo Espa\u00f1a con fundamento en la causal 5\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual resultaba improcedente practicar en segunda instancia una prueba pericial que no cumpl\u00eda los par\u00e1metros exigidos en la ley; y, ii) Por Mar\u00eda Alejandra y Diego Fernando Jim\u00e9nez Enr\u00edquez con respaldo en el numeral 8\u00b0 del aludido, por \u00abindebida integraci\u00f3n del contradictorio por pasiva\u00bb, en tanto ellos eran copropietarios del predio en controversia y, por ende, la demanda tambi\u00e9n debi\u00f3 dirigirse en su contra (8 abr.). <\/p>\n
Finalmente, convalid\u00f3 el veredicto de primer grado (8 ag.). <\/p>\n
Afirmaron los actores que tales determinaciones incurrieron en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico y procedimental\u00bb, en atenci\u00f3n a que: <\/p>\n
a) No se integr\u00f3 el \u00ablistisconsorcio necesario por pasiva\u00bb, a pesar que \u00abHeraldo Jim\u00e9nez, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb y sus dos hijos \u00abMar\u00eda Alejandra y Diego Fernando, herederos en la sucesi\u00f3n il\u00edquida de su madre Nelly Marina Enr\u00edquez Ramos, causante y comunera\u00bb, son titulares del derecho real de dominio del fundo en el que se construy\u00f3 la edificaci\u00f3n que supuestamente gener\u00f3 el deterioro de la heredad del convocante; tesis jur\u00eddica que tampoco tuvo en cuenta el juzgador cuando deneg\u00f3 la nulidad por \u00abindebida integraci\u00f3n el contradictorio por pasiva\u00bb, tras estimar que los peticionarios carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa, al no mediar el referido \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb, en vista que la \u00abcomunidad no altera[ba] el an\u00e1lisis de responsabilidad que el Juzgado (\u2026) atribuy\u00f3 al se\u00f1or Heraldo Jim\u00e9nez\u00bb. <\/p>\n
b) Pas\u00f3 por alto que no se acredit\u00f3 el nexo causal como elemento estructural de la \u00abresponsabilidad civil extracontractual\u00bb, carga que incumb\u00eda a la parte activa y, \u00abpor excelencia\u00bb requer\u00eda una probanza t\u00e9cnica, que no se realiz\u00f3. <\/p>\n
c) La decisi\u00f3n no se fund\u00f3 en un concepto profesional, sino en \u00abtestimonios (\u2026) no t\u00e9cnicos y (\u2026) un dictamen pericial (\u2026) que no re\u00fane los requisitos de una prueba t\u00e9cnica pericial [art. 226 C.G.P.]\u00bb, que el estrado municipal evidenci\u00f3 al explicar \u00abque ese dictamen pericial deb[\u00eda] valorarlo en forma sistem\u00e1tica con los otros medios de prueba, es decir con las fotograf\u00edas que robustecen la inferencia que la construcci\u00f3n del demandado fue la causante de los da\u00f1os reclamados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
d) Desconoci\u00f3 que el hecho de que el funcionario de primer grado hubiese referido que la contestaci\u00f3n brindada por \u00abPlaneaci\u00f3n Municipal de La Florida sobre la inexistencia de licencia de construcci\u00f3n (\u2026) se traduce en un aspecto determinante de responsabilidad del demandado por no cumplir con los distintos reglamentos y medidas de seguridad, am\u00e9n de la conducta evasiva que asumi\u00f3 la parte demandada al absolver el interrogatorio\u00bb, constituyen \u00absimples conjeturas o probabilidades que no prueban nada, menos el nexo causal [entre la actividad peligrosa y el da\u00f1o]\u00bb. <\/p>\n
Jes\u00fas Hidalgo Espa\u00f1a adver\u00f3 que \u00abno exist\u00eda la obligaci\u00f3n de constituir el litisconsorcio necesario\u00bb, debido a que \u00aben ninguna parte del folio de matr\u00edcula inmobiliaria figuran los se\u00f1ores: Maria Alejandra y Diego Fernando Jim\u00e9nez Enr\u00edquez, como comuneros\u00bb, a m\u00e1s que \u00ablos medios de prueba aportados fueron valorados para estructurar debidamente [la] responsabilidad extracontractual\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de San Juan de Pasto deneg\u00f3 el resguardo, en tanto: 1) La sentencia de 8 de agosto de 2022 \u00abse encuentra ajustada a lo probado en el proceso, motivada razonadamente con base en los medios de convencimiento considerados\u00bb; 2) La \u00abnulidad por indebida integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb fue rechazada de plano el 8 de abril de 2022, providencia que no fue controvertida mediante reposici\u00f3n a pesar de su viabilidad y, tampoco satisface el presupuesto de la inmediatez y, de todos modos, \u00abno se muestra como arbitraria o desproporcionada toda vez que se soporta en una inferencia plausible de la jurisprudencia y norma aplicable\u00bb. <\/p>\n
4.- Los impulsores replicaron, haciendo \u00e9nfasis en que \u00ablas pruebas cient\u00edficas y no cient\u00edficas del demandante no tienen la contundencia probatoria para determinar la causa de los da\u00f1os entre las dos viviendas\u00bb, esto es, el \u00abnexo causal\u00bb; no obstante, \u00abse pretende edificar una condena con este dictamen pericial no concluyente y equ\u00edvoco, ayudado y complementado a trav\u00e9s de testimonios, faltas administrativas y cuestiones evasivas en el interrogatorio del demandado\u00bb, que devela \u00abuna grave vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandado\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, recalcaron que est\u00e1 demostrado que \u00abel inmueble que presuntamente caus\u00f3 los da\u00f1os a la vivienda vecina pertenece a la sucesi\u00f3n intestada de Nelly Marina Enr\u00edquez y al demandado Heraldo Jim\u00e9nez, por lo tanto, es un bien sucesoral y existe un litisconsorcio necesario por pasiva y como no se integr\u00f3 se incurri\u00f3 en causal de nulidad del tr\u00e1mite para convocar a los comuneros sucesorales que no se los cit\u00f3 para que se hagan parte del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la prosperidad de la \u00abtutela\u00bb en lo que a Heraldo Jim\u00e9nez Imbacuan respecta y, la refrendaci\u00f3n del fallo opugnado frente a Mar\u00eda Alejandra y Diego Fernando Jim\u00e9nez Enr\u00edquez. <\/p>\n
1.1.- La cr\u00edtica de Jim\u00e9nez Imbacuan al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto se encuentra plenamente sustentada en cuanto a la sentencia expedida el 8 de agosto de 2022. <\/p>\n
En efecto, ubicado el debate en la \u00abexistencia del nexo de causalidad entre la construcci\u00f3n de la vivienda de propiedad del demandado [actividad peligrosa] y el da\u00f1o presentado en el inmueble del demandante\u00bb, debe tenerse en cuenta que, dicha autoridad, para mantener la condena que el a quo impuso a Heraldo por concepto de da\u00f1o emergente y moral, al hallarlo civilmente responsable de los \u00abda\u00f1os\u00bb al predio de Jes\u00fas Hidalgo Espa\u00f1a, indic\u00f3 que el despacho de primer grado: <\/p>\n
i).- En cuanto a la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la experticia adosada por Jos\u00e9 Hidalgo, observ\u00f3 que no era s\u00f3lido \u00abpara determinar que el asentamiento diferencial fue la causa de las afectaciones\u00bb, en tanto: <\/p>\n
(\u2026) carec\u00eda de datos sistem\u00e1ticos y aspectos t\u00e9cnicos cuantitativos que, aparejados con el m\u00e9todo de observaci\u00f3n cient\u00edfica empleado por el experto, le permitieran determinar, por ejemplo, que cada que aparece una fisura a nivel del suelo o una grieta en sentido transversal, es porque existe asentamiento diferencial mayor; o que, siempre que no se deje una dilataci\u00f3n entre muros de cada construcci\u00f3n se va a producir el fen\u00f3meno mencionado. Empero, dichas circunstancias no fueron concretadas en el dictamen pericial o por el perito en audiencia, oportunidad en la que se limit\u00f3 a describir que los defectos observados eran indicativos de un asentamiento diferencial, sin efectuar el cotejo de esa situaci\u00f3n con los datos previos que as\u00ed lo establecieran. <\/p>\n
ii).-Asimismo, advirti\u00f3 que la deducci\u00f3n que el t\u00e9cnico hizo en punto a \u00abque el asentamiento diferencial se produjo porque la casa colindante a la de Jes\u00fas Hidalgo Espa\u00f1a no cuenta con una cimentaci\u00f3n adecuada\u00bb, carec\u00eda de sustento, puesto que \u00abal ser interrogado el perito sobre c\u00f3mo determin\u00f3 la existencia de defectos estructurales en casa del demandado, aquel no especific\u00f3 el medio de conocimiento que lo llev\u00f3 a fundar esa aseveraci\u00f3n, absolviendo la pregunta con los mismos elementos que la estructuran\u00bb. <\/p>\n
iii).- Resalt\u00f3 que a pesar que, el concepto profesional no era suficiente para estructurar la mencionada \u00abrelaci\u00f3n de causalidad\u00bb, resultaba claro que de aquel se rescataban \u00abdos hechos\u00bb, a saber, que: \u00abi) la vivienda nueva de tres pisos no presenta dilataci\u00f3n s\u00edsmica, y; ii) se evidencia que parte de la losa del segundo piso se encuentra construida dentro de la vivienda existente\u00bb; elementos que permiten deducir que \u00abla conducta asumida por el demandado, traducida en la falta de previsiones al momento de levantar su edificaci\u00f3n, tiene incidencia en el menoscabo soportado por la vivienda del demandante\u00bb. <\/p>\n
Aseveraci\u00f3n respecto de la cual, afirm\u00f3, tiene fundamento en la certificaci\u00f3n expedida por Planeaci\u00f3n Municipal de La Florida, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
(\u2026) que el demandado no tramit\u00f3 la licencia de construcci\u00f3n respectiva, que le hubiese permitido levantar la edificaci\u00f3n de tres pisos; ausencia de autorizaci\u00f3n que (\u2026) se traduce en un aspecto determinante de la responsabilidad de (\u2026) Heraldo Jim\u00e9nez, ya que no cumpli\u00f3 con los distintos reglamentos, entre ellos el Reglamento Colombiano de Construcci\u00f3n Sismo Resistente NSR-10, que le adjudicaba las medidas de seguridad que debi\u00f3 tomar para impedir la producci\u00f3n de los da\u00f1os por el ejercicio de la construcci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que apreciara que no estaba probado el acatamiento de \u00ablas medidas de seguridad, que legalmente le eran exigibles [al demandado;] (\u2026) indicio que [le] permiti\u00f3 [al administrador de justicia] (\u2026) inferir que la conducta de [aquel] (\u2026) se encuentra concatenada con el da\u00f1o acaecido en la vivienda del demandante\u00bb. <\/p>\n
iv).- Por dem\u00e1s, analiz\u00f3 la \u00abconducta evasiva\u00bb que asumi\u00f3 Jim\u00e9nez Imbacuan al \u00abresponder las preguntas que [en el interrogatorio de parte] le implicaban una consecuencia adversa\u00bb (25 feb. 2021); conducta que calific\u00f3 como \u00abdeslealtad procesal\u00bb (art. 241 e inc. 1\u00b0 del art. 280 del C.G.P.) y \u00abotro indicio que llev\u00f3 a encontrar un nexo de causalidad entre el detrimento y la actividad peligrosa\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto rese\u00f1\u00f3 que \u00abel funcionario de instancia (\u2026) infer\u00ed[\u00f3] que el nexo causal del da\u00f1o sufrido por el demandante es atribuible a la actividad peligrosa desplegada por el accionado, en tanto su conducta denota la infracci\u00f3n del deber de evitar la producci\u00f3n del riesgo generador del menoscabo\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, puntualiz\u00f3 que en sede de apelaci\u00f3n, de conformidad con el canon 330 del C\u00f3digo General del Proceso, practic\u00f3 la prueba pericial aportada por el recurrente, a la que no le \u00abotorg[\u00f3] m\u00e9rito demostrativo\u00bb, en atenci\u00f3n a que \u00abno cumple con los requisitos (\u2026) estipulados en los numerales 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba, 8\u00ba, 9\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 226 del C. G. del P., [en vista que no] (\u2026) se logr\u00f3 subsanar dicho impase pese a los reiterados requerimientos\u00bb; material suasorio respecto del cual recalc\u00f3, \u00abno resulta[n] suficiente[s] para quebrantar el estudio que el fallador de instancia efectu\u00f3, respecto del elemento del nexo causal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al cuestionamiento del recurrente, en torno a que \u00abel da\u00f1o padecido por la parte actora tiene su origen en causas naturales como el suelo fre\u00e1tico, la alta sismicidad en la zona y las deficiencias en la construcci\u00f3n de la edificaci\u00f3n de propiedad de la activa\u00bb, refiri\u00f3 que la trascendencia \u00abque el demandado pretende brindar a dichos factores, evidencia (\u2026) la gravedad con la que actu\u00f3 al desplegar su actividad de construcci\u00f3n sin obtener la licencia respectiva o adoptar las medidas de seguridad que legalmente le eran exigibles, obligaci\u00f3n que opera de forma rec\u00edproca, sin que aquel pueda \u00fanicamente reclamar este aspecto de la parte demandante para exonerarse de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien, el juzgador al \u00abvalorar la prueba pericial\u00bb, es aut\u00f3nomo para acogerla o no, en toda su extensi\u00f3n o en parte (art. 232 C.G.P.), tambi\u00e9n lo es, que en el sub judice no existen suficientes \u00abelementos de juicio\u00bb que le permitieran al ad quem, por s\u00ed solo, y como lo hizo, establecer la configuraci\u00f3n o no de la \u00abrelaci\u00f3n de causalidad\u00bb entre el comportamiento derivado de la actividad de construcci\u00f3n desplegada por el convocado y el resultado perjudicial, para configurar la responsabilidad civil y tasar los perjuicios. <\/p>\n
Y es, que, para ello dio prioridad a su parecer y arbitrio, en tanto infiri\u00f3, a priori, que \u00abel nexo causal del da\u00f1o sufrido por el demandante es atribuible a la actividad peligrosa desplegada por el accionado, en tanto su conducta denota la infracci\u00f3n del deber de evitar la producci\u00f3n del riesgo generador del menoscabo\u00bb. Todo ello, sin estar acreditados los \u00abelementos t\u00e9cnicos\u00bb en que bas\u00f3 su conclusi\u00f3n, ni se determinara objetivamente que, en efecto, el asentamiento diferencial se origin\u00f3 en que la edificaci\u00f3n del demandado no cuenta con una cimentaci\u00f3n adecuada y, por tanto, constituye la causa de las afectaciones padecidas por el predio del accionante, ya que, se reitera, fue preciso al indicar que el informe pericial \u00abcarec\u00eda de datos sistem\u00e1ticos y aspectos t\u00e9cnicos cuantitativos que, aparejados con el m\u00e9todo de observaci\u00f3n cient\u00edfica empleado por el experto, le permitieran determinar, por ejemplo que, cada que aparece una fisura a nivel del suelo o una grieta en sentido transversal, es porque existe asentamiento diferencial mayor; o que, siempre que no se deje una dilataci\u00f3n entre muros de cada construcci\u00f3n se va a producir el fen\u00f3meno mencionado\u00bb, lo que devela que el \u00abnexo causal\u00bb no se bas\u00f3 en la \u00abestimaci\u00f3n objetiva de los datos t\u00e9cnicos recaudados\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, que no obstante que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 que los extremos de la Litis son los llamados a demostrar el supuesto f\u00e1ctico en que soportan sus aspiraciones, para llevar al convencimiento al fallador, lo cierto es, que de cara a la \u00abautonom\u00eda\u00bb y discrecionalidad que \u00e9ste tiene como director del proceso, tambi\u00e9n le otorga facultades oficiosas para decretar pruebas (arts. 169 y 170 del C.G. del P.), a fin de constatar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, en la medida en que el litigio tiene como fin procurar la \u00abtutela efectiva\u00bb de las garant\u00edas sustanciales. Mandato que, inclusive, est\u00e1 habilitado para el ad quem, como lo consagra el art\u00edculo 327 del aludido compendio. <\/p>\n
Lo que apunta a que el \u00abdictamen pericial\u00bb constituye un imperativo para el juez en el presente caso, toda vez que la \u00abprueba de la existencia o no de la relaci\u00f3n de causalidad entre el actuar de demandado (actividad peligrosa de construcci\u00f3n) y el da\u00f1o que se le imputa\u00bb, no obra en el infolio, en tanto la aducida ofrece duda sobre la estructuraci\u00f3n de dicho \u00abelemento de la responsabilidad\u00bb. En consecuencia, correspond\u00eda a los juzgadores de instancia suplirla. Situaci\u00f3n que los pod\u00eda llevar a una determinaci\u00f3n diferente a la reprochada. <\/p>\n
En lo concerniente al \u00abdecreto de pruebas de oficio\u00bb esta Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
(\u2026) Los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art\u00edculos 42-4 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso), otorgan poderes a los jueces para decretar pruebas de oficio, en aras de obtener elementos de juicio id\u00f3neos y suficientes dirigidos a escrutar la realidad y veracidad de los hechos sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Se trata de una valios\u00edsima herramienta de instrucci\u00f3n probatoria que recobra todo su vigor en el Estado Constitucional para vencer las sombras, las penumbras p las incertidumbres frente a la verdad real, en pos de la protecci\u00f3n y reconocimiento de los derechos subjetivos de los justiciables. <\/p>\n
La facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez \u00abconsidere conveniente[s]\u00bb o \u00ab\u00fatiles\u00bb las pruebas, en orden a \u00abverificar\u00bb los hechos \u00abalegados\u00bb o \u00abrelacionados\u00bb por las partes y \u00abevitar nulidades y providencias inhibitorias\u00bb. <\/p>\n
No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que, para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado. <\/p>\n
Por ejemplo, para superar la duda razonable, pues al decir de esta Corte, \u00ab(…) [s]i halla insuficiencia demostrativa, decreta la prueba, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, como b\u00fasqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer que resplandezca la verdad e impere la justicia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En coherencia con la jurisprudencia constitucional \u00ab(…) (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (ii.) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar la decisi\u00f3n del sendero de la justicia material (…)\u00bb. <\/p>\n
No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para as\u00ed responder a la verdad y al derecho sustancial. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicci\u00f3n o (…) aumentar el est\u00e1ndar probatorio (…)\u00bb, seg\u00fan se explic\u00f3 en el precedente antes citado, permitiendo as\u00ed, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n, sino evitando el suced\u00e1neo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet). <\/p>\n
El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema h\u00edbrido, por lo visto, de car\u00e1cter excepcional, impone examinar para su aplicaci\u00f3n, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, seg\u00fan arriba se anticip\u00f3. <\/p>\n
En v\u00eda de ejemplo, midiendo la trascendencia de las pruebas materia del poder-deber inquisitivo, bien por aparecer f\u00edsicamente en el proceso, aunque de manera irregular, ya a trav\u00e9s de otros elementos de juicio o de cualquier otro acto procesal de las partes que las mencionen, cual acaece con la declaraci\u00f3n de terceros (CSJ SC1656-2018 mayo 18 de 2018, rad. 2012-00274-01, reiterada en STC6661-2019). <\/p>\n
Significa lo anterior, que el despacho confutado debi\u00f3 edificar el veredicto cuestionado en un concepto t\u00e9cnico cimentado en referentes objetivos, claros y precisos, as\u00ed como en los dem\u00e1s medios probatorios arrimados al dossier; pero como no acat\u00f3 el mandato legal para procurar el esclarecimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a escrutinio, su actuaci\u00f3n configura v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2.- En lo atinente al anhelo de Jim\u00e9nez Imbacuan que tiene por objeto declarar la nulidad de lo actuado por \u00abindebida integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb, baste decir que, no es viable, puesto que, desde la fecha del prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto la solvent\u00f3 desfavorablemente, rechaz\u00e1ndola de plano (8 abr. 2022), y la presentaci\u00f3n de la queja supralegal (6 dic. 2022), transcurri\u00f3 un lapso que supera el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb; resoluci\u00f3n que por dem\u00e1s, qued\u00f3 en firme, comoquiera que no fue recurrida a pesar de que contra ella cab\u00edan los \u00abrecurso de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n\u00bb, en consonancia con el art\u00edculo 318 y el numeral 6\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas en lo que concierne a Heraldo Jim\u00e9nez Imbacuan y, CONFIRMARLA en todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR sin valor y efecto la sentencia expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto el 8 de agosto de 2022, as\u00ed como todas las actuaciones que de la misma se desprendan, en el consecutivo 2022-00020-00\/01. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a dicho estrado, cuya titular es Mar\u00eda Cristina L\u00f3pez Eraso, o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes al enteramiento de esta providencia, adelante las diligencias pertinentes para obtener los \u00abelementos de juicio\u00bb que crea necesarios para establecer si existe o no nexo causal entre el hecho generador y los da\u00f1os denunciados en el referido juicio, y una vez los consiga, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, profiera sentencia que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la de primera instancia. <\/p>\n
CUARTO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1302-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1302-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00129-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de enero de 2023 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}