STC1307-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1307-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00217-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha In\u00e9s S\u00e1nchez Le\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, igualdad, \u00abpropiedad privada\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por el Tribunal acusado al declarar desierto su recurso de apelaci\u00f3n y por el Juzgado recriminado al dictar sentencia adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura atacada conceder \u00abla apelaci\u00f3n, para que se tramite la segunda instancia\u2026, revoque la sentencia y en su lugar se dicte\u2026 acogiendo las s[\u00fa]plicas de la demanda\u00bb; o subsidiariamente, \u00abcomo quiera que termin[\u00f3] el proceso por prescripci\u00f3n inexistente\u00bb, disponer que el Juzgado \u00abdicte sentencia conforme a las pretensiones de la demanda, analizando todas las pruebas allegadas y especialmente los testimonios\u00bb; as\u00ed mismo, disponer mantener \u00abla medida cautelar\u2026 ordenada\u2026 para evitar que el \u00fanico bien que le garantiza los derechos\u2026 sea vendido\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo de sociedad de hecho que la actora inco\u00f3 contra Ovidio Usc\u00e1tegui L\u00f3pez, surtidas las etapas de rigor, con sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado accionado declar\u00f3 probada \u00abla excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada INEXISTENCIA DE LA SOCIEDAD DE HECHO ENTRE CONCUBINOS\u00bb y, en consecuencia, neg\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda\u00bb; providencia que apel\u00f3 la quejosa. <\/p>\n
2.2. El 19 de octubre de 2022 el Tribunal convocado admiti\u00f3 la alzada; el 4 de noviembre posterior la declar\u00f3 desierta, porque \u00abno fue sustentad[a] dentro del plazo previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022\u00bb; decisi\u00f3n que recurri\u00f3 la accionante pero cuestionando, exclusivamente, que como en el prove\u00eddo admisorio no se indic\u00f3 que se correr\u00eda aquel t\u00e9rmino, \u00abinterpret[\u00f3] que cuando manifestaba \u201cOportunamente, retorne el proceso al Despacho\u201d, luego, iba a correr traslado para la sustentaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 327 del C.G.P.\u00bb; y el d\u00eda 29 siguiente se mantuvo la \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, la promotora se quej\u00f3 de que el Juzgado atacado sentenci\u00f3 el asunto \u00abacogiendo\u2026 una figura de prescripci\u00f3n inexistente para el\u2026 caso\u00bb, mientras que el Tribunal, injustificadamente le neg\u00f3 \u00abel derecho a la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, manifest\u00f3 que la sentencia del a-quo se fund\u00f3 \u00aben una norma inaplicable al caso\u2026, al decretar una prescripci\u00f3n, con base en un t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os, para una acci\u00f3n ordinaria, cuya norma aplicable al proceso\u2026 es de 10 a\u00f1os, como lo contempla el art\u00edculo 2536 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Respecto a lo segundo, indic\u00f3 que el ad-quem, al admitir la apelaci\u00f3n, no hizo \u00abreferencia al traslado para el recurso, solamente dice oportunamente vuelva al despacho\u00bb; que \u00abno present[\u00f3] memorial dentro de los 5 d\u00edas siguientes, pero el recurso estaba ya sustentado\u00bb; y que su censura se declar\u00f3 desierta \u00abpor aplicaci\u00f3n de un procedimiento\u2026 subjetivo\u2026[,] a voluntad del\u2026 Magistrado, \u00fanico\u2026 que se abstiene de escribir una frase espec\u00edfica, \u201cc\u00f3rrase traslado\u201d\u00bb, determinaci\u00f3n que mantuvo \u00absin tener en cuenta ninguno de los argumentos esbozados en el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abno existi\u00f3 ni ha existido vulneraci\u00f3n alguna a los derechos constitucionales fundamentales invocados por la accionante\u00bb; destac\u00f3 que profiri\u00f3 su veredicto \u00abconforme a las normas sustanciales y procesales vigentes para el caso concreto, junto con el an\u00e1lisis del conjunto de las pruebas obrantes en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Martha Luc\u00eda Maldonado Vera, quien dijo actuar como \u00abapoderada de las demandadas en el proceso [fustigado]\u00bb, se pronunci\u00f3 frente al reclamo tutelar sin aportar el poder especial conferido por ellas para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Respecto al prove\u00eddo de 29 de noviembre de 2022, porque para la Sala no luce arbitrario tal pronunciamiento, en la medida en que el Tribunal acusado all\u00ed expuso razonadamente los motivos para despachar adversamente el recurso de reposici\u00f3n que la censora inco\u00f3 contra el auto del d\u00eda 4 anterior, mediante el cual se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.1. En efecto, en tal providencia previamente destac\u00f3 que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia tiene -en la ley- tres momentos claramente identificados, como lo ha precisado la jurisprudencia: \u201c(i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada\u201d1\u00bb; y que \u00ab[s]i no se sustenta dicho recurso, tanto el C\u00f3digo General del Proceso como la Ley 2213 de 2022 prev\u00e9n que \u201cse declarar\u00e1 desierto\u201d (art. 12), como aqu\u00ed se hizo, puesto que la parte interesada no radic\u00f3 ning\u00fan escrito de sustentaci\u00f3n, ni ante el juez de primera instancia, ni ante el Tribunal en el t\u00e9rmino de traslado previsto en el art\u00edculo 12 de esa normatividad (Cfme: C.G.P., art. 322, num. 3\u00ba)\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Seguidamente, para despachar adversamente la \u00fanica alegaci\u00f3n tra\u00edda en el recurso de reposici\u00f3n, consistente en que en el auto admisorio de la alzada debi\u00f3 concretarse lo referente al momento a partir del cual se descontar\u00eda el lapso para sustentar, anot\u00f3: <\/p>\n
Aunque la parte recurrente aduce que \u201ctodos los autos admisorios de recurso de apelaci\u00f3n expresamente requieren al apelante para sustente la apelaci\u00f3n (sic)\u201d\u2026, pasa por alto que el referido art\u00edculo 12, en su inciso 3\u00ba, es suficientemente claro al se\u00f1alar que, \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u201d (se resalta y subraya), lo que significa que dicho t\u00e9rmino comienza a correr al d\u00eda siguiente de la fecha en que causa firmeza la providencia que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, excluyendo as\u00ed el propio legislador la posibilidad de que el c\u00f3mputo del plazo dependa de un auto que emita el Magistrado en ese sentido. Con otras palabras, el t\u00e9rmino para sustentar el recurso despunta por mandato legal, no por disposici\u00f3n judicial. <\/p>\n
Apoyado en ello, seguidamente concluy\u00f3 que \u00abal admitir el recurso, el Tribunal no ten\u00eda que referirle a la parte apelante en qu\u00e9 oportunidad deb\u00eda sustentar su apelaci\u00f3n, m\u00e1xime si esa norma precisa, sin lugar a duda, el d\u00eda a partir del cual corr\u00eda el plazo respectivo\u00bb. <\/p>\n
2.1.2. Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo frente al aspecto que viene de verse, comoquiera que para resolver los \u00fanicos supuestos llevados en el mentado recurso de reposici\u00f3n, con apoyo en las normas aplicables al caso concreto (art\u00edculo 12 -numeral 3\u00ba- de la Ley 2213 de 2022), de forma justificada el Tribunal acusado concluy\u00f3 que, \u00abal admitir el recurso\u00bb, se itera, \u00abno ten\u00eda que referirle a la parte apelante en qu\u00e9 oportunidad deb\u00eda sustentar su apelaci\u00f3n, m\u00e1xime si esa norma precisa, sin lugar a duda, el d\u00eda a partir del cual corr\u00eda el plazo respectivo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, la salvaguarda tampoco se abre paso en lo tocante con la aparente sustentaci\u00f3n pretempor\u00e1nea de la apelaci\u00f3n que se aleg\u00f3 en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n de tutela, porque esa espec\u00edfica situaci\u00f3n la quejosa omiti\u00f3 plantearla ante el juzgador natural a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n que inco\u00f3, pues all\u00ed nada dijo sobre eso, con lo que, por dem\u00e1s, abandon\u00f3 la posibilidad de que el ad-quem pudiera ocuparse del fondo de sus reclamos frente a la sentencia que dict\u00f3 el Juzgado, lo que tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo frente a ese veredicto. <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n rogada, in extenso, esta Corte consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que si bien el accionante recurri\u00f3 el prove\u00eddo con el que se declar\u00f3 desierta la alzada y el auto que resolvi\u00f3 dicha reposici\u00f3n, lo cierto es que no plante\u00f3 la novedosa alegaci\u00f3n tra\u00edda en la demanda de amparo entorno a que sustent\u00f3 en primer grado la apelaci\u00f3n, desaprovechando el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01) (se destac\u00f3 – CSJ STC11901-2022, 7 sep., rad. 2022-02676-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto a los aspectos bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada es inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela. <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen denegar el amparo deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC-8909, 21 jun. 2017. <\/p>\n
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