STC1329-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1329-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02380-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Ricardo Romero Mac\u00edas, contra la Superintendencia Financiera de Colombia y Scotiabank Colpatria SA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y propiedad privada, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 18 de julio de 2022, personas desconocidas suplantaron su identidad, y retiraron una suma considerable de dinero de la cuenta de ahorros que tiene a su nombre en el banco Scotiabank Colpatria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que present\u00f3 dos derechos de petici\u00f3n, el 22 de julio de 2022 ante la entidad crediticia con la finalidad de que le allegara los soportes, documentaci\u00f3n y registros f\u00edlmicos del retiro, adem\u00e1s el reintegro del dinero sustra\u00eddo junto con la respectiva indemnizaci\u00f3n, y, el 25 de julio de la misma anualidad, ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para que adelantara la investigaci\u00f3n pertinente y emitiera las respectivas sanciones del caso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 9 de agosto de 2022, el mencionado banco envi\u00f3 una respuesta insuficiente, poco efectiva y no congruente con la petici\u00f3n, y desde esa oportunidad le ha solicitado pr\u00f3rrogas para atender la petici\u00f3n, sin que a la fecha hubiese obtenido respuesta o reintegro de los dineros retirados. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera manifest\u00f3 que, una vez revisadas sus bases de datos, as\u00ed como la herramienta tecnol\u00f3gica Smartsupervisi\u00f3n que contiene la informaci\u00f3n atinente a los tramites y procesos, encontr\u00f3 la queja de radicado 1421658763950445509, y afirm\u00f3 que son las entidades vigiladas quienes tienen el deber legal de atender los requerimientos. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que cumpli\u00f3 en debida forma con sus deberes de cara a lo establecido por el art\u00edculo 3 del Decreto 2399 de 2019, que modific\u00f3 el art\u00edculo 11.2.1.4.10 del Decreto 255 de 2010, seg\u00fan el cual su funci\u00f3n es tramitar la queja, esto es trasladada a la entidad vigilada, quien es la que presta el servicio y, por ende, debe atender las reclamaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a Scotiabank Colpatria SA resolver el numeral quinto de la solicitud elevada por el accionante el 22 de julio de 2022, respuesta que deber\u00eda notificar oportunamente, y a la Superintendencia Financiera de Colombia, resolver seg\u00fan corresponda, la petici\u00f3n de 25 de julio de 2022. <\/p>\n
Para el efecto, consider\u00f3 que s\u00f3lo en lo referente al punto quinto de la petici\u00f3n la respuesta no luc\u00eda completa, porque pese que el peticionario solicit\u00f3 que, \u00ab[s]e alleguen los registros f\u00edlmicos del d\u00eda 18\/07\/2022 de las horas correspondientes a la petici\u00f3n de reposici\u00f3n de tarjeta, contestaci\u00f3n de preguntas de seguridad y retiro en ventanilla de dinero de la oficina ubicada en el (sic) Unicentro de esta ciudad con el Fin (sic) de identificar a las personas que suplantaron mi identidad\u00bb, no se hizo alusi\u00f3n al soporte f\u00edlmico requerido, y solo se aprecian 3 im\u00e1genes anexas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la Superintendencia Financiera de Colombia, sostuvo que no ha dado respuesta, porque aun cuando no tenga participaci\u00f3n o injerencia en las situaciones acaecidas, porque se trata de una queja contra la entidad bancaria y sea \u00e9sta quien tenga el deber de atender los requerimientos de sus consumidores y usuarios, no era suficiente afirmar que cumpli\u00f3 el deber de tramitar la queja elevada, porque no hay evidencia de que el peticionario conociera los canales para advertir el traslado, tampoco la posibilidad de ingresar a consultar su estado, adem\u00e1s que la superintendencia no tuviera funciones sancionatorias. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Superintendencia Financiera con fundamento en que en el tr\u00e1mite de atenci\u00f3n de quejas o inconformidades, no tiene el deber de emitir respuesta o comunicaci\u00f3n respecto de la situaci\u00f3n planteada por el consumidor, atribuci\u00f3n que recae exclusivamente en la entidad vigilada, quien presta el servicio directamente, raz\u00f3n por la que existe la herramienta Smart Supervisi\u00f3n, adem\u00e1s su competencia consiste en supervisar los mecanismos de atenci\u00f3n y resoluci\u00f3n de quejas de las entidades vigiladas para que generen respuestas claras y oportunas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta que este tr\u00e1mite constitucional fue promovido desde el 16 de septiembre de 2022, y a la fecha se encuentra pendiente de una resoluci\u00f3n definitiva en esta instancia constitucional, al margen de que la Sala comparta el resultado de las actuaciones desplegadas para determinar la competencia en el curso de la primera instancia, y por tratarse de un caso excepcional por esas particularidades, en orden a conjurar el riesgo de ineficacia de la acci\u00f3n de tutela, se avoca el conocimiento de esta impugnaci\u00f3n como medida urgente de protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales que el accionante denunci\u00f3 vulnerados, de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y atendiendo que la decisi\u00f3n impugnada fue proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Para el efecto, se ponen de presente los tr\u00e1mites previos a que se remitiera la acci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
3. Ahora bien, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada por la Superintendencia Financiera de Colombia a la sentencia de primera instancia en la que se le orden\u00f3 resolver la petici\u00f3n de 25 de julio de 2022, se advierte lo siguiente, <\/p>\n
3.1 No hay duda que el accionante radic\u00f3 el 25 de julio de 2022 ante la Superintendencia Financiera, documento en el que invoc\u00f3 como fundamento normativo el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual denomin\u00f3 \u00abqueja contra Scotianbank Colpatria\u00bb, en el que, luego de relatar hechos similares a los expuestos en el escrito de tutela, solicit\u00f3 ordenar que \u00abse inicien las acciones correspondientes a fin de sancionar a quien corresponde por tan grave afectaci\u00f3n a mi patrimonio, seguridad financiera y personal\u00bb. (10 Escrito Tutela 1.2. Demanda). <\/p>\n
3.2 En este tr\u00e1mite constitucional, la recurrente manifest\u00f3 que una vez revisadas las bases de datos del Sistema de Gesti\u00f3n Documental \u2013 SOLIP, as\u00ed como la herramienta tecnol\u00f3gica SmartSupervision, que contienen la informaci\u00f3n atinente a los tr\u00e1mites y procesos adelantados, encontr\u00f3 antecedente de una queja a trav\u00e9s de dicha plataforma en contra de Scotiabank Colpatria, radicado No. 1421658763950445509, presentada por el accionante, y en contra de la entidad financiera, relacionada con un presunto fraude, y que una vez verificada la informaci\u00f3n disponible constat\u00f3 que, el 10 de octubre de 2022, se dio respuesta a la solicitud en la que se le inform\u00f3 al se\u00f1or Romero Mac\u00edas, que por la naturaleza de la regulaci\u00f3n que rige el tr\u00e1mite de quejas son las entidades vigiladas y no la Superintendencia quienes tienen el deber legal de atender los requerimientos de sus consumidores y usuarios. <\/p>\n
Sostuvo que, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 3 del Decreto 2399 de 2019 que modific\u00f3 el art\u00edculo 11.2.1.4.10. del Decreto 2555 de 2010, ha cumplido en debida forma puesto que, la funci\u00f3n de esa autoridad es impulsar la queja, lo que significa que la inconformidad del consumidor financiero fue trasladada a la entidad vigilada, quien es la que presta el servicio y deb\u00eda resolver, en aplicaci\u00f3n del principio de responsabilidad en las quejas, consagrado por los literales d) del art\u00edculo 3 y k) del art\u00edculo 7 de la Ley 1328 de 2009. <\/p>\n
De igual modo, se advierte que la Superintendencia Financiera de Colombia, le inform\u00f3 al interesado que, \u00abal ingresar a la herramienta tecnol\u00f3gica SmartSupervision ha presentado dos quejas contra el Banco Scotiabank Colpatria S.A., las cuales fueron creadas as\u00ed: 1420009946998 el 19 de julio 2022 a las 10:.09 a.m., y 1421658763950445509 el 25 de julio 2022 a las 10:.45 a.m., quedando a disposici\u00f3n de la entidad vigilada de forma autom\u00e1tica para su correspondiente tramite\u00bb (26.2022195461-000-000 Respuesta final SFC), y que por virtud de \u00e9stas, recibi\u00f3 respuesta de la entidad financiera, en el sentido de que proceder\u00eda al reintegro de los saldos retirados producto de la suplantaci\u00f3n, esto es, que, \u00abluego de realizar la investigaci\u00f3n correspondiente se logr\u00f3 constatar que se present\u00f3 suplantaci\u00f3n en el retiro (\u2026) por lo cual se autoriza reintegro del mencionado valor, el cual podr\u00e1 evidenciar en los pr\u00f3ximos seis (6) d\u00edas h\u00e1biles\u00bb (26.2022195461-000-000 Respuesta final SFC). <\/p>\n
Para la Sala, esas respuestas satisfacen la eventual vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n del accionante por parte de la recurrente, en la medida que es de fondo, puesto que le inform\u00f3 al interesado que impuls\u00f3 el tr\u00e1mite de queja, corriendo el traslado de la misma a la entidad vigilada, quien ten\u00eda el deber legal de contestar por contar con la informaci\u00f3n suficiente para aclarar la situaci\u00f3n, y, seg\u00fan se puede constatar del informe rendido por la Superintendencia recurrente, en la vigilancia del tr\u00e1mite constat\u00f3, que la entidad financiera, luego de efectuar las correspondientes investigaciones, contest\u00f3 al accionante que proceder\u00eda al reintegro de los saldos que le fueron retirados de su cuenta por suplantaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, a la fecha la queja se encuentra cerrada, resolviendo as\u00ed los hechos en que se origin\u00f3 esa controversia y que soportaron la petici\u00f3n base de esta acci\u00f3n constitucional (26. 2022195461-000-000 Respuesta Final). <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que, las \u00f3rdenes impartidas en primera instancia contra la Superintendencia Financiera de Colombia carecen actualmente de objeto, postura acogida por la Corte Constitucional, quien ha entendido que un eventual defecto de comunicaci\u00f3n de la respuesta se encuentra corregido, en la medida que fue conocido por la peticionaria con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela, como ocurri\u00f3 en este caso (CC. T399-09, T260-2009). <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, adem\u00e1s, que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00ab(\u2026) o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de mar de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de sep de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC1124-2021, STC11271-2021 y STC3782-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Por todo lo anterior, se revocar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada, solo respecto de la Superintendencia Financiera de Colombia, manteniendo inc\u00f3lume esa decisi\u00f3n frente a los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto, para NEGAR el amparo invocado frente a la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
SEGUNDO: MANTENER inc\u00f3lume esa decisi\u00f3n respecto de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02380-01 <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con el mayor respeto hacia las decisiones adoptadas por esta Sala de la Corte, expongo los motivos por los que difiero de la postura mayoritaria, la cual dispuso revocar el fallo del a-quo constitucional, en lo que fue objeto de la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionada Superintendencia Financiera de Colombia, para, a su turno, \u00abNEGAR el amparo invocado\u00bb contra dicha entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para el suscrito, la Sala debi\u00f3 declarar la falta de competencia para asumir el conocimiento, en segunda instancia, de la acci\u00f3n de tutela de marras (dada, asimismo, la carencia de atribuci\u00f3n del Tribunal de origen, en primer grado), en lugar de resolverla de fondo, en tanto que si bien la querella supralegal estuvo enfilada contra una Superintendencia, lo cierto es que el requerimiento por pasiva de esa entidad se dio en raz\u00f3n de una cuesti\u00f3n administrativa -mora en la respuesta a un derecho de petici\u00f3n-, mas no con base en su desempe\u00f1o como autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Circunstancia por la que, conforme a la clara postura de esta Magistratura, decantada entre otras en las providencias CSJ ATC1125, 2 mar. 2016, rad. 00020-01; ATC1229, 9 ag. 2019, rad. 00069-01; ATC1093, 28 jul. 2021., rad. 00360-01; ATC1760, 25 nov. 2021, rad. 02228-01; ATC209, 23 feb. 2022 rad. 00027-01; ATC708, 25 may. 2022, rad. 00119-01 y ATC903, 22 jun. 2022, rad. 00152-01, al asunto del ep\u00edgrafe le es aplicable la regla prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del decreto 333 de 2021), a cuyo tenor: <\/p>\n
(\u2026)2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026 (Resaltado ajeno). <\/p>\n
N\u00f3tese que, en particular, en el auto ATC209, 23 feb. 2022, rad. 00027-01, esta Colegiatura dijo: <\/p>\n
(\u2026)Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu[e]lla para tramitarla en primer grado\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[C]ontrario a los sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que al no estarse criticando (\u2026) actividad alguna [de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios] relacionada con el \u00abejercicio de [sus] funciones jurisdiccionales\u00bb, para la calificaci\u00f3n del asunto deb\u00eda atenderse su naturaleza jur\u00eddica, hall\u00e1ndose que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb y, por ende, la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con la regla consagrada en el (\u2026) numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
\u2026En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia\u2026 (Subrayado con intenci\u00f3n). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En contraste -y acorde con lo ya plasmado-, no cabe la pauta competencial a que alude en numeral d\u00e9cimo1 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 en cita, pues, ins\u00edstase, la presente queja tutelar contra la Superfinanciera obedece es a una situaci\u00f3n de su resorte administrativo, que no a la condici\u00f3n de estamento nacional \u00aben ejercicio de funciones jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la competencia para zanjar la acci\u00f3n de amparo de la referencia le correspond\u00eda al Juez 59\u00b0 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le fue inicialmente repartida, mas no al Tribunal a-quo, m\u00e1xime si, rep\u00edtase por en\u00e9sima ocasi\u00f3n, la Superintendencia Financiera de Colombia fue denunciada aqu\u00ed como entidad administrativa \u00abdel orden nacional\u00bb. Luego, por m\u00e1s complejo que hubiera sido el periplo de la primera instancia tocante a la definici\u00f3n de la facultad para dirimir la disputa, no le era dable a esta Sala de la Corte, en sede de impugnaci\u00f3n, pasar por alto su propia l\u00ednea al respecto y s\u00ed, debi\u00f3 anular lo rituado a fin de proceder a remitir las diligencias al juez apto para conocer. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo condensados los aspectos que me llevan a disentir de la decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. (\u2026)Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u2026 <\/p>\n
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STC1329-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1329-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02380-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70719\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}