STC1415-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1415-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00484-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Augusto Socarr\u00e1s Z\u00fa\u00f1iga y Rossana Guadalupe Diaz-Granados Noguera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el hipotecario n\u00b0 2015-00109. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que \u00abJos\u00e9 Catalino Noguera Fern\u00e1ndez, le acept\u00f3 al Banco Central Hipotecario un pagar\u00e9 por la suma de $28\u00b4000.000 equivalentes a 5.925,38 UPAC, el 12 de agosto de 1994, en la ciudad de Santa Marta, y distinguido como el N\u00b0 430035238, y con vencimiento el d\u00eda 12 de agosto del 2009, obligaci\u00f3n contra\u00edda para la adquisici\u00f3n de una vivienda con su parqueadero, pagadero en 180 cuotas o instalamentos mensuales, con un inter\u00e9s del 13% efectivo anual\u00bb, lo cual se document\u00f3 \u00abmediante la escritura p\u00fablica N\u00b0 0310 de 5 de agosto de 1994 de la Notar\u00eda Tercera de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abJos\u00e9 Catalino Noguera Fern\u00e1ndez, mediante escritura p\u00fablica 5.086 del 28 de noviembre de 1.997 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Santa Marta, transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa a favor nuestro, el derecho de dominio propiedad de los inmuebles [por] valor de dicha transacci\u00f3n fue de $51.000.000 (\u2026); por estas razones aparece el cr\u00e9dito hipotecario base de recaudo, a nombre de Jos\u00e9 Catalino Noguera Fern\u00e1ndez y los inmuebles en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Santa Marta, a nuestro nombre: Carlos Socarras Z\u00fa\u00f1iga y Rosana Diaz Granados Noguera (\u2026), quienes asumimos pagar las cuotas del cr\u00e9dito hipotecario a partir del mes de noviembre de 1997\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel Banco Granahorrar (hoy BBVA) promovi\u00f3 ejecutivo hipotecario contra Noguera Fern\u00e1ndez (\u2026), actuaci\u00f3n que correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta (rad. 2003-00168); al interior del proceso se materializ\u00f3 la medida cautelar de embargo (\u2026), as\u00ed como el respectivo secuestro\u00bb; que el \u00ab25 de abril de 2005 [como nuevos propietarios] nos notificamos personalmente del mandamiento de pago (\u2026); el 11 de agosto de 2008 el juzgado (\u2026) declar\u00f3 no probadas las excepciones de fondo y orden\u00f3 el remate de los inmuebles donde habitamos con nuestro n\u00facleo familiar, a pesar de que el cr\u00e9dito ejecutado, por ser de aquellos otorgados bajo la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), debi\u00f3 ser reestructurado por la entidad financiera demandante como requisito sine qua non para exigir por v\u00eda coactiva el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel proceso actualmente cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta bajo la radicaci\u00f3n 2015-00109-00; en el a\u00f1o 2016, el Banco BBVA inform\u00f3 al juzgado que ese cr\u00e9dito (\u2026) lo cedieron al Fondo de Capital Privado Alianza Configura Activos Alternativos II (\u2026), administrado por Alianza Fiduciaria, [quien] despu\u00e9s lo cedi\u00f3 a COVINOC y esta entidad, a su vez, cedi\u00f3 a (\u2026) Maria Magdalena Fern\u00e1ndez Candama. En otras palabras, la obligaci\u00f3n 431500036853, luego de varias cesiones, tiene un sujeto activo o acreedor que no es el Banco BBVA (antes banco Granahorrar), entidad que aparece como parte actora en ese proceso, [empero] a la fecha (\u2026) sigue actuando como parte procesal [a trav\u00e9s de] apoderada judicial\u00bb. <\/p>\n
Que el \u00ab16 de julio de 2018, qued\u00f3 en firme el aval\u00fao de los bienes inmueble pasibles de remate por valor de $211.215.600 y $8.750.000 [apartamento y parqueadero, respectivamente]\u00bb, el cual \u00abfue aprobado mediante auto de recha 13 de julio de 2018, esto es, que han transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os desde cuando qued\u00f3 en firme\u00bb, por lo que fijada la subasta para el 6 de diciembre de 2022, \u00abnuestro abogado (\u2026), con base en lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso [concordante con el canon 444], alleg\u00f3 un aval\u00fao comercial [actualizado]\u00bb, y solicit\u00f3 suspender la diligencia, \u00aben la medida que de realizarse no se estar\u00eda ajustando al real valor que tienen los inmuebles\u00bb, que es $334\u00b4854.000 y $18\u00b4000.000, respectivamente. <\/p>\n
Finalmente, que como la petici\u00f3n anterior fue denegada, contra esa decisi\u00f3n interpusieron recurso de reposici\u00f3n el cual resolvi\u00f3 el juzgado \u00abmanifestando que no acceder\u00eda a revocar[la], toda vez que la solicitud, seg\u00fan su criterio, se efectu\u00f3 con posterioridad, es decir, estando en firme la decisi\u00f3n de llevar a cabo la diligencia de remate. Acto seguido los bienes se remataron en favor del banco BBVA, a pesar de las irregularidades que se han venido denunciando\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se ordene \u00abdejar sin efecto todo lo actuado desde el auto que declara no probadas las excepciones y ordena el remate de los bienes en p\u00fablica subasta, comprendiendo el auto que fija fecha para la diligencia de remate y la diligencia misma (\u2026), y como consecuencia [que el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Santa Marta] se pronuncie acerca de los efectos procesales que acarrea el que no se hubiese practicado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que dio origen a esa actuaci\u00f3n procesal\u00bb. En subsidio, \u00abdeclarar la nulidad y\/o dejar sin efecto [el] auto de fecha 06 de diciembre de 2022, que resolvi\u00f3 continuar con la diligencia de remate sin que se hubiere atendido el dictamen pericial del nuevo aval\u00fao de los bienes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Santa Marta, inform\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal surtida en las instancias dentro del hipotecario promovido por Granahorrar contra Jos\u00e9 Catalino Noguera, destacando que \u00abel 6 de diciembre de 2022 se realiz\u00f3 la audiencia de remate [que enseguida desat\u00f3] recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de no aceptar el aval\u00fao presentado por el extremo pasivo con posterioridad a la ejecutoria del auto que fijaba fecha para la almoneda, [que luego] declar\u00f3 desierta la subasta [y tras resolver otro recurso de reposici\u00f3n], se declararon rematados los inmuebles y se adjudicaron al acreedor hipotecario, providencia que cobr\u00f3 ejecutoria por no haber interpuesto recursos las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, indic\u00f3 que la ejecuci\u00f3n en cuesti\u00f3n se asign\u00f3 por reparto \u00abdel d\u00eda 08 de julio de 2003\u00bb, y tras haberse proferido sentencia el 11 de agosto de 2008 y surtirse ante el tribunal el recurso de apelaci\u00f3n que contra tal resoluci\u00f3n se interpuso, \u00aben el a\u00f1o 2015 se remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, para que contin\u00fae con su conocimiento, en atenci\u00f3n a la implementaci\u00f3n de la oralidad\u00bb. <\/p>\n
3. Covinoc S.A., inform\u00f3 que \u00abAlianza Fiduciaria S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Conciliarte fue titular del portafolio de cartera dentro del cual se incluy\u00f3 las obligaciones (\u2026), originadas en el Banco BBVA cargo del se\u00f1or Jose Catalino Noguera Fern\u00e1ndez (\u2026), en virtud de la compra que de la misma hiciera dicho patrimonio aut\u00f3nomo (\u2026), las obligaciones en comento fueron adquiridas disponibles por el Fideicomiso Conciliarte, como un tercero de buena fe, quien la recibi\u00f3 en estado activo y en mora\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abdada la cesi\u00f3n a favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Magdalena Fern\u00e1ndez, nuestra administrada no ha tenido actuaci\u00f3n en el proceso (\u2026)\u00bb, por lo que pidi\u00f3 se declare a su favor \u00abcarencia de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. Alianza Fiduciaria S.A., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente querella, en tanto que esa sociedad \u00abfungi\u00f3 como administradora del Fondo de Capital Alianza Konfigura Activos Alternativos II [el cual] se encuentra liquidado desde diciembre de 2014, tal como constan en la certificaci\u00f3n que se anexa (\u2026). En tal virtud, el Fondo en menci\u00f3n no es sujeto de derechos ni obligaciones, y debido a esta circunstancia, no contamos con la informaci\u00f3n y no es posible pronunciarnos respecto de los hechos de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la queja constitucional satisface el requisito general de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron las prerrogativas fundamentales de los accionantes, al adelantar en su contra el hipotecario radicado bajo el n\u00b0 2015-00109, pese a la \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Al respecto, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo implorado, toda vez que desatiende el esencial presupuesto general de la subsidiariedad, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. A partir de una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, la jurisprudencia de la Corte ha concluido que el requisito de reestructuraci\u00f3n all\u00ed consagrado, es exigible frente a todo cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC con antelaci\u00f3n a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
As\u00ed, a tono con lo resuelto por la Corte Constitucional, principalmente a trav\u00e9s de las sentencias C-990 de 2000, C-955 de 2000, SU-813 de 2007 y SU-787 de 2012, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la ley de vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42. (\u2026) <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb CSJ STC, 3 jul. 2014, rad. 01326-00, reiterada en STC2670-2015, 12 mar., rad. 00036-01, entre otras). Resalta la Sala. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n advirti\u00f3 que no constituye reparo el hecho de que el cobro judicial se haya iniciado con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, pues indistintamente de la data de la orden de apremio y de que se hubiera cedido el cr\u00e9dito, si la obligaci\u00f3n se gener\u00f3 antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, el deudor se hace merecedor de la reestructuraci\u00f3n del saldo insoluto como requisito de procedibilidad para iniciar la ejecuci\u00f3n. Seguidamente sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar s\u00ed junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u201cconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u201d (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u201clo cierto es que la exigencia de \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica\u201d\u00bb (CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. 02294-00). Se subraya. <\/p>\n
Ello, por cuanto, \u00abla citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2012, rad. 00884-01; STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; STC, 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, citadas en STC10229-2016, 27 jul., rad. 00194-01, entre otras muchas). <\/p>\n
3.2. Ahora, de cara a la posibilidad de superar los esenciales presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que caracterizan la tutela, acorde con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional (SU-813 de 2007 y T-1240 de 2008), esta Sala ha definido que en trat\u00e1ndose de ejecuciones por cr\u00e9ditos de vivienda, el juez excepcional deber\u00e1 verificar: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Frente al requisito consistente en que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esta Sala, con observancia en las sentencias T-684 de 2003, T-1086 de 2005, T-108 de 2006, T-123 de 2007, indic\u00f3 que la salvaguarda deven\u00eda viable cuando se impetraba a\u00fan con posterioridad al registro del acto procesal, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante, \u00aben la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de persona ajena al juicio ejecutivo\u00bb (STC6968-2015, 4 jun., rad. 00085-02, citada entre otras en STC3055-2021, 25 mar., rad. 00802-00). <\/p>\n
Sobre la segunda exigencia contemplada en los precedentes jurisprudenciales, consistente en que el afectado haya actuado con diligencia acudiendo a los pertinentes instrumentos de defensa judicial, esta Colegiatura, en reciente pronunciamiento record\u00f3 que tal requisito: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tiene que ver con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de este mecanismo. Dado su car\u00e1cter residual y excepcional, se exige a su promotor, haber intentado ante el juez de conocimiento la protecci\u00f3n de sus derechos, por ser \u00e9l el primer llamado a restaurarlos. Claro, en estos casos, como est\u00e1 envuelta la garant\u00eda del debido proceso en relaci\u00f3n con el derecho a la vivienda digna, no se requiere, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el Tribunal, que la defensa del lesionado se realice en los tiempos prescritos por el estatuto procesal civil. Basta, como lo precis\u00f3 cierta diligencia, que \u00abconsiste en haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ileg\u00edtimamente\u00bb, \u00aben cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera espec\u00edfica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo\u00bb, antes de que se transfiera el derecho de dominio en cabeza de un tercero. <\/p>\n
3.3. Conforme a lo que acaba de verse, para que el fallador constitucional analice la posible vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas por los querellantes, es menester que estos, con sujeci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, hayan acudido al mecanismo encaminado a lograr la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario, y en el evento de que ello sea omitido por la entidad financiera, haber agotado ante el juez cognoscente la solicitud de nulidad y\/o la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Entonces, conforme se anticip\u00f3, toda vez que en el caso sub j\u00fadice, los interesados no acreditaron haber gestionado los instrumentos jur\u00eddicos en comento, a efectos de provocar un pronunciamiento judicial en el que -con fundamento en la normativa y jurisprudencia aplicable-, se hubiera examinado la procedencia o no de las consecuencias jur\u00eddicas antes descritas, la protecci\u00f3n implorada se muestra inviable por desatender su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
Ciertamente, deviene improcedente que el fallador de tutela analice los reparos enfilados a invalidar una actuaci\u00f3n procesal, cuando para tal prop\u00f3sito no se ha recurrido al juez de la causa para que emita la correspondiente resoluci\u00f3n que defina la controversia. <\/p>\n
Al respecto, el precedente jurisprudencial ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
De esta manera, es evidente que los interesados no han demostrado haber acudido a los pertinentes mecanismos ordinarios de defensa judicial, cuya aptitud y eficacia no est\u00e1n en entredicho, raz\u00f3n por la cual el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que ello s\u00f3lo se habilita cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual en este asunto no acontece. <\/p>\n
En este orden, el juez excepcional no puede arrogarse facultades que le competen a otro, puesto que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC14735-2022, 2 nov., rad. 00981-01, entre otras). <\/p>\n
Finalmente, frente a la posibilidad de conceder la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se haya esgrimido con suficiencia y menos que se hubiera probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en este asunto esos elementos determinantes no fueron demostrados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface porque los quejosos no han agotado los medios judiciales de defensa a su alcance, se declarar\u00e1 la improcedente de la presente reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1415-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1415-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00484-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Augusto Socarr\u00e1s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70728"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70728\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}