STC1416-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1416-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Guillermo Monsalve Pineda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Once de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC \u2013, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano \u00abLa Picota\u00bb de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto penal cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresi\u00f3n, igualdad, \u00aba no ser sometido a penas crueles, a no ser sometido a una prisi\u00f3n perpetua\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas en menci\u00f3n mediante auto del 8 de febrero de 2022, le neg\u00f3 la solicitud de permiso administrativo de 72 horas, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con prove\u00eddo del 5 de septiembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones, pues considera que tras completar m\u00e1s de 13 a\u00f1os recluido en diferentes centros penitenciarios y encontrarse en fase de \u00abmediana seguridad\u00bb, ha llevado un proceso adecuado de resocializaci\u00f3n con trabajo y estudio, por lo que merece la concesi\u00f3n del beneficio administrativo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s de ser inocente de los hechos por los cuales est\u00e1 condenado (adujo ser una v\u00edctima de un falso positivo de la justicia), resalt\u00f3 que es importante que se eval\u00fae favorablemente el tratamiento intramural que ha llevado durante el tiempo de reclusi\u00f3n, al igual que su colaboraci\u00f3n con la justicia como testigo en otros asuntos penales de relevancia nacional. Agreg\u00f3 que, al mantenerlo privado de la libertad, se pasa por alto \u00abel objetivo de la pena, mi proceso de resocializaci\u00f3n en el cual varios factores que influyen que este proceso sea efectivo y se obtenga el resultado que exige la norma (reintegrarme a la sociedad sin ser un peligro para ella) factores tan importantes como la educaci\u00f3n, el trabajo, la recreaci\u00f3n, el deporte, la interlocuci\u00f3n con otras personas y sobre todo familiares y amigos\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 tambi\u00e9n que, se le ha vulnerado su derecho a la igualdad, pues existen casos en los que a otros reclusos se les ha otorgado el beneficio de las 72 horas \u00abaun siendo enjuiciados por la justicia especializada \u2013 Tribunal Superior de Tunja, interlocutorio de 20 de abril de 2022 [\u2026] revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado 4 de EPMS el cual hab\u00eda negado el permiso de 72 horas al interno [\u2026] otro caso que pueden evaluar es el caso del interno [\u2026] condenado por un juez Especializado de Bogot\u00e1. El Juzgado 2 de EPMS de Tunja el 24-07-2017 le concedi\u00f3 el permiso de 72 sin cumplir el 70% de la pena. Como este caso podr\u00eda encontrar miles (\u2026)\u00bb. Dijo que existen otros procesos que tuvieron trascendencia nacional en los que a los sentenciados les concedieron beneficios punitivos. <\/p>\n
Finalmente, reproch\u00f3 que el INPEC no ha emitido ninguna respuesta a su solicitud de permiso para \u00abingresar herramientas necesarias para poder estudiar y realizar [un] proyecto literario\u00bb as\u00ed como \u00abel ingreso de visitas cada 8 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se ordene \u00abrevocar la negativa del permiso de 72 horas y se apruebe dicho beneficio con el fin de poder continuar con mi proceso de readaptaci\u00f3n a la sociedad y proceso de resocializaci\u00f3n efectiva y se ordene el cumplimiento del ingreso de visita cada 8 d\u00edas como lo establecer la norma teniendo en cuenta mi condici\u00f3n de fase de seguridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n recriminada, del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 se deniegue el amparo pues, el actor \u00abno se\u00f1ala cu\u00e1l o cu\u00e1les errores incurrieron los administradores de justicia al denegarle el permiso administrativo de 72 horas, por el contrario, dicha determinaci\u00f3n se muestra razonable, en la medida que tal beneficio se encuentra legalmente prohibido trat\u00e1ndose de secuestro extorsivo, tal y como lo dispone el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Once de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad resalt\u00f3 que, ninguna irregularidad puede extraerse de la decisi\u00f3n de negar el permiso de 72 horas, \u00aben raz\u00f3n a que los hechos por los que fue condenado el actor se circunscribieron a delitos de secuestro extorsivo acaecidos el 5 de enero y 5 de septiembre de 2008, fecha en la que se encontraba vigente la Ley 1121 de 2006, que proh\u00edbe la concesi\u00f3n del citado beneficio administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- rese\u00f1\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante, pues no tiene conocimiento de que estuviere pendiente de responder alg\u00fan requerimiento de su parte. No obstante, indic\u00f3 que \u00ablas solicitudes de permisos de visitas e ingreso de elementos de estudio y escritura, son asuntos que debe atender el Establecimiento Penitenciario de La Picota, raz\u00f3n por la cual, conocida tal postulaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela, en oficio 8318-OFAJU-83184-GRUTU del 8 de noviembre de 2022, dispuso trasladar el requerimiento del actor ante dicha autoridad penitenciaria\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. De otro lado, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna del derecho de petici\u00f3n que adujo elevar ante el INPEC, ya que no acredit\u00f3 su presentaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que, se le est\u00e1 quebrantando su derecho a la igualdad; en ese sentido, recalc\u00f3 que fue expl\u00edcito en citar ejemplos de otros internos a nivel nacional que, en id\u00e9nticas condiciones a la suya, s\u00ed obtuvieron el beneficio administrativo requerido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena \u2013 acumulada \u2013 de prisi\u00f3n de 572 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00absecuestro extorsivo, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte ilegal de armas de fuego \u00bb), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con fundamento en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006. De otra parte, si con la decisi\u00f3n se le est\u00e1 tratando de forma desigual en relaci\u00f3n con otros reclusos a quienes s\u00ed les concedieron el citado beneficio punitivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 5 de septiembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio pretendido, el ad quem explic\u00f3 que el principio de favorabilidad invocado como fundamento de la petici\u00f3n, a fin de que el juez de penas eluda el requisito objetivo que prev\u00e9 la norma (art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993), que refiere al cumplimiento de por lo menos el 70% de la sanci\u00f3n punitiva impuesta, no es aplicable al caso por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se presenta sucesi\u00f3n de leyes y los preceptos cuestionados, los numerales 2\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, regulan situaciones diferentes. <\/p>\n
Entonces, mientras los condenados por delitos cuya competencia radica en jueces diferentes a los especializados deben descontar la tercera parte de la pena impuesta, como lo se\u00f1ala el numeral 2\u00ba de la norma en cita, quienes lo fueron por conductas t\u00edpicas de competencia atribuida a los jueces especializados, tienen una exigencia superior, que se traduce en descontar, al menos, el 70% del tiempo de privaci\u00f3n de la libertad al que fueron conminados, tal como lo prev\u00e9 el numeral 5\u00ba ib\u00eddem. En consecuencia, al existir una disposici\u00f3n que regula de manera especial el asunto, esta se prefiere a la de car\u00e1cter general\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese particular, aclar\u00f3 que, lo perseguido por el penado no es que se le aplique una norma m\u00e1s favorable, sino que se desconozca los requisitos que regulan de manera espec\u00edfica la situaci\u00f3n o el beneficio solicitado, concretamente respecto de quienes fueron condenados por la justicia penal especializada, <\/p>\n
\u00ab[e]ntendimiento que no genera incertidumbre, pues la normatividad que el legislador ha expedido en ejercicio del principio de reserva legislativa, contiene mayor restricci\u00f3n y prohibiciones cuando se trata de conceder subrogados o permisos administrativos a quienes cumplen penas por delitos juzgados por los jueces especializados, dada la gravedad de estas conductas punibles. <\/p>\n
Precisamente por tal circunstancia el establecimiento carcelario no expidi\u00f3 el concepto favorable para el permiso de 72 horas solicitado por JUAN GUILLERMO MONSALVE PINEDA. <\/p>\n
Es as\u00ed como al no encontrarse los presupuestos de aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad y teniendo en cuenta que JUAN GUILLERMO PINEDA MONSALVE fue condenado por los Juzgados 1\u00b0 y 2\u00b0 del Circuito Especializado de Florencia, no hay duda que el requisito exigido es el previsto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a lo contemplado en el canon 26 de la ley 1121 de 2006 destac\u00f3 que dicho precepto, que tiene plena vigencia, es claro en indicar que el beneficio punitivo deprecado se encuentra prohibido cuando la condena ha sido impuesta por el delito de secuestro extorsivo, por lo que concluy\u00f3 que el a quo acert\u00f3 en desestimarlo. <\/p>\n
4.2. As\u00ed entonces, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y las normativas espec\u00edficas que rigen la materia, esto es, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, cotejado con la proscripci\u00f3n consagrada en el canon 26 de la ley 1121 de 2006, que en el marco de la pol\u00edtica criminal contra el terrorismo, suprimi\u00f3 todo tipo de concesiones punitivas, incluyendo las administrativas, respecto de delitos como el secuestro, la extorsi\u00f3n y conexos, (entre otros); y, adem\u00e1s, contrario a lo alegado por el sentenciado, sobre la \u00faltima normativa en menci\u00f3n, se trata de un precepto con plena vigencia, luego, su aplicaci\u00f3n se aprecia razonable, y en todo caso, lejos de constituir el desafuero jur\u00eddico que se denuncia. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica respetable, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, 5 ab. de 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2713-2015). <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Con especial \u00e9nfasis, el tutelante recrimin\u00f3 en la impugnaci\u00f3n que se le desconoci\u00f3 esta garant\u00eda esencial por cuanto, a otros enjuiciados y condenados (tambi\u00e9n cit\u00f3 casos de relevancia nacional como los del coronel Joaqu\u00edn Enrique Aldana Ortiz y Andr\u00e9s Felipe Arias), en parecidas circunstancias a la suya en cuanto a los requisitos se\u00f1alados por la norma y a los delitos por los que fueron condenados (competencia de los jueces especializados), les fue concedido el beneficio reclamado. <\/p>\n
Frente a ese planteamiento, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico problema jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
Y, es menester indicar que, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permiten un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que los casos que trae a colaci\u00f3n el quejoso a estas diligencias, no tienen, obligatoriamente, la fuerza vinculante del precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos al proceso en cuesti\u00f3n, por lo que, se reitera, no se observa un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
6. Consideraci\u00f3n adicional. \u2013 del derecho de petici\u00f3n al INPEC. <\/p>\n
Finalmente, y en lo que ata\u00f1e al ruego encaminado a que se ordene al INPEC a brindarle respuesta a las peticiones que afirma haber elevado relacionadas con permisos para ingresar \u00abherramientas necesarias para estudiar y realizar un proyecto literario [y] el ingreso de visitas cada 8 d\u00edas\u00bb, prohijando lo advertido por la Sala a quo, se denegar\u00e1 dicha reclamaci\u00f3n debido a que no obra en esta actuaci\u00f3n elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que la petici\u00f3n aludida haya sido radicada ante esa instituci\u00f3n, pues, el tutelante ni siquiera aport\u00f3 evidencia del correo electr\u00f3nico o del memorial que diera muestra de su presentaci\u00f3n; luego, no es posible requerirla para que emita contestaci\u00f3n en sede de tutela de una solicitud cuya formulaci\u00f3n no se demostr\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC1450-2018). <\/p>\n
En consecuencia, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n, por lo que desacertado ser\u00eda emitir mandato alguno respecto de esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
7.2. No se advierte afectado el derecho a la igualdad dado que, los casos cuyo parang\u00f3n se apremia, provienen de jueces hom\u00f3logos del ac\u00e1 tutelado luego, no constituyen en estricto sentido un precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del caso recriminado en el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1416-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1416-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02270-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70729","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70729"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70729\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}