STC1419-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1419-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00495-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por CDI S.A. en Reorganizaci\u00f3n Empresarial contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. CDI S.A. en reorganizaci\u00f3n empresarial promovi\u00f3 verbal contra Brock Colombia S.A.S. en liquidaci\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2021-00020), quien, en el curso de la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, decret\u00f3 como pruebas (i) \u00aboficiar a la DIAN a fin de que certifiquen si los consorcios BGC2 Y BGC3 fueron cancelados, en caso afirmativo en qu\u00e9 fechas y en caso de no haberse cancelado qu\u00e9 empresas con responsables del pago de las obligaciones tributarias ante dicha entidad\u00bb, as\u00ed como (ii) \u00abrequerir al Representante Legal de la sociedad enjuiciada para que aporte la contabilidad correspondiente a los a\u00f1os 2013 y 2014 de los consorcios en comento\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, inconforme con esa determinaci\u00f3n, la sociedad accionante formul\u00f3 reposici\u00f3n, en el sentido de solicitar que se aportaran los citados documentos desde la constituci\u00f3n de los consorcios hasta su liquidaci\u00f3n; siendo resuelta favorablemente esa defensa, \u00ab[por lo] que la extrema pasiva deber\u00e1 allegar toda la contabilidad, soportes y notas contables correspondientes a los proyectos ejecutados por los consorcios BGC2 y BGC3 desde sus inicios hasta la liquidaci\u00f3n definitiva de \u00e9stos\u00bb. <\/p>\n
2.3. Pese a lo anterior, y aun cuando se fij\u00f3 fecha para la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento (canon 373 ajusdem), la all\u00ed demandada \u00abno present\u00f3\u00bb los informes ordenados, por lo que el estrado exigi\u00f3 el cumplimiento del mandato impartido, de modo que la contraparte alleg\u00f3 los soportes, pero, en su criterio, de manera incompleta. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, se deneg\u00f3 el petitum y se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia de primer grado, por lo que, luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad admitiera el recurso, la sociedad convocante solicit\u00f3 el decreto de las referidas pruebas en esa instancia, pero, con prove\u00eddo de 13 de diciembre de 2022, se deneg\u00f3 ese requerimiento, \u00abpor cuanto no re\u00fanen los presupuestos establecidos en la normatividad adjetiva\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por ello, present\u00f3 s\u00faplica contra esa decisi\u00f3n, pero el 30 de enero de 2023, se confirm\u00f3 lo resuelto, incurriendo en causales espec\u00edficas de procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales, porque \u00abcuando [el ad quem] niega la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, desconoce completamente la norma adjetiva y su alcance puntual, pues este realiza un an\u00e1lisis de dicha norma (art\u00edculo 327 del C. G. del P.), de manera In Extremis, sin contemplar las circunstancias del caso, el acervo probatorio y la actuaci\u00f3n de cada una de las partes, donde solo aplica las normas excediendo el objetivo de las mismas y pretendiendo dar una estricta aplicaci\u00f3n, as\u00ed mismo sin confrontarlo con la actuaci\u00f3n procesal de la parte pasiva en la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abcompeler al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, precedido (sic) por [la] Mag. P. MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO, para que revoque la decisi\u00f3n de no decretar las pruebas en segunda instancia solicitada por CDI S.A. en reorganizaci\u00f3n empresarial el d\u00eda 02 de noviembre del 2022 y por el contrario acceda al decreto de dichas pruebas ajustando el tr\u00e1mite a dicha decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en segundo grado y resalt\u00f3 que \u00abla solicitud [en comento] fue denegada por esta Corporaci\u00f3n en raz\u00f3n a que no atend\u00eda los principios de pertinencia y utilidad por no precisarse los documentos contables requeridos, desconocer que en el archivo \u201c55AporteDocumentos\u201d obraban varias piezas afines y no verificar la consecuencia jur\u00eddica del canon 267 del C.G.P. En igual sentido, no se accedi\u00f3 a las otras peticiones por no satisfacer la exigencia del art\u00edculo 173 de la codificaci\u00f3n procesal general, relativa a su obtenci\u00f3n a trav\u00e9s de derecho de petici\u00f3n, ni mencionar la \u00e9poca en que sucedieron los hechos para evaluar si se produjeron con posterioridad a la etapa para pedir pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esa ciudad expuso que \u00abla primera instancia que se tramit\u00f3 se hizo bajo la observancia de la norma adjetiva y por ende se garantiz\u00f3 los derechos fundamentales de las partes en litigio, espec\u00edficamente el debido proceso y defensa, pues a cada litigante se le escucho en las etapas respectivas y se le decretaron las pruebas solicitadas en aras de resolver en derecho el problema jur\u00eddico suscitado entre las partes. Por otro lado, del escrito de tutela es evidente que se busca controvertir una decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia cual era el decreto de pruebas con sustento en que las mismas se fundamentan en hechos ocurridos despu\u00e9s de la oportunidad para pedir pruebas, lo que fue resuelto negativamente por el superior de esta agencia judicial y respecto de lo cual este Juzgado se acoge\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada, quien indic\u00f3 agenciar los intereses de Brock Colombia S.A.S. en liquidaci\u00f3n en la causa auscultada, precis\u00f3 que \u00abtal como lo manifest\u00f3 el Tribunal Superior, de llegar a ser cierto -que no lo es- que Brock no atendi\u00f3 las \u00f3rdenes del a quo, el ordenamiento procesal regula las consecuencias de esa conducta, que en manera alguna es el decreto de la prueba en segunda instancia\u00bb, sumado a que \u00abno hay documentaci\u00f3n distinta a la ya aportada en primera instancia, raz\u00f3n por la cual, aun cuando la prueba fuera ordenada nuevamente en segunda instancia, -sin que exista raz\u00f3n para ello- Brock se limitar\u00eda a remitir nuevamente la misma documentaci\u00f3n ya aportada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del juicio verbal que CDI S.A. en reorganizaci\u00f3n inici\u00f3 contra Brock Colombia S.A.S. en liquidaci\u00f3n (rad. n.\u00ba 2021-00020), (i) por denegar el decreto de pruebas en segunda instancia y (ii) por ratificar esa postura al resolver la s\u00faplica, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar las determinaciones sometidas a escrutinio de la Corte, mediante las cuales la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (i) neg\u00f3 la solicitud formulada por la demandante CDI S.A. en reorganizaci\u00f3n empresarial de decretar y practicar pruebas en segunda instancia; y (ii) ratific\u00f3 lo resuelto al desatar el recurso de s\u00faplica, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el ad quem precis\u00f3 inicialmente que, en atenci\u00f3n a la pauta del canon 327 del Estatuto Procesal, la petici\u00f3n referida supra no estaba llamada a prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la demandante pidi\u00f3 que se exhibiera toda la contabilidad de la parte pasiva correspondiente a los a\u00f1os 2013 a 2016 relacionada con la ejecuci\u00f3n de los contratos suscritos por los consorcios BGC2 y BGC3, con base en la causal segunda del art\u00edculo 327 del estatuto adjetivo, en vista de que no se aportaron los documentos necesarios para determinar los ingresos de los consorcios, a pesar de la orden que se emiti\u00f3 en primera instancia al respecto. <\/p>\n
Pues bien, dicha solicitud carece de los presupuestos de pertinencia y utilidad, por cuanto, de un lado, no se precisaron cu\u00e1les eran los documentos contables espec\u00edficos que hac\u00edan falta, pues en el archivo digital denominado \u201c55AporteDocumentos\u201d se hallan diversas documentales sobre la contabilidad de la sociedad demandada correspondiente a la ejecuci\u00f3n de los contratos de los consorcios BGC2 y BGC3, lo que significa que no se puntualiz\u00f3 cu\u00e1les eran los documentos que se echan de menos y que se relacionar\u00edan con los hechos que se pretenden probar. <\/p>\n
De otro lado, la actora pas\u00f3 por alto la falta de utilidad probatoria de su requerimiento, en atenci\u00f3n a que si se llega a concluir que la parte pasiva desatendi\u00f3 la orden del a quo contenida en la audiencia del 1.\u00b0 de septiembre de 2021, en la que se decret\u00f3 aquella probanza, se tendr\u00eda que aplicar la consecuencia jur\u00eddica respectiva, a saber, la contenida en el art\u00edculo 267 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que se \u201ctendr\u00e1 por ciertos los hechos que quien pidi\u00f3 la exhibici\u00f3n se propon\u00eda probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesi\u00f3n, caso en el cual la oposici\u00f3n se apreciar\u00e1 como indicio en contra del opositor\u201d, lo que supone que es irrelevante el recaudo de los documentos que har\u00edan falta, los cuales, se itera, no fueron precisados por la interesada\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que, frente a los dem\u00e1s requerimientos probatorios \u2013como la orden de oficiar a la DIAN para que entregara los anexos presentados por los consorcios BGC2 y BGC3 cuando se cancelaron sus Registros \u00danicos Tributarios, as\u00ed como la exhibici\u00f3n de toda la documentaci\u00f3n concerniente a los cambios de los estatutos\u2013, no cumpli\u00f3 con el presupuesto del numeral tercero de la norma ejusdem, ya que \u00abla peticionaria no detall\u00f3 cu\u00e1ndo ocurrieron los hechos objeto de tales probanzas, pues si el t\u00e9rmino de traslado de las excepciones formuladas por la parte pasiva venci\u00f3 el 3 de mayo de 2021, entonces los hechos que podr\u00edan decretarse en segunda instancia solamente ser\u00edan aquellos ocurridos con posterioridad a esa data\u00bb; de modo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la interesada no mencion\u00f3 las fechas en las que habr\u00eda ocurrido la cancelaci\u00f3n de los Registros \u00danicos Tributarios de los consorcios BGC2 y BGC3, as\u00ed como la modificaci\u00f3n de los estatutos consorciales, lo que impide determinar si se tratan de \u201chechos ocurridos despu\u00e9s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia\u201d, en otras palabras, ante la indeterminaci\u00f3n en las solicitudes probatorias no se puede establecer el cumplimiento del requisito que habilita el decreto de pruebas en segundo grado. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, tampoco se demostr\u00f3 que la parte actora hubiera cumplido con la carga prevista en el inciso segundo del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, a saber, que el \u201cjuez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u201d, el cual guarda concordancia con el deber de las partes de \u201c[a]bstenerse de solicitarle al juez la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u201d (art. 78, num. 10, ibidem), en consideraci\u00f3n a que no ados\u00f3 las pruebas sumarias de la peticiones presentadas por ella misma ante la DIAN y la sociedad demandada para obtener los documentos que se pretenden hacer valer en este estadio procesal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, al dirimir la s\u00faplica propuesta contra ese prove\u00eddo, la colegiatura expuso que, \u00aben efecto, la solicitud versa sobre una prueba documental decretada en primera instancia, la cual fue aportada por la sociedad demandada seg\u00fan se verifica en el expediente digital (archivo \u201c55AporteDocumentos\u201d). Sin embargo, la parte interesada en el recaudo de ese medio probatorio no precis\u00f3 de manera concreta, en esta instancia, cu\u00e1les fueron los documentos contables faltantes, en aras de establecer la necesidad de la prueba\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, enfatiz\u00f3 en que \u00abel inciso 2\u00b0 del canon 173 ib., es claro al indicar que \u201cEl juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u201d. Carga que no fue acreditada por la parte demandada, pues no alleg\u00f3 ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n que demostrara la presentaci\u00f3n de la solicitud en aras de obtener dicha documental, y que la misma no hubiese sido atendida dentro de la oportunidad legal\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la sociedad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esas disposiciones fueron contrarias a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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