STC1421-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1421-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02544-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por F\u00e9lix Antonio Mendoza Romero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00013. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 29 de abril de 2021 el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a 74 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u00bb y le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de subrogado punitivo alguno, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial mediante fallo del 16 de diciembre de 2021 (asunto penal que curs\u00f3 bajo la \u00e9gida procedimental de la ley 600 de 2000). <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el accionante las referidas sentencias condenatorias pues aduce que, dado el contexto temporal en que sucedieron los hechos \u2013 a\u00f1o 1992, caso Foncolpuertos \u2013 la tipicidad de la conducta no se configura ya que, para entonces, en materia laboral no exist\u00eda el grado jurisdiccional de consulta respecto de los fallos contra entidades p\u00fablicas (la acusaci\u00f3n se fundament\u00f3 en \u00abhaber reclamado a trav\u00e9s de una demanda, unas acreencias laborales que fueron cobradas sin haberse surtido el grado de consulta\u00bb). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, al no existir obligatoriedad del grado de consulta en los asuntos laborales, su conducta no pod\u00eda constituir delito y, por lo tanto, no encuadraba en ning\u00fan tipo penal, luego, endilgarle dicho comportamiento signific\u00f3 desconocer los principios de \u00ablegalidad e irretroactividad de la ley penal\u00bb. Adicionalmente, critic\u00f3 que, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que se surti\u00f3 en relaci\u00f3n con dichas decisiones laborales fue extempor\u00e1nea debido a que se interpuso pasados \u00ab7 a\u00f1os desde la fecha de ejecutoria del fallo, que fue el 13 de octubre de 1995; y 4 a\u00f1os despu\u00e9s de la conciliaci\u00f3n\u00bb, recurso extraordinario que en materia laboral no puede exceder de 5 a\u00f1os, \u00abde acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 32 de la ley 712 de 2001\u00bb. <\/p>\n
De otro lado destac\u00f3 que, por hechos similares fue absuelto el se\u00f1or Carlos Antonio Aldana Sierra por el mismo despacho judicial, por lo tanto, considera que deb\u00eda aplicarse id\u00e9ntica soluci\u00f3n en su proceso en virtud del \u00abprincipio de precedente judicial\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la sentencia penal que recrimina \u00abestuvo plagada de m\u00faltiples inconsistencias, entre ellas, una que lo cataloga como l\u00edder sindical, hecho totalmente falso, [ya que] solo se limit\u00f3 a laborar como winchero de esa empresa (\u2026) adem\u00e1s dentro de las sindicaciones, no aparece demostrado qu\u00e9 cantidad de dinero recibi\u00f3 [\u2026] se hicieron muchas conjeturas sin fundamento jur\u00eddico contraviniendo as\u00ed los principios de la dignidad humana y legalidad (\u2026)\u00bb. Por todo, consider\u00f3 que, contrario a lo sucedido, debi\u00f3 ser exonerado de todo cargo. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abse revoque en su totalidad las providencias judiciales, una proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, de fecha 29 de abril de 2021 y la otra, la proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de fecha 16 de diciembre del 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las principales actuaciones e indic\u00f3 que el amparo es improcedente debido a que el actor tuvo la oportunidad de recurrir el fallo de segundo grado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad manifest\u00f3 que la tutela debe ser declarada improcedente por \u00abincumplimiento de los principios de subsidiariedad (no interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n) e inmediatez (presentar la demanda luego de haber trascurrido cerca de un a\u00f1o)\u00bb. <\/p>\n
3. El fiscal 397 Seccional del Grupo de Fiscal\u00edas de Ley 600 de 2000 relacion\u00f3 las investigaciones adelantadas en el asunto que comprometi\u00f3 al quejoso, y resalt\u00f3 que se le respetaron las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP se\u00f1al\u00f3 la acci\u00f3n es improcedente por incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y en virtud a que el accionante est\u00e1 utilizando la tutela como una tercera instancia para que se revisen las providencias adoptadas por los jueces ordinarios. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque \u00ab(\u2026) accionante debi\u00f3 exponer sus planteamientos al interior del proceso penal, esto es, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso (\u2026)\u00bb; y, respecto del segundo requisito, porque, desde la \u00faltima sentencia penal hasta la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional \u00ab(\u2026) transcurrieron m\u00e1s de once (11) meses (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del quejoso refutando lo resuelto por la Sala a quo al desestimar el resguardo por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, pues arguye que, aqu\u00e9llos no pueden ser \u00abm\u00e1s importantes que el bien jur\u00eddico amparado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que no antepone la Constituci\u00f3n para su protecci\u00f3n, ning\u00fan requisito, como \u00fanico requisito exige, que este derecho sea vulnerado (\u2026) los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad [\u2026] siguen en peligro de vulneraci\u00f3n por el fallo impugnado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al condenarlo a la pena de 74 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u00bb (sentencia de primera instancia del 29 de abril de 2021; confirmada con fallo del 16 de diciembre de 2021), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, porque la conducta que se le endilg\u00f3 carec\u00eda de tipicidad. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos atr\u00e1s referenciados, concretamente el de la oportunidad respecto del ataque dirigido contra las decisiones condenatorias, y en concreto, la que profiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en segunda instancia del proceso penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la aludida determinaci\u00f3n data del 16 de diciembre de 2021, mientras que la interposici\u00f3n de la presente salvaguarda del 6 de diciembre de 2022, lo que revela suficientemente tard\u00edo el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional. Frente a la tempestividad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
Adicionalmente, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que la verificaci\u00f3n de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s y examinarse con mayor rigor cuando la censura constitucional se dirige contra decisiones judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no observa la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4. Subsidiariedad por incuria. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del gestor y su defensa relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo formular contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las irregularidades que se\u00f1al\u00f3 respecto de la tipicidad de la conducta por la que se le acus\u00f3. En ese sentido esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque el tutelante debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar las decisiones dictadas en sede ordinaria, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el accionante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 su condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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