STC1426-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1426-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00512-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por las empresas Wayfare Holdings LLP y Tribeca Management Company S.A.S., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00550. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes, a trav\u00e9s de su representante legal, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad e \u00abprincipio de confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que promovieron demanda ejecutiva contra Avianca S.A., persiguiendo el cobro o \u00abreembolso de ciertos gastos de administraci\u00f3n de zonas comunes del terminal de carga del aeropuerto El Dorado, a cuyo pago estaba obligada Avianca como subarrendataria de ciertos espacios que gozaba a ese t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Relatan que la aerol\u00ednea fue convocada a un proceso arbitral en el que se ventil\u00f3 dicho incumplimiento, el cual inici\u00f3 quien ten\u00eda la calidad de subarrendador \u00abexistiendo un fideicomiso a quien se hab\u00edan cedido contractualmente los derechos econ\u00f3micos de tales pagos m\u00e1s la posici\u00f3n de parte en el contrato\u00bb; en dicho asunto, el laudo arbitral desestim\u00f3 las pretensiones del convocante al no hallar demostrada la titularidad del cr\u00e9dito y su legitimaci\u00f3n por activa, aunque, por otro lado, frente a las pretensiones que Avianca propuso en demanda de reconvenci\u00f3n \u00abdeclar\u00f3 procedente la excepci\u00f3n de \u201cexistencia y veracidad de todos los cargos incurridos por la convocante como costos y gastos de mantenimiento y administraci\u00f3n de zonas comunes del terminal de carga [\u2026] que fueron reportados como gastos operacionales reembolsables durante los a\u00f1os 2010 a 2014\u00bb. <\/p>\n
Cuenta que, el fideicomiso fue terminado y liquidado, y todos sus derechos cedidos a sus beneficiarios \u00aby de estos, a su vez, a los [ac\u00e1] accionantes, en la misma \u00e9poca en que se profiri\u00f3 el laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior, resalta, que las compa\u00f1\u00edas soportaron la demanda ejecutiva en un t\u00edtulo complejo comprendido por, \u00ab(i) la cuenta de cobro que liquida los valores a cargo de Avianca; (ii) el contrato de subarriendo con base en el cual se impon\u00eda su pago; (iii) el laudo arbitral en el que Avianca fue vencida en cuanto a su defensa de negar la existencia y veracidad de los cargos exigidos; y (iv) las evidencias de las diferentes cesiones de derechos que llevaron a los accionantes a ser titulares del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en torno al mandamiento de pago se suscitaron dos escenarios de discusi\u00f3n, en el primero, el juzgado de conocimiento lo neg\u00f3 tras advertir que \u00abalgunos de los documentos que conformaban el t\u00edtulo no fueron aportados en original\u00bb, decisi\u00f3n revocada por el tribunal para disponer que se prosiguiera con el estudio de los documentos arrimados con la demanda; en el segundo, el despacho mantuvo la postura de denegarlo, determinaci\u00f3n que nuevamente revoc\u00f3 el ad quem (3 de marzo de 2021) para esta vez ordenar, directamente, que se librara la orden de apremio. <\/p>\n
Posteriormente, indica que, el 19 de abril de 2022 la agencia judicial profiri\u00f3 sentencia de \u00abcontinuar adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb; sin embargo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante fallo del 14 de diciembre de 2022, la infirm\u00f3 para en su lugar declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de las obligaciones expresas en el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Es contra este \u00faltimo pronunciamiento que dirigen la presente queja por cuanto, seg\u00fan aducen, el tribunal desatendi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los requisitos formales del t\u00edtulo ya hab\u00edan sido objeto de discusi\u00f3n por el a quo y el mismo tribunal. <\/p>\n
Cuestionan tambi\u00e9n que, la se\u00f1alada providencia desconoci\u00f3 el efecto de cosa juzgada que represent\u00f3 el laudo arbitral e ignor\u00f3 su contenido, \u00abpues adopta una decisi\u00f3n basada en su propio an\u00e1lisis de fondo sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Avianca [\u2026] que ya hab\u00eda sido materia del proceso arbitral [\u2026] arribando a conclusiones manifiestamente contrarias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostienen que la empresa ejecutada fue vencida en dos decisiones, \u00abla del tribunal en el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 mandamiento de pago y la del juez de conocimiento que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y, vali\u00e9ndose de la oportunidad del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de instancia, el tribunal reabri\u00f3 un debate ya cerrado, violando palmariamente el texto del mentado art\u00edculo 430 C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirman que, la accionada usurp\u00f3 la competencia del juez de primer grado, quien ya se hab\u00eda pronunciado sobre el incumplimiento de Avianca respecto de sus obligaciones. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden que se revoque la sentencia atacada y, \u00aben su lugar se ordene al juez de conocimiento continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, defendi\u00f3 la postura all\u00ed adoptada y sostuvo que, en aqu\u00e9lla providencia \u00abse valoraron en integridad las pruebas y se aplicaron las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal de Avianca S.A., se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar puesto que, los argumentos de las accionantes y la interpretaci\u00f3n normativa que exponen en la demanda, \u00abllevar\u00eda a concluir que necesariamente el fallador se encuentra limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal, como si el resto fuera una actividad meramente acad\u00e9mica\u00bb, as\u00ed y luego de citar un precedente sobre la materia en discusi\u00f3n, apunt\u00f3 que, \u00ablos funcionarios judiciales tienen el deber de vigilar que al interior de las actuaciones procesales se d\u00e9 prevalencia al derecho sustancial en cada caso que se disputa [\u2026] raz\u00f3n por la cual, en aras de cumplir con dicha carga, les asisten potestades oficiosas que deben ser aplicadas sin incurrir en interpretaciones restrictivas de fragmentos aislados de las normas jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas al interior del ejecutivo n\u00ba 2019-00550, promovido por las empresas ac\u00e1 accionantes contra Avianca S.A., al proferir el fallo del 14 de diciembre de 2022 que revoc\u00f3 el del a quo (de continuar con la ejecuci\u00f3n), para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de las obligaciones\u00bb, desconociendo, supuestamente, \u00abla cosa juzgada\u00bb frente a la exigibilidad de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La sentencia atacada. <\/p>\n
Al examinar el veredicto sometido a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que el mismo, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la magistratura accionada, de la discusi\u00f3n sobre la cosa juzgada en torno a las obligaciones derivadas del t\u00edtulo ejecutivo, de acuerdo con lo definido en el proceso arbitral convocado por la empresa \u00abOtca S.A.S.\u00bb contra Avianca S.A. \u2013 laudo del 17 de mayo de 2017 \u2013, estableci\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no existe identidad entre lo aqu\u00ed buscado, el cobro forzoso de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, y lo all\u00e1 sometido a discusi\u00f3n, en tanto ante el tribunal arbitral no se aleg\u00f3 la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible en cabeza de la pasiva. Ahora bien, el resultado de tal litigio no sirve para tener por demostrada la existencia de una prestaci\u00f3n en cabeza de Avianca s.a. derivada del contrato de subarriendo no. 0056 de 12 de marzo de 2012 por concepto de gastos reembolsables, debido a que se negaron en integridad las pretensiones. Adicionalmente, no es de recibo para esta Colegiatura la disquisici\u00f3n relacionada con la identidad de partes que efectu\u00f3 la iudex a quo, como quiera que basta cotejar las personas que concurrieron al tribunal de arbitramento y las de la presente ejecuci\u00f3n, para establecer que no coinciden ni f\u00edsica ni jur\u00eddicamente <\/p>\n
En ese orden, le asiste raz\u00f3n a la inconforme en torno a que fue err\u00f3neo otorgarle efecto de cosa juzgada o vinculante para este asunto al laudo arbitral en menci\u00f3n, por ende, es necesario analizar si la demandada est\u00e1 llamada a salir a solucionar las obligaciones cobradas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, del an\u00e1lisis del t\u00edtulo ejecutivo complejo presentado para el cobro, se detuvo en el estudio del contenido del contrato de subarriendo n\u00ba 056 celebrado entre \u00abOtca S.A.S.\u00bb y Avianca y, concretamente, en el examen de la cl\u00e1usula 5.2., para establecer que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [d]e tal convenci\u00f3n se entiende que la subarrendadora se oblig\u00f3, voluntariamente, a que en caso de haber asumido valores en exceso por concepto de costos y gastos reembolsables, deb\u00eda informar, dentro de los primeros 90 d\u00edas del a\u00f1o siguiente a la vigencia vencida, de forma pormenorizada, a la subarrendataria, para que esta, dentro de los 30 d\u00edas siguientes, saliera al pago de las sumas debidamente sustentadas, pues n\u00f3tese, que acordaron las partes que era forzoso que la primera entregara a la segunda los soportes de su reclamaci\u00f3n dineraria. <\/p>\n
Revisado el expediente, se echa de menos la citada informaci\u00f3n detallada de los valores presuntamente adeudados por la aerol\u00ednea, sobre todo, en la oportunidad se\u00f1alada, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
La cuenta de cobro n\u00ba 2690, expedida por el Fideicomiso P.A. Otca el 13 de febrero de 2015 y con fecha de pago oportuno el 17 del mismo mes y a\u00f1o, por valor de $145.702.471.79 por concepto de \u201creajuste OPEX 2014\u201d, y de lo discutido al interior de este proceso, no se prestan a dudas en torno a que el valor reclamado corresponde a los gastos reembolsables que asumi\u00f3 en exceso la subarrendadora dentro de la operaci\u00f3n a cargo de la pasiva por el a\u00f1o 2014, es decir, que se expidi\u00f3 dentro de los primeros 90 d\u00edas del a\u00f1o siguiente, esto es, de 2015. No obstante, no se encuentra en el plenario una documental que contenga discriminados los datos que dan paso y existencia a la obligaci\u00f3n, o sea, que permitan entender el valor cobrado y los \u00edtems que lo integran\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 entonces que el laudo arbitral no resultaba vinculante para el compulsivo, en la medida en que, en dicho asunto no fueron ventiladas pretensiones de naturaleza ejecutiva, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo que de suyo hace que no pueda someterse al mismo escrutinio lo aqu\u00ed debatido, donde se requiere la prueba irrefutable de la acreencia en hombros de la encausada, entonces, lo que resalta la Sala, es que no es dable trasplantar irreflexivamente las disquisiciones del \u00e1rbitro en el proceso declarativo a esta ejecuci\u00f3n, en el que no est\u00e1n satisfechos los requisitos contractuales en estudio, ya que no hay prueba de ello\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 que, de acuerdo a la certificaci\u00f3n de la contadora p\u00fablica del 22 de febrero de 2016, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se observa que contiene un listado de valores que asumi\u00f3 la subarrendadora durante la vigencia de 2014, y en el literal k se especific\u00f3 que \u201cla sociedad Otca S.A.S. determin\u00f3 que el subarrendatario (\u2026) deb\u00eda la suma de (\u2026) $145.702.471.79 por el excedente de los gastos operacionales reembolsables incurridos en el a\u00f1o 2014, frente a los anticipos de ella recibidos\u201d. De tal pieza probatoria se vislumbran dos cosas; la primera, que a m\u00e1s de los razonamientos l\u00f3gicos esbozados por quien lo firma, no se acompa\u00f1\u00f3 la informaci\u00f3n detallada y los soportes respectivos; la segunda, que su expedici\u00f3n es por fuera del rango contractualmente fijado, o sea, de los primeros 90 d\u00edas del a\u00f1o 2015. Resulta de lo anotado, que no se tiene por satisfecho el requisito del numeral 5.2. de la cl\u00e1usula 5\u00aa del contrato de subarriendo para poner en situaci\u00f3n de pago a la demandada, eventualidad que no se subsana a trav\u00e9s de ning\u00fan otro documento allegado, en tanto se trata de las prueba del fideicomiso P.A. Otca y su liquidaci\u00f3n, la cesi\u00f3n de derechos econ\u00f3micos del contrato, la liquidaci\u00f3n de Otca S.A.S., entre otras, pero que, se itera, no revelan el cumplimiento del deber convencional a cargo de la subarrendadora que habilitara el cobro de los gastos operacionales reembolsables pagados en exceso del anticipo que hizo Avianca por el a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEstudiadas en conjunto las herramientas de prueba, a la saz\u00f3n, el contrato de subarrendamiento No. 0056, el laudo arbitral, la cuenta de cobro 2690, la certificaci\u00f3n de la contadora p\u00fablica, es dable afirmar que no contienen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible en contra de Avianca S.A., por lo que luce pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u201cinexistencia de obligaciones expresas en el \u2018t\u00edtulo ejecutivo\u2019 objeto de este proceso\u201d, y lleva al fracaso las pretensiones de cobro\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta manera, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, explicitando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; en este punto, se ha expuesto de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Ahora, el que el gestor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; ya que es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. Al respecto, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. Al margen de lo anterior, cabe precisar que, en todo caso, no constituye quebranto de prerrogativa esencial alguna la revisi\u00f3n que efectu\u00f3 el ad quem de la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo, pues le ata\u00f1e, aun en la sentencia, auscultar el cumplimiento de los requisitos formales del mismo, incluso si aquello no es objeto de reparo por las partes, es decir, de forma oficiosa; en ese sentido la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en indicar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr.). Se subraya. <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, ser\u00e1 la negativa del resguardo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de la causa como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1426-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1426-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00512-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por las empresas Wayfare […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}