STC1432-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1432-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00514-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Eugenia Mej\u00eda Orozco contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito de Fredonia, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2018-00072-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Oliverio de Jes\u00fas Bustamante Pareja promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, en el que el Juzgado Civil del Circuito de Fredonia libr\u00f3 mandamiento de pago y auto que lo adicion\u00f3 de 1\u00ba y 21 de noviembre de 2018, \u00abprovidencias notificadas por estado, en las que se omiti\u00f3 concederme los t\u00e9rminos de cinco (05) y diez (10) d\u00edas para pagar y formular excepciones respectivamente\u00bb, como lo dispone el inciso 1\u00ba de los art\u00edculos 431 y 442 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por lo anterior invoc\u00f3 la nulidad constitucional que neg\u00f3 el Juzgado de conocimiento y confirm\u00f3 el Tribunal Superior accionado, lo que ocasion\u00f3 una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues el fundamento para esa negativa fue que estaba saneada por el simple hecho de recibir las copias y solicitar informaci\u00f3n de ese juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades judiciales accionadas adoptar las medidas procesales pertinentes. <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Antioquia, inform\u00f3 que conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de Mar\u00eda Eugenia Mej\u00eda Orozco frente a la providencia de 5 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Fredonia mediante la cual, neg\u00f3 solicitud la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo adelantado en su contra por el se\u00f1or Oliverio Bustamante Pareja, y, en auto de 12 de enero de 2023, \u00abesta colegiatura procedi\u00f3 a resolver la alzada planteada, ci\u00f1\u00e9ndose a la problem\u00e1tica invocada por el extremo recurrente al exponer sus motivos de inconformidad y asimismo se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable al caso sometido a consideraci\u00f3n del ad quem\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Fredonia, dijo que de la revisi\u00f3n del expediente se puede observar que las actuaciones se encuentran ajustadas a derecho, sin evidenciar vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas que reclama la accionante, quien desde el a\u00f1o 2018, ha venido presentando memoriales encaminados a dilatar el proceso. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de Juan Fernando Correa Quintero como interviniente, dijo que se acoge a lo que se logre probar en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Tribunal Superior de Antioquia, dijo que mediante auto del 12 de enero de 2023 resolvi\u00f3 la alzada planteada, decisi\u00f3n en la que se pronunci\u00f3 sobre la problem\u00e1tica invocada por el recurrente, y se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable al caso sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Eugenia Mej\u00eda Orozco dirige la acci\u00f3n constitucional contra la providencia de 5 de octubre de 2022 por la que, en el juicio ejecutivo promovido en su contra, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fredonia neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad de todo lo actuado en la ejecuci\u00f3n reclamada y la de 18 de enero de 2023 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Antioquia la confirm\u00f3, decisi\u00f3n esta \u00faltima con la que se cerr\u00f3 el debate, y ser\u00e1 en consecuencia la que ser\u00e1 objeto de estudio. <\/p>\n
3. Examinado el link que contiene el proceso No. 001-2018-00072-00, promovido por Oliverio de Jes\u00fas Bustamante Pareja contra Mar\u00eda Eugenia Mej\u00eda Orozco, se advierte que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fredonia, el 10 de diciembre de 2018 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, -seguida a continuaci\u00f3n del proceso de rendici\u00f3n de cuentas- porque la demandada quien se notific\u00f3 por estado dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino de traslado, sin formular excepciones. <\/p>\n
3.1 El apoderado judicial de la demandada radic\u00f3 incidente de nulidad el 30 de septiembre de 2022, con fundamento en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y aleg\u00f3 que en el mandamiento de pago no le fue concedido t\u00e9rmino para pagar o formular excepciones. <\/p>\n
3.2 En la diligencia de 5 de octubre de 2022, el Juzgado de conocimiento la neg\u00f3 tras considerar que la actuaci\u00f3n se encontraba saneada porque no fue alegada por la se\u00f1ora Mej\u00eda Orozco, quien act\u00fao sin invocarla. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y negado el primero, se concedi\u00f3 el segundo en el efecto devolutivo. <\/p>\n
3.3 El Tribunal Superior de Antioquia, en providencia de 12 de enero de 2023 resolvi\u00f3 confirmar el auto censurado, porque la declaratoria de nulidad de encuentra supeditada a las causales taxativamente se\u00f1aladas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y descart\u00f3 el argumento de la incidentante que en el mandamiento de pago no se concedi\u00f3 t\u00e9rmino para pagar o excepcionar. <\/p>\n
Explic\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda el acto de notificaci\u00f3n, y afirm\u00f3 \u00aben este evento la presunta irregularidad que sustenta la pretendida declaraci\u00f3n de nulidad fundamentada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 ob. Cit., no le resta legalidad a la notificaci\u00f3n por estados a la demandada del auto mediante el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y se adicion\u00f3 el mismo, fechados el 1\u00ba y 21 de noviembre de 2018 y notificados por Estados N\u00b0 163 y 173 del 2 y 22 del mismo mes, respectivamente (anexos 03 y 08 del cuaderno principal), de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 306 del CGP; y como consecuencia de ello se entiende que cumplieron los fines de la publicidad del acto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, en todo caso, cualquier causal de nulidad que pudiera haber afectado el derecho al debido proceso de la se\u00f1ora Maria Eugenia Mej\u00eda Orozco, qued\u00f3 saneada en consideraci\u00f3n a que, <\/p>\n
(\u2026) en el anexo 011 del expediente digital, consta que la ejecutada concurri\u00f3 al Juzgado de conocimiento y recibi\u00f3 copias informales de dicha providencia el 28 de febrero de 2019, por lo que debe entenderse que, en el supuesto de ser indebida la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo, lo que resulta cierto sin duda alguna es que en la precitada calenda (28 de febrero de 2019) la accionada conoci\u00f3 de las actuaciones surtidas al interior del proceso, lo cual se corrobora si se tiene en cuenta que el 8 de julio siguiente compareci\u00f3 a indagar por la diligencia de secuestro del inmueble objeto de medida cautelar, practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Amag\u00e1, seg\u00fan constancia secretarial obrante en el anexo 020; y el 20 de agosto del mismo 2019, se le permiti\u00f3 el acceso a los dos cuadernos del expediente y a sacar copia de la diligencia de secuestro obrante en el cuaderno de medidas cautelares (Anexo 023); igual que el 23 de septiembre de esa anualidad (Anexo 028); sin embargo, el 17 de febrero de 2021, a trav\u00e9s del correo institucional, inexplicablemente y sin alegar las irregularidades de que se duele, elev\u00f3 solicitud al Juzgado de conocimiento para que se le informara sobre la existencia de proceso en su contra, promovido por Oliverio Bustamante, con lo que al parecer la hoy incidentista pretendi\u00f3 hacer creer al despacho que ella desconoc\u00eda la actuaci\u00f3n, lo que resulta francamente reprochable si se tiene en cuenta que la aqu\u00ed convocada, incluso, estuvo presente en la diligencia de secuestro del inmueble del que es copropietaria, realizada por el mencionado juzgado comisionado el 22 de junio de 2021 y fue informada del objeto de la diligencia, en la cual solicit\u00f3 copia de dicha actuaci\u00f3n (anexo 068. P\u00e1gs. 53-64) y, por tanto, es inexcusable que dicha se\u00f1ora pretenda despu\u00e9s, a trav\u00e9s de apoderado judicial, transcurridos m\u00e1s de diecinueve meses, a invocar vicios que, a su criterio, invalidan la actuaci\u00f3n; lo que no es de recibo y se cae por su propio peso, puesto que, si en gracia de discusi\u00f3n, se aceptara la existencia de los mismos, lo cierto es que estos fueron saneados, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 136 del C.G.P., al establecer que la nulidad se considerar\u00e1 saneada \u201cCuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla.\u201d\u00bb <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como quiera que el Tribunal Superior accionado resolvi\u00f3 confirmar el auto que neg\u00f3 la nulidad propuesta por la demandada aqu\u00ed accionante, de una parte, en virtud del principio de taxatividad que gobierna las \u00abnulidades procesales\u00bb, en raz\u00f3n a que el motivo para pedir que se invalidara lo actuado no fue una de las causales contenidas en el art\u00edculo 133 del Estatuto Procesal Civil, sino la prevista en el art\u00edculo 29 del Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
De otra parte, porque de acuerdo con el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, como sucede en el asunto que motiva la queja constitucional, cuando se adelanta la ejecuci\u00f3n de la sentencia a continuaci\u00f3n de un juicio declarativo, si la solicitud se formula dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes la ejecuci\u00f3n del fallo o del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, \u00abel mandamiento ejecutivo se notificar\u00e1 por estado\u00bb, sin que fuera necesario disponer que ese acto procesal se surtiera de manera personal, y con todo, verificada la notificaci\u00f3n por estado de la orden de pago, la demandada igualmente ten\u00eda la posibilidad de pagar o de formular excepciones como lo dispone el numeral 2\u00ba del canon 442 Ib\u00eddem, lo que no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, aunado al hecho, que la presunta irregularidad que aleg\u00f3 la accionante se encontraba saneada para el 30 de septiembre de 2022 cuando present\u00f3 el incidente de nulidad toda vez que, conoc\u00eda de la existencia del proceso ejecutivo adelantado en su contra, puesto que compareci\u00f3 al Juzgado en diferentes oportunidades, incluso para tomar copias de la totalidad del expediente, indagar sobre la diligencia de secuestro del predio de su propiedad que fue objeto de medida cautelar, y adem\u00e1s sac\u00f3 fotocopia del despacho comisorio, sin que durante esos tres (3) a\u00f1os hubiera puesto en conocimiento del juez esa inconformidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la providencia del Tribunal Superior se encuentra motivada, cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria, y tampoco se advierte en ella un claro desconocimiento de la ley, supuestos indispensables para que la acci\u00f3n de tutela obre respecto de providencias judiciales, de tal suerte que, la sola divergencia de criterio expresada por la accionante frente a la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa a sus intereses no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para intentar reabrir un debate ya definido por el juez natural. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiteradas en STC 1212-2022 y STC4972-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Eugenia Mej\u00eda Orozco contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito de Fredonia. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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