STC1453-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1453-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02593-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Bibiana G\u00f3mez Vargas contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos de Pereira, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 66001-31-05-003-2018-00112-00 (Rad. Corte 89758). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 se deje sin efectos la sentencia CSJ SL3359-2022 (9 ag.) y, en consecuencia, se le ordene a la magistratura acusada emita una nueva de decisi\u00f3n que haga eco de sus pretensiones. <\/p>\n
En sustento, sostuvo que ante el \u00f3bito de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Vargas Herrera (7 jun. 2017), promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones para que se le reconociera como beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Manifest\u00f3 que, luego de obtener sentencia favorable en primera instancia (28 ag. 2019), el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n (19 ag. 2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 la sentencia (CSJ SL3359-2022, 9 ag.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria que demostraban la convivencia con el causante. <\/p>\n
2. La autoridad convocada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. Colpensiones resisti\u00f3 los anhelos. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. rese\u00f1\u00f3 que no hizo parte del proceso laboral. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la s\u00faplica al concluir que la decisi\u00f3n censurada era razonable. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la convocante e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de la gestora, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Pues bien, revisada la providencia SL3359-2022 de 29 de agosto pasado, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado por Luz Bibiana G\u00f3mez Vargas, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los ataques formulados por la aqu\u00ed accionante, el colegiado de cierre en materia del trabajo comenz\u00f3 por resaltar que en las instancias qued\u00f3 probado que \u00ab(\u2026) Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Vargas Herrera falleci\u00f3 el 7 de junio de 2017, fecha para la cual ten\u00eda la calidad de pensionado, y que hab\u00eda contra\u00eddo matrimonio con la demandante el 17 de abril de 2015\u00bb. <\/p>\n
La queja de la gestora gira en torno a la valoraci\u00f3n probatoria desarrollada por la magistratura de casaci\u00f3n en lo atinente a que, seg\u00fan la accionante, la convivencia fue debidamente acreditada. <\/p>\n
Es as\u00ed como al adentrarse en el estudio de las probanzas allegadas oportunamente infiri\u00f3 que no hab\u00eda lugar al decaimiento de la sentencia de segunda instancia porque \u00abni en la demanda ni en la contestaci\u00f3n figura declaraci\u00f3n alguna de la pasiva que constituya una confesi\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 191 y 195 del CGP, raz\u00f3n por la cual estos medios de prueba no resultan eficaces para el prop\u00f3sito del recurrente\u00bb, de igual manera en cuanto a la \u00abreclamaci\u00f3n administrativa, [el] documento denominado Exequiales Jardines Sacro Santo Ltda. y [la] solicitud para contraer matrimonio civil \u00abentre el causante y la convocante]\u00bb infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) De estos medios de convicci\u00f3n no se desprende que la actora realmente hubiera convivido con el causante en los \u00faltimos cinco a\u00f1os de vida de este. En efecto, la reclamaci\u00f3n administrativa solo prueba que aquella solicit\u00f3 el derecho; del segundo documento se advierte que la madre de la demandante era la contratante del servicio exequial, y ten\u00eda como beneficiario al causante; y de la tercera evidencia mencionada se desprende que la inferencia del Tribunal, en punto a que la pareja no resid\u00eda en la misma direcci\u00f3n en el a\u00f1o 2015, no fue descabellada, pues ciertamente la demandante dej\u00f3 en blanco la casilla de la direcci\u00f3n y el causante s\u00ed estipul\u00f3 una. <\/p>\n
En todo caso, se itera, estas pruebas no acreditan con suficiencia el requisito de convivencia exigido por la ley para que la actora sea acreedora de la asignaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Ahora, al adentrase en el estudio de los testimonios de Mar\u00eda Lesbia Aguirre Zapata y Alejandro Mej\u00eda Betancur se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Esta evidencia no puede estructurar los yerros f\u00e1cticos enrostrados, ya que no es calificada en casaci\u00f3n, puesto que a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotaci\u00f3n el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial. As\u00ed, solo es posible habilitar su estudio en caso de que se advierta alg\u00fan error en la valoraci\u00f3n de un medio de convicci\u00f3n que s\u00ed lo sea, lo que no acontece en el sub judice. <\/p>\n
Con todo, una vez revisados los mismos, se advierte que en verdad no son certeros en especificar una fecha exacta del inicio de la relaci\u00f3n sentimental de la pareja, pues afirman que eran esposos, pero sus respuestas se contradicen varias veces sobre las preguntas que les hicieron al respecto de la familia, raz\u00f3n por la cual no merecen mayor valor probatorio. <\/p>\n
En cuanto a las declaraciones extra proceso de Luz Bibiana G\u00f3mez Vargas y Ferdinando de Jes\u00fas Durango Zapata resalt\u00f3 que, <\/p>\n
Adem\u00e1s, una de tales declaraciones es de la misma demandante, y es obvio que ninguna de las partes puede elaborar su propia prueba, salvo las precisas y taxativas excepciones previstas por el legislador (CSJ SL315-2022, SL803-2022, SL1744-2021, SL469-2019, SL1516-2018). <\/p>\n
En este punto conviene precisar, atendiendo el reparo de la censora acerca de la falta de ratificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de Ferdinando Durango, que estas no tienen que ser ratificadas en el juicio para su validez, pues eso solo es exigible cuando la parte contraria lo solicite (CSJ SL1467-2016). As\u00ed las cosas, el colegiado no err\u00f3 al darle validez o eficacia probatoria a dicha declaraci\u00f3n extrajuicio rendida ante notario y allegada al proceso, ya que fue aportada al plenario y la pasiva no solicit\u00f3 su ratificaci\u00f3n. <\/p>\n
De todas maneras, sobre la declaraci\u00f3n extrajuicio del se\u00f1or Ferdinando Durango, se observa que expres\u00f3 que la pareja convivi\u00f3 desde el 17 de abril de 2015 hasta la fecha del fallecimiento del causante, lo que confirma que no se verific\u00f3 el requisito exigido. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea de pensamiento concluir que, <\/p>\n
(\u2026) el ad quem no cometi\u00f3 la transgresi\u00f3n normativa enrostrada por la censura. Por el contrario, lo que se advierte es que valor\u00f3 las pruebas recabadas en el juicio en el ejercicio de la facultad legal que le dispensa el art\u00edculo 61 del CPTSS, sin que se observe una conclusi\u00f3n caprichosa o manifiestamente apartada de las evidencias examinadas y allegadas oportunamente al plenario. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, considera la Sala que la desestimaci\u00f3n de los medios suasorios de los que se duele la promotora de ninguna manera sacrifica la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas procedimentales, ni es un exceso ritual manifiesto, pues como se ha reiterado en numerosas sentencias de la hom\u00f3loga en lo laboral, la prueba testimonial no est\u00e1 clasificada como prueba calificada en casaci\u00f3n, de acuerdo con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 7 de la ley en comento, respecto a los cuales no corresponde al juez constitucional determinar o no su conveniencia1 (SL3536-2021, SL1469-2021, SL1218-2021, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que la autoridad judicial s\u00ed valor\u00f3 las pruebas existentes en el expediente, lo que condujo a que concluyera que las mismas no daban cuenta de la convivencia por el t\u00e9rmino m\u00ednimo que establece la ley de la all\u00e1 demandante con el mencionado pensionado, por lo que resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora estima que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, reiterada entre muchas en STC11767-2022). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Norma que adem\u00e1s fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-140-95 donde se determin\u00f3 que: (\u2026) establece unos requisitos que -como se explic\u00f3- responden a la naturaleza misma del litigio en asuntos del trabajo y, en especial, a los principios de oralidad, inmediaci\u00f3n, publicidad y libre formaci\u00f3n del convencimiento, los cuales han sido definidos por el legislador en diversos art\u00edculos del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral. Para esta Corte, por tanto, se encuentran plenamente justificadas las razones por las que no es posible acusar en casaci\u00f3n un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de medios probatorios diferentes a los contemplados en la norma en comento. Adem\u00e1s, debe agregarse que las consideraciones respecto de la conveniencia o no de este tipo de reglamentaciones, escapan la competencia del juez de constitucionalidad, e inclusive llevar\u00edan a que un pronunciamiento en dicho sentido permitiera que se definieran no s\u00f3lo las reglas de un proceso, sino que tambi\u00e9n la competencia de los diferentes \u00f3rganos judiciales, con lo cual se quebrantar\u00eda en forman flagrante el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n, al invadirse una materia -se repite- de competencia exclusiva del Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
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STC1453-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1453-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02593-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de enero de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}