STC1454-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1454-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2023-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta el 26 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edilsa Vargas Sanguino y \u00d3scar Emilio Quintero Serrano contra el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma urbe y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2019-00922. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes invocaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que promovieron demanda de responsabilidad extracontractual contra Andr\u00e9s Leonardo Corzo Gamboa y otros, por los hechos ocurridos el 12 de octubre del 2016, cuando el perro de \u00abraza Boxer\u00bb de propiedad de aqu\u00e9l lesion\u00f3 a Edilsa Vargas Sanguino, juicio al que fueron vinculados Orlando Arenas Alarc\u00f3n y Miriam Trinidad Gamboa Orozco como propietarios del inmueble donde se encontraba el canino, y, el Conjunto Residencial Parque Real por ser el sitio donde ocurrieron los hechos. <\/p>\n
Refieren que en virtud de lo previsto en el literal c del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del proceso, solicitaron como medida cautelar que se ordenara a la alcald\u00eda municipal de C\u00facuta tomar las medidas de protecci\u00f3n necesarias en contra del animal, as\u00ed como incluirlo en el censo de perros por haber agredido una persona, y, realizar los controles necesarios dada la condici\u00f3n de animal peligroso. <\/p>\n
Sostienen que por auto del 12 de diciembre del 2019 el Juzgado Octavo Civil Municipal de C\u00facuta admiti\u00f3 el libelo, y agotado el tr\u00e1mite procesal de rigor, en providencia del 21 de junio del 2022 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales invocada por los demandados por no haberse agotado la conciliaci\u00f3n prejudicial antes de acudir a la instancia judicial y que la medida cautelar solicitada no se encuadra dentro de las dispuestas para este tipo de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el canon 590 del Estatuto Procesal, desconociendo que en el proceso de responsabilidad con el consecutivo n\u00b0. 2017-00224 obra copia del acta de la conciliaci\u00f3n fracasada que se adelant\u00f3, decisi\u00f3n que atacaron sin \u00e9xito en apelaci\u00f3n, pues mediante prove\u00eddo del 12 de septiembre siguiente fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe, decisiones que \u00abconstituyen una clara violaci\u00f3n a la constituci\u00f3n pol\u00edtica como negando una (sic) acceso a la recta administraci\u00f3n de justicia, por lo tanto hay una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que se ordene al juzgado del circuito convocado \u00abreconocer la existencia del acta de conciliaci\u00f3n fracasada el d\u00eda 12 de diciembre de 2016\u00bb que obra dentro del proceso de responsabilidad seguido ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de C\u00facuta, para que \u00abexcluya las apreciaciones subjetivas de la no aplicaci\u00f3n de la ley 746 de 2002, y la medidas legales para no dar aplicaci\u00f3n al literal C literal C del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, y por lo tanto la NO NECESIDAD del AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACION COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD\u00bb, y que en su lugar, \u00abse acojan las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de C\u00facuta solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, pues \u00abnos encontramos ante una discusi\u00f3n que fue resuelta previamente en dos instancias por las autoridades judiciales ordinarias competentes, por lo que no puede pretenderse a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional reabrirse un debate que se encuentra debidamente clausurado, m\u00e1xime, cuando las decisiones emitidas no resultan antojadizas, sino ajustadas a pleno derecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Conjunto Residencial Parque Real se opuso a lo pretendido a trav\u00e9s de la salvaguarda, pronunci\u00e1ndose frente a cada uno de los hechos de la demanda. <\/p>\n
3. Los vinculados Andr\u00e9s Leonardo Corzo Gamboa, Orlando Arenas Alarc\u00f3n y Miriam Trinidad Gamboa Orozco, demandados dentro del juicio de responsabilidad revisado, luego de exponer su postura frente a cada uno de los hechos del libelo introductor, se\u00f1alaron que \u00abcomparte[n] los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos debidamente explicados y ponderados en las providencias emitidas por el Juzgado Octavo Civil Municipal de C\u00facuta el d\u00eda 21 de junio de 2022 y la confirmaci\u00f3n realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta el d\u00eda 12 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que las providencias censuradas no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque los gestores aducen que no se tuvo en cuenta la diligencia surtida ante la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta como requisito de procedibilidad obrante en el proceso con el consecutivo n\u00b0 2017-00224, as\u00ed como la solicitud de medidas cautelas innominadas conforme lo previsto en el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que, \u00abmal podr\u00eda este colegiado considerar que la determinaci\u00f3n all\u00ed plasmada resulta arbitraria, antojadiza o falta de sustentaci\u00f3n juridicia (sic), como erradamente alega la parte actora, quien inconforme con las resultas de sus pedimentos pretende con este mecanismo constitucional revivir un asunto que a la fecha se encuentra debidamente conclu\u00eddo (sic), porque las autoridades judiciales competentes en la materia se pronunciaron de fondo sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por los accionantes, arguyendo que \u00abEn la sentencia de tutela y en el proceso verbal sumario adelantado no se ha hecho menci\u00f3n sobre la solicitud de medidas cautelares, es decir, se hace caso omiso, no hubo pronunciamiento en el proceso ordinario y mucho menos en la presente acci\u00f3n de tutela por esta jurisdicci\u00f3n, y se es enf\u00e1tico la medida cautelar solicitada y nominada si es procedente y conducente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al dar por terminado el proceso de responsabilidad civil adelantado por los accionantes contra Andr\u00e9s Leonardo Corzo Gamboa y otros, tras declarar probada la excepci\u00f3n de ineptitud de la demanda propuesta por el extremo demandado (n\u00b0 2019-00922), por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, dado que no se tuvo en cuenta la conciliaci\u00f3n prejudicial fracasada obrante en otro asunto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 12 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de C\u00facuta, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto al confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n de \u00abNegar las pretensiones de la parte demandante\u00bb, tras \u00abDECLARAR PROBADA la excepci\u00f3n de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales invocada por el apoderado judicial de los se\u00f1ores Orlando Arenas Alarc\u00f3n, Myriam Trinidad Gamboa Orozco y Andr\u00e9s Leonardo Corzo Gamboa\u00bb tomada el 21 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC6513-2022, 26 may. 2022, rad. 00079-01). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de dar por terminado el proceso cuestionado, tras declarar probado el medio defensivo de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, comenz\u00f3 por precisar que, \u00abBien es sabido que el art. 90 [del C\u00f3digo General del Proceso] enlista en su numeral 7\u00ba como causal de inadmisi\u00f3n, so pena de rechazo de la demanda, la falta de agotamiento de la conciliaci\u00f3n prejudicial. No obstante, el art. 590 de la ley en cita en su par\u00e1grafo 1\u00ba dispone: \u201cEn todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u201d\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, complement\u00f3: \u00abcuando se solicita la practica (sic) de medidas cautelares, se releva a la parte actora del deber de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad, interpretaci\u00f3n que no puede aplicarse ampliamente al punto de considerarse que cualquier tipo de solicitud acarrea esta prerrogativa, pues el juez como director del proceso, debe verificar que la cautela deprecada sea procedente, que sea necesaria para evitar la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho, que sea proporcional, y que adem\u00e1s sea efectiva para el cumplimiento del fin previsto\u00bb. <\/p>\n
Y descendiendo al caso concret\u00f3 se\u00f1al\u00f3, que aunque el extremo inconforme arguye que \u00abno era posible argumentar la falta de conciliaci\u00f3n prejudicial cuando existe una constancia de fecha 12 de diciembre de 2016, de la diligencia practicada ante la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, en la que actu\u00f3 como convocante la se\u00f1ora EDILZA VARGAS SANGUINO y como convocados los se\u00f1ores ORLANDO ARENAS ALARCON y MYRIAM TRINIDAD GAMBOA OROZCO; [y] que si bien, respecto de las dem\u00e1s partes no existe constancia de citaci\u00f3n a conciliaci\u00f3n prejudicial, no menos cierto es que se solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de una medida cautelar innominada, la cual se bas\u00f3 en el da\u00f1o moral causado a su representada, el cual no solo se desprende de la lesi\u00f3n causada sino de la percepci\u00f3n de convivir en un ambiente donde no hay seguridad\u00bb, lo cierto es que \u00abal momento de admitirse la demanda, el juzgado de conocimiento no realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n respecto a la solicitud planteada por el extremo activo, [y] resulta extra\u00f1o que durante las actuaciones que fueron adelantadas por el mandatario de los demandantes con posterioridad a esa providencia, no se hizo ning\u00fan reparo frente a este yerro, tan es as\u00ed que solo hasta el momento en que se descorri\u00f3 el traslado del medio exceptivo es que se record\u00f3 la solicitud formulada\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: \u00abEn efecto, uno de los principios procesales comprendidos en la normatividad procesal actual es la existencia de la doble instancia, la cual est\u00e1 consagrada en el art. 9 de la ley 1564 de 2012, empero, en este punto, reconocer esta garant\u00eda constituir\u00eda una afectaci\u00f3n a la tutela jurisdiccional efectiva y a la econom\u00eda procesal, pues, no es posible obviar que la medida cautelar pedida es a todas luces innecesaria, desproporcional y, desconoce la legislaci\u00f3n vigente al momento en que se elev\u00f3 la cautela. Primeramente, porque la LEY 1774 DE 2016 en su art\u00edculo 1\u00ba enuncia \u201cLos animales como seres sintientes no son cosas, recibir\u00e1n especial protecci\u00f3n contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de car\u00e1cter policivo y judicial.\u201d Seguidamente, porque mediante la LEY 1801 de 2016, la cual empez\u00f3 a regir desde el 29 de enero de 2017, se derog\u00f3 la LEY 746 DE 2002, es decir, que para la fecha en que se present\u00f3 la demanda -15 de octubre de 2019- la norma invocada para fundamentar la medida cautelar era inexistente en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Para concluir as\u00ed, que \u00abacceder a lo pretendido por el impugnante, esto es, revocar la decisi\u00f3n para ordenarle al A-quo emitir un pronunciamiento sobre la medida cautelar, constituir\u00eda un desprop\u00f3sito, m\u00e1xime cuando existe certeza de que los demandantes no convocaron a la conciliaci\u00f3n prejudicial a todos los convocados al juicio\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juzgado accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada, y cuando lo que pretenden los accionantes es que se tenga en cuenta el acta de conciliaci\u00f3n fracasada que obra dentro otro proceso de responsabilidad que adelantaron y que fue terminado por desistimiento t\u00e1cito (n\u00b0 2017-00224). <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC6513-2022, 26 may. rad, 00079-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto, donde sencillamente no se demostr\u00f3 que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial antes de acudir a la instancia judicial, muy a pesar que se solicit\u00f3 una medida cautelar, comoquiera que la misma no resulta procedente en este caso conforme a lo previsto por el legislador. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n probatoria y la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos de la acci\u00f3n civil de responsabilidad extracontractual, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1454-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1454-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2023-00005-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}