STC1457-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1457-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada, en desarrollo del litigio n\u00b0 2022-00164-00. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, aducen, en s\u00edntesis, que la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI- adelanta en su contra el precitado juicio de expropiaci\u00f3n, el cual versa respecto del inmueble identificado con matr\u00edcula 143-17470 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ceret\u00e9. <\/p>\n
Manifiestan que el aludido despacho el 6 de junio de 2022, dispuso la entrega anticipada del predio, comisionando para el efecto al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo, pasando por alto que se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n varios recursos que formularon tendientes a atacar la legalidad de esa determinaci\u00f3n, en tanto que hay una inconsistencia respecto del \u00e1rea y linderos del fundo, aunado a que consideran que no se les enter\u00f3 en debida forma del proceso. <\/p>\n
Sostienen, que acudieron ante la Agencia Nacional de Infraestructura pretendiendo la actualizaci\u00f3n del \u00e1rea y linderos del terreno, previo a la aceptaci\u00f3n de la oferta de compra, sin embargo, destacan que la entidad no se ha pronunciado al respecto, lo cual, en su criterio refuerza la improcedencia de la entrega anticipada del bien. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a los Juzgados Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de San Pelayo suspender la diligencia de entrega anticipada del inmueble \u00ab(\u2026) hasta tanto no se decida la solicitud de ilegalidad del auto que lo dispuso, de fecha 6 de junio de 2022 (\u2026) hasta tanto no se pronuncie con respecto al auto de fecha 5 de octubre del 2022 proferido por LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO (\u2026) hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no resuelva de fondo la solicitud de aclaraci\u00f3n de \u00e1rea y linderos y\/o clarificaci\u00f3n de la propiedad del mismo, esto es, que se surta todo el tr\u00e1mite administrativo en sus diferentes etapas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del asunto que origina el reclamo y defendi\u00f3 su proceder destacando que \u00aben lo que se refiere al inconformismo del extremo actor, referido a la ilegalidad de la orden de entrega anticipada del inmueble aludido en precedencia, se pone de presente que, para que tal actuaci\u00f3n se tornare procedente, solamente era necesario que la entidad demandante dentro del proceso de expropiaci\u00f3n allegara la consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del despacho, del valor establecido en el aval\u00fao aportado con la demanda. Ello , seg\u00fan lo dispone el numeral 4 del art. 399 del C. G. del P. Carga citada en precedencia, a la cual dio cumplimiento la ANI, qui\u00e9n aport\u00f3 al plenario la consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del Banco Agrario por los montos de $218.360.143.oo y $8.129.oo., sin que, conforme lo expone el profesional del derecho en condici\u00f3n de apoderado judicial de las demandadas, fuere necesario que previamente se registrare la demanda en el correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que en auto de 23 de enero hoga\u00f1o ofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC- y a la Agencia Nacional de Tierras para que, a su costa, designen peritos id\u00f3neos quienes deber\u00e1n asistir a la diligencia de entrega anticipada a efectos de corroborar las condiciones materiales y jur\u00eddicas del \u00e1rea de terreno pretendida en el libelo introductorio. Tambi\u00e9n dispuso que por parte de la Procuradur\u00eda Regional de C\u00f3rdoba y la Defensor\u00eda del Pueblo, se presten labores de acompa\u00f1amiento y seguimiento a tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Infraestructura se opuso a la prosperidad del auxilio enfatizando en que incumple el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida que \u00abla parte accionante cuenta con otros mecanismos procesales para hacer valer sus derechos como lo son el proceso de expropiaci\u00f3n, acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derecho, dentro de la acci\u00f3n administrativa que se adelanta ante la Agencia Nacional de Tierras la acci\u00f3n administrativa, son los escenario id\u00f3neos para ventilar los derechos particulares y de la <\/p>\n
comunidad que alega\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que la inconformidad recae en esencia, sobre temas de \u00e1reas y linderos, sin embargo, esos puntuales reparos deben ser debatidos, cuestionados y definidos en la etapa probatoria y sentencia que defina sobre la expropiaci\u00f3n del \u00e1rea requerida, etapas que no se han surtido a\u00fan en el proceso, no siendo una discusi\u00f3n que deba ventilarse en el marco de una acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juez Promiscuo Municipal de San Pelayo, inform\u00f3 que fue comisionado para llevar a cabo la entrega del bien identificado con matr\u00edcula 143-17470 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ceret\u00e9. Asegur\u00f3 que no ha vulnerados los derechos que reclaman las gestoras. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio arguyendo que (i) en lo concerniente a la petici\u00f3n referida a la ilegalidad del auto que provey\u00f3 sobre la comisi\u00f3n para la entrega anticipada del bien y sobre el pronunciamiento respecto del auto emitido por el Consejo de Estado \u00abes cuesti\u00f3n que se subsume en un hecho superado, pues el juzgado acusado resolvi\u00f3 sobre el particular en auto del pasado 23 de enero, decisi\u00f3n frente a la cual se interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb; y (ii) porque la exigencia de respuesta previa que reclaman las gestoras por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura no se encuentra estatuida en el numeral 4 del canon 399 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por las convocantes, toda vez que orden\u00f3 llevar a cabo la diligencia de entrega anticipada del inmueble involucrado en el juicio de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2022-00164-00 pasando por alto las solicitudes de suspensi\u00f3n y nulidad presentadas previamente, advirtiendo inconsistencias en el \u00e1rea y linderos del terreno. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, destaca la Sala que el reproche de las gestoras gravita en torno a la orden de entrega anticipada del predio identificado con matr\u00edcula 143-17470 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ceret\u00e9, en el marco de la expropiaci\u00f3n n\u00b0 2022-00164-00, pues consideran que el despacho debi\u00f3, previamente, resolver sobre las solicitudes de suspensi\u00f3n y nulidad que hab\u00edan formulado por las inconsistencias respecto del \u00e1rea y linderos del fundo, aunado a que consideran que no se les enter\u00f3 en debida forma de la demanda. <\/p>\n
Por lo tanto, sostienen que se debe suspender la aludida diligencia hasta tanto se d\u00e9 tr\u00e1mite a sus pedimentos. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Las gestoras, pretenden que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se suspenda la entrega anticipada del prenotado inmueble, no obstante, relieva esta Corporaci\u00f3n que no es procedente tal solicitud, en la medida que dicha orden se produjo con fundamento en el numeral 4\u00ba del precepto 399 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala ha reiterado en m\u00faltiples ocasiones que \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este particular mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
Las accionantes, reprochan que al momento en el que formularon la presente solicitud de amparo, esto es, el 18 de enero de 2023, el estrado acusado no se hab\u00eda pronunciado sobre la petici\u00f3n encaminada a que declarara la \u00abilegalidad\u00bb del prove\u00eddo que orden\u00f3 la entrega anticipada del terreno objeto de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Verificado el tr\u00e1mite surtido al interior del precitado litigio se pudo constatar que (i) las interesadas radicaron la aludida solicitud el 16 de septiembre anterior; (ii) el 23 de enero hoga\u00f1o el juzgado acusado la despach\u00f3 desfavorablemente, no obstante, en cuanto a las inconformidades que esbozaron relacionadas con la aclaraci\u00f3n de \u00e1rea y linderos del predio precis\u00f3 que en armon\u00eda con lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en providencia del 05 de octubre de 2022, ofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC- y a la Agencia Nacional de Tierras para que proceda a designar peritos id\u00f3neos, que deber\u00e1n asistir a la diligencia de entrega anticipada a efectos de corroborar las condiciones materiales y jur\u00eddicas del \u00e1rea de terreno pretendida en el libelo demandatorio; y (iii) esta \u00faltima decisi\u00f3n fue recurrida mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, los cuales se encuentran en tr\u00e1mite. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, la Sala advierte la improcedencia del instrumento constitucional en la medida que incumple el requisito que viene de comentarse. <\/p>\n
En efecto, y como qued\u00f3 acreditado en precedencia, a la fecha el debate en torno al \u00e1rea y linderos del inmueble sigue vigente, por lo que las interesadas deber\u00e1n agotar todos los medios de defensa a su alcance para lograr la aclaraci\u00f3n de la extensi\u00f3n del predio ya sea en el tr\u00e1mite de la expropiaci\u00f3n o en el proceso administrativo que actualmente adelantan ante la Agencia Nacional de Infraestructura, que se itera no ha concluido. <\/p>\n
Ante tal panorama el auxilio resulta prematuro pues se desconocen las determinaciones que puedan adoptarse al interior del proceso cuestionado, siendo imperioso destacar que el juez constitucional no puede atribuirse facultades propias del juez de conocimiento, pues es a este \u00faltimo funcionario a quien le corresponde pronunciarse al respecto. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras STC6172-2015, 21 may 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que (i) porque la tutela no es procedente para suspender diligencias judiciales y (ii) porque el debate en torno al \u00e1rea y linderos del bien objeto de expropiaci\u00f3n resulta prematuro, en la medida que, a la fecha, no se han resuelto los recursos incoados frente al auto de 23 de enero de 2023 y porque el debate en torno al \u00e1rea y linderos del inmueble debe ser definido en el aludido juicio y no en sede de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por lo arg\u00fcido en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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