STC1461-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1461-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00595-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que solicit\u00f3: (i) \u00abse ordene al tutelado perder competencia, art 121 CGP\u00bb; (ii) \u00abse determine en tutela cu\u00e1nto tiempo contaba el tutelado para fallar\u00bb; y (iii) \u00abse ordene al [accionado] fallar inmediatamente [su] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra Carlos Alberto Garc\u00eda Chica, en su condici\u00f3n de propietario del \u00abAlmac\u00e9n Credihogar SCR\u00bb, que fue decidida con sentencia del 6 de julio de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 23 de agosto de 2022, autoridad que admiti\u00f3 la alzada con auto del 7 de febrero de estas calendas (2023). <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado acusado \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998\u2026 al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb; y que \u00absolo despu\u00e9s de 7 meses, decide admitir [su] alzada, pese a que solo cuenta con 20 d\u00edas para fallar\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que \u00abtramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial\u2026, cuyo volumen es notable; en promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00abdesde hace varios meses, debido al alto volumen demandas constitucionales, en tutela y populares, se encuentra dedicado, en un aproximado de casi un 100%, a atender exclusivamente dichos asuntos, incluso, en detrimento de las acciones ordinarias que tambi\u00e9n corresponden a esa Magistratura\u00bb; y que \u00aben los \u00faltimos meses se han atendido un promedio de 300 memoriales, exclusivamente\u2026 elevados en acciones populares, profiriendo la providencia que corresponde y los recursos que su vez interponen a la misma\u00bb, a lo que \u00abse suman, las respuestas que se brindan a las acciones de tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia, a las decisiones ya referidas\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja principal del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite cuestionado a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del alto c\u00famulo de acciones constitucionales que conoce ese despacho y de las actuaciones que se desprenden de aquellas, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los conceptos jur\u00eddicos que reclam\u00f3 el querellante, baste con decir que no debe d\u00e1rsele una soluci\u00f3n a tales pedimentos a trav\u00e9s del tr\u00e1mite tutelar, por cuanto este no es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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