STC1467-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1467-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01322-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Giancarlo Mart\u00ednez Carvajal contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos de radicado 2021-00164. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada. Narr\u00f3 que, por el incumplimiento en la cuota alimentaria de sus dos hijos, Julia Carolina Ortega Duarte promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos en su contra, persiguiendo que se librara mandamiento de pago por la suma de $14.725.885. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado debatido. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que dicha autoridad mediante prove\u00eddo del 24 de marzo de 2022, libr\u00f3 mandamiento de pago \u00aben los t\u00e9rminos solicitados por la ejecutante\u00bb, a pesar de que uno de los t\u00edtulos no pod\u00eda ser ejecutado por no cumplir con los requisitos formales en \u00e9l establecidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el acta de la conciliaci\u00f3n fracasada del 18 de junio de 2019, no resulta exigible pues, \u00abpara producir efectos se estipul\u00f3 en ella una condici\u00f3n de notificarme por ser la persona sobre la cual reca\u00eda la obligaci\u00f3n, y al no haberse cumplido dicha condici\u00f3n se configur\u00f3 la omisi\u00f3n de los requisitos que el citado t\u00edtulo deb\u00eda contener y que la ley no suple de forma expresa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Recalc\u00f3 que el t\u00edtulo no fue suscrito por \u00e9l, tal como lo exige el art\u00edculo 422 del C.G.P., en raz\u00f3n a que no pudo presentarse a la audiencia que gener\u00f3 el acta y al no ser notificado en debida forma de la misma. Por tanto, consider\u00f3 que dicho t\u00edtulo nunca surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica. Con fundamento en lo anterior, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del 24 de marzo de 2022 que libr\u00f3 el mandamiento de pago, la cual fue confirmada por el Juzgado atacado el 31 de mayo de la misma calenda, con base en el art\u00edculo 293 de la mencionada disposici\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Adujo que con las mencionadas decisiones la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, defecto procedimental y f\u00e1ctico, \u00abpues orden\u00f3 el cumplimiento de una obligaci\u00f3n contenida en un documento que no presta m\u00e9rito ejecutivo\u00bb <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se \u00abDEJE SIN EFECTOS y\/o SE REVOQUEN parcialmente el auto de fecha 24 de marzo de 2022 y el auto de fecha 31 de mayo de 2022\u2026 en el sentido de no tener como t\u00edtulo valor o documento que presta m\u00e9rito ejecutivo\u2026 por cuanto con dichas decisiones se vulneraron mis derechos del debido proceso, acceso a la justicia, contradicci\u00f3n, defensa\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy 41, luego de mencionar sus actuaciones, enfatiz\u00f3 que el aqu\u00ed promotor no asisti\u00f3 a la celebraci\u00f3n de la diligencia celebrada el 18 de junio de 2019, pese a las m\u00faltiples citaciones realizadas, \u00abpor lo que de acuerdo al art\u00edculo 111 de la ley 1098 de 2006 fij\u00f3 provisionalmente los alimentos, custodia, visitas entre otros \u00edtems\u00bb en favor de los menores. Sostuvo que el quejoso \u00abfue debidamente notificado respecto de las citaciones y ten\u00eda pleno conocimiento del tr\u00e1mite que se estaba realizando en este despacho en favor de los alimentos de sus hijos menores de edad\u00bb. Resalt\u00f3 que, \u00abel t\u00edtulo valor que para este caso es el acta de fijaci\u00f3n de alimentos en favor de los ni\u00f1os es clara, expresa y exigible\u00bb. Por \u00faltimo, hizo alusi\u00f3n a la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, m\u00e1s a\u00fan cuando uno de ellos presenta grado de discapacidad. <\/p>\n
3. Julia Carolina Ortega2 manifest\u00f3 que \u00aben este asunto, en realidad no se trata de que se le haya violado el derecho fundamental alguno, sino que pretende que el juez de tutela sustituya las funciones del juzgado que est\u00e1 adelantando el proceso\u00bb. Por lo expuesto, pidi\u00f3 negar el amparo, \u00abteniendo en cuenta que en la actualidad carece de objeto la acci\u00f3n impetrada toda vez que se trata de un hecho superado, por cuanto el juzgado 22 de familia ha realizado los pronunciamientos previstos en la ley para el efecto y en estricto sustento legal y probatorio y sobre los cuales en la que accionante no ha presentado ning\u00fan tipo de inconformidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional a-quo neg\u00f3 el amparo invocado. Consider\u00f3 que \u00ab\u2026el razonamiento del Juzgado obedece a una hermen\u00e9utica razonable, af\u00edn con la protecci\u00f3n especial que en t\u00e9rminos de corresponsabilidad consagran las normas constitucionales, convencionales y legales citadas en l\u00edneas precedentes, destinadas a materializar los derechos de los menores de edad, con mayor raz\u00f3n en este caso, cuando uno de los hijos por su condici\u00f3n especial requiere plena solidaridad de los padres, primeros llamados a garantizar su m\u00ednimo vital, evidente y hasta indolentemente desatendido por el demandado, aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, expres\u00f3 que \u00abno se trata de un razonamiento apartado del ordenamiento jur\u00eddico procesal, pues, en efecto el acto administrativo constituido en t\u00edtulo de cobro de los alimentos no pagados fue emitido por una autoridad competente para establecer alimentos provisionales, conforme a las previsiones del art\u00edculo 111 de la Ley 1098 de 2006, siguiendo el procedimiento ah\u00ed establecido, con observancia del debido proceso, citaci\u00f3n y prevenci\u00f3n al alimentante de las consecuencias de su inasistencia a la audiencia, quien al desatender el llamado corri\u00f3 con esa contingencia. El acto administrativo estableci\u00f3 una obligaci\u00f3n clara de pagar los alimentos a sus dos hijos, la forma de pago y exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, de acuerdo a lo contemplado en el art\u00edculo 20 del Decret\u00f3 2591, \u00aby ante la negativa del accionado a pronunciarse frente a la acci\u00f3n de tutela, debi\u00f3 declararse la presunci\u00f3n de veracidad, el cual de conformidad a la sentencia T-517\/10, debe aplicarse para sancionar el desinter\u00e9s o la negligencia de la autoridad p\u00fablica contra quien se ha interpuesto la acci\u00f3n de tutela, en el caso concreto el JUZGADO 22 DE FAMILIA DE BOGOTA al no pronunciarse a la tutela demostr\u00f3 el desinter\u00e9s y en consecuencia debi\u00f3 darse por ciertos los hechos narrados en la acci\u00f3n de tutela\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el actor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 31 de mayo de 2022, que confirm\u00f3 el del 24 de marzo de la misma calenda, con el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago con fundamento en un t\u00edtulo que en sentir del actor no prestaba m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 31 de mayo de 20223- expres\u00f3 la razones que lo llevaron a considerar que el t\u00edtulo ejecutivo de cobro de alimentos contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible. Adem\u00e1s, fue emitido por una autoridad competente para establecer los alimentos provisionales conforme a las previsiones contempladas por el art\u00edculo 111 de la Ley 1098 de 2006. Y siguiendo el procedimiento establecido para ello, con observancia del debido proceso. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4. Frente al repar\u00f3 relativo a que se tenga al Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 allanado a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 20 del decreto 2591 de 1991, es preciso indicar que dicha autoridad -el 5 de diciembre de 2022- remiti\u00f3 al juez constitucional el plenario a fin de que se resuelva el asunto debatido con el acervo probatorio necesario, raz\u00f3n por la cual se descarta la presunci\u00f3n de veracidad alegada. Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
En lo concerniente a la presunci\u00f3n de veracidad, ciertamente el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 dispone que si el informe solicitado a la autoridad demandada no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa. Empero, dicho instrumento instituido para sancionar el desinter\u00e9s o la negligencia de las autoridades p\u00fablicas no conlleva a que el juez se precipite a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, como lo plantea el defensor, sino que, acorde con la l\u00ednea de la Corte Constitucional, est\u00e1 obligado a buscar los elementos de juicio f\u00e1cticos que, mediante la adecuada informaci\u00f3n, le permitan llegar a una convicci\u00f3n seria y suficiente de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la cual habr\u00e1 de pronunciarse (T-644 de 2003). <\/p>\n
Incluso, pocos a\u00f1os despu\u00e9s de expedido el Decreto 2591 de 1991, dicha Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abLa presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del decreto 2591 de 1991 no puede constituirse en la patente de corso para conceder todo lo solicitado por el demandante del amparo. Dicha presunci\u00f3n s\u00f3lo puede aplicarse en cuanto se circunscribe a la competencia del juez de tutela. Lo contrario supondr\u00eda el desconocimiento de los principios en que se funda el Estado Social de Derecho\u00bb (T-392 de 1994)\u00bb (SP710-2020Radicaci\u00f3n No. 56681).(Reiterada en STC266-2021) <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-119. Anexo 13ContestacioncomisariadeFamiliakennedy4.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-6. Anexo 12Memorialdradeodatomurillo.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-4. Anexo 12. Auto Resuelve Recurso.pdf. Expediente Juzgado <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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