STC1468-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1468-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 23 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Bernardo Roa Granados contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la igualdad, petici\u00f3n, debido proceso, \u00abdoble instancia\u00bb y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por el estrado accionado, por lo que solicit\u00f3 que se le ordene \u00ab\u2026 revocar\u2026 toda orden de\u2026 entrega de t\u00edtulos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Inversiones Castor Ltda. Promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra los herederos de Leonor Emma Alfonso Fonseca, libr\u00e1ndose orden de pago el 5 de agosto de 2009, adicionada con prove\u00eddo del 11 de mayo de 2010. <\/p>\n
2.2. Tras ordenarse continuar la ejecuci\u00f3n, la actora present\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que fue aprobada con prove\u00eddo del 26 de septiembre de 2016. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la demandante present\u00f3 actualizaci\u00f3n de la referida liquidaci\u00f3n, que fue aprobada con auto del 22 de agosto de 2022, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se orden\u00f3 entregar \u00aba la parte [ejecutante]\u2026 los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que se encuentren a disposici\u00f3n\u2026 hasta el monto de las liquidaciones del cr\u00e9dito y costas aprobadas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Frente a esa determinaci\u00f3n, la actora y el interviniente Bernardo Roa Granados (acreedor de remanentes) formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero de esos recursos con providencia del 20 de octubre de la anualidad pasada en la que, adicionalmente, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. Contra ese prove\u00eddo Roa Granados interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que pidi\u00f3 \u00abno estudiar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por cuanto [la] providencia calendada 20 [de] octubre de 2022 carece de ejecutoria, [toda vez que] interpuso recursos\u00bb, pero que la sede judicial acusada \u00abhaciendo caso omiso a [sus] advertencias [orden\u00f3] enviar el expediente al \u00e1rea de t\u00edtulos y pide elaboraci\u00f3n de \u00e9stos y entrega al demandante\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que \u00abno es el momento procesal para dar esta ilegal orden, ya que carece de soporte f\u00edsico y dinerario\u2026, pues el bien trabado en la litis\u2026 carece de remate y ni siquiera se ha fijado fecha para su almoneda\u00bb, adem\u00e1s, \u00abel monto en firme del cr\u00e9dito\u2026 est\u00e1 pendiente de determinarse y, por otro lado\u2026, sin rematarse el bien se desconoce la cuant\u00eda que habr\u00e1 de concurrir para satisfacer y pagar a las partes e intervinientes dentro del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de este distrito capital destac\u00f3 que \u00ablos intervinientes procesales han contado con los t\u00e9rminos previstos en la ley adjetiva para controvertir las\u2026 providencias [cuestionadas], sin que por cuenta de ese Judicial se haya desconocido manifestaci\u00f3n alguna; adicionalmente, las reiteradas providencias han sido soportadas normativamente y para cada caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
3. Forero Tovar y Compa\u00f1\u00eda S en C, a trav\u00e9s de apoderado judicial defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u00ablas decisiones fustigadas por el querellante no resultan ser caprichosas o desacertadas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor del resguardo, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa perspectiva, examinada la demanda de tutela, se verifica que el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2022, modificado con auto del 20 de octubre siguiente, a trav\u00e9s del cual el estrado enjuiciado aprob\u00f3 la actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y orden\u00f3 la entrega de dineros, pues considera que no era procedente la \u00faltima de dichas decisiones, por cuanto, seg\u00fan \u00e9l, no se ha rematado el bien objeto de la garant\u00eda hipotecaria y, adicionalmente, no se ha cuantificado el valor de la acreencia materia de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto la tutelante desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa que tuvo a su alcance para cuestionar la prenotada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio aportados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, evidencia la Sala que el tutelante censur\u00f3 en reposici\u00f3n el referido prove\u00eddo de 22 de agosto de 2022, fundando su reclamo en que el monto reconocido en el mandamiento de pago \u00abdesborda la limitaci\u00f3n [de la] obligaci\u00f3n\u00bb contenida en el t\u00edtulo base del recaudo, sin que esgrimiera los reparos que adujo por v\u00eda constitucional circunscritos, como se dijo, a cuestionar la entrega de dineros ordenada, pues, en su consideraci\u00f3n, tal orden no era procedente porque no se ha rematado el bien objeto de la garant\u00eda hipotecaria y, adicionalmente, por cuanto no se ha determinado el valor de la acreencia materia de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que, si bien el actor recurri\u00f3 el auto que dispuso la entrega de dineros, lo cierto es que desaprovech\u00f3 dicha herramienta, al no esgrimir las circunstancias que ahora aduce ante el juez constitucional. <\/p>\n
4. De lo anotado previamente, se concluye que el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan o se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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